La legalidad de la ley y las fuentes del Derecho Penal

7 procedimiento penal,Yaima Pastor Blanco

Las fuentes del Derecho Penal constituyen un concepto jurídico que expresa una noción compleja; suscita la necesidad de elucidar si estas reclaman un tratamiento particular. ¿Pueden considerarse fuentes del derecho penal las categorías generales de normas comunes a otras ramas jurídicas? Si bien en otras ramas jurídicas el número de las fuentes ha sido objeto de discusión, en el derecho penal ha llegado a ser principio generalmente admitido que la única fuente que existe es la Ley, la cual asume una función delimitadora, por cuanto la aplicación del Derecho está en exacta correspondencia con los límites determinados por la ley.

Es de mucho interés especificar que en la rama jurídica penal, es lícito todo lo que la ley no prohíbe, resulta inadmisible la existencia de un terreno intermedio entre el actuar conforme a derecho, en el Derecho Penal solo existen dos campos por así decirlo: lo lícito o autorizado por la Ley, y lo ilícito o fuera de la ley. Su aplicación concreta se traduce en dos reglas muy conocidas en el derecho penal: 1) ningún hecho puede ser considerado delito sin que una ley anterior a su comisión lo haya previsto como tal, 2) no puede imponerse sanción penal que no esté prevista en una ley anterior a la aplicación de aquella.

Se resume diciendo que nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada: nullum crime, nulla poena sine lege; el principio de legalidad de los delitos y las penas en la esfera penal se halla previsto en el artículo 2 del Código Penal, guardando relación en el terreno procesal con el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal la cual dispone que no puede imponerse sanción sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la ley.

Este principio también posee rango constitucional por cuanto nuestra Constitución establece que nadie puede ser encausado ni condenado sino por el tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen, entonces podemos entender la relación de este principio con las diferentes esferas del Derecho. Quede claro que la ley penal más importante es el Código Penal, aunque dentro de esta categoría se hallan comprendidas otras leyes como la Ley de delitos militares o la Ley electoral, pero nunca se debe olvidar que el Código Penal es a ley más importante para el derecho penal, excluyendo la costumbre y la práctica judicial como fuentes del derecho, como también se excluye la analogía, pues no basta con la discusión de un caso penal no contenido en la ley.

Cuando no exista una norma aplicable de modo exacto y directo al caso sometido a la discusión judicial, este debe quedar exonerado de toda consecuencia jurídico-penal.

 

Ataquemos las causas y no las consecuencias

Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles

Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles

 

Lic. Yanelis Ramirez Cruz

Una vez más el tema combustible asoma a las puertas. El contexto internacional y sus consecuencias económicas para Cuba avizoran un año difícil. Por eso la máxima dirección del país ha tomado la decisión de reducir el plan de portadores energéticos a todos los organismos de la administración central del Estado, aun cuando ello conlleva bajar el nivel de actividad.

Esta medida presupone un mayor control en el uso eficiente del combustible diésel. Sin embargo en numerosas entidades estatales, la sustracción y desvío de combustible se ha convertido en algo con lo que convivimos a diario.

En Holguín circulan más de tres mil vehículos particulares, en tanto la venta a las personas naturales en los Servicentros de la provincia, no sobrepasa los 109 litros como promedio diario. Tal situación es conocida y denunciada en varios escenarios por las autoridades gubernamentales. Pero no se trata de divulgar, sino de acometer acciones.

Seríamos ilusos al pensar que un porteador privado para la transportación de pasajeros pagaría el precio de 1.10 CUC por litro, porque como decimos en buen cubano “no le daría la cuenta”. Entonces, ¿de dónde sale ese combustible sino de las entidades estatales? A partir de esta realidad, ¿qué mecanismos de control están empleando las administraciones para que el combustible no les sea robado? ¿Existe dolo o culpa en su actuar? ¿Acaso estamos esperando que se produzca el hecho extraordinario para separar del cargo a los implicados y llevarlos a la cárcel?

Debemos atacar las causas y no las consecuencias. Mientras el Estado no propicie que el combustible se adquiera a menor precio por los porteadores privados y a su vez cree los mecanismos de control para garantizar que se haga de modo oficial y en los lugares establecidos, el desvío va a continuar tal y como existe hoy bajo un “aparente régimen de legalidad”.

 

¿Quién le pone el cascabel?

4 musicMsC. Magela Acosta

La Ley No. 14 de 28 de diciembre de 1977, Ley sobre Derecho de Autor en su artículo 1 tiene por objeto: brindar la debida protección al derecho de autor en la República de Cuba, en armonía con los intereses, objetivos y principios de nuestra revolución socialista.

El derecho de autor regulado en esta Ley se refiere a las obras científicas, artísticas, literarias y educacionales de carácter original, que se hayan hecho o puedan hacerse de conocimiento público por cualquier medio lícito, cualesquiera que sea su forma de expresión, su contenido, valor o destino (Artículo 2).

Ahora, estamos hablando de una Ley que le brinda protección al autor de una obra y le concede ciertos derechos (Artículo 4) tales como:

a) Exigir que se reconozca la paternidad de su obra y, en especial, que se mencione su nombre o seudónimo cada vez que la misma sea utilizada en alguna de las formas previstas en esta Ley;

b) Defender la integridad de su obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación o modificación que se realice en ella sin su consentimiento;

c) Realizar o autorizar la publicación, la reproducción o la comunicación de su obra al público por cualquier medio lícito, bajo su propio nombre, bajo seudónimo o anónimamente;

d) Realizar o autorizar la traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra transformación de su obra;

e) Recibir una remuneración, en virtud del trabajo intelectual realizado, cuando su obra sea utilizada por otras personas naturales o jurídicas, dentro de los límites y condiciones de esta Ley y sus disposiciones complementarias así como cuantas otras disposiciones legales se establezcan sobre la materia.

En febrero de 2003 resultó necesario reglamentar el registro facultativo de obras protegidas y de los actos y contratos referidos al Derecho de autor, teniendo en cuenta que la creación y explotación de las obras a las cuales hace mención la precitada Ley 14, se estaban abriendo cada vez más hacia vías no contempladas anteriormente, por lo que se promulga la Resolución No.13 Reglamento del Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos Referidos al Derecho de Autor, de fecha 20 de febrero del 2003 del MINCUL, derogando la Resolución No. 2, de fecha 25 de octubre de 1993, del Director General del Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), modificando la denominación del Depósito Legal Facultativo de Obras Protegidas, nombrándolo Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos referidos al Derecho de Autor, adscrito al CENDA, considerado continuador legal por conservar sus funciones esenciales.

El artículo 2 de esta Resolución, plantea, entre otras cosas, que El acto de inscripción en el Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos referidos al Derecho de Autor, es facultativo y no contraviene el principio de la protección automática; por lo que los actos de inscripción y registro a que se hace referencia en este Reglamento, no son obligatorios, se rigen por el principio de voluntariedad del autor, ya que plantean que desde el momento en que una obra es conocida al público por un medio lícito, se considera “protegida”. El registro no crea derechos, solo es una prueba documental o garantía jurídica a presentar ante un litigio sobre el tema. Por lo que estamos en presencia de una controversia, y desde el punto de vista jurídico, el estado está dando paso a que se proliferen las Violaciones o Infracciones del Derecho de Autor y los Derechos Conexos; mucho más cuando en nuestra sociedad ha habido un alza considerable en el campo de las investigaciones y las creaciones en todos los ámbitos, sin obviar que estamos en presencia de una verdadera revolución cibernética, un arma poderosa para la comisión de delitos en esta materia para personas inescrupulosas.

Volviendo a la precitada Ley No. 14 de 28 de diciembre de 1977, sobre Derecho de Autor; el legislador destinó un capítulo con un solo artículo (capítulo 10, artículo 50) para normar las violaciones del derecho de autor. Me pregunto: ¿El legislador no le prestó la verdadera importancia que tiene la protección del derecho de autor y los derechos conexos? ¿O pensó emitir otra norma jurídica haciendo esta salvedad? mientras tanto, alguien sigue pensando qué hacer con la precitada ley.

Hoy día, la existente nos remite a la ley penal y ésta, en Cuba, solo se limita al DELITO DE FALSIFICACIÓN. No existen otros delitos de Derecho de Autor, lo que la hace inoperante; por lo que considero que una legislación carente de sanciones penales que reprima las infracciones derivadas del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, sería insubstancial; dejar desprotegidas las obras o cualquier actividad derivada del acto de la creación, sin ninguna duda va a conducir a situaciones negativas en la sociedad, como es el caso objetivo que presentan nuestros autores (sin hablar de los internacionales), los cuales sus obras están siendo pirateadas por personas amparadas en la Resolución No. 33 de 6 de septiembre de 2011, del MTSS, que establece el Reglamento del Ejercicio del Trabajo por cuenta propia; el estado lo autoriza con la expedición de una licencia de “Comprador Vendedor de Discos” a la venta indiscriminada de obras musicales y audiovisuales sin respeto a los derechos morales y patrimoniales que la legislación sobre derecho de autor dice proteger. Estos ciudadanos, protegidos por una norma jurídica, se dedican a piratear estos materiales burlando la legislación autoral, y lo más triste, nadie le pone el cascabel al gato y se siguen vulnerando los derechos autorales.

Esta situación continuará hasta tanto el Ministerio de Cultura no se pronuncie en la modificación de la legislación en materia de derecho de autor, que responda al desarrollo social actual; y la ley penal no incluya los delitos que afectan los derechos de autor y los derechos conexos con precisión.

 

 

Al rescate de valores perdidos

Foto: Ariel Arias, País de Píxeles

Foto: Ariel Arias, País de Píxeles

Lic. Noel Rodríguez Ávila

Independientemente en que vivimos en un mundo globalizado, cada país aparte de su geografía y su clima tiene su idiosincrasia que lo distingue de los demás por su idioma, su cultura, su economía, sus creencias religiosas: a contrario sensu de los valores, pues estos son de carácter universal.

Se observa con preocupación y nostalgia como esa gama de valores en la que fuimos formados y educados a través de la cadena hogar-escuela-centro laboral-lugares sociales, ha ido cambiando o desapareciendo. Esta lamentable pérdida no tiene efecto vinculante con el cambio climático, en relación a como también han cambiado y variado las estaciones del año.

La mayor parte de nuestros niños y jóvenes crecen con carencias de educación formal: crecen sin pedir permiso, con una estridencia alegre y, a veces arrogante en un ritual de obediencia orgánica y desobediencia civil. Ya no oímos, ya no vemos el pedir permiso para pasar, dar el asiento a una mujer embarazada o un anciano: lo que vemos es la indolencia, el yoísmo y la proliferación de palabras obscenas.

No debemos dilatar el resolver esta acuciante problemática que nos atañe a toda la sociedad, desde los padres, en el hogar, los maestros y profesores en la escuela, hasta nuestros gobernantes. Galopemos juntos, para rescatar los valores perdidos.

 

Igualdad

2 Imagen1Lic. Tania Pérez Torres

Nuestro país está cambiando, cuando pienso en eso me enorgullezco, egoísta y cercana se encuentra esa realidad, una realidad basada en los cambios de la política interna y externa de la Cuba de estos tiempos. Bajo la sombrilla de lo legal y permitido se reflejan las necesidades de una población y las comodidades de otra parte de la población; Pienso en las garantías básicas, ¿Dónde están?, ¿Pueden existir garantías?, ¿Cuáles?, ¿acaso existe una institución, un tribunal donde se exija a la administración en sentido general, garantías para los administrados?

En una Cuba donde existen diferencias sociales, es inconcebible la realidad de aquellos que abogan en todas las tribunas, nacionales e internacionales, así como en todo el sistema de comunicación, radio, TV, etc. que en el país el sistema de equidad no permite injusticia. Ante toda esa información manipulada por el poder de hegemonía que ejerce el Estado, ¿qué hacer?

¿Por qué existen servicios que cuestan más que el salario básico de un obrero?, ¿acaso tuvieron en cuenta las necesidades de la población a la que se ha mantenido marginada y de espaldas al desarrollo?, ¿por qué no existen consultas populares para la toma de decisiones? Ni siquiera a nivel de una empresa estatal que eliminó el plan vacacional para sus trabajadores y sus familias aduciendo daño a la duna costera; sin embargo no quitaron los hoteles para turistas extranjeros, ni el plan vacacional a los jefes, ¿acaso existe la justicia y equidad? ¿Para quiénes?, para los favorecidos.

 

Indisciplinas contrarias a derecho

1 Trinidad 17Lic. Juan Álvarez del Rio

El Estado cubano pone énfasis en los Planes escolares y otros temas sociales que son divulgados por la televisión y la prensa escrita.

De igual forma existen normas jurídicas que imponen los intereses ciudadanos, pero son desconocidas por la mayoría de la población como la Constitución de la República de Cuba, el Código de Familia, el Código de la Niñez y la Juventud y el Código Penal, incluso presentados en Eventos Nacionales e Internacionales dirigidos a la protección de los niños, la desigualdad, la discriminación racial o de género, sin embargo vemos a diario el uso de la violencia y el irrespeto en muchas formas: música muy alta a cualquier hora, palabras obscenas en la vía pública incluyendo a niñas y niños.

Los artículos del 35 al 38 de la Constitución de la República, se dedican a la Familia, donde incluye los deberes de los padres hacia sus hijos a educarlos hasta formarlos como ciudadanos útiles.

En el Código de la niñez y la juventud de su artículo 82 al 87, y basados en la Constitución, rige que los padres deben de velar porque los hijos respeten a sus maestros, demás ciudadanos y a las autoridades.

En el Código Penal en su Título XI se sancionan severamente los delitos contra el Normal Desarrollo de las Relaciones sexuales, contra la Familia la infancia y la juventud, y en su Capítulo III los delitos contra el Normal Desarrollo de la Infancia y la juventud, tales como la Corrupción de Menores y Otros Actos Contrarios al Desarrollo del Menor.

Puede comprobarse en entrevistas realizadas por nuestra televisión y en lo que vemos diariamente que no todo esto se divulga y la población lo desconoce.

Para vivir con amor y cordialidad, el ciudadano debe estar impuesto de sus deberes y derechos.

 

Las unidades empresariales de base (UEB)en la resolución de conflictos ante las salas de justicia (I)

case-law-677940_960_720Lic. Andrea López
Este es un tema muy llevado y discutido en el tráfico comercial nacional, si se tiene en cuenta que no todas las UEB poseen igual significado, en la práctica encontramos algunas con una estructura compleja desde el punto de vista empresarial, que pueden manejan un valor económico y un número de trabajadores considerable, pueden tener incluso otras unidades subordinadas ejercen funciones de fiscalización y control; a esto se suman las facultades que se le otorgan para realizar acciones propias de la empresa como lo es la concertación de contratos.
Válido es traer a colación a propósito del tema, la disposición especial 3ra del Decreto Ley 304 y el art.751 inciso a de la Ley de Procedimiento para fundamentar un poco el acceso de estas unidades siempre que claramente lo tengan autorizado por la empresa, que es la que ostenta la personalidad jurídica para acudir a las salas de justicia del Tribunal competente. Referido a esto, nuestro sistema empresarial y jurídico enfrenta una controversia, pues se ha discutido hasta qué punto están legitimadas estas Unidades para comparecer y si poseen la capacidad legal para hacerlo a nombre y representación propia. Respecto a esto la Sentencia No.152 del Tribunal Supremo del año 2002, acusa infringido precisamente este artículo 751 inciso a) de la Ley de Trámites, defendiendo el criterio que las UEB no pueden comparecer por sí ante las salas de Tribunal si no es en representación de la Empresa y la sentencia No. 44 en este caso del propio año que desestima la falta de legitimación de una UEB para comparecer ante Tribunal, basada en que tal autorización había sido otorgada por la empresa correspondiente.
Hay que tener especial cuidado con esto, pues se han encontrado casos en que la empresa puede utilizarlo en su favor, autorizando ala UEB solamente a suscribir el contrato, aún y cuando tiene cuenta bancaria corriente que en teoría es de la Empresa, pero quien la maneja en la práctica es la UEB, entonces la misma puede firmar contrato pero no puede litigar ante Tribunal.
En la práctica actual se ha desvirtuado el sentido en lo que a personalidad jurídica respecta para la resolución de litigios, téngase en cuenta que evidentemente la empresa puede otorgar las funciones y facultades que estime convenientes a la UEB pero siempre la personalidad jurídica de esta debe estar

Lo que es necesario

vallin_21Lic. Wilfredo Vallín

Los Hechos:

El pasado día 14 de junio, el vicepresidente de la Asociación Jurídica Cubana (AJC) licenciado Amado Calixto Gammalame, se dirigía en un vehículo de las Tunas a Holguín para una visita a nuestras filiales del oriente del país.

Entrando en la ciudad de Holguín, el vehículo fue detenido por personas que no se identificaron, Amado Calixto fue obligado a descender y a entrar en un jeep de patrullas que lo condujo a la Unidad de Instrucción local.

En ese lugar, el teniente coronel Carlos Urgellés Palomares, quien conocía a Amado Calixto, le recordó la época común de estudiantes, lo que “haría más llano el camino para lograr un entendimiento”, pidiéndole a continuación que mostrara sus pertenencias, incluidos los objetos personales. No detectaron ningún documento de interés, pero consideraron que Amado tenía en su poder una cantidad en dinero “superior a lo normal” a saber, 250 euros, 135 cuc y 70 cup. Dinero que ocuparon, dejando al letrado con 35 cuc.

Se llenó un Acta de Ocupación de la cual Calixto solicitó copia sin que le fuera entregada, informándosele que regresaría ese mismo día a La Habana. El abogado permaneció detenido sin que se le formularan cargos hasta las 10 de la noche, o sea, unas seis horas, regresando a la capital por vía aérea. Su teléfono celular le fue devuelto en el aeropuerto de Holguín, después de borrarle todos los datos.

Los aspectos a analizar de este “incidente” son:

  1. La implicación de AJC con la Plataforma #Otro 18 de la sociedad civil. Esa Plataforma aboga por la participación de la ciudadanía en los comicios que se efectuarán en Cuba en el 2018.
  2. La ocupación del dinero que llevaba el letrado, sin que se le entregara documento justificativo de dicha ocupación.
  3. La “deportación” desde Holguín sufrida por Amado Calixto.

Lo que sigue está dirigido a la comunidad internacional, al pueblo de Cuba, y muy en especial, a las autoridades cubanas para su general conocimiento.

Fundamentos de Derecho.

La Asociación Jurídica Cubana es una agrupación de abogados creada en 2008 bajo el concepto del ejercicio libre de la abogacía conforme al evento Principios Básicos de la Función de los Abogados, Octavo Congreso de Naciones Unidas, celebrado en La Habana, Cuba en septiembre de 1990. El propósito fundacional de AJC siempre ha sido ayudar a los ciudadanos cubanos en sus problemas legales y difundir de forma gratuita el conocimiento jurídico entre la población, sin tomar en cuenta su filiación política o ideológica.

Hemos ayudado y enseñado, pero también aprendido. Algo de esto último es que, en Cuba, ningún órgano policial tiene en cuenta el derecho positivo vigente y actúa como si éste no tuviese nada que ver con ellos. Constituyen ejemplos de lo anterior:

  1. La ley electoral cubana en vigor no prohíbe la participación en los comicios nacionales de aquellas personas que piensan de manera diferente al gobierno y a la política nacional actuales. El principio “Es lícito todo lo que la ley no prohibe” goza de aceptación en la doctrina.

Obstaculizar, a como dé lugar, esa participación utilizando desde el más ramplón descrédito hasta la arbitrariedad más burda, sólo revela una gran inseguridad y temor a los resultados de esa participación.

–“No permitiremos Otro 18”– se torna un planteamiento reiterativo de la policía política, pero prohibir lo que la ley no prohibe es ilegal y es sancionado hágalo quien lo haga. No conocemos excepciones a este principio.

  1. Los ciudadanos cubanos somos frecuentemente registrados y nuestros bienes: dinero, computadoras, cámaras fotográficas, teléfonos y otros artículos, son decomisados sin justificación ni constancia documental. El dinero no es devuelto prácticamente en ningún caso, sin que los perjudicados sepan a dónde va a parar, en lo que constituye más un robo que una ocupación legal y justificada.

¿Desde cuándo la policía determina la cantidad de dinero que pueden llevar o no los ciudadanos?

Cuesta mucho trabajo creer que al más alto nivel de gobierno no se conozca esto. Esa permisibilidad es inadmisible.

  1. El Lic. Amado Calixto fue conducido bajo custodia al aeropuerto, obligado a subir a un avión y enviado de regreso a La Habana… ¿bajo qué precepto legal?, ¿En qué artículo, de qué ley, se apoyan esos señores para deportar a un ciudadano libre de una provincia a otra?

Pero hay más:

  1. Estos señores prohíben, que los ciudadanos podamos salir de nuestra casa en un acto simple de fuerza bruta, haciendo caso omiso de lo establecido por la Constitución y sus leyes complementarias.
  1. Los ciudadanos cubanos somos arbitrariamente detenidos en cualquier parte para ser abandonados en lugares remotos, muchas veces sin dinero para regresar, a cualquier hora del día o de la noche. Las causales de detención aparecen en la Ley de Procedimiento Penal pero los que así actúan no parecer tener conocimiento de su existencia.
  1. La única instancia facultada para crear derecho en el país es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los agentes de la ley (que no son la autoridad misma) no tienen esa facultad… hasta donde sabemos.
  1. El respeto a la dignidad plena del hombre de que se habla en el preámbulo de la Constitución socialista, ¿es éste?
  1. Si los miembros del orden público o de la Seguridad del Estado prosiguen con esta práctica, el respeto al orden jurídico actual se resquebrajará aún más de lo que ya está, y sus consecuencias pudieran ser catastróficas.

La legitimidad de los gobiernos en cualquier situación y lugar está dada, en primerísima instancia, por procurar el BIEN COMÚN de todos sus ciudadanos. Este concepto, ¿les significa algo?

El más grande de todos los cubanos nos legó en su pensamiento esta enseñanza: “En cada momento se ha de hacer, lo que en cada momento es necesario”. Esa es, precisamente, nuestra pretensión.

Presunciones sin razones

YureisyYureisy CeballosLic. Yureisy Ceballos

Hace unos meses está produciéndose un suceso inédito. Por considerar que se está dando un tratamiento incorrecto, lo traigo a colación.

Se trata del proceso que está llevando a cabo la ONAT en varias provincias y específicamente en Camagüey, con la aplicación de la resolución impositiva sobre el llamado régimen de presunción indirecta, regulado en el decreto ley no.308, capítulo 5 de la ley tributaria, sección primera, estableciendo cuantiosas cifras de dinero por la presunción de engaño al fisco, a través de la aplicación de multas y de subdeclaraciones realizadas a los trabajadores por cuenta propia.

Este análisis no debe sustentarse en un simple razonamiento aritmético o estadístico de comparación de resultados entre un año y otro, máxime si la inmensa mayoría de los afectados no recibió visita de los funcionarios de la referida oficina, que haya podido demostrar al supuesto infractor que estuviera evadiendo el pago al fisco o que no declarasen los ingresos reales.

Sí debieron tenerse en cuenta a la hora de la aplicación de la referida norma, otros elementos que pudieran demostrar (o no) los ingresos obtenidos y los aportes del año de referencia, así como otros aspectos del lugar donde se desarrolle la actividad como son las condiciones, los antecedentes, el impacto económico, etc.

Resulta cuestionable el recurso, pues se interpone ante la propia oficina de la ONAT y lo debe resolver la misma que firma la resolución que impone el pago de esa cuantiosa suma. Lo peor de todo, es que al preguntarle a los perjudicados qué esperanza tienen sobre el resultado de una apelación, refieren que ya conocen por los propios trabajadores de la citada oficina, que han recibido indicaciones de mantener estas subdeclaraciones pese a los documentos que aporten los recurrentes.

La detención y el hábeas corpus

DAYANARAMs.Cs.Dayanara Vega

El hábeas corpus es una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias. Se basa en la obligación de presentar a todo detenido en un plazo perentorio ante el juez, que podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto.

Tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos.

El hábeas corpus, en el derecho comparado, tutela dos derechos fundamentales, la libertad individual relativa a su libertad de movimiento, y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido tiene como objeto el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos, por lo cual tiene un carácter sumario (urgente) y potencialmente eventual, en tanto se autoriza desde que aparece posible una violación eventual a estos derechos para evitar que la violación se torne en irreparable. De tornarse irreparable, la acción de garantía pierde su objeto.

La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad competente, salvo en caso de un delito flagrante. La detención se caracteriza por existir privación de libertad.

Su finalidad se refiere a la puesta a disposición de una persona ante el juez competente. Esto puede ocurrir por haber cometido un delito (o ser sospechoso de ello), quebrantado su condena, fugarse estando detenido o en prisión preventiva, o porque de otra manera su comparecencia judicial se pudiere ver demorada o dificultada. Habitualmente existen límites y requisitos legales, como plazos y formas, que es necesario cumplir.

La diferencia entre la detención y el secuestro está en el sujeto que realiza la privación de la libertad. En el caso de la detención, la realiza una autoridad o un particular en el ejercicio de sus competencias.

La detención es por definición una situación temporal. Debe desembocar finalmente en la puesta a disposición de la persona detenida ante el juez, o bien en la puesta en libertad pasado el plazo máximo de detención autorizado por la ley.

El motivo de dicha temporalidad es que la detención se realiza normalmente en una fase en la que no existe todavía una decisión judicial que permita la privación de la libertad (ya sea a través de la prisión preventiva o, mediante la condena a una pena privativa de libertad).

Al no haber decisión judicial, no ha habido tampoco posibilidad de que el detenido ejerza su derecho a la defensa. Si la situación de detención se prolongase indefinidamente, se conculcan derechos fundamentales sin que exista control judicial (como ocurre en estados no democráticos, o en situaciones de guerra o de vacío legal).

  • Detención ilegal es aquella realizada sin cumplir los requisitos que legalmente se establezcan. Supone un abuso de autoridad, y en los estados de derecho existen medidas para defenderse.
  • Al procedimiento para solicitar la interrupción de una detención ilegal se le denomina habeas corpus.
  • Requisito indispensable de la detención ilegal, que el agente ha de obrar con dolo, es decir, saber que está cometiéndola y aun así realizarla.