Censura

5 kireniaLic. Kirenia Dominguez

Según el artículo 12 inciso f de la Constitución de la República, nuestro pueblo rechaza la violación del derecho irrenunciable y soberano de todo estado a regular el uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio, conforme a la práctica universal y a los convenios internacionales. Pero cuando hablamos de beneficios en sentido neto de la palabra, debemos entender que este no es más que el enriquecimiento que en todas las esferas de la sociedad adquiere un pueblo, no solo en temas vinculados con la cultura, sino también en lo económico, lo político y social.

Lo que no podemos confundir, son los términos de regulación del uso de las telecomunicaciones con la censura de las telecomunicaciones. Cuando ésta se considera como supresión de material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario para el gobierno o los medios de comunicación según lo determinado por un censor.

Desde el gobierno de Machado se clausuraron revistas y periódicos; la censura continuaría con la llegada de Fulgencio Batista. Lo interesante es que con el Triunfo de la Revolución Cubana donde se proclamó la libertad individual y la soberanía y autodeterminación de la nación, haciendo énfasis en la Constitución de la República de este derecho en su artículo 53, donde aclara que la libertad de expresión debe de estar conforme con los fines de la sociedad comunista, expresando también que todos los medios de comunicación y difusión masiva son de propiedad estatal.

El pueblo de Cuba no tiene acceso a libros, revistas u otro material impreso proveniente de otro país, sin la previa aprobación del gobierno cubano. Las penalizadas antenas parabólicas son consideradas una amenaza para la integridad de la sociedad cubana y la política

Internet es una utopía para la mayoría de los cubanos, sin contar que por mucho tiempo fuimos privados de la telefonía móvil.

Los periodistas que tratan de llevar al mundo la realidad de un país que añora gritar lo que realmente siente, aun cuando desconoce lo grandioso que es el universo de las telecomunicaciones, son considerados disidentes y en muchos casos sancionados por la ley cubana.

La censura ha crecido y se alimenta lo mismo de la letra de un rap que de la industria cinematográfica, la cual ya ha sufrido los embates de esta poderosa represión convirtiendo a un pueblo en un estereotipo inerte.

 

Defensor del Pueblo

3 hombre y justiciaLic. Alberto Fumero Batista

El Defensor del Pueblo (a veces nombrado con el término sueco Ombudsman, comisionado o representante), es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos ante abusos de los poderes políticos o legislativos de ese mismo Estado. Algunos autores defienden que “la Justicia de Aragón” es precursora del Defensor del Pueblo.

Hay controversias si procede de la Constitución Sueca que estableció dicha figura en 1809 para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial, o de la figura del Procurador o protector universal de todos los indígenas de las Indias de 1516. De su popularización sueca hace que en diversos idiomas se haga referencia a su nombre en sueco. En los países hispanohablantes se denomina comúnmente Defensor del Pueblo, mientras que en los países francófonos suele llamarse Médiateur de la République y en las regiones Síndic de Greuges. Algunos países también lo han titulado Defensor de los Ciudadanos.

Esta figura pública progresivamente se fue desarrollando por el viejo continente. En 1919 lo incorpora Finlandia. Será después de la Segunda Guerra Mundial que empieza a difundirse la institución: 1949 Israel, 1953 Dinamarca, 1962 Noruega, 1962 Nueva Zelanda, 1967 Gran Bretaña, 1973 Francia, 1974 Portugal, 1974 Italia, 1982 Holanda, 1986 Filipinas.

En la actualidad, doce Estados miembros de la Unión disponen de Defensores del Pueblo nacionales, mientras que dos ofrecen el derecho de petición en el ámbito nacional. Seis Estados miembros poseen Defensores regionales o comisiones de peticiones.

La figura del Defensor del Pueblo Europeo fue creada por el Tratado de Maastricht en 1995 para dirimir las reclamaciones relativas a la mala administración en la acción de las instituciones y los órganos de la Comunidad Europea.

De forma periódica, se celebran seminarios nacionales y regionales con el fin de debatir el Derecho comunitario y reforzar la colaboración entre todos los Defensores del Pueblo. Con el objetivo de reforzar las relaciones y de profundizar en la colaboración, el Defensor del Pueblo Europeo visita con frecuencia a los Defensores del Pueblo nacionales y regionales en todo el territorio de la Unión Europea. Las reclamaciones pueden proceder de cualquier ciudadano de la UE o de residentes, empresas y organizaciones con domicilio en un Estado miembro.

El Defensor del Pueblo Europeo se interesa en investigar mala administración por conducta desleal, discriminación, abuso de poder, omisión de información o negativa a proporcionarla, retraso innecesario a procedimientos de cualquier institución, organismos, oficina o agencia perteneciente a la Unión.

A partir de su incorporación en la Constitución Española de 1978, empieza en Latinoamérica un proceso de rápida incorporación de la institución, especialmente en la década del 80 con las numerosas reformas constitucionales en la región (1979 Colombia, 1982 Costa Rica, 1982 Honduras, 1985 Guatemala, 1986 Brasil; 1992 Paraguay, 1994 Argentina).

Las instituciones del continente se agrupan en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, organización muy activa en la defensa de los derechos humanos, que publica anualmente un importante Informe sobre derechos humanos. También se agrupan algunos de ellos en el Consejo Andino de Defensores del Pueblo.

El Defensor del Pueblo en Cuba. Contribución de la A.J.C.

A juzgar por el prestigio internacional que ha alcanzado nuestro país en la protección de ciertos derechos humanos como la educación y la salud, en los que muestra indicadores que sorprenden para un país subdesarrollado, resulta una gran contradicción que una institución, con fines tan nobles como el Defensor del Pueblo, con tanto arraigo en el mundo y en la región, no esté reconocida en la legislación cubana como fiel salvaguarda de los derechos ciudadanos.

En nuestro país como en pocos, tendría esta institución resultados positivos en defensa de la población cubana, carente del empoderamiento necesario para luchar contra la corrupción, el burocratismo y la secretividad o falta de transparencia de los poderes públicos que les afecta cada día.

Por ello, me atrevería a proponer que la Asociación Jurídica Cubana pudiera servir de complemento para apoyar al estado en la lucha contra estos males, dada la experiencia acumulada en la atención a los ciudadanos y a la estructura que ha ido creando a lo largo y ancho de todo el país, con profesionales capaces de cumplir con tales expectativas.

 

El fenómeno de la doble ciudadanía en Cuba

2 egar dobleLic. Egar Luis Arozarena Gómez

Hace poco tiempo escuché a un conocido decir que estaba en trámites de obtener la ciudadanía española. Hoy en día son muchas las personas que realizan trámites similares, valiéndose de falsos o reales parentescos de forma tal que el resultado sea la obtención de un Pasaporte español.

Estas personas, en la gran mayoría de los casos, ostentan una doble ciudadanía contraria a lo refrendado en el Artículo 32 de nuestra Constitución, que prohíbe la doble ciudadanía, y en caso de adquirir una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana, para lo cual existe un procedimiento establecido en la ley y las autoridades para decidirlo.

¿En la práctica se cumple esto?, me atrevo a asegurar que no, pues son muchas las personas que hoy ostentan doble ciudadanía, lo mismo española, panameña, mexicana, etcétera.

Igualmente se da otro fenómeno en nuestra sociedad; mujeres que tienen relaciones con ciudadanos extranjeros, llegando a tener hijos con estos con el objetivo de que sus hijos adquieran la ciudadanía de origen del padre y así obtener ciertos derechos que las leyes de estos países otorgan a sus ciudadanos y a los hijos de estos.

La doble ciudadanía en Cuba se ha vuelto un fenómeno cada vez más común entre la población, motivado aún más por los beneficios económicos que pudiera traerle a quien la ostente que por un sentimiento por ese segundo país, pero al parecer las autoridades cubanas no han tomado cartas en el asunto. Aunque la Constitución es clara en cuanto a esto, aun así se sigue violando.

 

Desarrollo del contrato en Cuba

1 contratos

Lic. Andrea López

La Contratación en nuestros días suele ser un tema en muchos aspectos controversial. La apertura a otros horizontes comerciales, y porque no, al mercado internacional, nos ha hecho situarnos en nuestra realidad jurídica y económica en materia contractual. Tal vez pueda no gustarnos el sistema de contratación o puede simplemente parecernos atrasado o con una gran dosis de falta de objetividad comercial, pero debemos ir un poco más a fondo y definir específicamente los principales problemas que enfrenta el contrato en nuestros días.

Debemos empezar por valorar las cláusulas abusivas en las que se obliga a una de las partes, como en muchos casos sucede, a someterse a condiciones gravosas o desproporcionadas y que sean el resultado de una imposición de la otra parte derivada de su posicionamiento privilegiado en la relación contractual. Podemos enumerar otras como:

  • El Objeto no está lo suficientemente bien definido y claro o no establece el alcance de las obras a ejecutar.
  • Falta en la formalidad de la delegación para la firma de contratos.
  • Ausencia de cláusulas referidas a la vigencia, sin que conste fecha de su firma.
  • Falta del contenido relacionado con las conciliaciones, reclamaciones o sanciones pecuniarias, garantía para su ejecución, o de las vías para resarcirse por daños o perjuicios como consecuencia del incumpliendo de las obligaciones que se pactan, además de muchos no referir las vías de aviso, cuestión vital en el momento de enfrentar algún imprevisto que afecte la relación contractual.
  • Falta del debido asesoramiento técnico-jurídico en materia de contratación
  • No se aprecia un control eficiente sobre la ejecución de lo pactado por parte de los organismos.
  • Contratos desactualizados al no contener anexos sus respectivos suplementos.
  • Se especifica la descripción de los productos, precios fijados y las locaciones o lugar para la entrega convenida y consignada, pero no anexa al contrato
  • Inexistencia de un plazo obligatorio de la oferta que coloca al cliente en desventaja, influye en ello causas objetivas y subjetivas del mercado, todo a consecuencia de Prestatarios y suministradores únicos.

Estas son solo algunas de las muchas debilidades que enfrenta el contrato como elemento esencial y garante de la legalidad en materia comercial, pues no se valora aún esta institución del derecho como indispensable para la materialización de las relaciones económicas. A la vez que se llegue a convertirse en una herramienta de control para las relaciones inter-empresariales que en nuestro Sistema económico se manifiesta bastante desfavorable y poco rentable.

Los servicios legales de los bufetes cubanos: la “colectivización” innecesaria del ejercicio de la abogacía

´CP2-2-oppor Regino Gayoso Rosabal

(Publicación aparecida en Cuba Posible)

Los servicios públicos que brinda la administración cubana están, en la práctica, bien diferenciados y clasificados. Como hemos dicho en artículos anteriores, dicha conceptualización podría ser
oportunamente replanteada según las exigencias de las nuevas circunstancias y los desafíos que plantea la revisión del modelo socio económico cubano. Dentro de los servicios legales brindados por el Estado, el ejercicio de la abogacía resulta una “rara avis”, debido a la forma en que se presta y a su aparente desconexión de la concentración sobre la gestión administrativa que el Estado cubano ha mantenido durante más de 50 años.
La paulatina desregulación de algunas actividades estatales y el paso de las mismas a manos de actores individuales, crean el marco propicio para reflexionar sobre este servicio desde otra mirada,
pues impacta profundamente en la percepción que la sociedad tiene de su sistema político.
El 23 de junio de 1973, el Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó la Ley 1250 -Ley de la Organización del Sistema Judicial-, mediante la cual pone fin al ejercicio privado de la abogacía en el país y comienza, bajo la égida de una nueva organización –la Organización de Bufete–, lo que representó la colectivización injustificada de un servicio público que, por su naturaleza, funciona de forma individual.
Hasta el año 1974 aproximadamente se mantuvieron en activo abogados que continuaban ejerciendo el Derecho de la forma antes mencionada, coexistiendo con la nueva organización. Estos, finalmente, fueron absorbidos cuando a tenor de la institucionalización del país se dicta, en el año 1984, el Decreto Ley 81 “Sobre el Ejercicio de la Abogacía y los Bufetes Colectivos”, que trajo como consecuencia la prestación colectiva del servicio.
La idea de la justicia social preconizada por la Revolución triunfante se encontraba ampliamente reflejada en las leyes que, una tras otra, demolían las bases sociales, económicas y legales del anterior régimen, consagrando en ellas el acceso igualitario a la justicia de todos los ciudadanos, sin distinción de raza, credo religioso, género o condición económica. Ese nuevo ordenamiento jurídico comenzaba a constituir el marco dentro del cual el abogado debía prestar el servicio.

Por otro lado, en todo servicio, de carácter público, la relación con el ciudadano y la satisfacción de sus necesidades constituye la piedra angular sobre la que se sustenta la actividad administrativa.
También en el ejercicio de la abogacía es así, con una diferencia: la exclusividad que expresa la relación abogado-cliente no existe en´ninguna otra oferta de servicios que brinda el Estado. La representación legal, a diferencia de la masividad inherente al resto de las ofertas que brinda la administración, resulta exclusiva y excluyente.
Ningún servicio jurídico contratado por un cliente se parece a otro, y el agente que los brinda puede ser seleccionado por el destinatario. Esto ya marca una diferencia.

II
Estructuralmente, los Bufetes Colectivos están dirigidos por una Junta Administrativa y tienen la categoría de Organización No Gubernamental. La Junta recolecta y redistribuye las utilidades que
los bufetes recaudan bajo su dirección, establece el precio de cada proceso mediante tarifas establecidas centralizadamente, y debe crear las condiciones materiales que permiten desenvolver, con determinada eficiencia, la prestación contratada.
A pesar de que la sociedad cubana se ha estratificado económicamente –hecho reconocido por la más alta dirigencia del país–, las tarifas del servicio se han mantenido dentro del mismo rango para
todos los usuarios. En tanto, un ciudadano cuyo desenvolvimiento patrimonial es superior paga, por un mismo servicio, igual cantidad de dinero que otro no vinculado a actividades lucrativas.
La inmovilidad de esta política evidencia que la Organización de Bufetes colegia con la administración central del Estado el monto y rango de las tarifas. Esto imposibilita a quien presta el servicio, negociar libremente el monto de las tarifas, según las posibilidades económicas del cliente. Esta proyección igualitarista constituye un mensaje que confunde el acceso igualitario a la justicia, garantizado constitucionalmente, y es, además, un claro indicativo de que la colectivización es sinónimo de centralización y el carácter no gubernamental de la organización es solo formal.
Entonces las preguntas podrían ser: ¿cuál es la ventaja para la Administración Pública: mantener como colectivo un servicio que, en la práctica, sus agentes pueden también brindar de forma independiente?
¿Por qué no pueden coexistir los Bufetes Colectivos con la opción independiente del servicio, si la finalidad de ambos es satisfacer las necesidades de la ciudadanía (razón esencial de la administración pública)?

Una de las desventajas de mantener esta centralización –o colectivización– tiene que ver con un rasgo que define a los Estados (con independencia de su sistema socio político): el impuesto. En tal sentido, independizar el ejercicio legal en favor de particulares generaría para la administración impuestos por cada profesional que solicitara licencia para ello. Además, sobre el patrimonio de cada abogado independiente recaería la responsabilidad de procurar los medios materiales necesarios para brindar el servicio, relevando a la organización de ese complicado gravamen. Por otra parte, el mapa de los servicios se ampliaría considerablemente, pues además de los
bufetes ya establecidos, aparecerían muchos otros –unipersonales o asociados–, a los que la población pudiera acudir con libertad. Otro de los rasgos que tiene que tipificar al servicio es la calidad.
Por ende, la disímil cualificación y la eficacia entre los actores independientes, y entre estos y los servicios centralizados por el Estado, seguramente redundará en la mejoría de ambos. En tal caso,
la gran triunfadora sería la sociedad, que vería multiplicadas las opciones de recibir la representación legal de su preferencia con la calidad deseada y el precio ajustado a su poder adquisitivo.
A esta novedad podríamos incorporarle, además, la posibilidad de que los recién graduados de las facultades de Derecho puedan realizar prácticas del ejercicio bajo la tutela de abogados independientes. Estos, por supuesto, les pagarían un salario, de acuerdo a las normas vigentes, a la condición de practicante o hasta por el ejercicio fijo de su profesión. Otras ventajas pudieran ser enumeradas. Sin embargo, considero que resulta de absoluta necesidad y justicia aclarar que el Estado cubano cuenta con suficientes medios para proteger a los sectores más vulnerables, de insolvencia no punible, que ya tienen garantizado el acceso igualitario a los servicios legales,
para que puedan recibirlo de manera gratuita. Así funciona en muchas partes del mundo: la calidad de la representación gratuita es controlada por los jueces, quienes en caso de desidia por parte del
profesional, lo informan a las organizaciones correspondientes, con el propósito de garantizar la calidad de la representación.
El ejercicio colectivo de la abogacía correspondió a la necesidad de un control político sobre el Derecho. No obstante, la estrategia de perfeccionamiento del sistema socio-político cubano transita, necesariamente, por la esfera de los servicios que brinda la administración pública, y se convertirán en la expresión externa y visible de dichos cambios. El ejercicio independiente del Derecho tampoco se opone al socialismo; por el contrario, puede fortalecer su capacidad de respuesta y su eficacia. Por otra parte, resultaría muy sencillo hacerlo, pues la transformación y el desarrollo de los servicios de representación legal no necesitan de un mercado mayorista, ni del cambio de moneda, porque se materializa en el mercado de las ideas profesionales que diseñan la sociedad.

Lo que nos falta

libros de textoLic. Yasmany Orges Lugo.

Desde que se comienza la Licenciatura en Derecho, y para su propia actualización, el jurista requiere obligatoriamente el estudio de las leyes. Estas son normas jurídicas dictadas por el legislador en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y su incumplimiento trae como consecuencia una sanción, por tanto tiene un carácter imperativo – atributivo, o sea, una parte que somete y una que obedece.

Desde el primer año de estudios nuestros profesores nos dicen que las leyes no se memorizan, solo se tiene el conocimiento de ellas y son para husmearlas; esto es cien por ciento cierto, ya que son un sinnúmero de Leyes, Resoluciones, Decretos… y cada una posee Titulo, Capítulos y Artículos lo cual hace imposible memorizar cada uno. Se hace necesario acceder a todas las leyes que nos sirvan para el trabajo frecuente y para el estudio. ¿Pero cuentan los abogados con la facilidad para obtener estas?

La realidad es que la mayoría de nosotros pasamos muchas dificultades para tener al alcance estos medios; frecuentemente por su falta, tenemos que sacarle copias en medios de impresión desgastados donde la calidad del documento se ve afectada. Por otro lado cuando se logra gestionar la compra de alguna edición legislativa, se llega a pedir por esta un alto precio, pues para acceder a esta compra hay que recurrir a los particulares u obtenerlas en soporte digital; pero no todos los abogados pueden disponer de una computadora.

Estas razones son chocantes en el desenvolvimiento del trabajo, muchas veces tenemos que pedir legislaciones prestadas o pagar por ellas.

En el orden pedagógico también afecta, pues en muchas asignaturas se evidencia falta de materiales de estudio, obligando a los estudiantes a ingeniárselas para acceder a una bibliografía certificada.

Una reflexión sobre el tema, por su negativa incidencia en la preparación de los actuales y futuros operadores del Derecho, en pos de eliminar aquello que nos falta.

 

Legislación o Legislaciones

ppios gralesTania Pérez Torres

El capítulo VI de la Constitución, establece en su artículo 41, que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes, pero, ¿existe la igualdad y los derechos en la Cuba de hoy? ¿Dónde se encuentran?, ¿Por qué de eso no se habla? ¿Por qué nuestro país tiene dispersión legislativa?, tantas son las interrogantes, que no alcanza para un libro; pero lo cierto es que provocan deficiencia en materia de derecho, por la duplicidad de normas.

Además, la carencia de una confección sistémica en el conjunto de disposiciones que conforman nuestra legislación provoca deficiencia, la inexistencia de una norma única para las indisciplinas, la falta de equilibrio en el tratamiento de contravenciones similares en leyes distintas, falta de justeza en la solución de los recursos interpuestos, al ser el superior de quien impone la multa quien conoce de la inconformidad, esos son los derechos por los que abogan en un república donde hay inexistencia de mecanismo legales para enmendar las violaciones procesales.

La imposibilidad que las personas naturales tenemos ante estas situaciones conllevan una meditación sobre “El desconocimiento de la Ley no nos exonera de su cumplimiento”. Si el Estado no me capacita, y se dificulta hasta la compra de la Constitución, ¿de qué forma aprendo sobre derecho y deberes? Somos una población que vive con carencia de principios generales del derecho, y anhelamos el tratamiento para ser los cubanos de estos tiempos.

 

El respeto a la Ley de Asociaciones

nuevo logoLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociación en la legislación cubana es un precedente de la época colonial, la Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo de acuerdo a sus proyecciones, con satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no solo es un medio indispensable y común de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación tenga límites en su alcance; lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados, preocupados de regularle de una manera democrática.

No obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el ejercicio del derecho de asociarse que desea el ciudadano cubano, y que se encuentra refrendado en la Constitución de la República de Cuba (artículo 9 en relación al 54).

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hicieron necesario la modificación del sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante que tienen algunos ciudadanos para asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la que lejos de resultar un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo que presenta tantos vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por nuestros trabajadores manuales e intelectuales y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, lo cual es un derecho constitucional, pero el tiempo pasa y las condiciones y exigencias del ser humano son cada día más mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales son un elemento integrante de la sociedad civil, y ésta a la vez resulta un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como el de la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

¿Por qué cerrarnos las puertas a este derecho?, ¿A qué teme el Estado?

Se ha advertido que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma. Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde las anteriores legislaciones estuvo previsto cancelar aquellas asociaciones que no cumplieran sus objetivos en beneficio de la sociedad, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida de gobierno equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir. Entonces vale preguntarse cuál es el argumento del Estado para no autorizar la referida Asociación que pretenden formalizar los juristas interesados, sí tenemos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene ánimo de lucro, pues persigue objetivos sociales al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

“El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, ¿Resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente?

Y es que si de respeto se trata no valen los argumentos.

 

No asfixiemos las Cooperativas

reciclajeLic. Moraima Leyva Pérez

Tanto la Constitución de la República, como el Código Civil, reconocen la propiedad cooperativa dentro de las principales formas de propiedad sobre los medios de producción.

Me referiré a las creadas de manera experimental, en sectores no agropecuarios, como parte del proceso de actualización del modelo económico cubano, reguladas en el Decreto-Ley 305 de 2012.

Estas personas jurídicas contribuyen a liberar al Estado de su responsabilidad sobre determinadas actividades de producción y servicios que requieren un nivel de independencia y autonomía y constituyen un mecanismo de apoyo a la satisfacción de necesidades económicas y sociales en su territorio, en correspondencia con su objeto social aprobado en el marco de las regulaciones vigentes.

Sin embargo, resulta contradictorio que por una parte el Estado esté protegiendo el impulso de estas entidades económicas y que por otro, los organismos e instituciones del estado, pongan obstáculos a su desarrollo, por desconfianza infundada.

Pongamos un ejemplo: la única cooperativa no agropecuaria de reciclaje de la provincia Holguín, radica en el municipio de Antilla, su objeto social consiste en la recuperación de desechos a las entidades de dicho territorio y posterior venta a la Empresa de Recuperación de Materias Primas, con la que tiene pactado un plan de entregas como encargo estatal. Muchos son los escollos que sus socios han tenido que afrontar, partiendo de la negativa de las fuentes generadoras a la venta de sus desechos reciclables, pues: “mi organismo no me ha autorizado a negociar con una cooperativa”. Es una actividad novedosa en el país y el desconocimiento del tema puede acarrear incertidumbre. No es menos cierto que históricamente las Cooperativas en Cuba se prestaron para actividades indebidas, bajo un aparente régimen de legitimidad. Pero la ley faculta a las entidades estatales a relacionarse con estas a través de contratos, convenios y otras actividades lícitas; no puede entonces un jefe de un organismo de la administración central del Estado oponerse a que se cumpla con las políticas y normativas que se dictan o corremos el riesgo de asfixiar de antemano este nuevo modelo de gestión que puede resultar eficiente y provechoso para el desarrollo económico del país.

 

¿Bloqueo o bloqueos?

peligroMsC. Magela Acosta

El pasado 21 de abril del presente año, en ocasión de la visita a la República de Cuba del Presidente de Estados Unidos Americanos los presidentes de los Estados mencionados ofrecieron declaración a la prensa nacional e internacional; el Presidente Castro expresó: El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo Cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales.

Luego el Sr. Presidente Barack Obama, afirmó: El destino de Cuba no va a ser decidido ni por Estados Unidos ni por otra nación, el futuro de Cuba – es soberana y tiene todo el derecho de tener el orgullo que tiene – será decidido por los cubanos y por nadie más.

Pero, ¿qué ocurrirá cuando el bloqueo al que se refirió el Sr. Castro deje de ser un obstáculo para el desarrollo económico y el bienestar del pueblo Cubano?; ¿quién terminará con el bloqueo interno existente al cual el Sr. Castro no hizo alusión?

Si es cierto que el bloqueo al que está sometido el Estado Cubano es un impedimento para el desarrollo social, económico, científico y técnico del país, donde el mayor afectado es el pueblo, qué decir del bloqueo interno que causa tal o mayor afectación al pueblo de Cuba. Y ejemplos de este bloqueo podemos citar muchos.

Cuando un ciudadano se dirige a un centro de salud a cualquier nivel y no le dan la atención que por derecho constitucional le pertenece de forma gratuita, desde el trato adecuado e inmediato hasta la práctica de cualquier examen, o cuando dicen que no existe tal o mas cual recurso o que el medicamento se agotó. Aludiendo siempre a que es culpa del bloqueo; pero si la persona afectada sabe dónde y cómo reclamar sus derechos, enseguida aparece; y si por necesidad o casualidad tienes que demorarte en el lugar verás como para ciertos ciudadanos amigos o recomendados no tienen ni que esperar la cola y mucho menos la excusa del no hay o se agotó.

En el sector del comercio, cuando a todos no les llega en el mismo tiempo la canasta básica, ni con la calidad requerida e incluso ni siquiera los productos asignados. En las entidades de la Administración Pública, donde un sencillo trámite, que por la norma jurídica debe quedar resuelto en treinta días, en la mayoría de los casos se demora hasta ciento ochenta días (por mencionar un término). O en una estación de la PNR, al ejercer el derecho ciudadano de formular denuncia ante el agente del orden, hay que esperar horas ya que en un número alto de casos, el trato no es diferenciado con el de otro ciudadano infractor de la Ley.

Son tantos los ejemplos de bloqueo que golpean al pueblo de Cuba que es imposible citarlos todos, y al final convergen en la ya famosa frase: la culpa es del bloqueo impuesto por los americanos contra el pueblo de Cuba.

Ahora, cuando se han dado grandes pasos para la normalización de las relaciones entre ambos países, es el momento propicio que nuestro gobierno comience a tomar medidas, ya sea de índole administrativa o legislativa que corten definitivamente con esta enfermedad que no se adquiere, ni se importa y mucho menos se impone por ningún otro estado ajeno, y sí viene dañando al pueblo por varias décadas.

Podría afirmarse que el pueblo cubano quiere y anhela que muera el bloqueo, pero, ¿Cuál enterramos primero?

AJC, Cuba, Bloqueo, embargo, ciudadano