Vocaciones

Lic. Jorge Luis González García

Desde el momento en que el estudiante lleva una boleta a casa para determinar su profesión futura, se producen un sinfín de variantes determinadas por los padres, los vecinos y profesores. El adolescente no sabe lo que quiere o no alcanza a tomar conciencia de que esa decisión influirá el resto de su vida.

Todo se enfoca en conseguir una profesión de mérito reconocido ante la sociedad que otorgue determinadas facilidades, o en estudiar una especialidad que reporte ganancias. En función de estos criterios optan por carreras como economía, turismo, medicina, idiomas, derecho o pedagogía.

En el ámbito normativo, el Código de Familia regula en el artículo 85.2 que “será función de los padres atender la educación de sus hijos, cuidar de su asistencia al centro educacional…, velar por su adecuada superación técnica, científica y cultural…”

El sistema educacional ha tratado de resarcir estas lagunas a través de círculos de interés, programas de televisión y en muchos casos, con los profesores. En cada escuela se exige que los educadores de especialidades técnicas den a conocer el perfil de cada una de ellas. A pesar de todo esto, la situación sobre una verdadera formación vocacional sigue en una nebulosa para el estudiante. Las universidades no dan a conocer el perfil de sus ingenierías y licenciaturas, los planes de estudio de las carreras no muestran lo que sería un graduado en cualquiera de estas opciones, por tanto el adolescente conocerá todo ello cuando luego de llenar la boleta con una carrera que no conoce y matricular en la universidad; sólo entonces sabrá si esa profesión es la de su vida o si, por desgracia, perdió tiempo y esfuerzo tratando de conseguirla.

 

¿Estoy verdaderamente representado?

14Lic. Egar Luis Arozarena Gómez

Quiero referirme a un tema importante en estos momentos en nuestro país, me refiero a la representación que ejercen nuestros representantes electos por voto libre, igual y secreto para integrar los Órganos del Poder Popular a diferentes niveles, de acuerdo al Artículo 131 de nuestra Constitución, que deja claro el derecho ciudadano de intervenir en la dirección del Estado, ya sea directamente o a través de nuestros representantes.

Esos Diputados y Delegados a las Asambleas Provinciales y Municipales, una vez en su cargo, debaten y aprueban acuerdos encaminados a hacer más sostenible el sistema social, pero los problemas en la comunidad y en el barrio, los que se plantean en la reuniones con el Delegado de Circunscripción, ¿cuándo van a tener solución? Hablo del salidero de agua en la esquina, de los baches de la carretera, el alumbrado público, la telefonía pública, entre otros, que como a nivel municipal no se cuenta con los recursos para su solución, necesitan ser trasladado a las instancias provinciales, y a su vez ese Delegado que representa al municipio en la Asamblea Provincial, no plantea o exige respuesta por la solución del problema de su comunidad, por tanto el problema persiste y se acrecienta en la mayoría de los casos.

Por todas estas razones, nuestros representantes a nivel de base arrastran un grupo grande de planteamientos de sus electores a los cuales no ha podido dar solución, lo que contribuye a que el pueblo pierda la confianza en esa figura.

Apoyo los acuerdos y decisiones que se toman en cada órgano de este tipo, pues su fin es perfeccionar nuestro sistema, que si bien carece de recursos de todo tipo, es el más justo que conozco; pero también considero que estos problemas con lo que chocamos a diario, necesitan ser tratados y discutidos por nuestros representantes para que al menos el pueblo escuche su voz en boca de esos Delegados que elegimos como nuestros representantes.

 

Asociación Jurídica Cubana.Filial de Santiago de Cuba.

13 fumeroLic. Alberto Fumero Batista.

Hace poco recibí por un amigo la información de que, luego de ser notificados los diferentes órganos de justicia del territorio de las actividades de corte opositor e independiente del Licenciado en Derecho Alberto Fumero Batista, en las distintas unidades de Bufetes Colectivos de Santiago de Cuba, me convertí de nuevo en la noticia del día en los matutinos de inicio de semana.

Las opiniones fueron diversas; no podía ser de otra forma, tratándose de la organización de donde provengo y en la que me desempeñé de forma ininterrumpida por alrededor de veinte años.

La comunicación oficial tuvo diversos matices pero en sentido general se hacía referencia a que estaba o había creado un grupo opositor en la provincia, que cuenta con un sitio digital en el que se desacredita a los órganos de justicia y en contra de los Bufetes Colectivos y del trabajo de los abogados, todo ello con el marcado interés de provocar el rechazo hacia mi persona, pues al mismo tiempo alegaron que el grupo tenía muy pocos integrantes, lo que demuestra a juicio de la comunicación, la poca acogida de la nefasta iniciativa, al tiempo que advirtió al auditorio sobre la labor de captación en la que estaba inmerso.

Hubo quien me comparó con un abogado que habiendo salido de la organización de bufetes y perteneciendo a un grupo disidente, se aprovechó de la buena voluntad de una abogada que respeto y admiro al punto de considerarla mi amiga, y le grabó una conversación telefónica que luego hizo llegar a una emisora radial en el exterior, todo ello sin el consentimiento de la letrada que, indudablemente, pudo verse comprometida con semejante insolencia.

Cualquiera que me conozca medianamente advertiría las diferencias entre ese señor y yo, que jamás me prestaría para cometer actos de la naturaleza descrita, no solo contra un amigo o ex compañero de trabajo, sino hasta con un desconocido.

En el Bufete en el que laboré por muchos años, se han tomado medidas para regular mi comunicación y relación con antiguos colegas. Hubo un directivo que de forma enfermiza, mandó a un trabajador a seguirme hasta la oficina de un abogado con el que valoraba un asunto que le había recomendado como ya se ha hecho costumbre, después de varios años fuera del ejercicio de la profesión.

Este infeliz y penoso incidente, aunque en aquel momento movió a risa por la comicidad y torpeza con que dio cumplimiento a su misión el personaje encomendado, hace reflexionar hasta qué insospechados límites pueden llegar las personas que no se respetan ni se dan a respetar, que se dejan manipular y quedan anulados como personas en contra de sus propios intereses.

Los que hablan de más porque así se les indica, y los que lo hacen por mero gusto, no saben nada de lo que dicen que saben. Mi incorporación a la Asociación Jurídica Cubana nace de la motivación que siempre he tenido por criticar lo mal hecho, venga de donde venga y en cualquier tribuna.

Los que me conocen saben que si hubo algo que me caracterizó en el ejercicio de la profesión, fue decir la verdad sin miedo de asumir las consecuencias. En las Salas de Justicia, muy pocos se arriesgaron a denunciar como yo lo hice, a emplazar a quien yo emplacé o a participar como yo en procesos muy complejos, como el controvertido caso de los 75 en el que defendí a José Daniel Ferrer García en su condición de acusado principal.

Por ello me uní a la AJC y me siento orgulloso por pertenecer a la misma, donde soy libre para expresar mis ideas, sin miedo a represalias ni al qué dirán porque como bien decía el más ilustre de los cubanos: El respeto a la libertad y el pensamiento ajenos, aún del ente más infeliz, es mi fanatismo. Si muero o me matan será por eso.

No le temo tampoco a la manipulación ni a otros métodos mal intencionados porque ningún daño me pueden hacer, envuelto como estoy en la coraza de amor y de libertad de expresión que nos legó Martí.

Y mientras esperamos ese momento de gran ilustración, yo le rindo tributo a su memoria haciendo lo que él hubiera hecho, lo mismo a partidarios que a detractores, cultivando para todos ellos… una rosa blanca.

No somos dueños de nada

12 medio ambienteLic. Jorge Luis González

El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el medio se adapta y modifica según sus necesidades. Los hombres comenzaron a dañar el entorno de manera significativa en el siglo XVII con la revolución industrial y el uso del carbón como fuente de energía, que al ser quemado; produce dióxido de carbono como subproducto.

El incremento de la población trajo como consecuencia la destrucción del hábitat de algunas especies. La contaminación ambiental se podría definir como pérdida, disminución, deterioro significativo inferido al Medio Ambiente. Organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tienen como objetivo protegerlo y adoptar medidas de coordinación internacional para el desarrollo sostenible.

Los principales problemas ambientales a los que hoy se enfrenta Cuba, tienen su origen en la forma inapropiada en que por varios siglos se han explotados sus recursos naturales. Las limitaciones e insuficiencias con que ha llevado el proceso de industrialización, la inadecuada producción agrícola y pecuaria, así como los problemas sociales arrastrados desde la etapa prerevolucionaria.

La voluntad del país con relación al medio ambiente y los recursos naturales quedó expresada en la Constitución de la República de 1976, cuyo Artículo 27 plantea: “El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y de todo el uso potencial de la naturaleza”.

El 11 de julio de 1997 se aprueba la Ley 81 de Medio Ambiente que impone una base para el desarrollo sostenible. En las comunidades costeras, las personas que viven de la pesca realizan prácticas ilegales con el fin de acrecentar su patrimonio como la captura de la tortuga verde, el carey y la caguama, todas amenazadas de extinción, en gran medida por el trabajo ineficiente de los funcionarios encargados de evitar que esto ocurra. Las sanciones pecuniarias son elevadas para los sorprendidos comercializando la carne de estas especies, pero no es suficiente. Los inspectores de pesca deberían dar recorridos, si fuera necesario acompañados con un agente de la PNR, por la costa, evitando tal vez la muerte de estas especies.

Mientras las personas sigan creyéndose dueños de lo que los rodea y utilizándolo en su beneficio y no exista una conciencia ecológica estaremos destinados a la autodestrucción.

Las unidades empresariales de base (UEB) en la resolución de conflictos ante las salas de justicia

11 UEBLic. Andrea López

Este es un tema muy llevado y discutido en el tráfico comercial nacional, si se tiene en cuenta que no todas las UEB poseen igual significado, existen unas simples y encontramos otras con una estructura compleja desde el punto de vista empresarial que pueden manejan un valor económico y un número de trabajadores considerable, pueden tener incluso otras unidades subordinadas sobre las que ejerce funciones de fiscalización y control; a esto se suman las facultades para realizar acciones propias de la empresa como es la concertación de contratos.

Válido es traer a colación la disposición especial 3ra del Decreto Ley 304 y el art.751 inciso a de la Ley de Procedimiento para fundamentar el acceso de estas unidades, siempre que lo tengan autorizado por la empresa, que ostenta la personalidad jurídica, para acudir a las salas de justicia del Tribunal competente. Referido a esto, nuestro sistema empresarial y jurídico enfrenta una controversia, pues se ha discutido hasta qué punto están legitimadas estas Unidades para comparecer y si poseen la capacidad legal para hacerlo en representación propia. Respecto a esto, la Sentencia No.152 del Tribunal Supremo del año 2002, acusa infringido este artículo 751 inciso a) de la Ley de Trámites, defendiendo el criterio que las UEB no pueden comparecer por sí ante las salas de Tribunal si no es en representación de la Empresa; y la sentencia No. 44 en este caso del propio año desestima la falta de legitimación de una UEB para comparecer ante Tribunal, basada en que tal autorización había sido otorgada por la empresa correspondiente.

Hay que tener especial cuidado con esto, pues se han encontrado casos en que se puede utilizar por la empresa, autorizando a la UEB solamente a suscribir el contrato, aún cuando tiene cuenta bancaria corriente que en teoría es de la Empresa pero quien la maneja en la práctica es la UEB, entonces la misma puede firmar contrato pero no puede litigar ante Tribunal.

En la práctica actual se ha desvirtuado un poco el sentido en lo que a personalidad jurídica respecta para la resolución de litigios, téngase en cuenta que la empresa puede otorgar las funciones y facultades que estime convenientes a la UEB, pero la personalidad jurídica de esta debe estar condicionada y preconcebida con el fin de representar los intereses de la Empresa ante la instancia legitimada para resolver cualquier conflicto.

 

Las oportunidades de unos y los errores de otros

10 YASLic Yasmani Orges Lugo

Las Empresas, Organismos, Organizaciones, Entidades etc., son mediadores que de cierta forma garantizan las sostenibilidad de una sociedad, son fuente de empleos y en torno a ellas gira el desarrollo económico de un país y provee a todos sus trabajadores en la construcción de su patrimonio, según su trabajo, para enfrentar las exigencias de la vida. Estos entes necesitan para su funcionalidad y sostenimiento, además de la fuerza de trabajo, de un grupo de personas que funcionan como un perfecto engranaje para garantizar lo antes expresado, quienes dirigirán un proceso de producción, el cumplimiento de una tarea y a quienes se les confiará, bajo su custodia y responsabilidad, medios e intereses del Estado por los que se les pedirán responsabilidades y responderán ante la ley por el incumplimiento de sus funciones.

Nuestro sistema jurídico plasma en sus leyes quiénes serán las personas que cumplirán con esta responsabilidad. Se expresan en el Decreto Ley 197 las regulaciones laborales del personal asignado para ocupar cargos de Dirigentes y Funcionarios; regulando temas como la designación, el cese de sus funciones, y requisitos para ocupar el cargo entre otros. Es cierto que ser “jefe” tiene sus ventajas, pero también tienen mayor responsabilidad sobre sus hombros y es deducible que se les debe imponer sanciones más radicales que a los demás trabajadores.

Pero, ¿qué tan real puede ser el dictamen de estas sanciones o medidas disciplinarias; qué tan radicales pueden llegar a ser, son similares a las impuestas a un simple obrero?

Seguramente muchos de los que lean este artículo compartirán el criterio de que la realidad es muy distinta a lo que se supone que se deba hacer en estos casos y lo que ocurre en estas situaciones.

Pues un trabajador x comete una infracción laboral, la cual lo conlleva una medida disciplinaria que puede consistir en afectarle su salario, hacerlo público ante el resto de sus compañeros o “mancharle el expediente” como se conoce en el argot laboral. Mientras que a un directivo se le trata con la mayor discreción posible, se hacen los de la vista gorda o estos resuelven ese mal momento intercambiando medida disciplinaria por regalos. En otro caso, cuando la medida conlleva a la separación definitiva del centro pues la infracción recae en un delito de robo, malversación de los bienes del Estado o desvío entre tantos otros; el obrero carga con su responsabilidad (lo separan del centro de trabajo y es juzgado por un Tribunal el cual le impone una sentencia), claro está, cumpliendo con lo establecido en la Ley. Pero sin embargo, y aunque no en la totalidad de los casos, el funcionario no carga con sus errores, sino más bien carga con las oportunidades que se le presentan ante la separación de su cargo; ¿qué oportunidades son esas?, pues las de volver a dirigir en otro lugar como si nada hubiese pasado.

Es inconcebible que un funcionario, después de haber sido expulsado de una empresa estatal por malversación, sea reubicado en otra entidad con un cargo de igual o de mayor jerarquía. Baso este escrito en la realidad que nos toca muy de cerca y la cual tengo el deber de denunciar.

El sistema de justicia debería de seguir más de cerca el cumplimiento de la ley frente a estas situaciones, pues estos directivos representan a una entidad y a un grupo de trabajadores, son custodios de recursos del Estado, de la producción y el dinero que emane de estas empresas, y en ellos se deposita confianza en su integralidad y respeto por su trabajo.

 

El exceso de justicia es injusticia

9 yaneliysLic. Yanelis Ramirez Cruz

Urbano Rodríguez Amat, es un viejo conocido. Tiene 63 años y desde hace 23 es soldador de la Empresa de Refrigeración y Calderas. Durante toda su vida laboral ha mantenido una excelente conducta. Hacía tres meses se encontraba de licencia no retribuida, para cuidar a su madre postrada. El día que debió incorporarse al centro, se le presentó una situación emergente, tuvo que hospitalizarla y no pudo asistir los cinco días subsiguientes. Cuando se presentó a la entidad, ya tenía elaborada la medida disciplinaria de separación definitiva por ausencias injustificadas. Los “factores” tomaron la medida sin evaluar las causas.

La aplicación de cualquier sanción o medida, –como se le quiera llamar–, debe cumplir un doble objetivo: evitar de manera inhibida toda acción similar y al mismo tiempo educar al infractor del orden y que interiorice las razones por las cuales no debió seguir dicha conducta. El primer objetivo es el que más rápido se logra, el segundo es de un alcance a largo plazo y en ocasiones, en ciertos individuos, es inalcanzable.

Para que una medida sea educativa, tiene que cumplir con un requisito: que sea justa, y esto se logra si su magnitud es realmente la apropiada para el caso. Una desproporción entre la violación del orden laboral y la medida a aplicar, sea por defecto o por exceso, hará injusta la sanción y por ende no cumplirá su carácter educativo, al tiempo que será una burla al orden jurídico y al colectivo laboral.

La exigencia de la responsabilidad disciplinaria según establece nuestro Código de Trabajo, se basa en la valoración de un conjunto de elementos o aspectos necesarios para, ante todo, delimitar si debe exigirse o no dicha responsabilidad, y luego de considerarse sancionable la conducta, aplicar la medida que más se ajuste al trabajador y a las características y condiciones del caso.

En el ejemplo descrito, la administración no tuvo en cuenta las circunstancias que conllevaron a Urbano a ausentarse de su puesto de trabajo por más días que los autorizados en la licencia, sus condiciones personales, historia laboral e incluso que se trataba de un obrero, al que solo le restaban dos años para acogerse al proceso de jubilación. Esto me recuerda el axioma del querido profesor Dr. Baquero: “…el exceso de justicia, es injusticia”.

 

Fuentes del Derecho Penal

8 derecho penalYaima Pastor Blanco

Las fuentes del Derecho Penal constituyen un concepto jurídico que expresa una noción compleja; suscita la necesidad de elucidar si estas reclaman un tratamiento particular. ¿Pueden considerarse fuentes del derecho penal las categorías generales de normas comunes a otras ramas jurídicas?, en este caso es muy claro y preciso qué fuente es la del Derecho Penal, y es inaceptable un rígido debate. Si bien en otras ramas jurídicas el número de las fuentes ha sido objeto de discusión, en el derecho penal ha llegado a ser principio generalmente admitido que la única fuente que existe es la Ley, la cual asume una función delimitadora, por cuanto la aplicación del Derecho esta en exacta correspondencia con los límites determinados por la ley.

Es de mucho interés especificar que en la rama jurídica penal, es lícito todo lo que la ley no prohíbe, resulta inadmisible la existencia de un terreno intermedio entre el actuar conforme a derecho, en el Derecho Penal solo existen estos dos campos por así decirlo: lo lícito o autorizado por la Ley, y lo ilícito o fuera de la ley. Su aplicación concreta se traduce en dos reglas muy conocidas en el derecho penal: 1) ningún hecho puede ser considerado delito sin que una ley anterior a su comisión lo haya previsto como tal, 2) no puede imponerse sanción penal que no este prevista en una ley anterior a la aplicación de aquella.

Si de respeto se trata…

7 banLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociaciones en la legislación cubana es un precedente de la época colonial. La Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley que lo regulaba.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo humano de acuerdo a sus proyecciones, aspecto que además se transforma en satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no es solo un medio indispensable y común a toda la especie de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación pueda tener algún tipo de limitación en su alcance, y lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados que se han preocupado de regularle de una manera democrática.

Pero no obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el problema del ejercicio del derecho de asociaciones que realmente tiene el ciudadano, y que bien se encuentra refrendado en el artículo 9 en relación al 54 de la Constitución de la República de Cuba, nuestra ley magna.

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hizo necesario que se modificara el sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante de asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la cual lejos de ser un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo actual que presenta vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba, en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por los trabajadores y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, pero hasta ahí, el tiempo corre, las condiciones y las exigencias del ser humano son cada día mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales o asociaciones cubanas, como se les ha denominado en Cuba, son un elemento integrante de la sociedad civil, y a la vez, un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como lo es la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

Por qué cerrarnos las puertas a este derecho? A qué le teme el Estado?

De ahí que sabiamente se haya advertido también que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma.

Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde todas las anteriores legislaciones, estuvo previsto que se cancelaran asociaciones que no cumplieran sus objetivos sociales, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión ésta que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir, y entonces, ¿cuál es el argumento del Estado para no autorizar la ya referida Asociación que de manera disciplinada pretenden formalizar los juristas interesados? Tendremos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene fines de lucro; persigue exclusivamente objetivos sociales, al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

¿Para qué existe el control constitucional que ejerce el Estado, sino es para mantener el orden y la legalidad? y cito: “El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente… y es que si de respeto se trata no valen los argumentos…

 

Los sanciones en los Cuadros

6 poder y justiciaLic. Moraima Leyva Pérez

Cuando evaluamos la situación que presenta la instrumentación, aplicación y cumplimiento de la política de cuadros en nuestro país, nos percatamos de, sobre todo los jóvenes, no quieren asumir el compromiso de dirigir y ocupar responsabilidades.

No vamos a referirnos a la estrategia de atención y estimulación insuficiente, sino a examinar lo relacionado con las sanciones administrativas. El obsoleto Decreto–Ley 196 de 1999, ofrece pocas medidas ante la comisión por el cuadro de una indisciplina: amonestación, democión en sus variantes y separación definitiva. Ahora bien, hace algún tiempo fue indicado por el Gobierno el no empleo como sanción de la democión temporal; de aplicarse esta, no se violaría la ley, pero se incumpliría una indicación del Consejo de Ministros. Si grave es violar una norma jurídica, también lo es vulnerar una indicación gubernamental. Una dicotomía que no ha tenido solución y que coloca en una disyuntiva a la autoridad facultada al momento de aplicar la medida, pues hay conductas que tomando en consideración los elementos de adecuación de las sanciones, no ameritan una amonestación, pero tampoco una democión definitiva.

Dentro de la democión está implícita la pérdida del derecho a recibir estímulos adicionales al salario oficial entre seis meses y un año, según decida la autoridad que la impone, lo que a juicio de esta jurista ocasiona una doble sanción, pues estímulo adicional es por ejemplo, el pago en pesos convertibles (en las entidades que lo tienen aprobado), o el fondo de estimulación a partir de las utilidades. Esta penalidad añadida a la medida principal de la democión, no solo afecta al cuadro, sino también a su familia.

El Consejo de Estado debe reflexionar acerca de la necesidad de perfeccionar las disposiciones sobre el sistema de trabajo con los cuadros, a partir de una nueva norma jurídica más avanzada y justa.