Defensor del Pueblo

3 hombre y justiciaLic. Alberto Fumero Batista

El Defensor del Pueblo (a veces nombrado con el término sueco Ombudsman, comisionado o representante), es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos ante abusos de los poderes políticos o legislativos de ese mismo Estado. Algunos autores defienden que “la Justicia de Aragón” es precursora del Defensor del Pueblo.

Hay controversias si procede de la Constitución Sueca que estableció dicha figura en 1809 para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial, o de la figura del Procurador o protector universal de todos los indígenas de las Indias de 1516. De su popularización sueca hace que en diversos idiomas se haga referencia a su nombre en sueco. En los países hispanohablantes se denomina comúnmente Defensor del Pueblo, mientras que en los países francófonos suele llamarse Médiateur de la République y en las regiones Síndic de Greuges. Algunos países también lo han titulado Defensor de los Ciudadanos.

Esta figura pública progresivamente se fue desarrollando por el viejo continente. En 1919 lo incorpora Finlandia. Será después de la Segunda Guerra Mundial que empieza a difundirse la institución: 1949 Israel, 1953 Dinamarca, 1962 Noruega, 1962 Nueva Zelanda, 1967 Gran Bretaña, 1973 Francia, 1974 Portugal, 1974 Italia, 1982 Holanda, 1986 Filipinas.

En la actualidad, doce Estados miembros de la Unión disponen de Defensores del Pueblo nacionales, mientras que dos ofrecen el derecho de petición en el ámbito nacional. Seis Estados miembros poseen Defensores regionales o comisiones de peticiones.

La figura del Defensor del Pueblo Europeo fue creada por el Tratado de Maastricht en 1995 para dirimir las reclamaciones relativas a la mala administración en la acción de las instituciones y los órganos de la Comunidad Europea.

De forma periódica, se celebran seminarios nacionales y regionales con el fin de debatir el Derecho comunitario y reforzar la colaboración entre todos los Defensores del Pueblo. Con el objetivo de reforzar las relaciones y de profundizar en la colaboración, el Defensor del Pueblo Europeo visita con frecuencia a los Defensores del Pueblo nacionales y regionales en todo el territorio de la Unión Europea. Las reclamaciones pueden proceder de cualquier ciudadano de la UE o de residentes, empresas y organizaciones con domicilio en un Estado miembro.

El Defensor del Pueblo Europeo se interesa en investigar mala administración por conducta desleal, discriminación, abuso de poder, omisión de información o negativa a proporcionarla, retraso innecesario a procedimientos de cualquier institución, organismos, oficina o agencia perteneciente a la Unión.

A partir de su incorporación en la Constitución Española de 1978, empieza en Latinoamérica un proceso de rápida incorporación de la institución, especialmente en la década del 80 con las numerosas reformas constitucionales en la región (1979 Colombia, 1982 Costa Rica, 1982 Honduras, 1985 Guatemala, 1986 Brasil; 1992 Paraguay, 1994 Argentina).

Las instituciones del continente se agrupan en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, organización muy activa en la defensa de los derechos humanos, que publica anualmente un importante Informe sobre derechos humanos. También se agrupan algunos de ellos en el Consejo Andino de Defensores del Pueblo.

El Defensor del Pueblo en Cuba. Contribución de la A.J.C.

A juzgar por el prestigio internacional que ha alcanzado nuestro país en la protección de ciertos derechos humanos como la educación y la salud, en los que muestra indicadores que sorprenden para un país subdesarrollado, resulta una gran contradicción que una institución, con fines tan nobles como el Defensor del Pueblo, con tanto arraigo en el mundo y en la región, no esté reconocida en la legislación cubana como fiel salvaguarda de los derechos ciudadanos.

En nuestro país como en pocos, tendría esta institución resultados positivos en defensa de la población cubana, carente del empoderamiento necesario para luchar contra la corrupción, el burocratismo y la secretividad o falta de transparencia de los poderes públicos que les afecta cada día.

Por ello, me atrevería a proponer que la Asociación Jurídica Cubana pudiera servir de complemento para apoyar al estado en la lucha contra estos males, dada la experiencia acumulada en la atención a los ciudadanos y a la estructura que ha ido creando a lo largo y ancho de todo el país, con profesionales capaces de cumplir con tales expectativas.

 

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