Las oportunidades de unos y los errores de otros

10 YASLic Yasmani Orges Lugo

Las Empresas, Organismos, Organizaciones, Entidades etc., son mediadores que de cierta forma garantizan las sostenibilidad de una sociedad, son fuente de empleos y en torno a ellas gira el desarrollo económico de un país y provee a todos sus trabajadores en la construcción de su patrimonio, según su trabajo, para enfrentar las exigencias de la vida. Estos entes necesitan para su funcionalidad y sostenimiento, además de la fuerza de trabajo, de un grupo de personas que funcionan como un perfecto engranaje para garantizar lo antes expresado, quienes dirigirán un proceso de producción, el cumplimiento de una tarea y a quienes se les confiará, bajo su custodia y responsabilidad, medios e intereses del Estado por los que se les pedirán responsabilidades y responderán ante la ley por el incumplimiento de sus funciones.

Nuestro sistema jurídico plasma en sus leyes quiénes serán las personas que cumplirán con esta responsabilidad. Se expresan en el Decreto Ley 197 las regulaciones laborales del personal asignado para ocupar cargos de Dirigentes y Funcionarios; regulando temas como la designación, el cese de sus funciones, y requisitos para ocupar el cargo entre otros. Es cierto que ser “jefe” tiene sus ventajas, pero también tienen mayor responsabilidad sobre sus hombros y es deducible que se les debe imponer sanciones más radicales que a los demás trabajadores.

Pero, ¿qué tan real puede ser el dictamen de estas sanciones o medidas disciplinarias; qué tan radicales pueden llegar a ser, son similares a las impuestas a un simple obrero?

Seguramente muchos de los que lean este artículo compartirán el criterio de que la realidad es muy distinta a lo que se supone que se deba hacer en estos casos y lo que ocurre en estas situaciones.

Pues un trabajador x comete una infracción laboral, la cual lo conlleva una medida disciplinaria que puede consistir en afectarle su salario, hacerlo público ante el resto de sus compañeros o “mancharle el expediente” como se conoce en el argot laboral. Mientras que a un directivo se le trata con la mayor discreción posible, se hacen los de la vista gorda o estos resuelven ese mal momento intercambiando medida disciplinaria por regalos. En otro caso, cuando la medida conlleva a la separación definitiva del centro pues la infracción recae en un delito de robo, malversación de los bienes del Estado o desvío entre tantos otros; el obrero carga con su responsabilidad (lo separan del centro de trabajo y es juzgado por un Tribunal el cual le impone una sentencia), claro está, cumpliendo con lo establecido en la Ley. Pero sin embargo, y aunque no en la totalidad de los casos, el funcionario no carga con sus errores, sino más bien carga con las oportunidades que se le presentan ante la separación de su cargo; ¿qué oportunidades son esas?, pues las de volver a dirigir en otro lugar como si nada hubiese pasado.

Es inconcebible que un funcionario, después de haber sido expulsado de una empresa estatal por malversación, sea reubicado en otra entidad con un cargo de igual o de mayor jerarquía. Baso este escrito en la realidad que nos toca muy de cerca y la cual tengo el deber de denunciar.

El sistema de justicia debería de seguir más de cerca el cumplimiento de la ley frente a estas situaciones, pues estos directivos representan a una entidad y a un grupo de trabajadores, son custodios de recursos del Estado, de la producción y el dinero que emane de estas empresas, y en ellos se deposita confianza en su integralidad y respeto por su trabajo.

 

Los sanciones en los Cuadros

6 poder y justiciaLic. Moraima Leyva Pérez

Cuando evaluamos la situación que presenta la instrumentación, aplicación y cumplimiento de la política de cuadros en nuestro país, nos percatamos de, sobre todo los jóvenes, no quieren asumir el compromiso de dirigir y ocupar responsabilidades.

No vamos a referirnos a la estrategia de atención y estimulación insuficiente, sino a examinar lo relacionado con las sanciones administrativas. El obsoleto Decreto–Ley 196 de 1999, ofrece pocas medidas ante la comisión por el cuadro de una indisciplina: amonestación, democión en sus variantes y separación definitiva. Ahora bien, hace algún tiempo fue indicado por el Gobierno el no empleo como sanción de la democión temporal; de aplicarse esta, no se violaría la ley, pero se incumpliría una indicación del Consejo de Ministros. Si grave es violar una norma jurídica, también lo es vulnerar una indicación gubernamental. Una dicotomía que no ha tenido solución y que coloca en una disyuntiva a la autoridad facultada al momento de aplicar la medida, pues hay conductas que tomando en consideración los elementos de adecuación de las sanciones, no ameritan una amonestación, pero tampoco una democión definitiva.

Dentro de la democión está implícita la pérdida del derecho a recibir estímulos adicionales al salario oficial entre seis meses y un año, según decida la autoridad que la impone, lo que a juicio de esta jurista ocasiona una doble sanción, pues estímulo adicional es por ejemplo, el pago en pesos convertibles (en las entidades que lo tienen aprobado), o el fondo de estimulación a partir de las utilidades. Esta penalidad añadida a la medida principal de la democión, no solo afecta al cuadro, sino también a su familia.

El Consejo de Estado debe reflexionar acerca de la necesidad de perfeccionar las disposiciones sobre el sistema de trabajo con los cuadros, a partir de una nueva norma jurídica más avanzada y justa.

¿Corrupción en Cuba?

1 Eliocer CutiñoLic. Eliocer Cutiño

Aplauden esfuerzos cubanos en lucha contra la corrupción: “…el director de la subdivisión de Lucha contra la Corrupción y de Delitos Económicos de Naciones Unidas, Dimitri Vlassis, elogió en La Habana los esfuerzos de Cuba en el enfrentamiento de ese flagelo” y la VIII Comprobación Nacional al Control Interno, estructurada con carácter preventivo y educativo, supervisara 309 entidades en todo el país, donde más del 70 por ciento pertenecen al sector agroalimentario.

Estas noticias formaron parte de la primera plana de la prensa digital cubana al cierre del 2013.

El ciudadano común se pregunta: ¿A qué casos de corrupción se refieren? ¿Si se llego a supervisar más del 70 % del sector agroalimentario, por qué la producción y distribución de alimentos sigue tan mal?

La verdad es que la prensa y la literatura accesible sobre corrupción en nuestro país se refiere, casi exclusivamente, a la que existe en el capitalismo y a la que surgió en los países ex-socialistas al desmoronarse el sistema. Desconocemos si se han realizado estudios sobre la corrupción en Cuba, pero en cualquier caso no se han divulgado sus resultados, lo que dificulta la investigación.

Como excepción, cabe citar las Causas 1 y 2 de 1989, (Caso Ochoa-de la Guardia), cuyo juicio fue trasmitido íntegramente por la televisión y anteriormente, los casos de Diocles Torralba y Luis Orlando Domínguez, también divulgados públicamente por la prensa.

Pero la divulgación de los casos de corrupción se aboca a una disyuntiva difícil. Por un lado, da criterios y argumentos diversos, fuera y dentro del país. Por el otro, no divulgarlos crea sensación de impunidad; y debilita tanto o más el prestigio y la credibilidad de las autoridades que informarlos, junto con las sanciones adoptadas.

En muchos casos, los cuadros corruptos han nacido o se han formado después de 1959, de modo que no se trata de una “herencia” o lacra del pasado. Hay que buscar sus orígenes y desarrollo en fenómenos presentes en nuestra sociedad. Muchos tienen una trayectoria destacada como “revolucionarios”, lo que significa que los organismos políticos y de control y prevención no han podido detectar a tiempo las deformaciones durante su vida laboral. Para ello, hay que esclarecer primero su esencia, el concepto mismo de “corrupción” que no está del todo definido.

Por otro lado, en nuestro país ni el Código Penal ni la doctrina penal definen ni mencionan la corrupción, es decir, no existe como concepto penal. No obstante, figuran una serie de delitos económicos (concepto tampoco definido penalmente) “asociados a la corrupción”, lo que indica una insuficiencia definitoria de los instrumentos legales.

Pero las actividades corruptas, por muy sigilosas que sean, trascienden, y a la larga son conocidas por una parte considerable de la población. Esto provoca irritación, como si los corruptos actuaran libremente, elemento que merece una atención especial, porque afecta el prestigio y la credibilidad de cualquier gobierno. Al adoptarse medidas que, por lo general, se consideran benevolentes, se suscitan estados de opinión negativos, especialmente cuando no se está lo suficientemente informado.

La corrupción no puede ser considerada como un asunto meramente punitivo, sino como un serio problema socio-político, y como tal, debe ser enfrentado.

 

Sanción superior a la solicitada.

Lic. Miguel Iturria Medina

Uno de los presupuestos de Derecho a la defensa, debe ser la correlación entre la acusación formulada por el fiscal, y la sentencia. No deben existir sorpresas en la solución de un proceso penal que no fueran objeto de debate durante la deposición de las partes.

En límite fundamental de este principio está dado, fundamentalmente, en la prohibición al órgano juzgador de hacer variaciones sustanciales del hecho originariamente imputado por el Ministerio Público. Además, en el artículo 357 de la Ley de Procedimiento Penal se prohíbe al Tribunal sancionar por un delito más grave que el calificado por la acusación, apreciar circunstancias agravantes no comprendidas en la misma, agravar el concepto de participación, grado de consumación del delito, ni imponer sanción más grave que la solicitada.

De los presupuestos relacionados en el artículo 357 de la LPP, solo uno de ellos será objeto de debate en este breve texto. Es el referente al significado de sanción más grave que la solicitada. Este concepto se ofrece en el Dictamen No. 296 que devino en Acuerdo No. 104 de 8 de noviembre de 1988 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. En él, se establece solo una prohibición de imponer penas cualitativamente superiores sobre la base de los tres tipos de penas principales: multa, prisión temporal, perpetua o muerte. Fuera  ello no existe límite.

De acuerdo a la interpretación del Dictamen, imponer sanción más grave es variar la solicitada. No puede imponerse prisión cuando la solicitud fue de multa; ni muerte si se pretendía la privación de ; última no puede ser perpetua si se interesó temporal. Esta definición permite que el tribunal imponga penas superiores  en cuantía que las solicitadas e incluso deje de aplicar sanciones subsidiarias de penas principales.

Para ilustra lo expuesto voy a exponer  tres ejemplos:

  • El fiscal solicitó una sanción de tres años de privación de libertad, en un marco penal de tres a ocho años de esta sanción, y el tribunal impuso seis.
  • Fueron solicitados tres años de Trabajo Correccional Sin Internamiento, sanción subsidiaria de la Privación de Libertad que no implica el confinamiento del individuo, y se impuso esa misma cuantía, pero de prisión.
  • Se solicitan los tres años de Trabajo Correccional Sin Internamiento y finalmente se impusieron seis de privación de libertad.

Los defensores de este criterio exponen que mediante esta interpretación se evitan sanciones extremadamente benignas solicitadas por el fiscal y así se coadyuva a administrar justicia adecuadamente. Estimo que aunque puede que no le falte razón a este criterio, no hay que olvidar que aumentar el rol de la acusación produce sorpresa en quien se defiende  e inseguridad jurídica al articular su defensa. En otros ordenamientos jurídicos se admite la mediación entre defensor y fiscal donde se negocia incluso el límite máximo que se solicitará en juicio. Para evitar solicitudes inmerecidas deben colegiarse las decisiones de la fiscalía en lo referente a la pena a interesar. Lo contrario constituye una confusión institucional.  

 

Beneficio Incierto.

Lic. Miguel Iturria Medina

La Malversación como delito está instituida en muchos ordenamientos jurídicos. En nuestro caso se encuentra regulada en el artículo 336 del Código Penal y se corporifica cuando un individuo tome para sí o consienta que otro lo haga, bienes sobre los cuales tiene relación de administración, disponibilidad o custodia en razón de su desempeño laboral.

Esta figura delictiva está comprendida dentro de las denominadas defraudaciones y a pesar de estar incluida dentro del título de los delitos contra el patrimonio, por su repercusión y magnitud, es considerada como un tipo penal que lacera la economía nacional y el que más influencia negativa ejerce sobre ella.

En el artículo 336, se aplican diferentes respuestas penales de acuerdo al monto de lo defraudado. De tres a ocho años de privación de libertad, si la afectación económica está entre $ 1000 y $ 10000, de ocho a veinte cuando es más de $ 10000 y de seis meses a dos años o multa, cuando está por debajo de $ 1000. Las cuantías relacionadas están dispuestas en la Instrucción 165 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. El asunto se trata de responder con mayor severidad mientras más grande sea la defraudación al patrimonio estatal. A título personal comparto esta idea.

En el apartado 6to de este precepto se dispone un beneficio al reo que cito textualmente:

¨Si el culpable reintegra, antes de la celebración del juicio oral, los bienes apropiados, o mediante su gestión se logra dicho reintegro, el tribunal puede rebajar hasta en dos tercios el límite mínimo de la sanción que se señala en cada caso¨.

El propósito de este supuesto es claro, mediante está expectativa se estimula a quien cometa este tipo de delito a reintegrar lo defraudado con la esperanza de mejorar su situación procesal; pero este interesante apartado tiene un inconveniente práctico y es la utilización del término puede que lo convierte en una norma opcional o facultativa, pues luego del reintegro no viene el Tribunal obligado a otorgar el beneficio descrito. En nuestra práctica judicial esta última variante está sucediendo con frecuencia.

A mi modo de ver constituye un acto de deslealtad que se inste a alguien a entregar lo defraudado con la expectativa de mejorar su situación en el proceso para luego no recibir el beneficio esperado. Está norma jurídica debería ser preceptiva o vinculante para los foros de justicia, pues las sentencias no solo tienen repercusión en los implicados, sino en la sociedad y futuros infractores. Por ejemplo, si los involucrados en este tipo de asuntos conocen que el reintegro monetario no les traerá un beneficio seguro, seguramente no se inclinaran por esta variante; pero si se cumpliera con certeza, todo acusado cooperaría y sería, sin dudas, una forma de restituir el fruto de la corrupción a su lugar de origen.