Lo que nos falta

libros de textoLic. Yasmany Orges Lugo.

Desde que se comienza la Licenciatura en Derecho, y para su propia actualización, el jurista requiere obligatoriamente el estudio de las leyes. Estas son normas jurídicas dictadas por el legislador en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y su incumplimiento trae como consecuencia una sanción, por tanto tiene un carácter imperativo – atributivo, o sea, una parte que somete y una que obedece.

Desde el primer año de estudios nuestros profesores nos dicen que las leyes no se memorizan, solo se tiene el conocimiento de ellas y son para husmearlas; esto es cien por ciento cierto, ya que son un sinnúmero de Leyes, Resoluciones, Decretos… y cada una posee Titulo, Capítulos y Artículos lo cual hace imposible memorizar cada uno. Se hace necesario acceder a todas las leyes que nos sirvan para el trabajo frecuente y para el estudio. ¿Pero cuentan los abogados con la facilidad para obtener estas?

La realidad es que la mayoría de nosotros pasamos muchas dificultades para tener al alcance estos medios; frecuentemente por su falta, tenemos que sacarle copias en medios de impresión desgastados donde la calidad del documento se ve afectada. Por otro lado cuando se logra gestionar la compra de alguna edición legislativa, se llega a pedir por esta un alto precio, pues para acceder a esta compra hay que recurrir a los particulares u obtenerlas en soporte digital; pero no todos los abogados pueden disponer de una computadora.

Estas razones son chocantes en el desenvolvimiento del trabajo, muchas veces tenemos que pedir legislaciones prestadas o pagar por ellas.

En el orden pedagógico también afecta, pues en muchas asignaturas se evidencia falta de materiales de estudio, obligando a los estudiantes a ingeniárselas para acceder a una bibliografía certificada.

Una reflexión sobre el tema, por su negativa incidencia en la preparación de los actuales y futuros operadores del Derecho, en pos de eliminar aquello que nos falta.

 

Legislación o Legislaciones

ppios gralesTania Pérez Torres

El capítulo VI de la Constitución, establece en su artículo 41, que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes, pero, ¿existe la igualdad y los derechos en la Cuba de hoy? ¿Dónde se encuentran?, ¿Por qué de eso no se habla? ¿Por qué nuestro país tiene dispersión legislativa?, tantas son las interrogantes, que no alcanza para un libro; pero lo cierto es que provocan deficiencia en materia de derecho, por la duplicidad de normas.

Además, la carencia de una confección sistémica en el conjunto de disposiciones que conforman nuestra legislación provoca deficiencia, la inexistencia de una norma única para las indisciplinas, la falta de equilibrio en el tratamiento de contravenciones similares en leyes distintas, falta de justeza en la solución de los recursos interpuestos, al ser el superior de quien impone la multa quien conoce de la inconformidad, esos son los derechos por los que abogan en un república donde hay inexistencia de mecanismo legales para enmendar las violaciones procesales.

La imposibilidad que las personas naturales tenemos ante estas situaciones conllevan una meditación sobre “El desconocimiento de la Ley no nos exonera de su cumplimiento”. Si el Estado no me capacita, y se dificulta hasta la compra de la Constitución, ¿de qué forma aprendo sobre derecho y deberes? Somos una población que vive con carencia de principios generales del derecho, y anhelamos el tratamiento para ser los cubanos de estos tiempos.

 

El respeto a la Ley de Asociaciones

nuevo logoLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociación en la legislación cubana es un precedente de la época colonial, la Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo de acuerdo a sus proyecciones, con satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no solo es un medio indispensable y común de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación tenga límites en su alcance; lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados, preocupados de regularle de una manera democrática.

No obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el ejercicio del derecho de asociarse que desea el ciudadano cubano, y que se encuentra refrendado en la Constitución de la República de Cuba (artículo 9 en relación al 54).

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hicieron necesario la modificación del sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante que tienen algunos ciudadanos para asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la que lejos de resultar un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo que presenta tantos vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por nuestros trabajadores manuales e intelectuales y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, lo cual es un derecho constitucional, pero el tiempo pasa y las condiciones y exigencias del ser humano son cada día más mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales son un elemento integrante de la sociedad civil, y ésta a la vez resulta un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como el de la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

¿Por qué cerrarnos las puertas a este derecho?, ¿A qué teme el Estado?

Se ha advertido que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma. Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde las anteriores legislaciones estuvo previsto cancelar aquellas asociaciones que no cumplieran sus objetivos en beneficio de la sociedad, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida de gobierno equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir. Entonces vale preguntarse cuál es el argumento del Estado para no autorizar la referida Asociación que pretenden formalizar los juristas interesados, sí tenemos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene ánimo de lucro, pues persigue objetivos sociales al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

“El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, ¿Resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente?

Y es que si de respeto se trata no valen los argumentos.

 

No asfixiemos las Cooperativas

reciclajeLic. Moraima Leyva Pérez

Tanto la Constitución de la República, como el Código Civil, reconocen la propiedad cooperativa dentro de las principales formas de propiedad sobre los medios de producción.

Me referiré a las creadas de manera experimental, en sectores no agropecuarios, como parte del proceso de actualización del modelo económico cubano, reguladas en el Decreto-Ley 305 de 2012.

Estas personas jurídicas contribuyen a liberar al Estado de su responsabilidad sobre determinadas actividades de producción y servicios que requieren un nivel de independencia y autonomía y constituyen un mecanismo de apoyo a la satisfacción de necesidades económicas y sociales en su territorio, en correspondencia con su objeto social aprobado en el marco de las regulaciones vigentes.

Sin embargo, resulta contradictorio que por una parte el Estado esté protegiendo el impulso de estas entidades económicas y que por otro, los organismos e instituciones del estado, pongan obstáculos a su desarrollo, por desconfianza infundada.

Pongamos un ejemplo: la única cooperativa no agropecuaria de reciclaje de la provincia Holguín, radica en el municipio de Antilla, su objeto social consiste en la recuperación de desechos a las entidades de dicho territorio y posterior venta a la Empresa de Recuperación de Materias Primas, con la que tiene pactado un plan de entregas como encargo estatal. Muchos son los escollos que sus socios han tenido que afrontar, partiendo de la negativa de las fuentes generadoras a la venta de sus desechos reciclables, pues: “mi organismo no me ha autorizado a negociar con una cooperativa”. Es una actividad novedosa en el país y el desconocimiento del tema puede acarrear incertidumbre. No es menos cierto que históricamente las Cooperativas en Cuba se prestaron para actividades indebidas, bajo un aparente régimen de legitimidad. Pero la ley faculta a las entidades estatales a relacionarse con estas a través de contratos, convenios y otras actividades lícitas; no puede entonces un jefe de un organismo de la administración central del Estado oponerse a que se cumpla con las políticas y normativas que se dictan o corremos el riesgo de asfixiar de antemano este nuevo modelo de gestión que puede resultar eficiente y provechoso para el desarrollo económico del país.

 

¿Bloqueo o bloqueos?

peligroMsC. Magela Acosta

El pasado 21 de abril del presente año, en ocasión de la visita a la República de Cuba del Presidente de Estados Unidos Americanos los presidentes de los Estados mencionados ofrecieron declaración a la prensa nacional e internacional; el Presidente Castro expresó: El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo Cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales.

Luego el Sr. Presidente Barack Obama, afirmó: El destino de Cuba no va a ser decidido ni por Estados Unidos ni por otra nación, el futuro de Cuba – es soberana y tiene todo el derecho de tener el orgullo que tiene – será decidido por los cubanos y por nadie más.

Pero, ¿qué ocurrirá cuando el bloqueo al que se refirió el Sr. Castro deje de ser un obstáculo para el desarrollo económico y el bienestar del pueblo Cubano?; ¿quién terminará con el bloqueo interno existente al cual el Sr. Castro no hizo alusión?

Si es cierto que el bloqueo al que está sometido el Estado Cubano es un impedimento para el desarrollo social, económico, científico y técnico del país, donde el mayor afectado es el pueblo, qué decir del bloqueo interno que causa tal o mayor afectación al pueblo de Cuba. Y ejemplos de este bloqueo podemos citar muchos.

Cuando un ciudadano se dirige a un centro de salud a cualquier nivel y no le dan la atención que por derecho constitucional le pertenece de forma gratuita, desde el trato adecuado e inmediato hasta la práctica de cualquier examen, o cuando dicen que no existe tal o mas cual recurso o que el medicamento se agotó. Aludiendo siempre a que es culpa del bloqueo; pero si la persona afectada sabe dónde y cómo reclamar sus derechos, enseguida aparece; y si por necesidad o casualidad tienes que demorarte en el lugar verás como para ciertos ciudadanos amigos o recomendados no tienen ni que esperar la cola y mucho menos la excusa del no hay o se agotó.

En el sector del comercio, cuando a todos no les llega en el mismo tiempo la canasta básica, ni con la calidad requerida e incluso ni siquiera los productos asignados. En las entidades de la Administración Pública, donde un sencillo trámite, que por la norma jurídica debe quedar resuelto en treinta días, en la mayoría de los casos se demora hasta ciento ochenta días (por mencionar un término). O en una estación de la PNR, al ejercer el derecho ciudadano de formular denuncia ante el agente del orden, hay que esperar horas ya que en un número alto de casos, el trato no es diferenciado con el de otro ciudadano infractor de la Ley.

Son tantos los ejemplos de bloqueo que golpean al pueblo de Cuba que es imposible citarlos todos, y al final convergen en la ya famosa frase: la culpa es del bloqueo impuesto por los americanos contra el pueblo de Cuba.

Ahora, cuando se han dado grandes pasos para la normalización de las relaciones entre ambos países, es el momento propicio que nuestro gobierno comience a tomar medidas, ya sea de índole administrativa o legislativa que corten definitivamente con esta enfermedad que no se adquiere, ni se importa y mucho menos se impone por ningún otro estado ajeno, y sí viene dañando al pueblo por varias décadas.

Podría afirmarse que el pueblo cubano quiere y anhela que muera el bloqueo, pero, ¿Cuál enterramos primero?

AJC, Cuba, Bloqueo, embargo, ciudadano

Reflexiones un sobre un caso práctico.

MZ

Lic. Alberto Fumero Batista

En fecha reciente se radicó el Expediente de Fase Preparatoria de No. 281 del 2016 en la Unidad Territorial de Investigación Criminal de Santiago de Cuba, más conocida como Micro 9, por un presunto delito de Estafa contra los ciudadanos Yudién Tabares Cortina, Ricardo Díaz López y Edilberto López Lores por la venta de una moto de paseo que realizaran en el mes de septiembre del año 2014 a la señora María Josefa Coello Tassé.

Debería llamar la atención del lector el hecho de hacerse efectiva una denuncia habiendo transcurrido casi dos años de la transacción o acuerdo legal que la motiva, sin embargo, de lo que se trata es que la persona que ahora funge como denunciante, de conjunto con un sobrino, verdadero dueño del capital con que se adquirió el vehículo, luego de agotar la vía administrativa al presentar demanda ante los tribunales contra el primero delos acusados y contra la Dirección Provincial del Ministerio del Interior, decidieron probar suerte en la instancia de lo penal al resultarle adverso el fallo dictado en lo administrativo, auxiliándose para ello de algún padrino en la policía que ejerciera influencia en su favor primero, para darle entrada a la denuncia, luego, lograr una orden de registro para supuestamente buscar artículos o bienes de procedencia ilícita y por último, una orden de detención en contra de los procesados sin ningún elemento razonable que justifique tal proceder policial, pasados, como ya se dijo, casi dos años de la referida compraventa.

Solo un funcionario, haciendo mal uso de su condición para favorecer intereses personales, tiene el suficiente poder e influencias para lograr este procedimiento inusual.

Para colmo de males, y dando continuidad a una actuación notoriamente parcializada, a partir del mismo día de la detención fueron remitidos los tres a la Unidad Provincial de Operaciones Policiales, cualquiera sabe con qué objeto, y por si fuera poco, el Auto de imposición de medida cautelar para oficializar su aseguramiento, que debió entregarse a sus familiares el 17 de junio para que estos pudieran contratar abogado, les fue notificado tres días después, en franca violación de lo que establece la ley y en perjuicio de los procesados.

Hechos como estos suceden a diario a lo largo y ancho de nuestro país con total impunidad y debemos erradicarlos si aspiramos a una administración de justicia de calidad; de ahí, la importancia de la denuncia inmediata ante la opinión pública para que estos hechos no se repitan y para que, quienes tienen la función de cumplir y hacer cumplir la ley, se despojen de procederes ilegítimos e inadecuados que no guardan ninguna relación con su condición.

Quisiera aclarar que durante el proceso administrativo a que se ha hecho referencia, quedó determinado que el proceso fraudulento que pretendió y logró en su día legitimar la moto objeto del proceso ,que es en definitiva lo que se le imputa a los procesados, tiene origen anterior a que ellos la adquirieran de manos de Manuel Alejandro Rojas Garbey y de su supuesta propietaria Xiomara Garbey Pineda, madre de Rojas Garbey, quedando demostrado como así lo reconoció la Dirección del MININT en su escrito de contestación, que estos últimos estaban involucrados en el origen del fraude conjuntamente con funcionarios del registro de vehículos, procesados por la Fiscalía Militar.

Para mayor sorpresa, aunque el hijo abandonó definitivamente el país, la señora Garbey Pineda no ha sido molestada en este proceso penal, a pesar de que tiene domicilio reconocido y controlado por la policía.

Paradójicamente, Yudién, Ricardo y Edilberto siguen privados de libertad en la unidad de Operaciones, y hasta donde se tiene conocimiento, ninguno había sido entrevistado por sus respectivos representantes legales.

 

La administración de justicia y el modelo procesal cubano (I)

simbolos de justicia 1Lic. Andrea López

En el ámbito del derecho procesal es vasto el camino que al sistema jurídico cubano le queda por recorrer. Existen una serie de cuestiones que en la actualidad resultan complicadas de dilucidar para incorporar en nuestra ley procesal vigente. Ejemplo de estos avances es el Código de Procedimiento Federal argentino, uno de los últimos aprobados en la región, absolutamente acusatorio, donde limita extraordinariamente la posibilidad de los jueces de intervenir, o sea, un juez absolutamente adversarial que va a recoger los despojos del debate penal y consecuentemente con eso aplicará la ley.

Por otra parte, aun cuando esta tesis no sea muy popular en el ámbito de la abogacía, los jueces cubanos deben tener la posibilidad, sin que se pierda el papel de las partes, de poder buscar y calzar sus decisiones en algunos elementos que consideren necesarios, y que concrete esa certeza que debe primar en el proceso, y que sigue siendo una aspiración de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, pues aún existe un monopolio de la acusación por parte del Ministerio Fiscal. Esto acompañado indudablemente por una mayor presencia de la víctima, téngase en cuenta que la fiscalía carga una responsabilidad extraordinaria, a lo que se suma que las quejas de los insatisfechos se remiten precisamente a esta entidad.

Otro fundamento bien discutido y que aún cuando su naturaleza no es puramente procesal vale la pena discutirlo, es el de la forma de organizar los tribunales. Se discute por los operadores del derecho hoy en día hasta qué punto podemos implantar el modelo del jurado. Yo particularmente no estoy de acuerdo. El jurado es una institución judicial para nada novedosa, muy difundida en los países del sistema anglosajón; casi todos estos países cuando experimentaron su proceso revolucionario adoptaron este modelo visto como paradigmático y democrático a la hora de administrar justicia. Pero en muchos países se ha abandonado porque la división entre el juicio de hecho y el juicio de derecho en ocasiones entra en contradicción con la forma en la que se está acostumbrado a litigar.

El modelo de administración de justicia ha de ser aquel que mejor se adecue a las características socio-jurídicas de cada nación. Nuestro modelo de administración de justicia independientemente de que posee una organización que particularmente comparto, formado por jueces profesionales y jueces ciudadanos, no está exento de errores. Debe lograrse una igualdad entre las partes que conforman el proceso y la autonomía de los jueces para formar su juicio de valor a partir de la equidad entre la parte acusatoria y la defensa, no debe poseer condicionantes. Este es el camino hacia una justicia imparcial y libre de cuestionamiento.

 

David y Goliat

4 guy-book-young-man-opened-hands-44992012Lic. Yasmany Orges Lugo.

Abogado: es aquella persona con título de grado habilitado conforme a la legislación de cada país, que ejerce el Derecho, en asistencia de terceros, siendo un colaborador activo e indispensable en la administración de la Justicia de un país. O sea, abogado, no solo es ser defensor de la justicia, sino que con su asesoramiento realiza una función preventiva en pos de evitar conflictos sociales.
En Cuba todos los abogados somos formados en una misma institución universitaria, y en teoría podemos aspirar a las mismas posiciones laborales, llegamos a obtener las mismas destrezas y conocimientos que se necesitan para ser un buen jurídico; pero solo en teoría ya que cada persona es un ser independiente con valores y coeficientes distintos.
En cuanto a la formación de nosotros los jurídicos o de dónde provenimos, es también algo variable, ya que algunos provienen de Facultades provinciales y otros de las Sedes Universitarias Municipales creadas a todo lo largo del país como parte del proceso de Universalización llevado a cabo por el Ministerio de Educación Superior.
Se nota una gran diferencia entre los graduados de las Universidades Provinciales y los de las Municipales, pues los primeros cuentan con un mejor claustro de profesores (integrados por Doctores, Masters y pedagogos de años), se exige un mayor rendimiento, régimen de estudio y se cuenta con la base material de estudio necesaria para la investigación y la preparación individual; mientras que en la instituciones municipales se hacen un tanto flexibles estas características.
Al graduarnos, sigue habiendo diferencias en cuanto a las opciones de trabajo y la ubicación laboral, pues a los egresados de las Universidades Capitalinas se les ubica en centros afines con la carrera, donde pasan su servicio social desenvolviéndose en el mundo del derecho, alcanzando mayor nivel cognoscitivo, en tanto los graduados municipales, en su mayoría, guardan el título “bajo el colchón” pues tienen que conseguir, para desarrollar lo aprendido, un puesto laboral mediante relaciones o esperar que se desocupe alguna plaza en un Bufete, Tribunal, Fiscalía, Consultoría Jurídica… lo cual trae consigo un divorcio con lo refrendado en el título del cual eres acreedor. Entonces surge la clásica pregunta: ¿para qué estudié Derecho? Mirándolo desde este punto de vista, tienen razón aquellos que expresan: –esos universitarios no tienen preparación alguna.
Mi objetivo no ha sido comparar a unos ni a otros, pues al final todos pasamos por esa etapa fascinante de ser estudiantes universitarios y el título de Licenciado en Derecho no expresa ni el promedio acumulado, ni la universidad de que proviene.
Lo que quiero hacer notar con este comentario es la existencia de prejuicios y testimonios negativos referidos por algunos profesionales de la misma rama hacia sus colegas como al que hacía alusión anteriormente. Creo que todo va en la persona y el interés que dedique a la preparación, ser mejor cada día, investigar y crecerse ante los obstáculos que aparezcan en el camino de la superación personal, sin importar quiénes fueron sus profesores, de qué Universidad viene y qué cargo ocupe dentro del sistema jurídico.
Este es el Goliat que a muchos afecta, pero basta creerse un David para darle al mundo otra enseñanza de grandeza.

Mi techo serán las estrellas

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Lic. Kirenia Dominguez

El derecho a la vivienda es un  derecho humano de segunda generación. Este se encuentra reconocido  en La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25.Esta no tiene fuerza vinculante, pero ha servido de colofón para la creación del los pactos internacionales que los reconocen y obligan a los estados signatarios a su total observancia, pues estos si tienen fuerza vinculante.
En el art Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales se reconoce que: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Hoy en día este derecho en nuestro país se convierte en algo muy difícil de lograr con todos los requisitos que la ley establece, puesto que vivienda se le suele llamar a cualquier cuartucho que albergue a toda una familia, en condiciones inhóspitas y de hacinamiento.
La realidad latente de una isla que a menudo se encuentra afectada por fenómenos climatológicos, ha traído consigo el deterioro del fondo habitacional de asentamientos completos, esto sumado a la escasez de recursos constructivos y a los pocos ingresos de los habitantes, ha traído consigo que muchas familias se encuentren en lugares que van en contra de lo pactado con relación a este derecho humano.
En este caso tenemos a Omar, poblador de El Morrillo, localidad del municipio Bahía Honda en Artemisa, quien desde el 2008 vive en una “facilidad temporal”, como se le suele llamar en nuestro país a la construcción, que como el nombre indica, paliaría por un breve período el problema de la vivienda que el ciclón Isidore cuando atravesó la isla, le derrumbó totalmente.
Hoy este anciano, combatiente de guerras internacionalistas, vive en un estado constructivo crítico y al ser entrevistado está convencido de que, en lo que le queda por vivir, su techo serán las estrellas.

El estado peligroso

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Lic. Jorge Luis González

Los principios en Derecho son enunciados que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en una situación determinada. En el ámbito del Derecho Penal estos principios imponen barreras de tal manera que la pauta a seguir no afecte el Estado de Derecho.
El Principio de Legalidad es el eje sobre el que ha de girar el derecho penal en el Estado de Derecho. Fue creado por Paul Johann Anselm Von Feuerbach  bajo la expresión latina nullum crimen, nulla poena sine lege previa  lo que significa literalmente no hay delito ni pena sin ley previa. Este principio está reconocido en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, proclamada en 1789, que en su artículo 8 disponía: “La ley no puede establecer mas que penas estrictas y evidentemente necesarias y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada”. Por esta vía, el principio de la legalidad de los delitos y las penas pasó a formar parte de las Constituciones y Códigos que fueron después aprobados.
Este principio ha sido refrendado en la Constitución cubana en el artículo 59 : “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen”. El Código Penal Cubano al establecer el Principio de Legalidad lo hace de manera más precisa recogiendo las distintas variantes del mismo quedando redactado en el artículo 2, que postula que solo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión y proscribe la imposición de penas que no se encuentren establecidas en ley anterior al acto punible.
El artículo 72 del Código Penal establece el Estado Peligroso y lo define como “… especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” Los artículos 73.1 y 2 regulan los índices de peligrosidad, que son la embriaguez habitual y la dipsomanía, la narcomanía y la conducta antisocial. Este mismo cuerpo legal prevé las medidas que se adoptarán con los declarados en estado peligroso en el artículo 78.El artículo 80.1 inciso a indica que se internará en un establecimiento especializado de trabajo o de estudio por un periodo de entre 1 y 4 años.
La peligrosidad social como categoría y las medidas que se adoptan con los declarados peligrosos constituyen una violación al Principio de Legalidad pues se le imponen sanciones a personas que no han cometido delito, a personas que en algunas ocasiones viven de remesas enviadas del extranjero y son considerados antisociales por no tener un centro de trabajo. El ya mencionado artículo 80.1 inciso a constituye materialmente privación de derechos, al internar a personas por un periodo de entre 1 y 4 años en los popularmente conocidos como “campamentos” .Los legisladores deberían analizar esta categoría que en mi modesta opinión, debe ser derogada.

¿QUIÉN PAGA?

images.duckduckgo.comLic. Egar Luis Arozarena Gómez

En reiteradas ocasiones y en distintos espacios se ha abordado en el complejo sistema económico cubano el tema de los Intermediarios, los cuales en la mayoría de los casos obtienen jugosas ganancias a costa de los productores o suministradores y los compradores.
Este caso es la cara opuesta de esa moneda, pero que a su vez ocasionó serias pérdidas a una entidad cuyo encargo estatal es sumamente importante para nuestra Economía.
A principios de año se efectuó en el Tribunal Provincial Popular de Artemisa, la vista Oral correspondiente a la demanda impuesta por la UEB Central Azucarero Harlem de Bahía Honda a la Empresa Eléctrica de Artemisa, radicada en el Expediente No. 60 de 2015 por el incumplimiento de pago de la Energía Eléctrica generada por la UEB Azucarera durante la zafra 2013 – 2014, la cual es entregada al Sistema Electro energético Nacional (SEN) y vendida a la Empresa eléctrica de Artemisa a través del Contrato No. 16/2013 que ampara dicho negocio jurídico.
Durante la vista se conoció que la parte demandada incumplió su obligación contractual debido a que, quien efectúa el pago de la electricidad generada en este y en los demás centrales azucareros del país es la Unión Nacional Eléctrica (UNE), quien ubica en una cuenta que tiene cada Empresa Eléctrica provincial con centrales azucareros en su territorio, el dinero para que se pague a estas industrias por la energía entregada.
Después de las correspondientes gestiones de cobro, dígase conciliaciones y reconocimientos de la deuda contraída, llamadas telefónicas, etc., la parte demandada informó que la UNE se negó a hacer efectivo el pago, pues las facturas debían ser modificadas según un nuevo procedimiento para su confección, el cual estaba sujeto a la variación mensual de un llamado Factor “K” que no es más que un coeficiente derivado de la fluctuación del precio del petróleo a nivel internacional en cada mes, y por ende, el precio de la energía no sería el mismo siempre, teniéndose que hacer facturas mensuales con la energía generada y no una factura única al finalizar la zafra como era usual hasta ese momento.
La Empresa eléctrica recibió, firmó y concilió la factura única entregada en su momento por la UEB Harlem, pero al trasladarla a la UNE para que efectuara el pago, esta se negó alegando el procedimiento ya mencionado, el cual nunca comunicó hasta ese momento a la Empresa Eléctrica para que fuera del conocimiento de los centrales.
Al no estar pactado esto último en el Contrato de compraventa de Energía Eléctrica concertado entre la Empresa Eléctrica de Artemisa y la UEB Central Azucarero Harlem, esta última reclama su cumplimiento según lo establecido en el contrato, y la Empresa Eléctrica alega que ellos solo son intermediarios en este proceso y la UNE, por su parte, no tiene ningún documento que la obligue a pagar si no se arreglan las facturas, cosa esta que representa aproximadamente una pérdida de 17 mil pesos para esta UEB Azucarera, puesto que de más de 39 mil pesos, vería reducido su importe a poco más de 21 mil pesos si se llegaba a modificar la factura en cuestión.
Con los elementos aportados por las partes, el Tribunal concluyó la Vista dejando claro que quien estaba siendo demandada no era más que otra víctima de nuestro ”Sistema de Contratación”, usado habilidosamente en favor de unos y en detrimento de otros.
Todavía no se conoce el fallo del Tribunal, pero quiero llamar la atención en las fallas que aún tenemos en el Sistema de Contratación, donde los intermediarios muchas veces se benefician, pero en otras se perjudican y al final quien pierde es la Economía, y volviendo al caso que nos ocupa, ¿Quién paga?

El Acoso en los Centros Laborales

6 eeLic. Juan Álvarez del Rio.

La Ley No. 62 del Código Penal Cubano de diciembre de 1987, establece en la Sección Quinta del Título XI, el Ultraje Sexual (artículo No. 303.1.a: el que acose a otro con requerimientos sexuales se sanciona con privación de libertad de tres meses a 1 año, o multa de cien a trescientas cuotas.)

El acoso no lleva la fuerza física, pero si presión psicológica, tratando de lograr un objetivo predeterminado.

En el Código Laboral Cubano, Ley No. 116 del 20 de Diciembre de 2013, en el artículo 147 no aparece ninguna figura, ni como violación de la disciplina, para el acoso, ya que este puede ser realizado por compañeros de trabajo o por Jefes superiores por relación del cargo; en el artículo No. 145 se plantea que los trabajadores deben cumplir con las normas de conducta y el Empleador velar por la integridad física, psicológica y el debido respeto a la dignidad de los mismos.

En el decreto Ley No. 196 del trabajo con los Cuadros, Dirigentes y Funcionarios del Estado y del Gobierno y el decreto Ley No. 197, ambos de fecha 15 de Octubre de 1999, los que fueron modificados por el Decreto Ley No. 251 del Primero de Agosto de 2007 tampoco aparece como violación de la disciplina el acoso laboral.

Este Acoso Laboral pudiera ser por parte de un superior, ya sea hombre o mujer, para obtener beneficio sexual de una persona que desea obtener un puesto de trabajo, un ascenso, mejor remuneración económica o mejores condiciones laborales. Muchas personas no denuncian hechos como estos por desconocimiento de sus derechos y falta de asesoramiento legal.

También pudiera ser que el Jefe o Jefa no permita a una persona que ocupe un cargo o una plaza para dársela a otra persona por relación de amistad u otro interés particular, a la cual entorpecería solicitándole documentos, suspendiéndole entrevistas, chequeos, etc., violando de forma grave los derechos de la persona, afectándola psicológicamente.

En diversos países existen regulaciones en sus códigos laborales y penales en contra de estas actitudes como son, Bélgica, Francia, Suecia, Noruega, Italia, etc.

Es necesario agregar al Código Laboral Cubano un artículo sobre el acoso laboral como infracción de la disciplina.

 

Defensoría del Pueblo del Perú

8 balanza 40Lic. Alberto Fumero

La Defensoría del Perú es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993. Tiene sede en la ciudad de Lima, capital de la República y tiene representación en todo el territorio peruano.

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993. Su misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración del Estado y la prestación de los servicios públicos a la población.

El Defensor del Pueblo es el titular de la Defensoría nacional. Representa y dirige la institución. Es elegido por el Congreso de la República por un período de cinco años. Goza de total independencia para el cumplimiento de las funciones que la Constitución le confiere. Se rige por la Constitución y su Ley Orgánica.

El Defensor del Pueblo, Busca solución a problemas concretos antes de acusar a alguien. En consecuencia, no dicta sentencias, ni ordena detenciones. Su poder descansa en la persuasión, en las propuestas de modificación de conducta que formule en sus recomendaciones, en el desarrollo de estrategias de protección preventiva, en la mediación que asume para encontrar soluciones y en su capacidad de denuncia pública en casos extremos.

Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo presenta un informe al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formulación de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones.

El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por un titular en esa instancia y en el Congreso.

En esencia, esta institución en el Perú contribuye al pleno respeto de los derechos fundamentales por parte de las entidades del sector público y empresas presentadoras de los servicios públicos, también aporta a la consolidación de una sociedad inclusiva, equitativa y sostenible, se responsabiliza por defender y promover los derechos de las personas y la comunidad. Supervisa además la actuación del estado y la prestación de los servicios públicos y es útil para la mejora de la política y la gestión pública.

Estrategia

La Defensoría del Pueblo más cerca de la gente fue concebida como una forma proactiva de llegar a la población para brindarle información sobre la existencia de una institución que defiende sus derechos fundamentales.

Sus líneas de acción están basadas en metodologías que toman en cuenta diferentes estilos de enseñanza y aprendizaje, con enfoques de género, interculturalidad, derechos humanos y constructivos.

También se crean talleres para la capacitación d derechos ciudadanos para iniciar procesos de reflexión y análisis sobre situaciones de vulneración de derechos, mediante el conocimiento de sus derechos fundamentales. Se realizan, principalmente, en zonas pobres y alejadas del centro de las ciudades y convocan la participación de la población.

Igualmente se promueven ferias informativas en las que se comparte y transmiten contenido educativo respecto a los derechos y deberes ciudadanos, además de carpas informativas que se desarrollan en zonas alejadas.

Se protegen fundamentalmente:

Niños, niñas o adolescentes

Mujeres

Personas con discapacidad

Pueblos indígenas

Personas afectadas por la violencia

Personas privadas de libertad

Personas que viven con VIH/Sida

Pensionistas

Migrantes

En situaciones de:

Vida, integridad y libertad personal

Salud

Educación

Servicios públicos y transporte

Municipalidades

Descentralización

Medio ambiente

Conflictos sociales

Seguridad ciudadana

Discriminación

Acceso a la justicia

Prevención de la corrupción

Transparencia y acceso a la información pública

Identidad

En conclusión, el trabajo de la defensoría del pueblo en el Perú es digno de reconocimiento por su entrega y compromiso permanente con el ciudadano respecto a los poderes públicos, siendo destacada su labor por los organismos internacionales en la materia.

El prestigio público que se ha ganado esta institución ante la ciudadanía es el arma fundamental para el logro de esos resultados.

La legalidad de la ley y las fuentes del Derecho Penal

7 procedimiento penal,Yaima Pastor Blanco

Las fuentes del Derecho Penal constituyen un concepto jurídico que expresa una noción compleja; suscita la necesidad de elucidar si estas reclaman un tratamiento particular. ¿Pueden considerarse fuentes del derecho penal las categorías generales de normas comunes a otras ramas jurídicas? Si bien en otras ramas jurídicas el número de las fuentes ha sido objeto de discusión, en el derecho penal ha llegado a ser principio generalmente admitido que la única fuente que existe es la Ley, la cual asume una función delimitadora, por cuanto la aplicación del Derecho está en exacta correspondencia con los límites determinados por la ley.

Es de mucho interés especificar que en la rama jurídica penal, es lícito todo lo que la ley no prohíbe, resulta inadmisible la existencia de un terreno intermedio entre el actuar conforme a derecho, en el Derecho Penal solo existen dos campos por así decirlo: lo lícito o autorizado por la Ley, y lo ilícito o fuera de la ley. Su aplicación concreta se traduce en dos reglas muy conocidas en el derecho penal: 1) ningún hecho puede ser considerado delito sin que una ley anterior a su comisión lo haya previsto como tal, 2) no puede imponerse sanción penal que no esté prevista en una ley anterior a la aplicación de aquella.

Se resume diciendo que nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada: nullum crime, nulla poena sine lege; el principio de legalidad de los delitos y las penas en la esfera penal se halla previsto en el artículo 2 del Código Penal, guardando relación en el terreno procesal con el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal la cual dispone que no puede imponerse sanción sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la ley.

Este principio también posee rango constitucional por cuanto nuestra Constitución establece que nadie puede ser encausado ni condenado sino por el tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen, entonces podemos entender la relación de este principio con las diferentes esferas del Derecho. Quede claro que la ley penal más importante es el Código Penal, aunque dentro de esta categoría se hallan comprendidas otras leyes como la Ley de delitos militares o la Ley electoral, pero nunca se debe olvidar que el Código Penal es a ley más importante para el derecho penal, excluyendo la costumbre y la práctica judicial como fuentes del derecho, como también se excluye la analogía, pues no basta con la discusión de un caso penal no contenido en la ley.

Cuando no exista una norma aplicable de modo exacto y directo al caso sometido a la discusión judicial, este debe quedar exonerado de toda consecuencia jurídico-penal.

 

Ataquemos las causas y no las consecuencias

Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles

Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles

 

Lic. Yanelis Ramirez Cruz

Una vez más el tema combustible asoma a las puertas. El contexto internacional y sus consecuencias económicas para Cuba avizoran un año difícil. Por eso la máxima dirección del país ha tomado la decisión de reducir el plan de portadores energéticos a todos los organismos de la administración central del Estado, aun cuando ello conlleva bajar el nivel de actividad.

Esta medida presupone un mayor control en el uso eficiente del combustible diésel. Sin embargo en numerosas entidades estatales, la sustracción y desvío de combustible se ha convertido en algo con lo que convivimos a diario.

En Holguín circulan más de tres mil vehículos particulares, en tanto la venta a las personas naturales en los Servicentros de la provincia, no sobrepasa los 109 litros como promedio diario. Tal situación es conocida y denunciada en varios escenarios por las autoridades gubernamentales. Pero no se trata de divulgar, sino de acometer acciones.

Seríamos ilusos al pensar que un porteador privado para la transportación de pasajeros pagaría el precio de 1.10 CUC por litro, porque como decimos en buen cubano “no le daría la cuenta”. Entonces, ¿de dónde sale ese combustible sino de las entidades estatales? A partir de esta realidad, ¿qué mecanismos de control están empleando las administraciones para que el combustible no les sea robado? ¿Existe dolo o culpa en su actuar? ¿Acaso estamos esperando que se produzca el hecho extraordinario para separar del cargo a los implicados y llevarlos a la cárcel?

Debemos atacar las causas y no las consecuencias. Mientras el Estado no propicie que el combustible se adquiera a menor precio por los porteadores privados y a su vez cree los mecanismos de control para garantizar que se haga de modo oficial y en los lugares establecidos, el desvío va a continuar tal y como existe hoy bajo un “aparente régimen de legalidad”.