ALGUNAS REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN CUBANA

Por Raudiel F. Peña Barrios  (Tomado de Boletín Cubaposible, octubre 2016)

“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a dignidad plena del hombre.” José Martí

Confieso que estas breves líneas salen a la luz pública a destiempo. Debieron haber sido redactadas con anterioridad al 24 de febrero, día en que se conmemoraron los cuarenta años de la adopción de nuestra actual Carta Magna. Dicho aniversario pasó casi desapercibido en los medios de prensa nacionales — un par de spots en la televisión nacional y alguna que otra mención noticiosa—, pero nada de grandes editoriales (tan comunes en otros temas), cuando debió haber sido una oportunidad de lujo para divulgar más los contenidos constitucionales; algo a lo que nuestro país está abocado. Hoy, que a menudo se nos recuerda que se avecina, o bien la adopción de un nuevo texto constitucional o la reforma del vigente, parece oportuno hacer una breve revisión sobre algunas cuestiones con vistas al futuro. Nuestra Constitución —adoptada en 1976 y reformada en 1978, 1992 y 2002— presenta falencias de índole normativa, que ponen en tela de juicio su eficacia como disposición normativa suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Estas falencias necesitan ser superadas una vez que se adopte el nuevo texto o se modifique el vigente, si queremos ser consecuentes con el discurso político que ha puesto énfasis en el necesario respeto de nuestra institucionalidad. El primer reto a superar en el futuro, y en mi opinión el fundamental, pasa por convertir (en la práctica) a la Constitución en disposición normativa de aplicación directa. Con esto quiero decir que se requiere que nuestros jueces, y en sentido general todos los operadores del Derecho, impulsen su uso y aplicación como una norma aplicable cotidianamente en la solución de las más diversas situaciones que se dan en el terreno de lo legal. Además, deberá impulsarse su empleo no como mera “norma de acompañamiento”, es decir, de conjunto con
otras leyes o disposiciones, sino resolviendo el asunto de que se trate únicamente con el empleo de aquella. En consonancia con esto, el texto del futuro requerirá del necesario reconocimiento de la supremacía constitucional como principio del ordenamiento jurídico y sistema político cubanos. Resulta conocida la no tan lejana y, a la vez, reiterada emisión de disposiciones normativas de diverso rango, que durante años mantuvieron su vigencia mientras violentaban postulados constitucionales. Reconocer a la Constitución como la cúspide de un conjunto armónico y coherente de normas jurídicas, estimula que sus contenidos no sean vulnerados desde el punto de vista normativo. Por otra parte, también será necesario saldar viejas deudas con el desarrollo de los contenidos de la Ley de leyes cubana. Luego de 1992 se remitió a la regulación mediante las correspondientes leyes especiales, de un conjunto de aspectos reconocidos en la Constitución. Veinticuatro años después esas “leyes de desarrollo”, como habitualmente se les llama, siguen sin ser adoptadas. Sirvan de ejemplo la remisión que hacen los artículos 53 y 55 actuales a disposiciones especiales para regular el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, así como la libertad de culto, respectivamente. Hoy el ejercicio de los mismos está matizado por viejas prácticas político partidistas, que pautan todo lo relacionado con aquellos, mientras se mantiene sin cumplir el deber estatal de legislar al respecto. En consonancia con todo lo dicho hasta aquí, también se hace necesario perfeccionar los mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones normativas. La forma en que se ha venido implementando esta cuestión en Cuba, que ha sido mediante el control político previo que hace la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sobre las normativas emitidas por ella y por el resto de los órganos y organismos estatales, ha demostrado no ser del todo eficiente. Insertar al sistema de tribunales con el propósito de velar que las leyes, los decretos-leyes, los decretos, las resoluciones, no menoscaben derechos ciudadanos, parece como una solución atinada en este sentido. La implementación de salas judiciales ante las cuales la ciudadanía pueda exponer la vulneración de un derecho constitucionalmente reconocido, bien porque ha sido vulnerado mediante la emisión de alguna norma jurídica o por un actuar de la administración pública, es una posibilidad a tener en cuenta dada la potencial efectividad de este mecanismo. No menos importante resulta también la necesidad de insertar o reconocer algunos aspectos novedosos en nuestro contexto; ampliar el alcance de los derechos ciudadanos y rescatar del olvido un buen número de instituciones jurídicas. En el futuro de Cuba será necesario reconocer constitucionalmente un sistema claro para la recepción de los tratados internacionales, dada la importancia que tienen los mismos, sobre todo en materia de derechos humanos. Además, habrá que sistematizar de manera coherente los derechos y deberes constitucionales, así como las prerrogativas de los entes estatales y de la administración pública. Paralelamente, deberá ampliarse el alcance de los derechos civiles y políticos, redefiniendo, por ejemplo, los límites y el contenido de la rendición de cuentas y la revocatoria de mandato. También es necesario descentralizar más a favor de las estructuras locales de poder, en especial del municipio, como paso vital para favorecer la democratización de la vida pública, la participación política y el desarrollo económico. Por último, pero no menos importante, ratifico que la viabilidad y eficacia de las transformaciones expuestas en estas líneas, o cualquier otra idea que se pueda tener respecto al futuro constitucional de Cuba, pasa por fomentar una mayor cultura política y jurídica de los cubanos. Nadie se llame engaño: los niveles de conocimiento que tiene hoy una buena parte de la población respecto a los contenidos constitucionales, pone en tela de juicio la exigibilidad de aquellos. De ahí que fomentar desde los medios de comunicación, las instituciones educativas y culturales, las organizaciones sociales, de masas y políticas, entre otras instituciones, el conocimiento crítico y profundo de nuestra Ley de leyes, resulta de carácter estratégico para el futuro del país.

El derecho a la salud

3-estetoLic. Kirenia Domínguez

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” según la definición presentada en 1948 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución.

El derecho a la salud es un derecho humano de segunda generación que todo Estado debe tener reconocido en su Carta Magna, pero a la vez, deben regularse en la misma las garantías para su cumplimiento, para no ser letra muerta. Pero, ¿qué pasa cuando no es del todo garantizado? No solo las redes de hospitales, policlínicos, centros profilácticos y de tratamientos especializados garantizan que la salud de las personas, en la extensión completa de la palabra, esté garantizada.

Recuerdo cuando comencé a trabajar como registradora interina de la propiedad en la Dirección Municipal de Justicia del pueblo que me vio nacer, Bahía Honda. Contaba con 28 años de edad y gozaba de un perfecto estado de salud. Mensualmente teníamos que dirigirnos a la capital provincial para recibir preparación pues no estábamos habilitados para desempeñar tan importante tarea.

La distancia a recorrer era kilométrica y no contábamos con transporte para trasladarnos, lo que nos obligaba a coger botella, como se dice en buen cubano, que equivale a pedir un aventón en la carretera. Durante esa travesía, que podía durar un día completo, estábamos expuestos a la lluvia y al intenso sol, puesto que el medio de transporte más común eran los camiones de carga.

Había que cumplir con el trabajo, aún a costa de nuestra propia vida, pues cada vez que nos aventurábamos a tal travesía, atravesando la cordillera que nos separaba de nuestro destino, nos encontrábamos expuestos al eminente peligro. Han transcurrido 10 años hasta la fecha. Hoy padezco de lupus eritematoso sistémico, enfermedad cuyo origen fue la exposición a la radiación ultravioleta a la que estuve expuesta durante las horas más fuertes del día en aquella autopista, tratando de llegar a casa.

Es interesante que nuestra Constitución reconoce en su artículo 49 que el Estado garantiza el derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo, mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

Si pudiera volver el tiempo hacia atrás y tuviera la experiencia acumulada por los años y el estudio, no hubiera sido tan disciplinada y responsable, como suelo ser cuando de cumplir con el deber se trata, pues cuando se pierde de manera irreversible ese bien tan preciado de la salud, como es mi caso, ni el Estado, ni todas las constituciones del mundo pueden resarcir del daño. Es aquí donde un derecho natural, que por ley debiéramos tener, cobra realmente el valor que para la humanidad tiene.

“El trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad”

1-karpati-gabor-1Lic. Egar Luis Arozarena Gómez

La frase que da título a este artículo está recogida en el artículo 45 de nuestra Constitución como franco reflejo del principio socialista “de cada quien su capacidad, a cada cual según su trabajo”, pero echemos un vistazo a cómo se cumple esto en nuestra sociedad hoy en día:

Por razones de trabajo visité un centro de producción, vinculado a un renglón exportable de nuestra economía, y me llamó poderosamente algo la atención que en un solo mes causaran baja del centro más de 70 trabajadores ¿la razón?, bajos salarios, descontento entre el colectivo con el sistema de pago implantado por la dirección de la Empresa.

¿Cómo es posible que en un sector como este, con un gran peso en la economía del país existan problemas de este tipo? Hombres y mujeres que trabajan durante 12 horas en cada turno de trabajo, llenos de grasa, polvo, bajo agua, sol o sereno, haya frío o calor y no obtengan un salario acorde a la actividad que realizan?.

En diferentes tribunas y de boca de más de uno de nuestros dirigentes he escuchado el llamamiento a la clase obrera a producir más. Hay que producir más, es la única forma de mejorar para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad cubana, pero no estoy de acuerdo con que a la clase trabajadora se le exija productividad y no se le estimule; no hablo de salarios sin respaldo productivo, sino de que se pague de acuerdo con la actividad que se realiza, pues da pena ver las condiciones en que la mayoría de estos obreros realizan su labor y la calidad de las meriendas y almuerzo que reciben.

Los que como yo, nacimos y crecimos en el campo y tenemos un familiar o un amigo que trabaja cortando caña, manejando un equipo agrícola o está vinculado a la industria azucarera, vivimos a diario este fenómeno y nos toca bien de cerca.

Es hora de acabar de poner en su lugar la famosa “pirámide invertida” y hacer culto a nuestra Ley Suprema como siempre quiso Martí, en aras de una sociedad cubana cada vez más justa.

 

Si de respeto se trata…

7 banLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociaciones en la legislación cubana es un precedente de la época colonial. La Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley que lo regulaba.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo humano de acuerdo a sus proyecciones, aspecto que además se transforma en satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no es solo un medio indispensable y común a toda la especie de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación pueda tener algún tipo de limitación en su alcance, y lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados que se han preocupado de regularle de una manera democrática.

Pero no obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el problema del ejercicio del derecho de asociaciones que realmente tiene el ciudadano, y que bien se encuentra refrendado en el artículo 9 en relación al 54 de la Constitución de la República de Cuba, nuestra ley magna.

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hizo necesario que se modificara el sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante de asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la cual lejos de ser un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo actual que presenta vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba, en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por los trabajadores y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, pero hasta ahí, el tiempo corre, las condiciones y las exigencias del ser humano son cada día mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales o asociaciones cubanas, como se les ha denominado en Cuba, son un elemento integrante de la sociedad civil, y a la vez, un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como lo es la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

Por qué cerrarnos las puertas a este derecho? A qué le teme el Estado?

De ahí que sabiamente se haya advertido también que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma.

Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde todas las anteriores legislaciones, estuvo previsto que se cancelaran asociaciones que no cumplieran sus objetivos sociales, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión ésta que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir, y entonces, ¿cuál es el argumento del Estado para no autorizar la ya referida Asociación que de manera disciplinada pretenden formalizar los juristas interesados? Tendremos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene fines de lucro; persigue exclusivamente objetivos sociales, al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

¿Para qué existe el control constitucional que ejerce el Estado, sino es para mantener el orden y la legalidad? y cito: “El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente… y es que si de respeto se trata no valen los argumentos…

 

El fenómeno de la doble ciudadanía en Cuba

2 egar dobleLic. Egar Luis Arozarena Gómez

Hace poco tiempo escuché a un conocido decir que estaba en trámites de obtener la ciudadanía española. Hoy en día son muchas las personas que realizan trámites similares, valiéndose de falsos o reales parentescos de forma tal que el resultado sea la obtención de un Pasaporte español.

Estas personas, en la gran mayoría de los casos, ostentan una doble ciudadanía contraria a lo refrendado en el Artículo 32 de nuestra Constitución, que prohíbe la doble ciudadanía, y en caso de adquirir una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana, para lo cual existe un procedimiento establecido en la ley y las autoridades para decidirlo.

¿En la práctica se cumple esto?, me atrevo a asegurar que no, pues son muchas las personas que hoy ostentan doble ciudadanía, lo mismo española, panameña, mexicana, etcétera.

Igualmente se da otro fenómeno en nuestra sociedad; mujeres que tienen relaciones con ciudadanos extranjeros, llegando a tener hijos con estos con el objetivo de que sus hijos adquieran la ciudadanía de origen del padre y así obtener ciertos derechos que las leyes de estos países otorgan a sus ciudadanos y a los hijos de estos.

La doble ciudadanía en Cuba se ha vuelto un fenómeno cada vez más común entre la población, motivado aún más por los beneficios económicos que pudiera traerle a quien la ostente que por un sentimiento por ese segundo país, pero al parecer las autoridades cubanas no han tomado cartas en el asunto. Aunque la Constitución es clara en cuanto a esto, aun así se sigue violando.

 

Legislación o Legislaciones

ppios gralesTania Pérez Torres

El capítulo VI de la Constitución, establece en su artículo 41, que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes, pero, ¿existe la igualdad y los derechos en la Cuba de hoy? ¿Dónde se encuentran?, ¿Por qué de eso no se habla? ¿Por qué nuestro país tiene dispersión legislativa?, tantas son las interrogantes, que no alcanza para un libro; pero lo cierto es que provocan deficiencia en materia de derecho, por la duplicidad de normas.

Además, la carencia de una confección sistémica en el conjunto de disposiciones que conforman nuestra legislación provoca deficiencia, la inexistencia de una norma única para las indisciplinas, la falta de equilibrio en el tratamiento de contravenciones similares en leyes distintas, falta de justeza en la solución de los recursos interpuestos, al ser el superior de quien impone la multa quien conoce de la inconformidad, esos son los derechos por los que abogan en un república donde hay inexistencia de mecanismo legales para enmendar las violaciones procesales.

La imposibilidad que las personas naturales tenemos ante estas situaciones conllevan una meditación sobre “El desconocimiento de la Ley no nos exonera de su cumplimiento”. Si el Estado no me capacita, y se dificulta hasta la compra de la Constitución, ¿de qué forma aprendo sobre derecho y deberes? Somos una población que vive con carencia de principios generales del derecho, y anhelamos el tratamiento para ser los cubanos de estos tiempos.

 

Indisciplinas contrarias a derecho

1 Trinidad 17Lic. Juan Álvarez del Rio

El Estado cubano pone énfasis en los Planes escolares y otros temas sociales que son divulgados por la televisión y la prensa escrita.

De igual forma existen normas jurídicas que imponen los intereses ciudadanos, pero son desconocidas por la mayoría de la población como la Constitución de la República de Cuba, el Código de Familia, el Código de la Niñez y la Juventud y el Código Penal, incluso presentados en Eventos Nacionales e Internacionales dirigidos a la protección de los niños, la desigualdad, la discriminación racial o de género, sin embargo vemos a diario el uso de la violencia y el irrespeto en muchas formas: música muy alta a cualquier hora, palabras obscenas en la vía pública incluyendo a niñas y niños.

Los artículos del 35 al 38 de la Constitución de la República, se dedican a la Familia, donde incluye los deberes de los padres hacia sus hijos a educarlos hasta formarlos como ciudadanos útiles.

En el Código de la niñez y la juventud de su artículo 82 al 87, y basados en la Constitución, rige que los padres deben de velar porque los hijos respeten a sus maestros, demás ciudadanos y a las autoridades.

En el Código Penal en su Título XI se sancionan severamente los delitos contra el Normal Desarrollo de las Relaciones sexuales, contra la Familia la infancia y la juventud, y en su Capítulo III los delitos contra el Normal Desarrollo de la Infancia y la juventud, tales como la Corrupción de Menores y Otros Actos Contrarios al Desarrollo del Menor.

Puede comprobarse en entrevistas realizadas por nuestra televisión y en lo que vemos diariamente que no todo esto se divulga y la población lo desconoce.

Para vivir con amor y cordialidad, el ciudadano debe estar impuesto de sus deberes y derechos.

 

La democracia también se ejercita

libertad1Alexis Piloto CabreroLic Alexis Piloto
Hace pocos días un viejo amigo me preguntó de manera sarcástica, qué pensaba sobre la democracia y si esta se podía ejercitar constantemente. Le conteste que identificar constantemente las diferencias es un ejercicio necesario e imprescindible en la democracia; que aunque haya polémica sobre un tema, no da el derecho a nadie de encontrarnos diferentes y mucho menos de separarnos de la sociedad, por el solo hecho de considerar que la crítica es útil para la acción conjunta, sin temer que otras consideraciones develen una notable diferencia ideológica. Con este preámbulo, le pregunté si era capaz de decirme dónde se recogía este derecho de cada ciudadano a expresar sus criterios, respondió fruñendo el ceño, entonces le expliqué que aunque pareciera contradictorio, el artículo 55 de la Constitución, define bien claro la libertad de conciencia, que no se asombrara de algo que hasta el momento no conocía y que lamentablemente muchas personas tampoco conocen. Al ver que nada le quedaba por decir, entre otras tantas cosas, concluí diciéndole que solo se construye un verdadero dialogo cuando se practica una democracia al límite exacto de lo que la ley dispone.

Recuperación de valores

Yanelis Ramírez CruzLic. Yanelis Ramírez Cruz
En todas las esferas de nuestra sociedad cubana se necesita recuperar aquellos valores perdidos, como la honradez y la honestidad entre otros. Pero como recuperamos todo esto. Qué honradez puede existir cuando no nos alcanza ni para comer. Cuando nuestros propios dirigentes no son honestos con el pueblo y ocultan la verdad económica, política y social.
Difícilmente podamos recuperar esos valores cuando nuestra Constitución es la primera que guarda todas las mentiras existentes de nuestra sociedad. Cuando existen familias enteras que se mantienen de favores, o viviendo agregados con otro familiares porque no tienen donde vivir. Cuando la esperanza es alguna misión a Venezuela, África u otro lugar que le pueda reportar alguna mejoría.
La honradez debe comenzar, no solo cambiando las leyes, sino cambiando la Constitución de la República que es de ahí de donde se derivan todas las demás leyes, y no al revés como lo han hecho hasta ahora.
Cuando pienso en la nueva generación me da lástima, ya que no conocen esos valores que pocos de nosotros conservamos aunque sea denunciando los males existentes, para ver si algún día alguien nos escucha.

La jerarquía piramidal de las leyes en Cuba

Ernesto Caballero Pérez

piramide

Anelis Marichal González, directora provincial de Planificación Física de la provincia de Camagüey apuesta por hacer tierra este principio básico del derecho que me enseñaron en la universidad en los tiempos de estudiante.

El grupo provincial de inmuebles de la provincia agramontina adoptó como acuerdo en el 2013, que no serán válidos los títulos de propiedad otorgados después del 2003 en la playa Santa Lucía, provincia de Camagüey, lo que se contradice con lo regulado en la ley general de la vivienda y cuantas disposiciones del instituto nacional de la vivienda que autorizaban la legalización de inmuebles sin distinción de una localidad en específico.

Contradictorio también con la Constitución de la república que define los derechos ciudadanos. Asimismo, no son válidas según este acuerdo, las licencias de construcción otorgadas por la unidad municipal inversionista de la vivienda. Hoy navegan en el mar de desolación un gran número de viviendas que no poseen status legal o peor todavía que sus propietarios no albergan esperanza de legalizar y actualizar su residencia como cualquier persona en el territorio nacional.

 

 

La democracia también se ejercita

democracia

1Alexis Piloto CabreroAlexis Piloto Cabrero

Hace pocos días un viejo amigo me preguntó de manera sarcástica, qué pensaba sobre la democracia y si esta se podía ejercitar constantemente. Le conteste que identificar constantemente las diferencias es un ejercicio necesario e imprescindible en la democracia; que aunque haya polémica sobre un tema, no da el derecho a nadie de encontrarnos diferentes y mucho menos de separarnos de la sociedad, por el solo hecho de considerar que la crítica es útil para la acción conjunta, sin temer que otras consideraciones develen una notable diferencia ideológica. Con este preámbulo, le pregunté si era capaz de decirme dónde se recogía este derecho de cada ciudadano a expresar sus criterios, respondió fruñendo el ceño, entonces le expliqué que aunque pareciera contradictorio, el artículo 55 de la Constitución, define bien claro la libertad de conciencia, que no se asombrara de algo que hasta el momento no conocía y que lamentablemente muchas personas tampoco conocen. Al ver que nada le quedaba por decir, entre otras tantas cosas, concluí diciéndole que solo se construye un verdadero dialogo cuando se practica una democracia al límite exacto de lo que la ley dispone.

Canales de la información

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Yanelis Ramírez CruzLic. Yanelis Ramírez Cruz

La Constitución de la República establece en su artículo 63 que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinente y en plazo adecuado, conforme a la ley. Y en su artículo 10 establece que todos los órganos del estado, sus dirigentes, funcionarios, empleados, actúan dentro de los límites de su competencia y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la sociedad.

Métodos que no resuelven nada. Nos encontramos en un país que estos canales de información y de solución de problemas son una manera de tener a la población en jaque y al final el problema continúa. De esto podemos poner varios ejemplos, pero ejemplificaremos uno.

La Fiscalía General de la República tiene en cada provincia y cada municipio del país una sede que le permite resolver el problema de cada localidad.

Cuando una persona tiene algún problema, el cual luego de ser canalizado continúa sin resolverse, puede presentar la queja en la fiscalía de la localidad. Esta entidad está en la obligación de dar respuesta con términos establecidos por ley. Términos que por lo general incumplen o no responden.

Al encontrarse la persona en la situación de no tener respuesta, emite la queja a la Fiscalía General de la República, que también tiene términos establecidos para resolver. Y por lo general la respuesta de este órgano es remitir el problema para la fiscalía donde primero fue a reclamar la persona y jamás recibió respuesta.

Con este ejemplo, como con todos los organismos de control y aun el Consejo de Estado, que jamás responde a las quejas. Los ciudadanos nos encontramos  en total indefensión a la hora de resolver nuestros asuntos legales  y al final se quedan sin resolver, siendo por lo general la población más sencilla la más afectada.