Hablo en nombre propio

1 Eliocer CutiñoEliocer Cutiño Rodríguezmicro

Es feo en ocasiones hablar por sí mismo, pero cuando la ignorancia y la injusticia te obligan a ponerte de ejemplo para demostrar que tu caso es una arbitrariedad de las instituciones del Estado, no desluce a quien las esgrime sino a quienes callan por no tener valor. Hace nueve años aproximadamente me fue entregado un apartamento en el Municipio de Nuevitas, provincia de Camagüey, el mismo tenía una terraza construida de manera ilegal por sus antiguos propietarios, los cuales habían pagado la multa correspondiente. Desde que comenzó la demolición de este tipo de construcción no me había visitado ningún Inspector del sistema de la vivienda, hasta hace unos días que dos de ellos perteneciente a la Dirección Municipal de Planificación Física, me indicaron una orden de demolición y me apercibieron de un delito de desobediencia en caso de no hacerlo. Comencé un proceso de reclamación ante esta dirección, por las reiteradas violaciones que en el orden de legalidad han infringido. Les expliqué que el artículo 11 inciso c) del Decreto Ley 272 que me aplican, habla por sí solo, al decir que cometen estas contravenciones los que EJECUTEN CONSTRUCCIONES, y yo, pasé a residir a este inmueble con estas características. Ahora me encuentro en una segunda cruzada de reclamaciones donde les he explicado detalladamente este articulado y poniendo a la Fiscalía de por medio para que ejerza las facultades que la Constitución y demás leyes le permiten ante la multa de 500 CUP que me han impuesto, más que un salario medio en este país, además del empecinamiento de iniciar un proceso penal en mi contra por el delito de desobediencia.

En dos ocasiones apelé la decisión de la dirección de la vivienda y esta ratificaba la multa, que era a las claras, improcedente e ilegal.

Ingenuamente esperaba una decisión justa y que me reembolsaran la multa, todo bajo la tutela de la fiscalía. La decepción no tardó en llegar, presente mi reclamación a tenor de la propia ley de la fiscalía que establece el término de treinta días hábiles para darme respuesta, que se cumplieron el 20 de diciembre, pero sigo sin pronunciamiento, incluso de la propia dirección de planificación que me comunicó por escrito que hasta que la fiscalía no investigara no podían darme respuesta, como si el decreto ley 272 o cualquier otra norma le diera consentimiento para dilatar el curso de proceso.

Cifrar esperanza en una institución que por mandato constitucional está obligada a velar por la legalidad del país y no cumple con su cometido, es otras de las razones que me lleva a pensar que el proceso de institucionalización debe comenzar por el apego a la ley.

No llegamos o nos pasamos

Foto: Luz Escobar

Foto: Luz Escobar

Lic. Ernesto Caballero Pérez

Es el ponderado título que le he puesto a lo que la vigente resolución 283 de 2011 del extinto Instituto Nacional de la Vivienda establece.

El capítulo 4 sobre las suspensiones temporales establece en el artículo 14 que solo serán autorizados los arrendatarios que quieran hacer reparaciones en sus inmuebles entre tres y seis meses. Ante esta premisa propongo referirme a algunos aspectos que para mí son importantes.

Primeramente comentaré sobre aquellos casos que por la viabilidad de la reparación no tengan que llegar a tres meses. Esta imposición va más allá de la intención de proteger un interés estatal, porque, qué pasaría si mi reparación me llevara más de seis meses, tengo obligatoriamente que dejar mi renta y si era en pesos convertibles, volver a pagar la inscripción nada más y nada menos que por 100 cuc.

También se ataca el derecho que tiene esa persona de ampliarse. Deberá para consolidar sus propósitos, cancelar la inscripción de arrendamiento, iniciar los trámites para la ampliación, legalizar ésta y después volver a iniciar los tormentosos trámites ante las autoridades correspondientes.

De igual forma si se hace una modificación al objeto del arrendamiento o cambió de moneda el pago, no podrá, transcurrido doce meses realizar otro cambio y por supuesto depositar en las arcas del estado el efectivo transformado en sellos de timbre.

Por último y no menos importante comentaré que los arrendatarios no tienen derecho a vacaciones, son condenados a trabajar mientras tengan esta actividad y no se contemplan dentro de las posibilidades de suspensión temporal.

 

Vivienda vs. Medio ambiente

mapaKireniaLic. Kirenia Dominguez Álvarez

Punta de Piedra es el nombre de un pueblito costero del municipio Bahía Honda, provincia de Artemisa.

Por su situación geográfica ha sufrido el embate de ciclones y huracanes.

Unido a lo anterior , el deterioro ha hecho posible que la situación constructiva de los inmuebles sea la peor, siendo la convivencia casi imposible por el poco confort de las viviendas,

Rosario es una moradora de este lugar, ya cuenta con todos los recursos materiales para poder reconstruir su morada, la cual, tras el paso del último huracán, quedó devastada.

En aquel entonces, con lo poco que contaba, construyó una “facilidad temporal” en la cual conviven hoy seis personas y una muchacha embarazada.

A pesar de todo, la delegada del Pode Popular y los inspectores ambientales le prohiben reconstruir su casa, la cual, en cualquier momento se desploma, amparados en el Decreto-Ley 212 del 2000; el cual protege las zonas costeras.

No es menos cierto la necesidad de protección de esas zonas por su importancia para el medio ambiente y la protección de los ecosistemas, pero cabe preguntarse: ¿cuál es la respuesta objetiva para Rosario y demás moradores de este asentamiento que ha existido por muchos años?

¿Acaso hay que esperar a que ocurra un desastre y se pierdan vidas para reaccionar positivamente ante esta problemátca?

¿Se convertirá en irealizable el deseo de estas personas de reconstruir su morada?

La callada por respuesta han dado las autoridades del municipio Bahía Honda.

 

De usurpación a Prevaricación

1 Usurpación y prevaricación1 EdilioLic. Edilio Hernández Herrera

Profundizando en el caso de la familia González Camacho, además de las denuncias formuladas, existió una sentencia del Tribunal Municipal de la Lisa en el 2012 por Ejercicio Arbitrario del Derecho, donde resultara sancionada a multa la ciudadana María del Pilar, Queda claro penal y administrativamente, (Resolución 1636/2011 del Expediente 1263/2011 de la dirección Municipal de la Vivienda de la Lisa) donde declararon ocupantes ilegales a los usurpadores, en su séptimo POR CUANTO, estas personas nunca tuvieron convivencia en el inmueble que se litiga, con medios de prueba como cartas del CDR Municipal y Registro del MININT, entre otros.

Existe un Dictamen Sanitario de fecha 15 de julio de 2013 donde se reconoce, que la imposibilidad de usar el servicio sanitario y el hacimiento provocan un alto índice de insalubridad con afectación de la salud de los moradores legítimos.

Existen respuestas de la Fiscalía Municipal de la Lisa, de 25 de agosto de 2011, 8 de septiembre de 2011 y 22 de agosto de 2013, donde se evidencian las contradicciones de lo concluido con los documentos existentes y las acciones violadoras de la legalidad, sobre todo la última carta (que exponemos), donde dicho en buen cubano, colmó la copa de la paciencia: estado de indefensión, irrespeto e impunidad para con las Leyes de nuestro país y una Garantía Constitucional prevista para todos los ciudadanos cubanos, en el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba,…El domicilio es inviolable. Nadie puede entrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos en la Ley…

Como la PNR y la Fiscalía no han procedido como expresan sus funciones por Ley, han propiciado el actuar cómplice de la Dirección Municipal de la Vivienda al emitir Resoluciones posteriores a la del 2011 (ilegales, pues los usurpadores nunca han poseido dirección de dicho domicilio), agravándose el conflicto hasta el punto de tornarse violento, siendo el colofón el día 10 de agosto cuando al fallecer por accidente el esposo de la ciudadana violadora, tuvieron la osadía y morbosidad de velar al difunto en la sala de la casa ajena. Al día siguiente, Rolando, el joven enfermo, amaneció más alterado que de costumbre.

Continuamos alertando y previniendo con quejas y denuncias, la posible ocurrencia de un desenlace fatal, motivado por las ofensas y amenazas impunes y públicas, a oídas de vecinos y testigos, contra la vida de Jorge Luis, su esposa y Rolando.

No hubieramos querido llegar hasta este extremo, de denuncia contra jóvenes funcionarios y operadores del derecho, que tendrían mucho que aportar en un país donde el estado de derecho y los valores morales están en franca decadencia, lo que ha sido reconocido por el Presidente Raúl Castro.

Es menester reestablecer a las nuevas generaciones una Cuba de prosperidad y respeto ciudadano por la legalidad e institucionalidad, pero no avanzaríamos nunca con funcionarios tan pasivos, poco profesionales, insensibles e indisciplinados, rayanos en la prevaricación, que no cumplen con sus funciones ni respetan los reglamentos, creando precedentes de compromiso e intereses personales por encima de los designios que les confiere la Ley.

Consideraciones sobre el impuesto de transmisión de bienes

2-juan-alvarez-del-rioLic. Juan Álvarez del Río
La ley No.113 de 23 de junio de 2012, del sistema tributario cubano, en su artículo No.2 establece:
… que la Ley tiene por objeto establecer los principios de generalidad y equidad de la carga tributaria en correspondencia con la capacidad económica de los sujetos obligados a su cumplimiento.
En el Título Quinto se establece el impuesto sobre transmisión de Bienes y Herencias, en su artículo se preceptúa un impuesto que grava la transmisión de los bienes muebles  e inmuebles  “sujetos a” registros públicos, escritura notarial o que se disponga mediante resolución administrativa o judicial, etc.
En el artículo No.197, inciso d), son gravadas por este impuesto las permutas de vivienda. En el artículo 205 del mismo instrumento legal, y en relación al artículo 196 en su inciso b),  impone el pago del 4% del valor actualizado del bien adquirido por cada permutante.  Al analizar este articulado, considero que no existe equidad para todos ¿por qué?
No es lo mismo cuando una persona compra una vivienda, la recibe por herencia o donación o recibe compensación de otra persona que cambia su vivienda.
En primer lugar, no cambia su estatus de propietario. Sólo cambia el lugar de residencia.
Esta persona ya pagó a la entidad Arquitecto de la Comunidad y a Planificación Física el derecho perpetuo de superficie, sobre el uso y disfrute del terreno.  Pagó un servicio notarial por el trámite de adquisición de la escritura pública como propietario, pagó la inscripción en el Registro de la Propiedad, pagó los sellos de timbre, pagó la Declaración Jurada.
¿Por qué entonces tiene que pagar el 4% del valor de la vivienda como si comprara una nueva casa, cuando incluso en muchas ocasiones obtiene una vivienda de inferior valor a la que tenía?
Si una persona permuta, debería solamente pagar el servicio notarial por la escritura pública y la actualización de su nueva vivienda en el Registro de la Propiedad.

Violencia por encima de la Ley (II)

 

IMG_0960ODALINALic. Odalina Guerrero Lara

Continua la ilegalidad en la vivienda de Rolando González Camacho, pues la usurpadora, María del Pilar Olivera Delgado respaldada por todos los funcionarios del municipio de La Lisa, no solo permanece impunemente en la vivienda, sino que con su actitud provocadora y violenta, se ha apoderado de la mayor parte del inmueble.

Los abogados de la Asociación Jurídica Cubana hemos respaldado a la familia de González Camacho desde el punto de vista legal y humano. Asesoramos los escritos de Queja entregados por Jorge Luis García Casañas a tenor de lo previsto en los artículos 63 y 26 de la Constitución, a la PNR, PCC y Consejo de Administración del Poder Popular, y a la máxima responsable, la Fiscalía Municipal de La Lisa amparados en la Ley 83 de la Fiscalía General de la República:

Artículo 1: “Según establece la Constitución, la Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.”

Además de artículo 7 apartado c), artículo 8 apartado b) y d), de la propia Ley 83 de 11 de julio de 1997.

Previa citación de la Fiscalía Municipal de la Lisa nos personamos con Jorge Luis ante la Lic. Yanet García, Fiscal Jefa, la cual después de leer el documento respuesta firmado por el fiscal Yohandris López Parra, nos hace entrega del mismo, cuyo contenido evidencia que ésta Fiscalía no está dispuesta a hacer cumplir la ley.

 

La Absolución de la Historia

1 cetrhab 1626-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida
En la Asociación Jurídica Cubana hemos notado una estadística muy significativa: más del 50% de los casos atendidos corresponde a problemas de vivienda.
La mayoría de estos casos, son estremecedores y en extremo angustiosos.
Cuando personas de la tercera edad con una educación, comportamiento y forma de pensar en extremo diferente a la de sus nietos (e incluso biznietos) conviven bajo un mismo techo, la convivencia puede ser muy difícil.
Como otras muchas cosas que después no se cumplieron, la revolución cubana prometió resolver la situación de los bohíos, de la insalubridad y otras  que, de una u  otra forma, tenían que ver con el problema de la vivienda en el país.
Así, en un escrito publicado centenares de veces y en múltiples formatos,  leemos cosas que algunos no quieren rememorar ahora, sin embargo es necesario mantener la memoria histórica:
Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda;
rebajando resueltamente el 50% de los alquileres,
eximiendo de toda contribución a las casas habitadas por sus propios dueños,
triplicando los impuestos sobre las casas alquiladas, demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas en toda la isla en escala nunca vista,
Bajo el criterio de que, si lo ideal en el campo es que cada familia posea su propia parcela, lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento.
Hay suficiente piedra y brazos de sobra  para hacerle a cada familia cubana una vivienda decorosa.
Sesenta años después de estas palabras, ¿cuál  es el resultado de esta promesa y de otras que desaparecieron junto a los ya innombrables  planes quinquenales?
Cuando la venda ha caído ya de los ojos, ¿debemos seguir creyendo en la Absolución de la Historia?

Estamos atrasados

tramites

KireniaLic. Kirenia Domínguez Álvarez

Esta es la respuesta a los ciudadanos en la Dirección Municipal de la Vivienda cuando se personan para la entrega de la documentación que en días anteriores se les solicitó con motivos a la realización de algún trámite relacionado con sus viviendas.

Muchos han sido los documentos y titularidades extraviados sin que se resarza el daño.

Claribel me comenta, muy triste, que ha solicitado por segunda vez los actos de última voluntad de su madre y el dictamen de la arquitecta, y que estos pueden caducar si en la Dirección Municipal de la Vivienda no agilizan la tramitación necesaria para adjudicarle la parte del inmueble que heredó de su madre hace ya algunos años.

Después de haber transcurrido los cincuenta días hábiles que la Ley prevé para esos casos, Claribel se personó ante la referida entidad y la respuesta fue una negativa sin preámbulo ni explicación.

Concluimos con la repuesta que estos asesores le dan, luego de haberse quejado al gobierno por tanta mora: No entendemos lo que la arquitecta escribió en su dictamen. Entonces, ¿podemos llamar atraso a lo que realmente es deficiencia, falta de conocimiento y atropello al público?

El derecho de nacer

 

15 familiaOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Odalina Guerrero Lara.

La Constitución de la República de Cuba plantea.

Artículo 35. El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio. El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación de las nuevas generaciones.

Kirenia Alganza Torres, ciudadana cubana, de 30 años de edad, casada, vecina de Comunidad Alquitex Alquízar, Provincia de Artemisa, tiene tres hijos, menores de edad, de ellos uno posee un impedimento físico, además está embarazada con siete meses y su embarazo ha sido pésimo, certificado esto último por la consulta de Hemopatía en el Hospital Nacional Enrique Cabrera.

Vive con su familia en un pequeño cuarto de la casa de su mamá. Los bajos recursos no le permiten construir un inmueble para vivir sin el hacinamiento en que se encuentran en estos momentos.

Kirenia declara haber pedido ayuda al Órgano Local del Poder Popular de Alquízar, la Seguridad Social ha prometido ayudarla, siendo la realidad este cuadro que hoy posee, pues cuando su hijo nazca no tendrá condiciones en una habitación que no da para más.

 

Injusta aplicación de la ley

charleyOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Odalina Guerrero Lara

A Jorge Perez Páez, ciudadano cubano, mayor de edad, con residencia permanente en Carretera Guanimar, La Europa, Alquízar, Provincia de Artemisa, el diecinueve de enero le fue impuesta una multa, aplicándosele el Decreto 272, artículo 8.1 inciso c), referido …al que con título de propiedad del inmueble, terreno o azotea según corresponda u otra forma de titularidad reconocida por el Estado:                                                                  Inicie la construcción, reconstrucción, ampliación o remodelación de una o más viviendas, 200 pesos y 2 000 pesos y, en su caso la demolición de lo construido;

Por lo que Jorge debía pagar $ 500.00 moneda nacional, SIN HABER COMETIDO CONTRAVENCIÓN ALGUNA.

El ciudadano totalmente inconforme interesó su reclamación basada en los siguientes argumentos:

Primero: Que la supuesta contravención se basa en construir sin licencia y no se realizó construcción alguna, pues ocupa una “facilidad temporal” autorizada por la Dirección Municipal de Vivienda de Alquízar en el año 2004, ya que el Huracán Charley causó el derrumbe total de la que fuera su vivienda legal desde el año 1992.

Segundo: Que la habitación que ocupa tiene todos los documentos legales correspondientes a favor su ex cuñado, el que residió hasta el año 2011.

Al presentar la reclamación ante la autoridad facultada, esta falló a su favor pues se había producido una MALA APLICACIÓN DE LA LEY.