¿Y cómo quedo yo?

9-corrupcionLic Kirenia Domínguez

La corrupción política de los gobiernos hoy en día es un mal de fondo que trae consigo fraude, extorsión, chantaje, malversación, todo con el fin común de adquirir ventajas fraudulentas. Cuando la corrupción choca con la transparencia, se produce un estado de confusión que transforma una sociedad íntegra en cómplice del laberinto que no muestra la luz al final del túnel.

El cohecho es el delito en que incurre una autoridad o funcionario público si acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Es muy fácil encontrarse este delito en el quehacer cotidiano por parte de las autoridades y demás funcionarios, quienes deberían de mantener el orden y equilibrio de la sociedad basados en la moral y la ética.

En nuestro país se ha convertido en una práctica cotidiana la comisión de esta figura delictiva. De forma activa o pasiva, sin que nadie sea capaz de ponerle coto, ya sea por miedo a la reacción del Estado o por estar de algún modo, directo o indirecto relacionado con el asunto.

En nuestra Ley de Procedimiento Penal artículo 218, está regulado el deber de denunciar que tiene todo ciudadano cuando conoce de la comisión de hechos que son punibles por las leyes establecidas por el Estado. Pero cuando la comisión de este tipo penal proviene, por un lado de la población y del otro por los funcionarios ante los cuales hay que formular la denuncia, entonces, ¿hacia dónde dirigirse para cumplir con con el precitado artículo? La corrupción se encuentra enraizada en las unidades de la PNR quienes dejan pasar y se hacen los de la vista gorda; en los funcionarios públicos que agilizan la tramitación de un asunto y acortan términos legales a cambio de dádivas, en los inspectores que llevan consigo siempre una jaba que engorda con el transcurso del día.

Entonces la respuesta a semejante interrogante queda en el vacío o simplemente genera mentiras, mentiras que salen a la luz con el día a día y aunque nos mostremos inalterables ante tal asunto, van socavando nuestra integridad moral y ética, porque callar nos hace cómplices. Pero si el silencio nos es la respuesta certera y la denuncia queda en suspenso, entonces, ¿cómo quedo yo?

 

Derecho a Saber

Wilfredo Vallín Almeida

Ha terminado la Conferencia del Partido Comunista de Cuba. De ella lo que nos ha quedado es una sola frase “no se hagan ilusiones”.

Lo anterior equivale a decir -en buen cubano- que las cosas continuarán como están, no debemos esperar cambios ni perspectivas futuras halagüeñas y que debemos resignarnos a nuestra suerte por cualquier otra cantidad de años.

Eso también significa que todo aquel que piense diferente, que se atreva a protestar, que cuestione a las alturas en su desempeño, o que haga una huelga de hambre será, incuestionablemente, “un asalariado del imperialismo, un traidor a su país, una escoria con problemas penales de antemano”, en fin, alguien totalmente descalificado para poner en entredicho nada, aún a costa de su vida.

Triste destino el que nos ha tocado vivir como país.

No obstante, pienso que las imposiciones tienen un límite y ese parece estar llegando en Cuba y aunque no lo parezca, las cosas están cambiando y uno de esos cambios es lo que sucede con la información.

La información solía ser privativa del Estado hace unos años atrás. Ahora las tecnologías (aunque estemos muy lejos todavía de INTERNET), unido al valor de un grupo de periodistas independientes (a pesar de la Primavera Negra) ha roto ese monopolio y la población se entera de cosas que antes no podía conocer.

De las Damas de Blanco no hace falta ni hablar: su sola existencia y la liberación de los 75 (mérito suyo en primerísimo lugar) hablan por sí solos.

En este contexto, nosotros continuaremos haciendo lo que creemos nuestro deber como abogados cubanos, a saber:Que nuestros compatriotas conozcan sus derechos conforme a la legislación vigente en el país y las vías para ejercerlos como corresponde.

  • Que conozcan los Pactos de los Derechos Civiles y Políticos y de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmados por el gobierno cubano en nombre del pueblo de Cuba, pero nunca publicados para conocimiento de los ciudadanos.
  • Seguir ayudando a los cubanos que no tienen recursos para pagar los contratos en los Bufetes Colectivos, el transporte de los abogados de esos bufetes a las prisiones u otros lugares, ni lo que muchas veces se les pide “por la izquierda”.
  • Cualquier otra asesoría que la sociedad civil nos solicite.

Los próceres eternos de esta nación, que por desgracia ya no están entre nosotros hace mucho tiempo, nos legaron que los derechos “no se mendigan”, que muchos de ellos son inalienables porque se derivan de nuestra esencial condición humana.

Y este, que aquí señalamos, está en esa categoría, pues de lo que se trata es del Derecho de los cubanos a saber.