No somos dueños de nada

12 medio ambienteLic. Jorge Luis González

El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el medio se adapta y modifica según sus necesidades. Los hombres comenzaron a dañar el entorno de manera significativa en el siglo XVII con la revolución industrial y el uso del carbón como fuente de energía, que al ser quemado; produce dióxido de carbono como subproducto.

El incremento de la población trajo como consecuencia la destrucción del hábitat de algunas especies. La contaminación ambiental se podría definir como pérdida, disminución, deterioro significativo inferido al Medio Ambiente. Organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tienen como objetivo protegerlo y adoptar medidas de coordinación internacional para el desarrollo sostenible.

Los principales problemas ambientales a los que hoy se enfrenta Cuba, tienen su origen en la forma inapropiada en que por varios siglos se han explotados sus recursos naturales. Las limitaciones e insuficiencias con que ha llevado el proceso de industrialización, la inadecuada producción agrícola y pecuaria, así como los problemas sociales arrastrados desde la etapa prerevolucionaria.

La voluntad del país con relación al medio ambiente y los recursos naturales quedó expresada en la Constitución de la República de 1976, cuyo Artículo 27 plantea: “El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y de todo el uso potencial de la naturaleza”.

El 11 de julio de 1997 se aprueba la Ley 81 de Medio Ambiente que impone una base para el desarrollo sostenible. En las comunidades costeras, las personas que viven de la pesca realizan prácticas ilegales con el fin de acrecentar su patrimonio como la captura de la tortuga verde, el carey y la caguama, todas amenazadas de extinción, en gran medida por el trabajo ineficiente de los funcionarios encargados de evitar que esto ocurra. Las sanciones pecuniarias son elevadas para los sorprendidos comercializando la carne de estas especies, pero no es suficiente. Los inspectores de pesca deberían dar recorridos, si fuera necesario acompañados con un agente de la PNR, por la costa, evitando tal vez la muerte de estas especies.

Mientras las personas sigan creyéndose dueños de lo que los rodea y utilizándolo en su beneficio y no exista una conciencia ecológica estaremos destinados a la autodestrucción.

Las unidades empresariales de base (UEB) en la resolución de conflictos ante las salas de justicia

11 UEBLic. Andrea López

Este es un tema muy llevado y discutido en el tráfico comercial nacional, si se tiene en cuenta que no todas las UEB poseen igual significado, existen unas simples y encontramos otras con una estructura compleja desde el punto de vista empresarial que pueden manejan un valor económico y un número de trabajadores considerable, pueden tener incluso otras unidades subordinadas sobre las que ejerce funciones de fiscalización y control; a esto se suman las facultades para realizar acciones propias de la empresa como es la concertación de contratos.

Válido es traer a colación la disposición especial 3ra del Decreto Ley 304 y el art.751 inciso a de la Ley de Procedimiento para fundamentar el acceso de estas unidades, siempre que lo tengan autorizado por la empresa, que ostenta la personalidad jurídica, para acudir a las salas de justicia del Tribunal competente. Referido a esto, nuestro sistema empresarial y jurídico enfrenta una controversia, pues se ha discutido hasta qué punto están legitimadas estas Unidades para comparecer y si poseen la capacidad legal para hacerlo en representación propia. Respecto a esto, la Sentencia No.152 del Tribunal Supremo del año 2002, acusa infringido este artículo 751 inciso a) de la Ley de Trámites, defendiendo el criterio que las UEB no pueden comparecer por sí ante las salas de Tribunal si no es en representación de la Empresa; y la sentencia No. 44 en este caso del propio año desestima la falta de legitimación de una UEB para comparecer ante Tribunal, basada en que tal autorización había sido otorgada por la empresa correspondiente.

Hay que tener especial cuidado con esto, pues se han encontrado casos en que se puede utilizar por la empresa, autorizando a la UEB solamente a suscribir el contrato, aún cuando tiene cuenta bancaria corriente que en teoría es de la Empresa pero quien la maneja en la práctica es la UEB, entonces la misma puede firmar contrato pero no puede litigar ante Tribunal.

En la práctica actual se ha desvirtuado un poco el sentido en lo que a personalidad jurídica respecta para la resolución de litigios, téngase en cuenta que la empresa puede otorgar las funciones y facultades que estime convenientes a la UEB, pero la personalidad jurídica de esta debe estar condicionada y preconcebida con el fin de representar los intereses de la Empresa ante la instancia legitimada para resolver cualquier conflicto.

 

Las oportunidades de unos y los errores de otros

10 YASLic Yasmani Orges Lugo

Las Empresas, Organismos, Organizaciones, Entidades etc., son mediadores que de cierta forma garantizan las sostenibilidad de una sociedad, son fuente de empleos y en torno a ellas gira el desarrollo económico de un país y provee a todos sus trabajadores en la construcción de su patrimonio, según su trabajo, para enfrentar las exigencias de la vida. Estos entes necesitan para su funcionalidad y sostenimiento, además de la fuerza de trabajo, de un grupo de personas que funcionan como un perfecto engranaje para garantizar lo antes expresado, quienes dirigirán un proceso de producción, el cumplimiento de una tarea y a quienes se les confiará, bajo su custodia y responsabilidad, medios e intereses del Estado por los que se les pedirán responsabilidades y responderán ante la ley por el incumplimiento de sus funciones.

Nuestro sistema jurídico plasma en sus leyes quiénes serán las personas que cumplirán con esta responsabilidad. Se expresan en el Decreto Ley 197 las regulaciones laborales del personal asignado para ocupar cargos de Dirigentes y Funcionarios; regulando temas como la designación, el cese de sus funciones, y requisitos para ocupar el cargo entre otros. Es cierto que ser “jefe” tiene sus ventajas, pero también tienen mayor responsabilidad sobre sus hombros y es deducible que se les debe imponer sanciones más radicales que a los demás trabajadores.

Pero, ¿qué tan real puede ser el dictamen de estas sanciones o medidas disciplinarias; qué tan radicales pueden llegar a ser, son similares a las impuestas a un simple obrero?

Seguramente muchos de los que lean este artículo compartirán el criterio de que la realidad es muy distinta a lo que se supone que se deba hacer en estos casos y lo que ocurre en estas situaciones.

Pues un trabajador x comete una infracción laboral, la cual lo conlleva una medida disciplinaria que puede consistir en afectarle su salario, hacerlo público ante el resto de sus compañeros o “mancharle el expediente” como se conoce en el argot laboral. Mientras que a un directivo se le trata con la mayor discreción posible, se hacen los de la vista gorda o estos resuelven ese mal momento intercambiando medida disciplinaria por regalos. En otro caso, cuando la medida conlleva a la separación definitiva del centro pues la infracción recae en un delito de robo, malversación de los bienes del Estado o desvío entre tantos otros; el obrero carga con su responsabilidad (lo separan del centro de trabajo y es juzgado por un Tribunal el cual le impone una sentencia), claro está, cumpliendo con lo establecido en la Ley. Pero sin embargo, y aunque no en la totalidad de los casos, el funcionario no carga con sus errores, sino más bien carga con las oportunidades que se le presentan ante la separación de su cargo; ¿qué oportunidades son esas?, pues las de volver a dirigir en otro lugar como si nada hubiese pasado.

Es inconcebible que un funcionario, después de haber sido expulsado de una empresa estatal por malversación, sea reubicado en otra entidad con un cargo de igual o de mayor jerarquía. Baso este escrito en la realidad que nos toca muy de cerca y la cual tengo el deber de denunciar.

El sistema de justicia debería de seguir más de cerca el cumplimiento de la ley frente a estas situaciones, pues estos directivos representan a una entidad y a un grupo de trabajadores, son custodios de recursos del Estado, de la producción y el dinero que emane de estas empresas, y en ellos se deposita confianza en su integralidad y respeto por su trabajo.

 

El exceso de justicia es injusticia

9 yaneliysLic. Yanelis Ramirez Cruz

Urbano Rodríguez Amat, es un viejo conocido. Tiene 63 años y desde hace 23 es soldador de la Empresa de Refrigeración y Calderas. Durante toda su vida laboral ha mantenido una excelente conducta. Hacía tres meses se encontraba de licencia no retribuida, para cuidar a su madre postrada. El día que debió incorporarse al centro, se le presentó una situación emergente, tuvo que hospitalizarla y no pudo asistir los cinco días subsiguientes. Cuando se presentó a la entidad, ya tenía elaborada la medida disciplinaria de separación definitiva por ausencias injustificadas. Los “factores” tomaron la medida sin evaluar las causas.

La aplicación de cualquier sanción o medida, –como se le quiera llamar–, debe cumplir un doble objetivo: evitar de manera inhibida toda acción similar y al mismo tiempo educar al infractor del orden y que interiorice las razones por las cuales no debió seguir dicha conducta. El primer objetivo es el que más rápido se logra, el segundo es de un alcance a largo plazo y en ocasiones, en ciertos individuos, es inalcanzable.

Para que una medida sea educativa, tiene que cumplir con un requisito: que sea justa, y esto se logra si su magnitud es realmente la apropiada para el caso. Una desproporción entre la violación del orden laboral y la medida a aplicar, sea por defecto o por exceso, hará injusta la sanción y por ende no cumplirá su carácter educativo, al tiempo que será una burla al orden jurídico y al colectivo laboral.

La exigencia de la responsabilidad disciplinaria según establece nuestro Código de Trabajo, se basa en la valoración de un conjunto de elementos o aspectos necesarios para, ante todo, delimitar si debe exigirse o no dicha responsabilidad, y luego de considerarse sancionable la conducta, aplicar la medida que más se ajuste al trabajador y a las características y condiciones del caso.

En el ejemplo descrito, la administración no tuvo en cuenta las circunstancias que conllevaron a Urbano a ausentarse de su puesto de trabajo por más días que los autorizados en la licencia, sus condiciones personales, historia laboral e incluso que se trataba de un obrero, al que solo le restaban dos años para acogerse al proceso de jubilación. Esto me recuerda el axioma del querido profesor Dr. Baquero: “…el exceso de justicia, es injusticia”.

 

Fuentes del Derecho Penal

8 derecho penalYaima Pastor Blanco

Las fuentes del Derecho Penal constituyen un concepto jurídico que expresa una noción compleja; suscita la necesidad de elucidar si estas reclaman un tratamiento particular. ¿Pueden considerarse fuentes del derecho penal las categorías generales de normas comunes a otras ramas jurídicas?, en este caso es muy claro y preciso qué fuente es la del Derecho Penal, y es inaceptable un rígido debate. Si bien en otras ramas jurídicas el número de las fuentes ha sido objeto de discusión, en el derecho penal ha llegado a ser principio generalmente admitido que la única fuente que existe es la Ley, la cual asume una función delimitadora, por cuanto la aplicación del Derecho esta en exacta correspondencia con los límites determinados por la ley.

Es de mucho interés especificar que en la rama jurídica penal, es lícito todo lo que la ley no prohíbe, resulta inadmisible la existencia de un terreno intermedio entre el actuar conforme a derecho, en el Derecho Penal solo existen estos dos campos por así decirlo: lo lícito o autorizado por la Ley, y lo ilícito o fuera de la ley. Su aplicación concreta se traduce en dos reglas muy conocidas en el derecho penal: 1) ningún hecho puede ser considerado delito sin que una ley anterior a su comisión lo haya previsto como tal, 2) no puede imponerse sanción penal que no este prevista en una ley anterior a la aplicación de aquella.

Si de respeto se trata…

7 banLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociaciones en la legislación cubana es un precedente de la época colonial. La Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley que lo regulaba.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo humano de acuerdo a sus proyecciones, aspecto que además se transforma en satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no es solo un medio indispensable y común a toda la especie de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación pueda tener algún tipo de limitación en su alcance, y lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados que se han preocupado de regularle de una manera democrática.

Pero no obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el problema del ejercicio del derecho de asociaciones que realmente tiene el ciudadano, y que bien se encuentra refrendado en el artículo 9 en relación al 54 de la Constitución de la República de Cuba, nuestra ley magna.

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hizo necesario que se modificara el sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante de asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la cual lejos de ser un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo actual que presenta vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba, en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por los trabajadores y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, pero hasta ahí, el tiempo corre, las condiciones y las exigencias del ser humano son cada día mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales o asociaciones cubanas, como se les ha denominado en Cuba, son un elemento integrante de la sociedad civil, y a la vez, un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como lo es la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

Por qué cerrarnos las puertas a este derecho? A qué le teme el Estado?

De ahí que sabiamente se haya advertido también que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma.

Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde todas las anteriores legislaciones, estuvo previsto que se cancelaran asociaciones que no cumplieran sus objetivos sociales, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión ésta que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir, y entonces, ¿cuál es el argumento del Estado para no autorizar la ya referida Asociación que de manera disciplinada pretenden formalizar los juristas interesados? Tendremos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene fines de lucro; persigue exclusivamente objetivos sociales, al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

¿Para qué existe el control constitucional que ejerce el Estado, sino es para mantener el orden y la legalidad? y cito: “El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente… y es que si de respeto se trata no valen los argumentos…

 

Los sanciones en los Cuadros

6 poder y justiciaLic. Moraima Leyva Pérez

Cuando evaluamos la situación que presenta la instrumentación, aplicación y cumplimiento de la política de cuadros en nuestro país, nos percatamos de, sobre todo los jóvenes, no quieren asumir el compromiso de dirigir y ocupar responsabilidades.

No vamos a referirnos a la estrategia de atención y estimulación insuficiente, sino a examinar lo relacionado con las sanciones administrativas. El obsoleto Decreto–Ley 196 de 1999, ofrece pocas medidas ante la comisión por el cuadro de una indisciplina: amonestación, democión en sus variantes y separación definitiva. Ahora bien, hace algún tiempo fue indicado por el Gobierno el no empleo como sanción de la democión temporal; de aplicarse esta, no se violaría la ley, pero se incumpliría una indicación del Consejo de Ministros. Si grave es violar una norma jurídica, también lo es vulnerar una indicación gubernamental. Una dicotomía que no ha tenido solución y que coloca en una disyuntiva a la autoridad facultada al momento de aplicar la medida, pues hay conductas que tomando en consideración los elementos de adecuación de las sanciones, no ameritan una amonestación, pero tampoco una democión definitiva.

Dentro de la democión está implícita la pérdida del derecho a recibir estímulos adicionales al salario oficial entre seis meses y un año, según decida la autoridad que la impone, lo que a juicio de esta jurista ocasiona una doble sanción, pues estímulo adicional es por ejemplo, el pago en pesos convertibles (en las entidades que lo tienen aprobado), o el fondo de estimulación a partir de las utilidades. Esta penalidad añadida a la medida principal de la democión, no solo afecta al cuadro, sino también a su familia.

El Consejo de Estado debe reflexionar acerca de la necesidad de perfeccionar las disposiciones sobre el sistema de trabajo con los cuadros, a partir de una nueva norma jurídica más avanzada y justa.

Crimen y castigo

5 jorge reclusosLic. Jorge Luis Gonzalez

En la evolución del Derecho penal, se ha pasado de la venganza privada, a la venganza divina, de ésta a la venganza pública y al denominado período humanitario. La reacción ilimitada del vengador en la venganza privada, fue matizada por la Ley del Talión, según el cual no podría inferirse al delincuente un mal mayor que el inferido a su víctima, mediante la conocida fórmula de “ojo por ojo, diente por diente”.Las cárceles privan a un hombre de su libertad, en siglos pasados estos recintos fueron utilizados como castigo para aquellas conductas contra el bienestar social. Durante la inquisición eran utilizadas para ocasionar traumas a través de variadas torturas en personas de cualquier edad o sexo. Durante la Revolución Francesa se reforzaron las garantías de los acusados, se construyeron cárceles más adecuadas para el tratamiento humano de los presos, desaparecieron en la mayoría de los países las penas infamantes y corporales, en algunos países se abolió la pena de muerte y en otros se redujo significativamente su aplicación. En nuestro país fueron empleadas durante el periodo colonial y neocolonial como castigo hacia delincuentes y revolucionarios en desacuerdo con el sistema político.

Con el triunfo de la revolución de 1959 en Cuba, se pusieron en práctica los principios de prevención y reinserción social de los penados. El centro penitenciario debe garantizar toda una serie de funciones que logren obtener resultados satisfactorios; es necesario velar por la seguridad de los reclusos poniendo en práctica un sistema que garantice un régimen apropiado en cuanto a la alimentación, salud, sanidad del lugar y un estricto control judicial de la sentencia, al aplicarse la pena privativa de libertad, es necesaria la ejecución de una política penitenciaria, que sitúe al sancionado en el centro de su contenido, adoptando las medidas imprescindibles para evitar la desocialización de los reclusos, facilitarles la comunicación con el exterior y con su anuencia, propiciarles una adecuada preparación para su futura reincorporación a la vida en libertad, mediante la concesión de permisos de salida de los establecimientos penitenciarios por períodos cortos de tiempo, la aplicación de un tratamiento progresivo, que le permita cambiar de régimen penitenciario, y pasar a condiciones carcelarias de semi-libertad que le posibiliten obtener la libertad condicional en el menor tiempo posible, y reincorporarse a la sociedad.

El gobierno ha logrado que los establecimientos penitenciarios tengan condiciones superiores las que deberían tener, se ha aplicado desmedidamente el principio de reinserción social; los reos tienen derecho a recibir visitas matrimoniales. Este aspecto particular lo considero inoperante pues podría ser el inicio de una familia disfuncional, es antiético pues se estaría condicionando la conducta del individuo con la oportunidad de disfrutar de este privilegio. Según la doctrina este actuar se permite para que no se destruyan la unión familiar. El hecho de no tener contacto físico, no decide o contribuye a la destrucción de la familia; muestras de ello fueron los soldados que han estado África, el personal médico, docente y deportivo que cumple contrato en diversas partes del mundo por años. La familia se mantiene unida dependiendo de la solidez sobre la cual haya sido conformada y no por distanciamiento.

Dentro de las posibilidades que se brindan en los centros penitenciarios se encuentra acceder a estudios para obtener un diploma de 12 grado; se gestionan cursos de oficios y se les paga un salario común, trabajan vinculados a labores como la construcción, saneamiento de carreteras y otros. Este accionar tiende a crear en las penitenciarías un lugar en exceso cómodo con, casi, las mismas posibilidades que tiene la persona estando en libertad. Creo que para aumentar el nivel cultural de un reo no es preciso que pase una escuela dentro de la prisión, la misma es un lugar de castigo, de reflexión, donde se deben analizar las conductas erróneas que conllevaron a la pérdida del bien más preciado que es la libertad.

Objetivamente el individuo se reeducará con el componente punitivo, coactivo, no es correcto creer que la vida en prisión debe ser normal. Las personas sancionadas a privación de libertad, están en la prisión como un castigo. Hasta el momento se ha demostrado que la persona cumple una condena por un periodo corto o mediano en edades tempranas y; en la mayoría de los casos; continua el resto de su vida con una conducta negativa, tal vez adquirida en este mismo lugar, la cual lo hará regresar en reiteradas ocasiones a estos centros de reclusión.

 

Censura

5 kireniaLic. Kirenia Dominguez

Según el artículo 12 inciso f de la Constitución de la República, nuestro pueblo rechaza la violación del derecho irrenunciable y soberano de todo estado a regular el uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio, conforme a la práctica universal y a los convenios internacionales. Pero cuando hablamos de beneficios en sentido neto de la palabra, debemos entender que este no es más que el enriquecimiento que en todas las esferas de la sociedad adquiere un pueblo, no solo en temas vinculados con la cultura, sino también en lo económico, lo político y social.

Lo que no podemos confundir, son los términos de regulación del uso de las telecomunicaciones con la censura de las telecomunicaciones. Cuando ésta se considera como supresión de material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario para el gobierno o los medios de comunicación según lo determinado por un censor.

Desde el gobierno de Machado se clausuraron revistas y periódicos; la censura continuaría con la llegada de Fulgencio Batista. Lo interesante es que con el Triunfo de la Revolución Cubana donde se proclamó la libertad individual y la soberanía y autodeterminación de la nación, haciendo énfasis en la Constitución de la República de este derecho en su artículo 53, donde aclara que la libertad de expresión debe de estar conforme con los fines de la sociedad comunista, expresando también que todos los medios de comunicación y difusión masiva son de propiedad estatal.

El pueblo de Cuba no tiene acceso a libros, revistas u otro material impreso proveniente de otro país, sin la previa aprobación del gobierno cubano. Las penalizadas antenas parabólicas son consideradas una amenaza para la integridad de la sociedad cubana y la política

Internet es una utopía para la mayoría de los cubanos, sin contar que por mucho tiempo fuimos privados de la telefonía móvil.

Los periodistas que tratan de llevar al mundo la realidad de un país que añora gritar lo que realmente siente, aun cuando desconoce lo grandioso que es el universo de las telecomunicaciones, son considerados disidentes y en muchos casos sancionados por la ley cubana.

La censura ha crecido y se alimenta lo mismo de la letra de un rap que de la industria cinematográfica, la cual ya ha sufrido los embates de esta poderosa represión convirtiendo a un pueblo en un estereotipo inerte.

 

Defensor del Pueblo

3 hombre y justiciaLic. Alberto Fumero Batista

El Defensor del Pueblo (a veces nombrado con el término sueco Ombudsman, comisionado o representante), es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos ante abusos de los poderes políticos o legislativos de ese mismo Estado. Algunos autores defienden que “la Justicia de Aragón” es precursora del Defensor del Pueblo.

Hay controversias si procede de la Constitución Sueca que estableció dicha figura en 1809 para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial, o de la figura del Procurador o protector universal de todos los indígenas de las Indias de 1516. De su popularización sueca hace que en diversos idiomas se haga referencia a su nombre en sueco. En los países hispanohablantes se denomina comúnmente Defensor del Pueblo, mientras que en los países francófonos suele llamarse Médiateur de la République y en las regiones Síndic de Greuges. Algunos países también lo han titulado Defensor de los Ciudadanos.

Esta figura pública progresivamente se fue desarrollando por el viejo continente. En 1919 lo incorpora Finlandia. Será después de la Segunda Guerra Mundial que empieza a difundirse la institución: 1949 Israel, 1953 Dinamarca, 1962 Noruega, 1962 Nueva Zelanda, 1967 Gran Bretaña, 1973 Francia, 1974 Portugal, 1974 Italia, 1982 Holanda, 1986 Filipinas.

En la actualidad, doce Estados miembros de la Unión disponen de Defensores del Pueblo nacionales, mientras que dos ofrecen el derecho de petición en el ámbito nacional. Seis Estados miembros poseen Defensores regionales o comisiones de peticiones.

La figura del Defensor del Pueblo Europeo fue creada por el Tratado de Maastricht en 1995 para dirimir las reclamaciones relativas a la mala administración en la acción de las instituciones y los órganos de la Comunidad Europea.

De forma periódica, se celebran seminarios nacionales y regionales con el fin de debatir el Derecho comunitario y reforzar la colaboración entre todos los Defensores del Pueblo. Con el objetivo de reforzar las relaciones y de profundizar en la colaboración, el Defensor del Pueblo Europeo visita con frecuencia a los Defensores del Pueblo nacionales y regionales en todo el territorio de la Unión Europea. Las reclamaciones pueden proceder de cualquier ciudadano de la UE o de residentes, empresas y organizaciones con domicilio en un Estado miembro.

El Defensor del Pueblo Europeo se interesa en investigar mala administración por conducta desleal, discriminación, abuso de poder, omisión de información o negativa a proporcionarla, retraso innecesario a procedimientos de cualquier institución, organismos, oficina o agencia perteneciente a la Unión.

A partir de su incorporación en la Constitución Española de 1978, empieza en Latinoamérica un proceso de rápida incorporación de la institución, especialmente en la década del 80 con las numerosas reformas constitucionales en la región (1979 Colombia, 1982 Costa Rica, 1982 Honduras, 1985 Guatemala, 1986 Brasil; 1992 Paraguay, 1994 Argentina).

Las instituciones del continente se agrupan en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, organización muy activa en la defensa de los derechos humanos, que publica anualmente un importante Informe sobre derechos humanos. También se agrupan algunos de ellos en el Consejo Andino de Defensores del Pueblo.

El Defensor del Pueblo en Cuba. Contribución de la A.J.C.

A juzgar por el prestigio internacional que ha alcanzado nuestro país en la protección de ciertos derechos humanos como la educación y la salud, en los que muestra indicadores que sorprenden para un país subdesarrollado, resulta una gran contradicción que una institución, con fines tan nobles como el Defensor del Pueblo, con tanto arraigo en el mundo y en la región, no esté reconocida en la legislación cubana como fiel salvaguarda de los derechos ciudadanos.

En nuestro país como en pocos, tendría esta institución resultados positivos en defensa de la población cubana, carente del empoderamiento necesario para luchar contra la corrupción, el burocratismo y la secretividad o falta de transparencia de los poderes públicos que les afecta cada día.

Por ello, me atrevería a proponer que la Asociación Jurídica Cubana pudiera servir de complemento para apoyar al estado en la lucha contra estos males, dada la experiencia acumulada en la atención a los ciudadanos y a la estructura que ha ido creando a lo largo y ancho de todo el país, con profesionales capaces de cumplir con tales expectativas.