¿Protección de la propiedad personal?

 

DayamiDAYALic. Dayamí Pestano Lazo

La Constitución de la República en su artículo 21 refrenda la propiedad personal sobre la vivienda siempre que se posea con justo título de dominio, es apreciable en este artículo la palabra dominio pues el dominio encierra el más completo conjunto de derechos que se pueda tener sobre una cosa.

Luego viene la Ley General de la Vivienda en su artículo 64 a establecer que los propietarios de las viviendas determinarán libremente quiénes convivirán con ellos y están facultados para dar por terminada la convivencia de cualquier persona, para lo que no requieren declaración administrativa ni judicial, siempre y cuando no sean de los especialmente protegidos por la ley: ascendientes y descendientes del propietario; madre de uno o más hijos con el propietario siempre que ella tenga la guarda y cuidado de los hijos y no tuviere otro lugar de residencia; madre con uno o más hijos menores con más de tres años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia; ancianos con más de tres años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia; cualquier otro caso que a juicio de la autoridad competente constituya una manifiesta injusticia o un acto inhumano.

El propio artículo en el tercer párrafo deja la vía administrativa para lograr ese deseo del propietario si el conviviente pretendiera permanecer en la vivienda contra la voluntad de su propietario, a través del llamado proceso de Cese de Convivencia. La Dirección Municipal de la Vivienda interviene, a solicitud del propietario y dicta resolución, si procediere, conminando al conviviente a abandonar la vivienda en un plazo determinado.

Llama la atención como un acto antagónico por naturaleza sea llevado por la vía administrativa sin que ningún tribunal intervenga. Como coerción, la Administración resuelve que, si transcurrido dicho plazo sin que el conviviente abandone la vivienda, comunicará a las entidades de donde reciben sus ingresos todos los integrantes del núcleo del conviviente, la obligación de reconocer un descuento mensual, por concepto de uso no autorizado del inmueble, ascendente al treinta por ciento (30%) de cada ingreso. De mantenerse esa situación por tres meses, las retenciones se elevarán al cincuenta por ciento (50%) mientras dure la ocupación de la vivienda.

No hay que analizar mucho para darse cuenta que el conviviente no deseado se ríe de esa medida y hasta le resulta conveniente pues estaría prácticamente en un arrendamiento económico, porque como ya es conocido, con la situación crítica de la vivienda en Cuba, que alguien tenga que pagar la mitad de un salario, que de hecho es nada, por tener un lugar donde vivir, es una ventaja muy lejana del objetivo de la norma de beneficiar al sujeto de derecho.

Imagínese entonces qué odisea burocrático-jurídica-administrativa atraviesa el propietario en estos casos. Para poder ser “extraída” la persona indeseada tiene que tener clara conducta antisocial sin vínculo laboral.

 

Hablo en nombre propio

1 Eliocer CutiñoEliocer Cutiño Rodríguezmicro

Es feo en ocasiones hablar por sí mismo, pero cuando la ignorancia y la injusticia te obligan a ponerte de ejemplo para demostrar que tu caso es una arbitrariedad de las instituciones del Estado, no desluce a quien las esgrime sino a quienes callan por no tener valor. Hace nueve años aproximadamente me fue entregado un apartamento en el Municipio de Nuevitas, provincia de Camagüey, el mismo tenía una terraza construida de manera ilegal por sus antiguos propietarios, los cuales habían pagado la multa correspondiente. Desde que comenzó la demolición de este tipo de construcción no me había visitado ningún Inspector del sistema de la vivienda, hasta hace unos días que dos de ellos perteneciente a la Dirección Municipal de Planificación Física, me indicaron una orden de demolición y me apercibieron de un delito de desobediencia en caso de no hacerlo. Comencé un proceso de reclamación ante esta dirección, por las reiteradas violaciones que en el orden de legalidad han infringido. Les expliqué que el artículo 11 inciso c) del Decreto Ley 272 que me aplican, habla por sí solo, al decir que cometen estas contravenciones los que EJECUTEN CONSTRUCCIONES, y yo, pasé a residir a este inmueble con estas características. Ahora me encuentro en una segunda cruzada de reclamaciones donde les he explicado detalladamente este articulado y poniendo a la Fiscalía de por medio para que ejerza las facultades que la Constitución y demás leyes le permiten ante la multa de 500 CUP que me han impuesto, más que un salario medio en este país, además del empecinamiento de iniciar un proceso penal en mi contra por el delito de desobediencia.

En dos ocasiones apelé la decisión de la dirección de la vivienda y esta ratificaba la multa, que era a las claras, improcedente e ilegal.

Ingenuamente esperaba una decisión justa y que me reembolsaran la multa, todo bajo la tutela de la fiscalía. La decepción no tardó en llegar, presente mi reclamación a tenor de la propia ley de la fiscalía que establece el término de treinta días hábiles para darme respuesta, que se cumplieron el 20 de diciembre, pero sigo sin pronunciamiento, incluso de la propia dirección de planificación que me comunicó por escrito que hasta que la fiscalía no investigara no podían darme respuesta, como si el decreto ley 272 o cualquier otra norma le diera consentimiento para dilatar el curso de proceso.

Cifrar esperanza en una institución que por mandato constitucional está obligada a velar por la legalidad del país y no cumple con su cometido, es otras de las razones que me lleva a pensar que el proceso de institucionalización debe comenzar por el apego a la ley.

Somos multitud, pero vivimos con La dosis exacta(*)

kubafotosCHAVEZLic. Rodrigo Chávez  Rodríguez

Obvio, somos mortales desesperados, con necesidades, motivaciones y anhelos cada día mayores conocer por qué nos han confundido y sometido a sobrevivir con la dosis exacta.

Esta multitud cada vez más creciente, la que está ávida y sedienta,  de ser instruida, orientada y asesorada de sus derechos.  Siempre lo menciono en mis trabajos, primero, porque es la entera verdad y después cuándo llegara el pretendido día u oportunidad.

Hablo del PLANETA CUBA, claro, no en su totalidad, toda vez que aquí los primeros conocedores, de los irrespetos, violaciones e ilegalidades, son los mismos solapados atentos, enmascarados oportunistas y acólitos del sistema inconstitucional que reina en el Caimán. Hablo, del pueblo, desconocedor y marginado de la  absoluta e integra verdad, reclamando urgente un cambio por la vía pacífica en nuestra sociedad cívica.

Cambios latentes, como que el Sistema de Justicia (tribunales), a cualquier instancia sea totalmente independiente, en su quehacer, sin esperar recomendaciones, instrucciones u órdenes por órganos, esferas e instituciones tales como el Ministerio del Interior, o por los celosos veladores de la legalidad socialista, nuestra Fiscalía de la República de Cuba a cualquier instancia y con  intereses inclusive, del Estado y el Gobierno a sus más altas esferas, según el caso y las implicaciones reales que puedan acarrear funestas opiniones nacionales en internacionales y consecuencias en su contra.

Para con la Asociación Jurídica Cubana (AJC), en nuestra pretendida legalización, de la insistencia sencilla de hacer reconocer nuestros derecho acerca del reconocimiento como Asociación, en su carácter de Organización no Gubernamental  (O.N.G),  ya somos muchos los que pensamos, trabajamos y actuamos en tal sentido, pero lógicamente, si contamos con el conocimiento necesario desde todos los puntos de vista para los que quieran avasallarnos y ser sometidos, es por ello que estamos sufriendo la dosis exacta.

(*) Nombre de dos conocidos programas de la Tv cubana

Un planeta y otro

 

Lic. Rodrigo Chávez.

A mi hijo mayor, Roylier Javier Chávez Dubrocq

Cuántas pláticas no podemos tener por la empecinada, caprichosa y torpe manía de quienes nos gobiernan de mantener el control de todo, aferrados al monopolio de la información, más bien de la desinformación. Será que además de no darnos a conocer nuestros verdaderos derechos también son dueños de la privacidad y de todos nuestros movimientos e inclusive, pensamientos.

Mi hijo está allí, donde están condenados y encarcelados los cuatro antiterroristas cubanos y Héroes de la República de Cuba, como se dice aquí, pero es que en este planeta Cuba también estamos encarcelados y sometidos a lo que les da la gana a unos pocos. Las ganas precisamente consisten en que de sus antojos, no puedes conocer, ni saber lo que hacen y deshacen, y por si resultase poco no tenemos la posibilidad real de llegar a conocer nuestros más elementales derechos y mucho menos ponerlos en práctica.

En aquel otro planeta, donde sí se reconocen todos los derechos, vistos y escuchados por nosotros mismos en películas y series de televisión, allí donde se reconocen todos los procesos legales y jurídicos; donde además, se informa de todo cuanto sucede allí y en el resto de los países, siempre está siendo comparado con lo que aquí se ha mal llamado proceso revolucionario.

He aquí la rotunda diferencia, ya mi hijo es verdaderamente consciente y responsable de lo que su padre le hizo saber hace algunos años, y puede por sí solo establecer la diferencia de lo que conoció por estudios aquí y lo que está viviendo en carne propia allí.

Por ello, cuando podemos tener comunicación, sus palabras son positivas, pero siempre reiterando, como se extraña Cuba, pero una Cuba con verdadera democracia, libertad y plenitud del ejercicio de todos los derechos.

Un día se ha de lograr, seguro mi hijo.

 

Irrespeto a los difuntos

3Josue Rojas MarínJosué Rojas Marín

El hermano de Juan Miguel Herrera Machado falleció hace algunos años, y al exhumarlo, detectó que los restos de once de sus seres queridos habían desaparecido de la bóveda familiar.

Ante el horrendo acontecimiento se dirigió a la administración del cementerio, donde por intermedio de su administrador supo que su bóveda ya tenía otro dueño. Inmediatamente acudió a la PNR y denunció los hechos. Transcurrido algunos días sin recibir respuesta se dirigió nuevamente y encontró al Fiscal Leonardo Moreno Torres, del municipio de Nuevitas, Camagüey, el que supervisaba la unidad, y le relató nuevamente lo acontecido. Continuaron pasando los meses sin respuesta.

Abnegado en su propósito acudió al Jefe de la Fiscalía del municipio y este le dijo que por tratarse de un caso atípico debía esperar un proceso especial, que él no veía delito alguno en lo relatado. Volvió a esperar otros meses más, hasta que acudió a nuestro servicio gratuito de la Asociación y encaminamos su queja.

A medio término se inició un proceso penal contra los responsables y fueron sarcásticamente sancionados a leves penas. Hoy nos enfrentamos a un segundo momento del caso porque el tribunal no se pronunció sobre la ubicación de los restos y la Fiscalía a quien le correspondía por mandato constitucional llegar al final de las investigaciones parece no tener interés en darle una respuesta objetiva a Juan Miguel pese a sus constantes reclamos.

Veremos

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Wilfredo Vallín Almeida

Vienen unos ciudadanos a la Asociación Jurídica Cubana (AJC) para que le demos información y asesoría sobre un tema de actualidad: las Cooperativas no agropecuarias.

Se pretende formar una cooperativa con un grupo de compatriotas que -hasta ahora- han sido trabajadores estatales y pasarían a ser cooperativistas en esta nueva modalidad.

Pero resulta evidente que no tienen la menor idea de lo que se trata y no se les ha infomado adecuadamente al respecto.

Es algo simpático esto por cuanto esa misma mañana hemos tenido una vista en el Tribunal Supremo Popular relacionada con el reconocimiento legal de AJC como ONG independiente. Lo gracioso está en que nuestra contraparte expuso allí, entre sus argumentos, que todos los trabajadores cubanos disponían de la información posible y necesaria en cuanto a los asuntos legales que les tocaban o que quisieran saber. Y esa era una razón más para hacer innecesaria la existencia de la AJC.

Evidentemente hay una seria contradicción entre nuestra contraparte y la presencia de estas personas solicitando de nosotros asesoramiento apropiado.

Estos capitalinos, entre otra muchas cosas, necesitan saber

  1. Qué elementos tienen obligatoria presencia en la existencia de esa forma económica, sin los cuales podemos estar en presencia de cualquier cosa, pero no de una verdadera cooperativa como ésta se entiende en el mundo.
  1. Qué es la libre contratación y como se relaciona con el tema de las cooperativas.
  1. Los derechos inalienabes de los trabajadores en la conformación de los documentos que crean la cooperativa y sus estatutos.
  1. Qué ejemplos comparativos podemos traer a colación para tener una información mas amplia y real del asunto.
  1. El concepto de propiedad cooperativa y el uso, disfrute y disposición que los cooperativistas tienen sobre ella.

Y unos cuantos más que no pongo aquí por no alargarme mucho.

Quiero creer que no volverá a ocurrir ahora lo que pasó hace unos cinco años, cuando los omnipresentes y omnisapientes vinieron a decirnos que NO PODÍAMOS EXPLICARLES a nuestros compatriotas los derechos que les reconocían el Código Penal y la Ley de Procedimiento.

¿Son en realidad los actuales otros tiempos?

Veremos.

 

¿Y cómo quedo yo?

f_hospital-freyre-de-andradeCHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez.

Resultaría una interrogante diaria, es que no amanecemos y nos despertamos preguntándonos qué será de nosotros, lo que a diario tenemos que diseñar e inventar, qué nos va a deparar el destino, cada vez más distante e incierto de lo que vivimos y nos toca sufrir y consumir obligatoriamente.

Seguiremos tan tolerantes, sumisos, obedientes, creyentes, más de lo que por razones de credo religioso debe ser estrictamente respetado y cumplido?, cuál será la verdad que nos alumbre por siempre.

Nuestra Sociedad Civil, es deseosa de aplicar sus beneficios, libertades y los denostados Derechos Humanos. Seré tan osado en cuestionar por que mi madre no fue trasladada del Hospital Freyre Andrade (Emergencias) por falta de coordinacion entre la parte médica y el servicio de Ambulancias; ello trajo consigo la pérdida del turno gestionado personalmente por el galeno que la atendía, el cual quedó postergado para una semana después. Por mi gestion personal se le practicó la prueba. Establecí queja ante la Dirección del Hospital y aun espero respuesta de esta institución.

Tanta irresponsabilidad, por llamarle de alguna forma, continuará, hasta cuándo los de la vista gorda.

Casos como el que les comento, ocurren a diario e inclusive mas graves, a lo largo y ancho de este Planeta Cuba. Lo más apremiante es sin duda resolverlos, pero la tolerancia y la insensibilidad que nos han enseñado y hemos aprendido con calificaciones muy altas, no nos permiten definirnos y acabar de resolver de una vez y por todas nuestros verdaderos y acuciantes problemas que nos desgastan día a día.

He ahí la interrogante de muchos y muchos, que temen la libertad de expresión, legalmente respaldada por la Constitución de esta República, seamos conocedores, conscientes y valientes para defender nuestros verdaderos DERECHOS.

Violencia por encima de la Ley (II)

 

IMG_0960ODALINALic. Odalina Guerrero Lara

Continua la ilegalidad en la vivienda de Rolando González Camacho, pues la usurpadora, María del Pilar Olivera Delgado respaldada por todos los funcionarios del municipio de La Lisa, no solo permanece impunemente en la vivienda, sino que con su actitud provocadora y violenta, se ha apoderado de la mayor parte del inmueble.

Los abogados de la Asociación Jurídica Cubana hemos respaldado a la familia de González Camacho desde el punto de vista legal y humano. Asesoramos los escritos de Queja entregados por Jorge Luis García Casañas a tenor de lo previsto en los artículos 63 y 26 de la Constitución, a la PNR, PCC y Consejo de Administración del Poder Popular, y a la máxima responsable, la Fiscalía Municipal de La Lisa amparados en la Ley 83 de la Fiscalía General de la República:

Artículo 1: “Según establece la Constitución, la Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.”

Además de artículo 7 apartado c), artículo 8 apartado b) y d), de la propia Ley 83 de 11 de julio de 1997.

Previa citación de la Fiscalía Municipal de la Lisa nos personamos con Jorge Luis ante la Lic. Yanet García, Fiscal Jefa, la cual después de leer el documento respuesta firmado por el fiscal Yohandris López Parra, nos hace entrega del mismo, cuyo contenido evidencia que ésta Fiscalía no está dispuesta a hacer cumplir la ley.

 

Igualdad de derechos en los procesos laborales

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Lic. Juan Álvarez Ríos
En el artículo 8 del Decreto Ley No. 176 de 15 de Agosto de 1997, “Sistema de Justicia Laboral” se establece que los Órganos de Justicia Laboral de Base, constituyen el órgano primario y obligado en la solución de los conflictos laborales.
Teniendo éstos, un doble papel: como instancia inicial con respecto a las medidas disciplinarias aplicadas que sí modifican la calificación de su puesto de trabajo, previstas en los incisos J y K del referido artículo 14 del propio texto legal es decir:
J) Traslado a otra plaza de menor remuneración o calificación o de condiciones laborales distintas con pérdida de la que ocupaba el trabajador y,
k) La separación definitiva de la entidad.
Y el de instancia definitiva; que son las medidas disciplinarias aplicadas que no cambian o modifican el carácter definitivo del puesto de trabajo y previstas en el artículo 14 del propio Decreto Ley No. 176/97 en sus incisos del a al i.
Las dos pueden ser recurridas al Tribunal Municipal Popular correspondiente.
En la Resolución Conjunta No. 1 de 4 de Diciembre de 1977 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Tribunal Supremo Popular, en su artículo 1, se dispone que las medidas disciplinarias aplicadas son de efecto inmediato y en su artículo 28 ratifica que son efectivas a partir del día hábil siguiente a su notificación.
Como se puede apreciar, no es justo que un trabajador se sancione por un error y no tenga derecho a recurrir a un órgano de justicia superior al que aplicó la medida disciplinaria.
En su artículo 35, se impone que las partes comparecen y actúan por sí ante el Órgano de Justicia Laboral de Base y lo faculta para hacerse representar por un dirigente sindical o un compañero de trabajo o por un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, pero no autoriza para que lo represente un abogado, lo cual limita sus derechos, aun cuando la Administración designe para que la represente a su asesor jurídico, el cual dispone de recursos tanto técnicos como de vocabulario que sí influyen en el Órganos de Justicia.  Esto contradice lo que manifiesta el primer POR CUANTO acerca de garantías jurídicas iguales para las partes.
Es necesario modificar el articulado del Decreto Ley No. 176/97 y de la Disposición Conjunta No. 1/97 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Tribunal Supremo Popular, para que las partes tengan los mismos derechos.

Todos los derechos deben ser para tod@s

 lgbt OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

Presencié la entrevista concedida a la cadena Telesur por la Dra. Mariela Castro Espín en relación con el tema de la comunidad LGBT en Cuba, sus  acciones, promoción, proyectos, propuestas, la orientación sexual como un derecho humano más, así como los avances en su reconocimiento, a tal punto de encontrarse listo, para su discusión parlamentaria, un proyecto de modificación del vigente Código de Familia, el que según espera la especialista, debe adquirir carácter vinculante durante el 2013. dicha modificación otorgaría reconocimiento legal a las uniones consensuales del mismo sexo a los fines de brindar protección jurídica al patrimonio de dicha unión.

Lo que se está debatiendo está en sintonía con la actualidad del tema en numerosos países donde no pocos ya han sancionado la formalización del matrimonio entre personas del mismo sexo con rango de ley.

En nuestro contexto regional y cubano en particular, existen prejuicios y matrices patriarcales que ahogan el reclamo de las personas a ejercer su orientación sexual, y que al tiempo que discriminan a unos, abogan por el reconocimiento de sus derechos, sean estos de reunión, expresión, asociación, etc.

Bien vale en lo que al gobierno atañe, que se disponga a escuchar y discutir sobre el reconocimiento del derecho de orientación sexual, pues en tanto derecho, les permite ejercer su libertad lícitamente. Pero en esta misma línea, bueno también sería, y saludable para el país, que el gobierno se dispusiera a escuchar y abrir espacios de debate y diálogo a otras voces que, de manera pacífica, igualmente reclaman por sus derechos; sean estos de reunión, expresión, asociación, filiación política. Lo importante debería ser el resultado positivo para la nación y sus ciudadanos.

De encaminar los esfuerzos en tal dirección y con la misma celeridad, no se discriminaría a nadie, se estaría reconociendo la realidad de una sociedad plural y diversa y se pondrían en igual jerarquía unos y otros derechos, pues a fin de cuentas, TODOS LOS DERECHOS DEBEN SER PARA TOD@S.

 

A mí no me interesa el carné de pesca…

sellos, pesca deportivaKireniaLic. Kirenia Domínguez Álvarez

Esta es la respuesta que se le ha dado a Osbel en múltiples ocasiones cuando se dirige a su casa después de practicar la pesca en el municipio de Bahía Honda. Osbel es socio de la Federación de Pesca Deportiva, y vecino del municipio Plaza.

Según el Decreto Ley 164 del Ministerio de la Industria Pesquera, a los asociados se les permite transportar 33 libras de pescado además de 3 especies grandes sin importar su peso.

Aún cuando la Ley es bastante clara y no tiene lagunas al respecto, los agentes del orden público en los puntos de control, abusan del cargo, y decomisan la pesca a estas personas. El desconocimiento de la ley los hace ciegos y sordos .

Otras veces los detienen sin asunto ni fundamento legal convincente, y con el transcurrir del tiempo la carga se pierde por falta de refrigeración, sin que el damnificado sea resarcido material ni moralmente.

Este desconocimiento no sólo es de los agentes del orden, sino también del personal supuestamente capacitado para estas funciones de control (los inspectores de la pesca), quienes ante el llamado de los policías responden con la frase del encabezamiento, atropellando a las personas y lesionando sus derechos.

 

¿A quién se acude?

aeropuerto.jpgespeLic. Esperanza Rodríguez Bernal

Juan acude a nuestra sede en busca de asesoramiento porque a pesar de haberse dirigido a las instancias correspondientes, aún no obtenido una respuesta satisfactoria para con su caso.

Nos muestra su pasaporte con el visado de Guatemala con vigencia por sesenta días, una carta dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, recepcionada en la Oficina de Atención a la Población, donde narra los hechos que acaecieron en fecha 6 de febrero del año en curso a su llegada al aeropuerto de Guatemala.

Él y dos cubanos mas arribaron a ese país con toda la documentación en regla y en el aeropuerto, el jefe de grupo de inmigración nombrado José Canisa Valenzuela, después de retener sus pasaportes les manifiesta que para ingresar a su país debían entregarles $ 1.200 dólares por cada uno.

Al no aceptar la extorsión, dicho funcionario los encierra en un cuarto bajo la custodia de cuatro oficiales de seguridad con dos perros pastores, negándoles cubrir necesidades elementales como tomar agua y hacer uso del servicio sanitario.

Como si fuera poco, al intentar establecer comunicación con la embajada cubana en Guatemala, fueron despojados de sus teléfonos y aislados entre sí.

Al día siguiente fueron devueltos a Cuba sin ningún tipo de explicación.

Aquí hay mucha tela por donde cortar y todo un cúmulo de preguntas puede derivarse de lo ocurrido. Pero, no obstante, hay una que me asalta con mayor fuerza que las demás: cuando un cubano tiene un problema de esta u otra naturaleza en el extranjero y se ve en estado de indefensión, ¿Qué puede hacer?, ¿Es derecho o no del ciudadano acudir a la representación de su país a por ayuda? ¿Está o no está dentro de las funciones de una representación diplomática cubana en el extranjero prestar auxilio a sus compatriotas?

 

Disyuntivas en la tutela judicial de la Constitución cubana

5 manual 4OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

Desde los mismos inicios de la lectura de la Carta Magna nos encontramos con algo que llama la atención de cualquier lector desprejuiciado, cuando el artículo 3 expresa que: En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Más adelante el mismo artículo refiere que: El socialismo y el sistema político…es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.

Si se entiende la soberanía como el poder supremo o autoridad no superada ni sometida a las leyes, y cuyo titular (el pueblo) ostenta el poder de legislar, entonces nada puede plantearse en términos de perpetuidad irrevocable por ir contra la misma naturaleza de la condición de soberano. A contrario sensu, si existe algo sobre lo que le está vedado o prohibido legislar al pueblo, entonces, sin lugar a dudas, el pueblo será titular de cualquier cosa, menos de la soberanía.

Igualmente la Constitución cubana a partir del artículo 53 le reconoce sucesivamente a los cubanos el derecho de libertad de palabra y prensa, los derechos de reunión y manifestación, la libertad de conciencia y religión, la inviolabilidad de la persona, etc. Hasta aquí, los anteriores derechos parecen tener primacía jurídica hasta que el artículo 62 de la Ley Fundamental se encarga de demostrar lo contrario cuando irónicamente expresa textualmente: Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

Las frecuentes contradicciones entre los artículos de la Constitución cubana se resuelven y quedan subsanadas sobre la base de la prioridad y la supremacía de la existencia y fines del Estado socialista por sobre los derechos y libertades individuales.

Mención aparte merece la última frase del artículo 62 que dispone: La infracción de este principio es punible, lo que supone que hasta la propia Constitución impone un tipo penal, por demás excesivamente abierto.

Planteada en estos términos, la redacción de la actual Carta Magna propone serias disyuntivas sobre el tratamiento judicial de la misma.

 

Indefinición jurídica de los consumidores

images10Andrea López

En la interrelación Fabricante-Comerciante-Consumidor se generan intereses cuya protección, en parte, se le encomienda al orden jurídico penal.

La gran implantación del consumo en la sociedad, la preponderancia del poder económico y la posición de superioridad de los agentes empresariales frente a los consumidores, dotan de cierta inseguridad los  intereses de los consumidores..

Pero el derecho penal moderno se caracteriza por su mínimo protagonismo en la resolución de los conflictos sociales, actuando sólo cuando ya se hayan agotado otras vías menos lesivas y frente a los atentados más graves a la convivencia.

A pesar de la importancia que demanda, en nuestro país no se cuenta con un cuerpo legal básico, completo y jurídicamente estructurado para tratar cuestiones tales como, por ejemplo:

–          Protección de prácticas abusivas y de inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

–           Recibir del proveedor la información completa, precisa, veraz, clara y oportuna de las características de los productos y servicios a adquirir, así como también de los riesgos o efectos secundarios, si los hubiere, y de las condiciones de la contratación.

–          Reclamar y recibir compensación en el caso de que los productos o servicios sean entregados en calidad, cantidad o forma diferente de la ofrecida, pudiendo elegir una forma razonable de compensación.

–          Acceso a los órganos administrativos establecidos para ventilar los reclamos por violaciones a sus derechos, mediante un proceso simple, breve y gratuito.

En la mayoría de los establecimientos destinados a la venta de productos o a la prestación de servicios, la información brindada a los consumidores sobre estos temas es insuficiente y la solución de los conflictos que pudiesen generarse es extremadamente trabajosa y dilatada por lo que, en su gran mayoría, no llega a su término.

Por todo lo anterior se hace necesario que sean valorados dentro de lo posible aspectos que pueden, en cierta medida, resolver cuestiones tales como:

–          La elevación del papel del Estado en las acciones encaminadas a la protección de los consumidores.

–          La creación de un cuerpo legal que regule los derechos, obligaciones y vías para resolver conflictos que en materia de proveedor-consumidor pudiesen surgir.

–          En la disposición legal deben prevalecer, aspectos tales como objetivos de la elaboración de la ley, entes involucrados, ámbito de aplicación, derecho de los consumidores, órgano estatal encargado de la defensa de los consumidores, sus funciones, educación e información de los mismos, la responsabilidad del proveedor, mecanismos y procedimientos para la defensa de los derechos, así como la presencia de medios alternativos de solución de conflictos.

 

La indefensión de Bárbara

La indefensión de Bárbara

41 PP-La-espera-desesperaOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Odalina Guerrero Lara

Bárbara Fernández Barrera, vecina de la Avenida 47 número 7403 altos entre 74 y 76, San Antonio de los Baños en la Provincia de Artemisa, ciudadana cubana, le fue quitado el servicio del agua, cortándole la entrada de la cisterna que se encentra en los bajos del inmueble, y que siempre sirvió para abastecer a las familias que han ocupado la vivienda, que es propiedad de Bárbara Fernández Barrera, y ocupa permanentemente desde 1985.

Acudió ante la Dirección Letrada de la Asociación Jurídica Cubana con el fin de que se le revisara su caso y recibir una orientación al respecto, alegando y presentando reclamaciones hechas, tanto por representación letrada de servicios jurídicos como por ella.

Resulta evidente que:

  • La Resolución 683/07, emitida por la Dirección Municipal de la Vivienda en fecha 6 de Noviembre del 2007, FAVORECIÓ a la Sra. Flora Hada Álvarez Álvarez, ex propietaria del inmueble situado en Calle 74 número 4702 entre 47 y 49, San Antonio de los Baños; la cual adquirió el mismo en el año 1990, en virtud de la Escritura Notarial No.637 de Permuta, de fecha 11 de Noviembre de 1990, otorgada ante la Lic. Olga Lidia Hernández Martínez, y luego, cedió por donación a la Sra. Elsa Rodríguez Alfonso y Lizet y Lizbet Camblor Rodríguez; las que se encargaron de privar del agua a Bárbara Fernández Barrera, desde el año 2009 cortándole el acceso desde la cisterna.

Según lo tipificado en la Ley 59 Código Civil vigente, Titulo V. Permuta. Artículo 367.- Por el contrato de permuta las partes convienen cambiar la propiedad de un bien por la de otro. Son requisitos esenciales para la permuta describir la propiedad de cada una de las partes, así como acreditarlo mediante técnico correspondiente.

Muchas han sido las reclamaciones que ha hecho esta ciudadana para que se le resuelva la situación, pero no ha obtenido nada a su favor, han transcurrido ya tres años y su situación perdura. Ella expresa:

–Soy disidente y por tal motivo se me está excluyendo de esta manera, ningún abogado quiere representarme, ni siquiera he podido obtener el Certificado del Registro de Propiedad, pues se me ha negado.