Derechos Humanos y sociedad

5-derechos-humanosLic. Andrea Lopez

Sin duda, debemos hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos como uno de los documentos más importantes de toda la historia de la humanidad y que vio la luz en diciembre de 1948 por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Términos como estos son hoy muy populares y convencionales en lo que pudiese llamarse la plataforma política y jurídica de nuestro país. Es entonces que surgen innumerables polémicas sobre los llamados derechos fundamentales del hombre. Nuestro sistema en tal sentido es cuestionable, pues existen muchas de estas  garantías que han sido políticamente monopolizadas. La crítica es la base del perfeccionamiento de un sistema, y cabe preguntarse entonces si los ciudadanos cubanos podemos ser realmente críticos con el nuestro. Es aquí donde muchas cuestiones reguladas y ampliamente debatidas internacionalmente como es el caso del derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamente y con justicia, así como el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, igualmente sucede según se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Nuestro sistema ha instrumentado el Ordenamiento Jurídico o lo que es más común, se ha instrumentado el Derecho para en cierta medida desarticular la verdadera esencia y efecto de ciertos asuntos que a pesar de ser cuestionables no son del todo públicos. Ser críticos y sinceros no nos hace contrarios a ideales ni mucho menos menos patriotas, todo lo contrario no hace grandes y mejores.

Usar el Derecho como instrumento para castigar y reprimir opiniones es una clara violación de las directrices internacionales y peor aún de los derechos del hombre. Seremos mañana lo que seamos capaces de mejorar hoy, y enriquecemos nuestra sociedad haciéndola cada vez más preparada y critica no cada vez más sumisa y callada.

 

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Legislación o Legislaciones

ppios gralesTania Pérez Torres

El capítulo VI de la Constitución, establece en su artículo 41, que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes, pero, ¿existe la igualdad y los derechos en la Cuba de hoy? ¿Dónde se encuentran?, ¿Por qué de eso no se habla? ¿Por qué nuestro país tiene dispersión legislativa?, tantas son las interrogantes, que no alcanza para un libro; pero lo cierto es que provocan deficiencia en materia de derecho, por la duplicidad de normas.

Además, la carencia de una confección sistémica en el conjunto de disposiciones que conforman nuestra legislación provoca deficiencia, la inexistencia de una norma única para las indisciplinas, la falta de equilibrio en el tratamiento de contravenciones similares en leyes distintas, falta de justeza en la solución de los recursos interpuestos, al ser el superior de quien impone la multa quien conoce de la inconformidad, esos son los derechos por los que abogan en un república donde hay inexistencia de mecanismo legales para enmendar las violaciones procesales.

La imposibilidad que las personas naturales tenemos ante estas situaciones conllevan una meditación sobre “El desconocimiento de la Ley no nos exonera de su cumplimiento”. Si el Estado no me capacita, y se dificulta hasta la compra de la Constitución, ¿de qué forma aprendo sobre derecho y deberes? Somos una población que vive con carencia de principios generales del derecho, y anhelamos el tratamiento para ser los cubanos de estos tiempos.

 

Delincuencia y drogadicción en la legislación penal cubana.

Lic. Andrea López

Quizá con un título excesivamente ambicioso, tendré por objeto exponer de forma sucinta, los problemas que a nivel práctico, plantea la ejecución de las sentencias en los toxicómanos y sus peculiares (o quizá no tan peculiares dada su frecuencia) condiciones.

Es ocioso resaltar la importancia, por su abundancia, de los delitos cometidos por adictos a sustancias ilícitas, que alcanzan su culmen en los perpetrados contra la propiedad, en los que el caso excepcional es que el hecho sea cometido por motivos diferentes que obtener medios para conseguir la droga.

Así las cosas, el problema principal es la conceptualización del adicto a estas sustancias. No creo que haya discrepancias en estimar que estas personas son enfermos, como tampoco debe haberla en el sentido que además de enfermos, son delincuentes. Y es precisamente en esta dicotomía de criminal y enfermo en la que se plantean los problemas sobre su tratamiento y que en nuestra legislación no se da margen para una aplicación hasta cierto punto adecuativa que permita a los operadores del derecho jugar con las circunstancias específicas de cada caso, ya que si como enfermo, la principal función de la pena debiera ser su recuperación, no es menos cierto que como delincuente habrá de ser castigado, siguiendo el principio de prevención general, y evitando una impunidad práctica que cause indefensión a la sociedad.

En este marco fluctuante es en el que se mueve el legislador, que, conocedor de estos aspectos, no parece decidirse sino por una política de gestos, que en la práctica resultan irrelevantes, tratando de primar el orden público sobre las necesidades del toxicómano. Y ello no debe de extrañar en una sociedad en la que, salvo excepciones, se camina cada vez más hacia un egocentrismo alejado de todo principio de solidaridad, y lo que interesa es la comodidad y seguridad personal, con olvido de los problemas que, en gran medida, la misma sociedad y el sistema han contribuido a crear y mantener, sin darse cuenta que esta misma postura, cada vez incrementará más la presente situación.

Ante la falta de vía legal expresa, ha sido la misma Jurisprudencia la que, interpretando las normas, ha creado una doctrina, hoy en día asentada, acerca del tratamiento y aplicación de medidas a los drogadictos delincuentes; doctrina que no resuelve los problemas existentes.

Por todo lo expuesto, la atención que se pretende llamar debe ir dirigida al examen de la legislación al respecto, continuando con la interpretación jurisprudencial de estas circunstancias, y finalmente una exposición de los problemas accesorios que se pueden plantear y cuya solución se hace cada vez más urgente.

 

Renacer de la actividad registral en Cuba

Lic. Rodrigo Chávez Rodríguez

Los conquistadores españoles traen consigo su cultura, su modo de vida y de relacionarse entre sí; estas relaciones, no sólo se ceñían a la familia, sino que trascendían al modo de producción, al de los servicios, etc., se hacía cada vez más necesario y obligado, dejar constancia de esas relaciones y de otras como las establecidas entre la isla y la Corona. Era por tanto imperiosa la necesidad de dejar plasmada en asientos, la entrada de colonos, fuerza de trabajo, etc.; perpetuar hechos y actos, en la isla. Se hace necesario y obligado, registrar y archivar esos sucesos.

El comercio entre la colonia y la metrópoli creció y con ello las relaciones entre productores de bienes o servicios y toda la cadena derivada de ese proceso hasta llegar a su destino final. Aparece la tutela de los bienes muebles e inmuebles que esto entrañaba y que formaban parte del patrimonio, bien sea de la Corona, bien sea de determinada, persona, insular o peninsular.

Cabe recordar, que nuestro Derecho, está permeado del Derecho español, el cual constituye una de nuestras fuentes.

Corría la década de 1800, cuando se instauran en Cuba los registros y que hoy llegan a nosotros como instituciones: Registros del Estado Civil, Registro Comercial, Registro de la Propiedad, Registro de Vehículos, Registro de Asociaciones, etc., lo llamativo resulta ser, el estado a que han sido llevados, dentro del ordenamiento jurídico actual, lo cual ha tenido una repercusión en la vida social, cuestiones que para bien o para mal han estado acompañándonos, cual sombra inseparable.

No basta con que ocurra un hecho o un acto jurídico y que de ello se conozca en ese instante, su credibilidad, eficacia, perdurabilidad y reconocimiento, han de estar relacionados, condicionados o sujetos, a determinada norma, que obligue a su más cabal comprensión, acatamiento y sobre todo su estricto cumplimiento. Queremos y debemos resaltar que la razón de ser de una institución, como el Registro, debe dársele el lugar que le corresponde y debe cumplir con las funciones para las que fue instituido.

Hoy se trata de restituirle al Registro sus valores para ponerlo a tono con el contexto internacional. Si hasta hace poco, hablar de una sociedad mercantil, fuera cual fuera constituía un sacrilegio, hoy resulta frecuente. Resultaría imposible tratar de referirnos a capital extranjero o empresas mixtas, sin hacer alusión a la actividad registral, vida, cuerpo y alma adquiere una sociedad, empresa o asociación, desde que el acto fundacional de la misma, es recogido, asentado y legitimado en el correspondiente Registro, es decir, adquiere personalidad. Estamos en presencia pues, de la ineludible razón de ser de esta institución.

Atendiendo a todo lo expresado o comentado, resulta y es fácil colegir, que en el diario quehacer de la sociedad, ésta no puede desvincularse de la actividad registral, sus funciones no deben ser suplantadas, por otras instituciones, del mismo modo en que nace y es reconocida una persona, ya sea natural o jurídica, su extinción, tiene obligatoriamente que ser recogida, en el correspondiente Registro.

La actividad registral en nuestro contexto, ha estado plagada de irregularidades y ha transitado por un camino preñado de limitaciones, apartada de la praxis extra frontera, lo cual ha traído no pocas dificultades. Bien reza un viejo proverbio al César, lo que es del César, por tanto, al Registro, lo que es del Registro.

Si algo ha de quedar claro, es, que independientemente de que exista una variada gama de instituciones registrales, y no existan entre ellas nexos, la actividad notarial, el Notario, como fedatario, tiene la facultad de dar fe sobre la capacidad de los comparecientes, para los actos, que se producen en su presencia, es por ello necesario que un acto traslativo de determinado bien, sea legitimado ante éste federatario, el cual lo registra y archiva, en libros protocolares, con sus correspondientes tomos y folios habilitados para esos menesteres.

Ya que hablamos de actos traslativos, ello implica transferencia de titularidad de un determinado bien y por tanto reconocido legitima y legalmente y es ante esto que se debe analizar profundamente, las consecuencias que pudiere acarrear, reconocer a un extranjero residente permanentemente en el territorio nacional, el derecho a ser titular como propietario de ciertos y determinados bienes, tal y como se ha venido planteando, cuando constitucionalmente en el artículo 21, de este cuerpo legal, dice: se garantiza, a diferencia del artículo 22, de la propia norma que cito, …reconoce,resulta claro, que no es lo mismo garantizar que reconocer, y cuando ello trasciende a la ciudadanía y nos subsumimos en el artículo 34 de la citada Carta Magna, nos percataremos, de que la condición de extranjero, es equiparada, a la de los cubanos.

Saque usted, sus propias conclusiones.

DERECHO DE REUNION EN LA LEGISLACION CUBANA

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

En la legislación cubana el derecho de reunión, como otros muchos que contemplan las leyes nacionales, es objeto de un tratamiento muy particular. Para entender esto nos remitiremos, primeramente, al artículo 54 de la Constitución de la República en el que leemos:

“Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en la que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

De lo anterior se desprende que son las organizaciones de masas y sociales las que gozan de las posibilidades para el ejercicio de éstos derechos y sólo en cuyo seno se goza ” de la más amplia libertad de palabra y opinión”, aunque este último aspecto – y la gran mayoría del pueblo cubano lo sabe- también es discutible. Evidentemente, la Ley de Leyes no garantiza en lo absoluto esos derechos fuera de las organizaciones de masas y sociales.

Por otra parte el artículo 209.1 del Código Penal vigente (actualizado) reza textualmente: ” El que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de éstos derechos, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta 100 cuotas”.

Por otra parte, y al parecer para no dejar ningún género de dudas, el artículo 62 de la Carta Magna expresa enfáticamente: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

El asunto que nos ocupa pone una vez mas de manifiesto la ambigüedad de la Constitución sobre derechos medulares de los ciudadanos. ¿Significa el artículo 62 en relación con el 64 de la propia Constitución y con el 209.1 del Código Penal que si tres individuos que se encuentran en una esquina y que intercambian impresiones en cuanto a una disposición gubernamental que les afecta, que consideran desacertada y, por ende la critican, están en una reunión ilícita y pudieran ser sancionados a grandes multas e incluso a prisión?

¿Pudiera interpretarse, y por quién, que ésa critica va en contra de la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo? Es de antaño conocido que ni la ambigüedad ni las lagunas del derecho tienen cabida en las normas penales de un país y, con mucha mayor razón, no debieran tenerla en su Constitución.