Las oportunidades de unos y los errores de otros

10 YASLic Yasmani Orges Lugo

Las Empresas, Organismos, Organizaciones, Entidades etc., son mediadores que de cierta forma garantizan las sostenibilidad de una sociedad, son fuente de empleos y en torno a ellas gira el desarrollo económico de un país y provee a todos sus trabajadores en la construcción de su patrimonio, según su trabajo, para enfrentar las exigencias de la vida. Estos entes necesitan para su funcionalidad y sostenimiento, además de la fuerza de trabajo, de un grupo de personas que funcionan como un perfecto engranaje para garantizar lo antes expresado, quienes dirigirán un proceso de producción, el cumplimiento de una tarea y a quienes se les confiará, bajo su custodia y responsabilidad, medios e intereses del Estado por los que se les pedirán responsabilidades y responderán ante la ley por el incumplimiento de sus funciones.

Nuestro sistema jurídico plasma en sus leyes quiénes serán las personas que cumplirán con esta responsabilidad. Se expresan en el Decreto Ley 197 las regulaciones laborales del personal asignado para ocupar cargos de Dirigentes y Funcionarios; regulando temas como la designación, el cese de sus funciones, y requisitos para ocupar el cargo entre otros. Es cierto que ser “jefe” tiene sus ventajas, pero también tienen mayor responsabilidad sobre sus hombros y es deducible que se les debe imponer sanciones más radicales que a los demás trabajadores.

Pero, ¿qué tan real puede ser el dictamen de estas sanciones o medidas disciplinarias; qué tan radicales pueden llegar a ser, son similares a las impuestas a un simple obrero?

Seguramente muchos de los que lean este artículo compartirán el criterio de que la realidad es muy distinta a lo que se supone que se deba hacer en estos casos y lo que ocurre en estas situaciones.

Pues un trabajador x comete una infracción laboral, la cual lo conlleva una medida disciplinaria que puede consistir en afectarle su salario, hacerlo público ante el resto de sus compañeros o “mancharle el expediente” como se conoce en el argot laboral. Mientras que a un directivo se le trata con la mayor discreción posible, se hacen los de la vista gorda o estos resuelven ese mal momento intercambiando medida disciplinaria por regalos. En otro caso, cuando la medida conlleva a la separación definitiva del centro pues la infracción recae en un delito de robo, malversación de los bienes del Estado o desvío entre tantos otros; el obrero carga con su responsabilidad (lo separan del centro de trabajo y es juzgado por un Tribunal el cual le impone una sentencia), claro está, cumpliendo con lo establecido en la Ley. Pero sin embargo, y aunque no en la totalidad de los casos, el funcionario no carga con sus errores, sino más bien carga con las oportunidades que se le presentan ante la separación de su cargo; ¿qué oportunidades son esas?, pues las de volver a dirigir en otro lugar como si nada hubiese pasado.

Es inconcebible que un funcionario, después de haber sido expulsado de una empresa estatal por malversación, sea reubicado en otra entidad con un cargo de igual o de mayor jerarquía. Baso este escrito en la realidad que nos toca muy de cerca y la cual tengo el deber de denunciar.

El sistema de justicia debería de seguir más de cerca el cumplimiento de la ley frente a estas situaciones, pues estos directivos representan a una entidad y a un grupo de trabajadores, son custodios de recursos del Estado, de la producción y el dinero que emane de estas empresas, y en ellos se deposita confianza en su integralidad y respeto por su trabajo.

 

Los sanciones en los Cuadros

6 poder y justiciaLic. Moraima Leyva Pérez

Cuando evaluamos la situación que presenta la instrumentación, aplicación y cumplimiento de la política de cuadros en nuestro país, nos percatamos de, sobre todo los jóvenes, no quieren asumir el compromiso de dirigir y ocupar responsabilidades.

No vamos a referirnos a la estrategia de atención y estimulación insuficiente, sino a examinar lo relacionado con las sanciones administrativas. El obsoleto Decreto–Ley 196 de 1999, ofrece pocas medidas ante la comisión por el cuadro de una indisciplina: amonestación, democión en sus variantes y separación definitiva. Ahora bien, hace algún tiempo fue indicado por el Gobierno el no empleo como sanción de la democión temporal; de aplicarse esta, no se violaría la ley, pero se incumpliría una indicación del Consejo de Ministros. Si grave es violar una norma jurídica, también lo es vulnerar una indicación gubernamental. Una dicotomía que no ha tenido solución y que coloca en una disyuntiva a la autoridad facultada al momento de aplicar la medida, pues hay conductas que tomando en consideración los elementos de adecuación de las sanciones, no ameritan una amonestación, pero tampoco una democión definitiva.

Dentro de la democión está implícita la pérdida del derecho a recibir estímulos adicionales al salario oficial entre seis meses y un año, según decida la autoridad que la impone, lo que a juicio de esta jurista ocasiona una doble sanción, pues estímulo adicional es por ejemplo, el pago en pesos convertibles (en las entidades que lo tienen aprobado), o el fondo de estimulación a partir de las utilidades. Esta penalidad añadida a la medida principal de la democión, no solo afecta al cuadro, sino también a su familia.

El Consejo de Estado debe reflexionar acerca de la necesidad de perfeccionar las disposiciones sobre el sistema de trabajo con los cuadros, a partir de una nueva norma jurídica más avanzada y justa.

El fenómeno de la doble ciudadanía en Cuba

2 egar dobleLic. Egar Luis Arozarena Gómez

Hace poco tiempo escuché a un conocido decir que estaba en trámites de obtener la ciudadanía española. Hoy en día son muchas las personas que realizan trámites similares, valiéndose de falsos o reales parentescos de forma tal que el resultado sea la obtención de un Pasaporte español.

Estas personas, en la gran mayoría de los casos, ostentan una doble ciudadanía contraria a lo refrendado en el Artículo 32 de nuestra Constitución, que prohíbe la doble ciudadanía, y en caso de adquirir una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana, para lo cual existe un procedimiento establecido en la ley y las autoridades para decidirlo.

¿En la práctica se cumple esto?, me atrevo a asegurar que no, pues son muchas las personas que hoy ostentan doble ciudadanía, lo mismo española, panameña, mexicana, etcétera.

Igualmente se da otro fenómeno en nuestra sociedad; mujeres que tienen relaciones con ciudadanos extranjeros, llegando a tener hijos con estos con el objetivo de que sus hijos adquieran la ciudadanía de origen del padre y así obtener ciertos derechos que las leyes de estos países otorgan a sus ciudadanos y a los hijos de estos.

La doble ciudadanía en Cuba se ha vuelto un fenómeno cada vez más común entre la población, motivado aún más por los beneficios económicos que pudiera traerle a quien la ostente que por un sentimiento por ese segundo país, pero al parecer las autoridades cubanas no han tomado cartas en el asunto. Aunque la Constitución es clara en cuanto a esto, aun así se sigue violando.

 

Desarrollo del contrato en Cuba

1 contratos

Lic. Andrea López

La Contratación en nuestros días suele ser un tema en muchos aspectos controversial. La apertura a otros horizontes comerciales, y porque no, al mercado internacional, nos ha hecho situarnos en nuestra realidad jurídica y económica en materia contractual. Tal vez pueda no gustarnos el sistema de contratación o puede simplemente parecernos atrasado o con una gran dosis de falta de objetividad comercial, pero debemos ir un poco más a fondo y definir específicamente los principales problemas que enfrenta el contrato en nuestros días.

Debemos empezar por valorar las cláusulas abusivas en las que se obliga a una de las partes, como en muchos casos sucede, a someterse a condiciones gravosas o desproporcionadas y que sean el resultado de una imposición de la otra parte derivada de su posicionamiento privilegiado en la relación contractual. Podemos enumerar otras como:

  • El Objeto no está lo suficientemente bien definido y claro o no establece el alcance de las obras a ejecutar.
  • Falta en la formalidad de la delegación para la firma de contratos.
  • Ausencia de cláusulas referidas a la vigencia, sin que conste fecha de su firma.
  • Falta del contenido relacionado con las conciliaciones, reclamaciones o sanciones pecuniarias, garantía para su ejecución, o de las vías para resarcirse por daños o perjuicios como consecuencia del incumpliendo de las obligaciones que se pactan, además de muchos no referir las vías de aviso, cuestión vital en el momento de enfrentar algún imprevisto que afecte la relación contractual.
  • Falta del debido asesoramiento técnico-jurídico en materia de contratación
  • No se aprecia un control eficiente sobre la ejecución de lo pactado por parte de los organismos.
  • Contratos desactualizados al no contener anexos sus respectivos suplementos.
  • Se especifica la descripción de los productos, precios fijados y las locaciones o lugar para la entrega convenida y consignada, pero no anexa al contrato
  • Inexistencia de un plazo obligatorio de la oferta que coloca al cliente en desventaja, influye en ello causas objetivas y subjetivas del mercado, todo a consecuencia de Prestatarios y suministradores únicos.

Estas son solo algunas de las muchas debilidades que enfrenta el contrato como elemento esencial y garante de la legalidad en materia comercial, pues no se valora aún esta institución del derecho como indispensable para la materialización de las relaciones económicas. A la vez que se llegue a convertirse en una herramienta de control para las relaciones inter-empresariales que en nuestro Sistema económico se manifiesta bastante desfavorable y poco rentable.

Los servicios legales de los bufetes cubanos: la “colectivización” innecesaria del ejercicio de la abogacía

´CP2-2-oppor Regino Gayoso Rosabal

(Publicación aparecida en Cuba Posible)

Los servicios públicos que brinda la administración cubana están, en la práctica, bien diferenciados y clasificados. Como hemos dicho en artículos anteriores, dicha conceptualización podría ser
oportunamente replanteada según las exigencias de las nuevas circunstancias y los desafíos que plantea la revisión del modelo socio económico cubano. Dentro de los servicios legales brindados por el Estado, el ejercicio de la abogacía resulta una “rara avis”, debido a la forma en que se presta y a su aparente desconexión de la concentración sobre la gestión administrativa que el Estado cubano ha mantenido durante más de 50 años.
La paulatina desregulación de algunas actividades estatales y el paso de las mismas a manos de actores individuales, crean el marco propicio para reflexionar sobre este servicio desde otra mirada,
pues impacta profundamente en la percepción que la sociedad tiene de su sistema político.
El 23 de junio de 1973, el Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó la Ley 1250 -Ley de la Organización del Sistema Judicial-, mediante la cual pone fin al ejercicio privado de la abogacía en el país y comienza, bajo la égida de una nueva organización –la Organización de Bufete–, lo que representó la colectivización injustificada de un servicio público que, por su naturaleza, funciona de forma individual.
Hasta el año 1974 aproximadamente se mantuvieron en activo abogados que continuaban ejerciendo el Derecho de la forma antes mencionada, coexistiendo con la nueva organización. Estos, finalmente, fueron absorbidos cuando a tenor de la institucionalización del país se dicta, en el año 1984, el Decreto Ley 81 “Sobre el Ejercicio de la Abogacía y los Bufetes Colectivos”, que trajo como consecuencia la prestación colectiva del servicio.
La idea de la justicia social preconizada por la Revolución triunfante se encontraba ampliamente reflejada en las leyes que, una tras otra, demolían las bases sociales, económicas y legales del anterior régimen, consagrando en ellas el acceso igualitario a la justicia de todos los ciudadanos, sin distinción de raza, credo religioso, género o condición económica. Ese nuevo ordenamiento jurídico comenzaba a constituir el marco dentro del cual el abogado debía prestar el servicio.

Por otro lado, en todo servicio, de carácter público, la relación con el ciudadano y la satisfacción de sus necesidades constituye la piedra angular sobre la que se sustenta la actividad administrativa.
También en el ejercicio de la abogacía es así, con una diferencia: la exclusividad que expresa la relación abogado-cliente no existe en´ninguna otra oferta de servicios que brinda el Estado. La representación legal, a diferencia de la masividad inherente al resto de las ofertas que brinda la administración, resulta exclusiva y excluyente.
Ningún servicio jurídico contratado por un cliente se parece a otro, y el agente que los brinda puede ser seleccionado por el destinatario. Esto ya marca una diferencia.

II
Estructuralmente, los Bufetes Colectivos están dirigidos por una Junta Administrativa y tienen la categoría de Organización No Gubernamental. La Junta recolecta y redistribuye las utilidades que
los bufetes recaudan bajo su dirección, establece el precio de cada proceso mediante tarifas establecidas centralizadamente, y debe crear las condiciones materiales que permiten desenvolver, con determinada eficiencia, la prestación contratada.
A pesar de que la sociedad cubana se ha estratificado económicamente –hecho reconocido por la más alta dirigencia del país–, las tarifas del servicio se han mantenido dentro del mismo rango para
todos los usuarios. En tanto, un ciudadano cuyo desenvolvimiento patrimonial es superior paga, por un mismo servicio, igual cantidad de dinero que otro no vinculado a actividades lucrativas.
La inmovilidad de esta política evidencia que la Organización de Bufetes colegia con la administración central del Estado el monto y rango de las tarifas. Esto imposibilita a quien presta el servicio, negociar libremente el monto de las tarifas, según las posibilidades económicas del cliente. Esta proyección igualitarista constituye un mensaje que confunde el acceso igualitario a la justicia, garantizado constitucionalmente, y es, además, un claro indicativo de que la colectivización es sinónimo de centralización y el carácter no gubernamental de la organización es solo formal.
Entonces las preguntas podrían ser: ¿cuál es la ventaja para la Administración Pública: mantener como colectivo un servicio que, en la práctica, sus agentes pueden también brindar de forma independiente?
¿Por qué no pueden coexistir los Bufetes Colectivos con la opción independiente del servicio, si la finalidad de ambos es satisfacer las necesidades de la ciudadanía (razón esencial de la administración pública)?

Una de las desventajas de mantener esta centralización –o colectivización– tiene que ver con un rasgo que define a los Estados (con independencia de su sistema socio político): el impuesto. En tal sentido, independizar el ejercicio legal en favor de particulares generaría para la administración impuestos por cada profesional que solicitara licencia para ello. Además, sobre el patrimonio de cada abogado independiente recaería la responsabilidad de procurar los medios materiales necesarios para brindar el servicio, relevando a la organización de ese complicado gravamen. Por otra parte, el mapa de los servicios se ampliaría considerablemente, pues además de los
bufetes ya establecidos, aparecerían muchos otros –unipersonales o asociados–, a los que la población pudiera acudir con libertad. Otro de los rasgos que tiene que tipificar al servicio es la calidad.
Por ende, la disímil cualificación y la eficacia entre los actores independientes, y entre estos y los servicios centralizados por el Estado, seguramente redundará en la mejoría de ambos. En tal caso,
la gran triunfadora sería la sociedad, que vería multiplicadas las opciones de recibir la representación legal de su preferencia con la calidad deseada y el precio ajustado a su poder adquisitivo.
A esta novedad podríamos incorporarle, además, la posibilidad de que los recién graduados de las facultades de Derecho puedan realizar prácticas del ejercicio bajo la tutela de abogados independientes. Estos, por supuesto, les pagarían un salario, de acuerdo a las normas vigentes, a la condición de practicante o hasta por el ejercicio fijo de su profesión. Otras ventajas pudieran ser enumeradas. Sin embargo, considero que resulta de absoluta necesidad y justicia aclarar que el Estado cubano cuenta con suficientes medios para proteger a los sectores más vulnerables, de insolvencia no punible, que ya tienen garantizado el acceso igualitario a los servicios legales,
para que puedan recibirlo de manera gratuita. Así funciona en muchas partes del mundo: la calidad de la representación gratuita es controlada por los jueces, quienes en caso de desidia por parte del
profesional, lo informan a las organizaciones correspondientes, con el propósito de garantizar la calidad de la representación.
El ejercicio colectivo de la abogacía correspondió a la necesidad de un control político sobre el Derecho. No obstante, la estrategia de perfeccionamiento del sistema socio-político cubano transita, necesariamente, por la esfera de los servicios que brinda la administración pública, y se convertirán en la expresión externa y visible de dichos cambios. El ejercicio independiente del Derecho tampoco se opone al socialismo; por el contrario, puede fortalecer su capacidad de respuesta y su eficacia. Por otra parte, resultaría muy sencillo hacerlo, pues la transformación y el desarrollo de los servicios de representación legal no necesitan de un mercado mayorista, ni del cambio de moneda, porque se materializa en el mercado de las ideas profesionales que diseñan la sociedad.

Lo que nos falta

libros de textoLic. Yasmany Orges Lugo.

Desde que se comienza la Licenciatura en Derecho, y para su propia actualización, el jurista requiere obligatoriamente el estudio de las leyes. Estas son normas jurídicas dictadas por el legislador en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y su incumplimiento trae como consecuencia una sanción, por tanto tiene un carácter imperativo – atributivo, o sea, una parte que somete y una que obedece.

Desde el primer año de estudios nuestros profesores nos dicen que las leyes no se memorizan, solo se tiene el conocimiento de ellas y son para husmearlas; esto es cien por ciento cierto, ya que son un sinnúmero de Leyes, Resoluciones, Decretos… y cada una posee Titulo, Capítulos y Artículos lo cual hace imposible memorizar cada uno. Se hace necesario acceder a todas las leyes que nos sirvan para el trabajo frecuente y para el estudio. ¿Pero cuentan los abogados con la facilidad para obtener estas?

La realidad es que la mayoría de nosotros pasamos muchas dificultades para tener al alcance estos medios; frecuentemente por su falta, tenemos que sacarle copias en medios de impresión desgastados donde la calidad del documento se ve afectada. Por otro lado cuando se logra gestionar la compra de alguna edición legislativa, se llega a pedir por esta un alto precio, pues para acceder a esta compra hay que recurrir a los particulares u obtenerlas en soporte digital; pero no todos los abogados pueden disponer de una computadora.

Estas razones son chocantes en el desenvolvimiento del trabajo, muchas veces tenemos que pedir legislaciones prestadas o pagar por ellas.

En el orden pedagógico también afecta, pues en muchas asignaturas se evidencia falta de materiales de estudio, obligando a los estudiantes a ingeniárselas para acceder a una bibliografía certificada.

Una reflexión sobre el tema, por su negativa incidencia en la preparación de los actuales y futuros operadores del Derecho, en pos de eliminar aquello que nos falta.

 

Reflexiones un sobre un caso práctico.

MZ

Lic. Alberto Fumero Batista

En fecha reciente se radicó el Expediente de Fase Preparatoria de No. 281 del 2016 en la Unidad Territorial de Investigación Criminal de Santiago de Cuba, más conocida como Micro 9, por un presunto delito de Estafa contra los ciudadanos Yudién Tabares Cortina, Ricardo Díaz López y Edilberto López Lores por la venta de una moto de paseo que realizaran en el mes de septiembre del año 2014 a la señora María Josefa Coello Tassé.

Debería llamar la atención del lector el hecho de hacerse efectiva una denuncia habiendo transcurrido casi dos años de la transacción o acuerdo legal que la motiva, sin embargo, de lo que se trata es que la persona que ahora funge como denunciante, de conjunto con un sobrino, verdadero dueño del capital con que se adquirió el vehículo, luego de agotar la vía administrativa al presentar demanda ante los tribunales contra el primero delos acusados y contra la Dirección Provincial del Ministerio del Interior, decidieron probar suerte en la instancia de lo penal al resultarle adverso el fallo dictado en lo administrativo, auxiliándose para ello de algún padrino en la policía que ejerciera influencia en su favor primero, para darle entrada a la denuncia, luego, lograr una orden de registro para supuestamente buscar artículos o bienes de procedencia ilícita y por último, una orden de detención en contra de los procesados sin ningún elemento razonable que justifique tal proceder policial, pasados, como ya se dijo, casi dos años de la referida compraventa.

Solo un funcionario, haciendo mal uso de su condición para favorecer intereses personales, tiene el suficiente poder e influencias para lograr este procedimiento inusual.

Para colmo de males, y dando continuidad a una actuación notoriamente parcializada, a partir del mismo día de la detención fueron remitidos los tres a la Unidad Provincial de Operaciones Policiales, cualquiera sabe con qué objeto, y por si fuera poco, el Auto de imposición de medida cautelar para oficializar su aseguramiento, que debió entregarse a sus familiares el 17 de junio para que estos pudieran contratar abogado, les fue notificado tres días después, en franca violación de lo que establece la ley y en perjuicio de los procesados.

Hechos como estos suceden a diario a lo largo y ancho de nuestro país con total impunidad y debemos erradicarlos si aspiramos a una administración de justicia de calidad; de ahí, la importancia de la denuncia inmediata ante la opinión pública para que estos hechos no se repitan y para que, quienes tienen la función de cumplir y hacer cumplir la ley, se despojen de procederes ilegítimos e inadecuados que no guardan ninguna relación con su condición.

Quisiera aclarar que durante el proceso administrativo a que se ha hecho referencia, quedó determinado que el proceso fraudulento que pretendió y logró en su día legitimar la moto objeto del proceso ,que es en definitiva lo que se le imputa a los procesados, tiene origen anterior a que ellos la adquirieran de manos de Manuel Alejandro Rojas Garbey y de su supuesta propietaria Xiomara Garbey Pineda, madre de Rojas Garbey, quedando demostrado como así lo reconoció la Dirección del MININT en su escrito de contestación, que estos últimos estaban involucrados en el origen del fraude conjuntamente con funcionarios del registro de vehículos, procesados por la Fiscalía Militar.

Para mayor sorpresa, aunque el hijo abandonó definitivamente el país, la señora Garbey Pineda no ha sido molestada en este proceso penal, a pesar de que tiene domicilio reconocido y controlado por la policía.

Paradójicamente, Yudién, Ricardo y Edilberto siguen privados de libertad en la unidad de Operaciones, y hasta donde se tiene conocimiento, ninguno había sido entrevistado por sus respectivos representantes legales.

 

David y Goliat

4 guy-book-young-man-opened-hands-44992012Lic. Yasmany Orges Lugo.

Abogado: es aquella persona con título de grado habilitado conforme a la legislación de cada país, que ejerce el Derecho, en asistencia de terceros, siendo un colaborador activo e indispensable en la administración de la Justicia de un país. O sea, abogado, no solo es ser defensor de la justicia, sino que con su asesoramiento realiza una función preventiva en pos de evitar conflictos sociales.
En Cuba todos los abogados somos formados en una misma institución universitaria, y en teoría podemos aspirar a las mismas posiciones laborales, llegamos a obtener las mismas destrezas y conocimientos que se necesitan para ser un buen jurídico; pero solo en teoría ya que cada persona es un ser independiente con valores y coeficientes distintos.
En cuanto a la formación de nosotros los jurídicos o de dónde provenimos, es también algo variable, ya que algunos provienen de Facultades provinciales y otros de las Sedes Universitarias Municipales creadas a todo lo largo del país como parte del proceso de Universalización llevado a cabo por el Ministerio de Educación Superior.
Se nota una gran diferencia entre los graduados de las Universidades Provinciales y los de las Municipales, pues los primeros cuentan con un mejor claustro de profesores (integrados por Doctores, Masters y pedagogos de años), se exige un mayor rendimiento, régimen de estudio y se cuenta con la base material de estudio necesaria para la investigación y la preparación individual; mientras que en la instituciones municipales se hacen un tanto flexibles estas características.
Al graduarnos, sigue habiendo diferencias en cuanto a las opciones de trabajo y la ubicación laboral, pues a los egresados de las Universidades Capitalinas se les ubica en centros afines con la carrera, donde pasan su servicio social desenvolviéndose en el mundo del derecho, alcanzando mayor nivel cognoscitivo, en tanto los graduados municipales, en su mayoría, guardan el título “bajo el colchón” pues tienen que conseguir, para desarrollar lo aprendido, un puesto laboral mediante relaciones o esperar que se desocupe alguna plaza en un Bufete, Tribunal, Fiscalía, Consultoría Jurídica… lo cual trae consigo un divorcio con lo refrendado en el título del cual eres acreedor. Entonces surge la clásica pregunta: ¿para qué estudié Derecho? Mirándolo desde este punto de vista, tienen razón aquellos que expresan: –esos universitarios no tienen preparación alguna.
Mi objetivo no ha sido comparar a unos ni a otros, pues al final todos pasamos por esa etapa fascinante de ser estudiantes universitarios y el título de Licenciado en Derecho no expresa ni el promedio acumulado, ni la universidad de que proviene.
Lo que quiero hacer notar con este comentario es la existencia de prejuicios y testimonios negativos referidos por algunos profesionales de la misma rama hacia sus colegas como al que hacía alusión anteriormente. Creo que todo va en la persona y el interés que dedique a la preparación, ser mejor cada día, investigar y crecerse ante los obstáculos que aparezcan en el camino de la superación personal, sin importar quiénes fueron sus profesores, de qué Universidad viene y qué cargo ocupe dentro del sistema jurídico.
Este es el Goliat que a muchos afecta, pero basta creerse un David para darle al mundo otra enseñanza de grandeza.

¿Juristas o secretarios?

actasDAYALic. Dayamí Pestano
Todas las empresas necesitan representación de un abogado, el cual se encarga de orientar, asesorar y representar en tribunal y con otros organismos a la entidad donde se encuentra, ¿y qué es lo que sucede?
En la mayoría de los casos lo encontramos como secretario de actas del consejo de dirección, donde no se resuelven ni se desempeñan como lo que son: abogados. No tienen en cuenta que una adecuada actividad jurídica constituye un elemento de incalculable valor para prevenir ilegalidades de todo tipo y lograr un clima de orden.
Cada jefe debe de tener la habilidad y capacidad de apoyar y saber utilizar oportuna y eficazmente la asesoría jurídica, con apego a la legalidad, cuestión que hasta la fecha en la mayoría de las empresas no se cumple.
La asesoría no puede verse como un elemento meramente técnico, sino como un elemento indispensable en la toma de decisiones y con la que hay que contar permanentemente.
El jurista debe de ser capaz de argumentar y defender, buscar variantes si la norma vigente lo permite, con una postura alejada de rasgos burocráticos o servilismo, cuestión muy difícil de encontrar. En la actualidad, los asesores están considerados secretarios en las empresas.

La historia no siempre absuelve

la historia me absolvera1 EdilioLic. Edilio Hernández Herrera
En los primeros meses de este año se otorgó un Premio Nacional de Derecho, por la Unión Nacional de Juristas de Cuba al autor del alegato conocido como “La Historia me absolverá”, por cumplirse 60 años del mismo. Como abogado de estos tiempos tengo mis dudas sobre lo que se ha premiado.
Para sustentar mi tesis extraigo algunos párrafos del conocido escrito.
“Os voy a referir una historia. Había una vez una república. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades, Presidente, Congreso, tribunales; todo el mundo podría reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos, y en el pueblo palpitaba el entusiasmo.”
Entonces qué pasó con los condenados en el proceso conocido como La Primavera Negra donde hubo condenas de hasta 25 años, ¿Es justo, lógico y humano sancionar a ciudadanos cubanos por pensar diferente?
En otro párrafo se expresó….”Es un principio elemental de derecho penal que el hecho imputado tiene que ajustarse exactamente al tipo de delito prescrito por la ley. Si no hay ley exactamente aplicable al punto controvertido, no hay delito… “.
“…El artículo en cuestión dice textualmente: Se impondrá una sanción de privación de libertad de tres a diez años al autor de un hecho dirigido a promover un alzamiento de gentes armadas contra los Poderes Constitucionales del Estado. La sanción será de privación de libertad de cinco a veinte años si se llevase a efecto la insurrección.”
En el caso de las penas de muertes y cadena perpetua del año 2003, ¿es justo, lógico y humano sancionar a penas de muerte y privación perpetua de libertad por secuestrar una lancha para abandonar el país sin derivar heridos ni muertos en esa acción? Hace 60 años el fiscal pidió 26 y la condena fue de 16 años.
Otros párrafos del referido alegato hablan sobre promesas incumplidas…. “La primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado, en tanto el pueblo decidiese modificarla o cambiarla, y a los efectos de su implantación y castigo ejemplar a todos los que la habían traicionado, no existiendo órganos de elección popular para llevarlo a cabo, el movimiento revolucionario, como encarnación momentánea de esa soberanía, única fuente de poder legislativo, asumía todas las facultades que le son inherentes a ella, excepto de legislar, facultad de ejecutar y facultad de juzgar. ”
“La tercera ley revolucionaria otorgaba a los obreros y empleados el derecho a participar del treinta por ciento de las utilidades en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras, incluyendo centrales azucareros. Se exceptuaban las empresas meramente agrícolas en consideración a otras leyes de orden agrario que debían implantarse. ”
La constitución de 1940 jamás fue restaurada; además se fueron cercenando garantías jurídicas presentes en todo Estado de Derecho como el Tribunal de Garantías Constitucionales y el ejercicio de la abogacía independiente. En el otro caso huelgan los comentarios pues conocemos y padecemos lo que sucede con el salario en Cuba.
De los problemas fundamentales tratados en aquel programa: La tierra, la industrialización, la vivienda, el desempleo, la educación y la salud; los cuatro primeros no han sido cumplidos después de 60 años. Si le sumamos otras mutilaciones al derecho como la prohibición de entrar y salir del país, derecho de propiedad, invertir, emprender y sindicalizar, entre otros, estaremos más cerca de otra condena que de un premio. Vuelvo a cuestionar el premio, además porque esa Unión de Juristas otorgante es la organización a que se nos obliga a pertenecer para no reconocer ni certificar nuestra AJC.

¿Cómo se llama esto?

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Lic. Osvaldo Rodríguez Díaz
Era la tarde del 23 de febrero de 2009 cuando A.E.R. y S.D.O. que lo acompañaba, llegaron desde el interior del país a la capital, tomaron un auto de alquiler y se disponían a localizar una dirección donde vendían una moto con chapa de su provincia, la que A.E.R. pretendía comprar,  siendo detenidos en esa gestión.
El continuo estacionamiento en la misma calle del  mismo auto de alquiler particular del que salía y entraba el mismo pasajero habia llamado la tencion de Y.S.C., agente  de la unidad de la Policia Nacional sita en Zapata y C, lo cual le parecio suficiente para proceder a la detención de los dos pasajeros, dejando libre al conductor. No podía imaginar este oficial, las consecuencias que su actuar traería a los detenidos.
En la referida estación, se les radicó el expediente 65/09 por un delito de actividad económica ilícita. Se ocuparon mediante acta firmada por los encartados y el oficial referido que consta en el expediente, los siguientes bienes: tres mil setenta CUC, veintitrés mil en moneda nacional, varias prendas de oro entre ellas una gargantilla de alto valor, un teléfono Blackberry y un reloj suizo también muy caro.
Pese a las explicaciones de la legalidad de los bienes ocupados, ambos detenidos fueron remitidos en prisión provisional al establecimiento penitenciario de Valle Grande, para continuar las investigaciones.
Durante el proceso se aportaron las pruebas para demostrar la legalidad del dinero y las prendas ocupadas, entre ellas comprobantes de remesas y fotos de familiares con las prendas. Fue aprobada una fianza a ambos acusados por el fiscal a cargo en aquel entonces.
Hoy a la distancia de más de 4 años, ambos acusados siguen bajo fianza y la fiscalía competente remitió el caso al Tribunal Municipal Popular de Plaza de la Revolución, para que proceda al sobreseimiento del caso con efecto de absolución.
El tribunal de Plaza devolvió el expediente ya que en el mismo no está claro donde están las cosas ocupadas.  El cheque de depósito del banco, por la suma del dinero en CUC consta cancelado, en lugar del reloj suizo aparece uno ruso, no consta depositado en el banco como debe ser, asi como el destino de la gargantilla y las otras prendas y accesorios de oro que completaban el precio de la moto que se pretendia comprar. Sí aparece un arete de fantasía que no le pertencece; el dinero en moneda nacional tampoco está completo.
La fiscalía insistió nuevamente al tribunal, que otra vez devolvió, ya que en el documento correspondiente expone, que debe devolverles a los acusados todo lo ocupado, y esto no le ha quedado claro al órgano jurisdiccional.
Se ha formado una especie de pin-pon-IURIS.  Hasta la fiscalía militar recibió las actuaciones, optando por  devolverlas a la Fiscalía Provincial, y ésta nuevamente a la Fiscalía Municipal, que nuevamente insistió con el Tribunal Municipal, que con razón no accede, pues de hacerlo, deberá responder por las ocupaciones.
En queja de los afectados a la Fiscalía Provincial, la respuesta fue que se remitiría el caso a la Fiscalia municipal para su solución, !que novedad!
Han transcurrido más de 4 años, mientras más tiempo pase, menos posibilidad tienen estos ciudadanos de recuperar sus bienes.
No es necesario exponer cuantos principios eticos, garantías y términos del procedimiento penal se han violado, estas personas están a punto de renunciar a sus bienes, pues aún están bajo fianza, lo que les impide realizar muchas gestiones.
No hay que ser experto para determinar donde se “extravió” el dinero, el  oro y el reloj.
Se me ocurre que como hay personas que no creerán esto, porque esto no tiene nombre aunque sea cierto, ¿cómo le pondrá Ud. a éste caso?

A mí no me interesa el carné de pesca…

sellos, pesca deportivaKireniaLic. Kirenia Domínguez Álvarez

Esta es la respuesta que se le ha dado a Osbel en múltiples ocasiones cuando se dirige a su casa después de practicar la pesca en el municipio de Bahía Honda. Osbel es socio de la Federación de Pesca Deportiva, y vecino del municipio Plaza.

Según el Decreto Ley 164 del Ministerio de la Industria Pesquera, a los asociados se les permite transportar 33 libras de pescado además de 3 especies grandes sin importar su peso.

Aún cuando la Ley es bastante clara y no tiene lagunas al respecto, los agentes del orden público en los puntos de control, abusan del cargo, y decomisan la pesca a estas personas. El desconocimiento de la ley los hace ciegos y sordos .

Otras veces los detienen sin asunto ni fundamento legal convincente, y con el transcurrir del tiempo la carga se pierde por falta de refrigeración, sin que el damnificado sea resarcido material ni moralmente.

Este desconocimiento no sólo es de los agentes del orden, sino también del personal supuestamente capacitado para estas funciones de control (los inspectores de la pesca), quienes ante el llamado de los policías responden con la frase del encabezamiento, atropellando a las personas y lesionando sus derechos.