Legislación o Legislaciones

ppios gralesTania Pérez Torres

El capítulo VI de la Constitución, establece en su artículo 41, que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes, pero, ¿existe la igualdad y los derechos en la Cuba de hoy? ¿Dónde se encuentran?, ¿Por qué de eso no se habla? ¿Por qué nuestro país tiene dispersión legislativa?, tantas son las interrogantes, que no alcanza para un libro; pero lo cierto es que provocan deficiencia en materia de derecho, por la duplicidad de normas.

Además, la carencia de una confección sistémica en el conjunto de disposiciones que conforman nuestra legislación provoca deficiencia, la inexistencia de una norma única para las indisciplinas, la falta de equilibrio en el tratamiento de contravenciones similares en leyes distintas, falta de justeza en la solución de los recursos interpuestos, al ser el superior de quien impone la multa quien conoce de la inconformidad, esos son los derechos por los que abogan en un república donde hay inexistencia de mecanismo legales para enmendar las violaciones procesales.

La imposibilidad que las personas naturales tenemos ante estas situaciones conllevan una meditación sobre “El desconocimiento de la Ley no nos exonera de su cumplimiento”. Si el Estado no me capacita, y se dificulta hasta la compra de la Constitución, ¿de qué forma aprendo sobre derecho y deberes? Somos una población que vive con carencia de principios generales del derecho, y anhelamos el tratamiento para ser los cubanos de estos tiempos.

 

No asfixiemos las Cooperativas

reciclajeLic. Moraima Leyva Pérez

Tanto la Constitución de la República, como el Código Civil, reconocen la propiedad cooperativa dentro de las principales formas de propiedad sobre los medios de producción.

Me referiré a las creadas de manera experimental, en sectores no agropecuarios, como parte del proceso de actualización del modelo económico cubano, reguladas en el Decreto-Ley 305 de 2012.

Estas personas jurídicas contribuyen a liberar al Estado de su responsabilidad sobre determinadas actividades de producción y servicios que requieren un nivel de independencia y autonomía y constituyen un mecanismo de apoyo a la satisfacción de necesidades económicas y sociales en su territorio, en correspondencia con su objeto social aprobado en el marco de las regulaciones vigentes.

Sin embargo, resulta contradictorio que por una parte el Estado esté protegiendo el impulso de estas entidades económicas y que por otro, los organismos e instituciones del estado, pongan obstáculos a su desarrollo, por desconfianza infundada.

Pongamos un ejemplo: la única cooperativa no agropecuaria de reciclaje de la provincia Holguín, radica en el municipio de Antilla, su objeto social consiste en la recuperación de desechos a las entidades de dicho territorio y posterior venta a la Empresa de Recuperación de Materias Primas, con la que tiene pactado un plan de entregas como encargo estatal. Muchos son los escollos que sus socios han tenido que afrontar, partiendo de la negativa de las fuentes generadoras a la venta de sus desechos reciclables, pues: “mi organismo no me ha autorizado a negociar con una cooperativa”. Es una actividad novedosa en el país y el desconocimiento del tema puede acarrear incertidumbre. No es menos cierto que históricamente las Cooperativas en Cuba se prestaron para actividades indebidas, bajo un aparente régimen de legitimidad. Pero la ley faculta a las entidades estatales a relacionarse con estas a través de contratos, convenios y otras actividades lícitas; no puede entonces un jefe de un organismo de la administración central del Estado oponerse a que se cumpla con las políticas y normativas que se dictan o corremos el riesgo de asfixiar de antemano este nuevo modelo de gestión que puede resultar eficiente y provechoso para el desarrollo económico del país.

 

La administración de justicia y el modelo procesal cubano (I)

simbolos de justicia 1Lic. Andrea López

En el ámbito del derecho procesal es vasto el camino que al sistema jurídico cubano le queda por recorrer. Existen una serie de cuestiones que en la actualidad resultan complicadas de dilucidar para incorporar en nuestra ley procesal vigente. Ejemplo de estos avances es el Código de Procedimiento Federal argentino, uno de los últimos aprobados en la región, absolutamente acusatorio, donde limita extraordinariamente la posibilidad de los jueces de intervenir, o sea, un juez absolutamente adversarial que va a recoger los despojos del debate penal y consecuentemente con eso aplicará la ley.

Por otra parte, aun cuando esta tesis no sea muy popular en el ámbito de la abogacía, los jueces cubanos deben tener la posibilidad, sin que se pierda el papel de las partes, de poder buscar y calzar sus decisiones en algunos elementos que consideren necesarios, y que concrete esa certeza que debe primar en el proceso, y que sigue siendo una aspiración de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, pues aún existe un monopolio de la acusación por parte del Ministerio Fiscal. Esto acompañado indudablemente por una mayor presencia de la víctima, téngase en cuenta que la fiscalía carga una responsabilidad extraordinaria, a lo que se suma que las quejas de los insatisfechos se remiten precisamente a esta entidad.

Otro fundamento bien discutido y que aún cuando su naturaleza no es puramente procesal vale la pena discutirlo, es el de la forma de organizar los tribunales. Se discute por los operadores del derecho hoy en día hasta qué punto podemos implantar el modelo del jurado. Yo particularmente no estoy de acuerdo. El jurado es una institución judicial para nada novedosa, muy difundida en los países del sistema anglosajón; casi todos estos países cuando experimentaron su proceso revolucionario adoptaron este modelo visto como paradigmático y democrático a la hora de administrar justicia. Pero en muchos países se ha abandonado porque la división entre el juicio de hecho y el juicio de derecho en ocasiones entra en contradicción con la forma en la que se está acostumbrado a litigar.

El modelo de administración de justicia ha de ser aquel que mejor se adecue a las características socio-jurídicas de cada nación. Nuestro modelo de administración de justicia independientemente de que posee una organización que particularmente comparto, formado por jueces profesionales y jueces ciudadanos, no está exento de errores. Debe lograrse una igualdad entre las partes que conforman el proceso y la autonomía de los jueces para formar su juicio de valor a partir de la equidad entre la parte acusatoria y la defensa, no debe poseer condicionantes. Este es el camino hacia una justicia imparcial y libre de cuestionamiento.

 

Mi techo serán las estrellas

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Lic. Kirenia Dominguez

El derecho a la vivienda es un  derecho humano de segunda generación. Este se encuentra reconocido  en La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25.Esta no tiene fuerza vinculante, pero ha servido de colofón para la creación del los pactos internacionales que los reconocen y obligan a los estados signatarios a su total observancia, pues estos si tienen fuerza vinculante.
En el art Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales se reconoce que: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Hoy en día este derecho en nuestro país se convierte en algo muy difícil de lograr con todos los requisitos que la ley establece, puesto que vivienda se le suele llamar a cualquier cuartucho que albergue a toda una familia, en condiciones inhóspitas y de hacinamiento.
La realidad latente de una isla que a menudo se encuentra afectada por fenómenos climatológicos, ha traído consigo el deterioro del fondo habitacional de asentamientos completos, esto sumado a la escasez de recursos constructivos y a los pocos ingresos de los habitantes, ha traído consigo que muchas familias se encuentren en lugares que van en contra de lo pactado con relación a este derecho humano.
En este caso tenemos a Omar, poblador de El Morrillo, localidad del municipio Bahía Honda en Artemisa, quien desde el 2008 vive en una “facilidad temporal”, como se le suele llamar en nuestro país a la construcción, que como el nombre indica, paliaría por un breve período el problema de la vivienda que el ciclón Isidore cuando atravesó la isla, le derrumbó totalmente.
Hoy este anciano, combatiente de guerras internacionalistas, vive en un estado constructivo crítico y al ser entrevistado está convencido de que, en lo que le queda por vivir, su techo serán las estrellas.

El estado peligroso

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Lic. Jorge Luis González

Los principios en Derecho son enunciados que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en una situación determinada. En el ámbito del Derecho Penal estos principios imponen barreras de tal manera que la pauta a seguir no afecte el Estado de Derecho.
El Principio de Legalidad es el eje sobre el que ha de girar el derecho penal en el Estado de Derecho. Fue creado por Paul Johann Anselm Von Feuerbach  bajo la expresión latina nullum crimen, nulla poena sine lege previa  lo que significa literalmente no hay delito ni pena sin ley previa. Este principio está reconocido en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, proclamada en 1789, que en su artículo 8 disponía: “La ley no puede establecer mas que penas estrictas y evidentemente necesarias y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada”. Por esta vía, el principio de la legalidad de los delitos y las penas pasó a formar parte de las Constituciones y Códigos que fueron después aprobados.
Este principio ha sido refrendado en la Constitución cubana en el artículo 59 : “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen”. El Código Penal Cubano al establecer el Principio de Legalidad lo hace de manera más precisa recogiendo las distintas variantes del mismo quedando redactado en el artículo 2, que postula que solo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión y proscribe la imposición de penas que no se encuentren establecidas en ley anterior al acto punible.
El artículo 72 del Código Penal establece el Estado Peligroso y lo define como “… especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” Los artículos 73.1 y 2 regulan los índices de peligrosidad, que son la embriaguez habitual y la dipsomanía, la narcomanía y la conducta antisocial. Este mismo cuerpo legal prevé las medidas que se adoptarán con los declarados en estado peligroso en el artículo 78.El artículo 80.1 inciso a indica que se internará en un establecimiento especializado de trabajo o de estudio por un periodo de entre 1 y 4 años.
La peligrosidad social como categoría y las medidas que se adoptan con los declarados peligrosos constituyen una violación al Principio de Legalidad pues se le imponen sanciones a personas que no han cometido delito, a personas que en algunas ocasiones viven de remesas enviadas del extranjero y son considerados antisociales por no tener un centro de trabajo. El ya mencionado artículo 80.1 inciso a constituye materialmente privación de derechos, al internar a personas por un periodo de entre 1 y 4 años en los popularmente conocidos como “campamentos” .Los legisladores deberían analizar esta categoría que en mi modesta opinión, debe ser derogada.

¿QUIÉN PAGA?

images.duckduckgo.comLic. Egar Luis Arozarena Gómez

En reiteradas ocasiones y en distintos espacios se ha abordado en el complejo sistema económico cubano el tema de los Intermediarios, los cuales en la mayoría de los casos obtienen jugosas ganancias a costa de los productores o suministradores y los compradores.
Este caso es la cara opuesta de esa moneda, pero que a su vez ocasionó serias pérdidas a una entidad cuyo encargo estatal es sumamente importante para nuestra Economía.
A principios de año se efectuó en el Tribunal Provincial Popular de Artemisa, la vista Oral correspondiente a la demanda impuesta por la UEB Central Azucarero Harlem de Bahía Honda a la Empresa Eléctrica de Artemisa, radicada en el Expediente No. 60 de 2015 por el incumplimiento de pago de la Energía Eléctrica generada por la UEB Azucarera durante la zafra 2013 – 2014, la cual es entregada al Sistema Electro energético Nacional (SEN) y vendida a la Empresa eléctrica de Artemisa a través del Contrato No. 16/2013 que ampara dicho negocio jurídico.
Durante la vista se conoció que la parte demandada incumplió su obligación contractual debido a que, quien efectúa el pago de la electricidad generada en este y en los demás centrales azucareros del país es la Unión Nacional Eléctrica (UNE), quien ubica en una cuenta que tiene cada Empresa Eléctrica provincial con centrales azucareros en su territorio, el dinero para que se pague a estas industrias por la energía entregada.
Después de las correspondientes gestiones de cobro, dígase conciliaciones y reconocimientos de la deuda contraída, llamadas telefónicas, etc., la parte demandada informó que la UNE se negó a hacer efectivo el pago, pues las facturas debían ser modificadas según un nuevo procedimiento para su confección, el cual estaba sujeto a la variación mensual de un llamado Factor “K” que no es más que un coeficiente derivado de la fluctuación del precio del petróleo a nivel internacional en cada mes, y por ende, el precio de la energía no sería el mismo siempre, teniéndose que hacer facturas mensuales con la energía generada y no una factura única al finalizar la zafra como era usual hasta ese momento.
La Empresa eléctrica recibió, firmó y concilió la factura única entregada en su momento por la UEB Harlem, pero al trasladarla a la UNE para que efectuara el pago, esta se negó alegando el procedimiento ya mencionado, el cual nunca comunicó hasta ese momento a la Empresa Eléctrica para que fuera del conocimiento de los centrales.
Al no estar pactado esto último en el Contrato de compraventa de Energía Eléctrica concertado entre la Empresa Eléctrica de Artemisa y la UEB Central Azucarero Harlem, esta última reclama su cumplimiento según lo establecido en el contrato, y la Empresa Eléctrica alega que ellos solo son intermediarios en este proceso y la UNE, por su parte, no tiene ningún documento que la obligue a pagar si no se arreglan las facturas, cosa esta que representa aproximadamente una pérdida de 17 mil pesos para esta UEB Azucarera, puesto que de más de 39 mil pesos, vería reducido su importe a poco más de 21 mil pesos si se llegaba a modificar la factura en cuestión.
Con los elementos aportados por las partes, el Tribunal concluyó la Vista dejando claro que quien estaba siendo demandada no era más que otra víctima de nuestro ”Sistema de Contratación”, usado habilidosamente en favor de unos y en detrimento de otros.
Todavía no se conoce el fallo del Tribunal, pero quiero llamar la atención en las fallas que aún tenemos en el Sistema de Contratación, donde los intermediarios muchas veces se benefician, pero en otras se perjudican y al final quien pierde es la Economía, y volviendo al caso que nos ocupa, ¿Quién paga?

El Acoso en los Centros Laborales

6 eeLic. Juan Álvarez del Rio.

La Ley No. 62 del Código Penal Cubano de diciembre de 1987, establece en la Sección Quinta del Título XI, el Ultraje Sexual (artículo No. 303.1.a: el que acose a otro con requerimientos sexuales se sanciona con privación de libertad de tres meses a 1 año, o multa de cien a trescientas cuotas.)

El acoso no lleva la fuerza física, pero si presión psicológica, tratando de lograr un objetivo predeterminado.

En el Código Laboral Cubano, Ley No. 116 del 20 de Diciembre de 2013, en el artículo 147 no aparece ninguna figura, ni como violación de la disciplina, para el acoso, ya que este puede ser realizado por compañeros de trabajo o por Jefes superiores por relación del cargo; en el artículo No. 145 se plantea que los trabajadores deben cumplir con las normas de conducta y el Empleador velar por la integridad física, psicológica y el debido respeto a la dignidad de los mismos.

En el decreto Ley No. 196 del trabajo con los Cuadros, Dirigentes y Funcionarios del Estado y del Gobierno y el decreto Ley No. 197, ambos de fecha 15 de Octubre de 1999, los que fueron modificados por el Decreto Ley No. 251 del Primero de Agosto de 2007 tampoco aparece como violación de la disciplina el acoso laboral.

Este Acoso Laboral pudiera ser por parte de un superior, ya sea hombre o mujer, para obtener beneficio sexual de una persona que desea obtener un puesto de trabajo, un ascenso, mejor remuneración económica o mejores condiciones laborales. Muchas personas no denuncian hechos como estos por desconocimiento de sus derechos y falta de asesoramiento legal.

También pudiera ser que el Jefe o Jefa no permita a una persona que ocupe un cargo o una plaza para dársela a otra persona por relación de amistad u otro interés particular, a la cual entorpecería solicitándole documentos, suspendiéndole entrevistas, chequeos, etc., violando de forma grave los derechos de la persona, afectándola psicológicamente.

En diversos países existen regulaciones en sus códigos laborales y penales en contra de estas actitudes como son, Bélgica, Francia, Suecia, Noruega, Italia, etc.

Es necesario agregar al Código Laboral Cubano un artículo sobre el acoso laboral como infracción de la disciplina.

 

La legalidad de la ley y las fuentes del Derecho Penal

7 procedimiento penal,Yaima Pastor Blanco

Las fuentes del Derecho Penal constituyen un concepto jurídico que expresa una noción compleja; suscita la necesidad de elucidar si estas reclaman un tratamiento particular. ¿Pueden considerarse fuentes del derecho penal las categorías generales de normas comunes a otras ramas jurídicas? Si bien en otras ramas jurídicas el número de las fuentes ha sido objeto de discusión, en el derecho penal ha llegado a ser principio generalmente admitido que la única fuente que existe es la Ley, la cual asume una función delimitadora, por cuanto la aplicación del Derecho está en exacta correspondencia con los límites determinados por la ley.

Es de mucho interés especificar que en la rama jurídica penal, es lícito todo lo que la ley no prohíbe, resulta inadmisible la existencia de un terreno intermedio entre el actuar conforme a derecho, en el Derecho Penal solo existen dos campos por así decirlo: lo lícito o autorizado por la Ley, y lo ilícito o fuera de la ley. Su aplicación concreta se traduce en dos reglas muy conocidas en el derecho penal: 1) ningún hecho puede ser considerado delito sin que una ley anterior a su comisión lo haya previsto como tal, 2) no puede imponerse sanción penal que no esté prevista en una ley anterior a la aplicación de aquella.

Se resume diciendo que nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada: nullum crime, nulla poena sine lege; el principio de legalidad de los delitos y las penas en la esfera penal se halla previsto en el artículo 2 del Código Penal, guardando relación en el terreno procesal con el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal la cual dispone que no puede imponerse sanción sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la ley.

Este principio también posee rango constitucional por cuanto nuestra Constitución establece que nadie puede ser encausado ni condenado sino por el tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen, entonces podemos entender la relación de este principio con las diferentes esferas del Derecho. Quede claro que la ley penal más importante es el Código Penal, aunque dentro de esta categoría se hallan comprendidas otras leyes como la Ley de delitos militares o la Ley electoral, pero nunca se debe olvidar que el Código Penal es a ley más importante para el derecho penal, excluyendo la costumbre y la práctica judicial como fuentes del derecho, como también se excluye la analogía, pues no basta con la discusión de un caso penal no contenido en la ley.

Cuando no exista una norma aplicable de modo exacto y directo al caso sometido a la discusión judicial, este debe quedar exonerado de toda consecuencia jurídico-penal.

 

Ataquemos las causas y no las consecuencias

Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles

Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles

 

Lic. Yanelis Ramirez Cruz

Una vez más el tema combustible asoma a las puertas. El contexto internacional y sus consecuencias económicas para Cuba avizoran un año difícil. Por eso la máxima dirección del país ha tomado la decisión de reducir el plan de portadores energéticos a todos los organismos de la administración central del Estado, aun cuando ello conlleva bajar el nivel de actividad.

Esta medida presupone un mayor control en el uso eficiente del combustible diésel. Sin embargo en numerosas entidades estatales, la sustracción y desvío de combustible se ha convertido en algo con lo que convivimos a diario.

En Holguín circulan más de tres mil vehículos particulares, en tanto la venta a las personas naturales en los Servicentros de la provincia, no sobrepasa los 109 litros como promedio diario. Tal situación es conocida y denunciada en varios escenarios por las autoridades gubernamentales. Pero no se trata de divulgar, sino de acometer acciones.

Seríamos ilusos al pensar que un porteador privado para la transportación de pasajeros pagaría el precio de 1.10 CUC por litro, porque como decimos en buen cubano “no le daría la cuenta”. Entonces, ¿de dónde sale ese combustible sino de las entidades estatales? A partir de esta realidad, ¿qué mecanismos de control están empleando las administraciones para que el combustible no les sea robado? ¿Existe dolo o culpa en su actuar? ¿Acaso estamos esperando que se produzca el hecho extraordinario para separar del cargo a los implicados y llevarlos a la cárcel?

Debemos atacar las causas y no las consecuencias. Mientras el Estado no propicie que el combustible se adquiera a menor precio por los porteadores privados y a su vez cree los mecanismos de control para garantizar que se haga de modo oficial y en los lugares establecidos, el desvío va a continuar tal y como existe hoy bajo un “aparente régimen de legalidad”.

 

¿Quién le pone el cascabel?

4 musicMsC. Magela Acosta

La Ley No. 14 de 28 de diciembre de 1977, Ley sobre Derecho de Autor en su artículo 1 tiene por objeto: brindar la debida protección al derecho de autor en la República de Cuba, en armonía con los intereses, objetivos y principios de nuestra revolución socialista.

El derecho de autor regulado en esta Ley se refiere a las obras científicas, artísticas, literarias y educacionales de carácter original, que se hayan hecho o puedan hacerse de conocimiento público por cualquier medio lícito, cualesquiera que sea su forma de expresión, su contenido, valor o destino (Artículo 2).

Ahora, estamos hablando de una Ley que le brinda protección al autor de una obra y le concede ciertos derechos (Artículo 4) tales como:

a) Exigir que se reconozca la paternidad de su obra y, en especial, que se mencione su nombre o seudónimo cada vez que la misma sea utilizada en alguna de las formas previstas en esta Ley;

b) Defender la integridad de su obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación o modificación que se realice en ella sin su consentimiento;

c) Realizar o autorizar la publicación, la reproducción o la comunicación de su obra al público por cualquier medio lícito, bajo su propio nombre, bajo seudónimo o anónimamente;

d) Realizar o autorizar la traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra transformación de su obra;

e) Recibir una remuneración, en virtud del trabajo intelectual realizado, cuando su obra sea utilizada por otras personas naturales o jurídicas, dentro de los límites y condiciones de esta Ley y sus disposiciones complementarias así como cuantas otras disposiciones legales se establezcan sobre la materia.

En febrero de 2003 resultó necesario reglamentar el registro facultativo de obras protegidas y de los actos y contratos referidos al Derecho de autor, teniendo en cuenta que la creación y explotación de las obras a las cuales hace mención la precitada Ley 14, se estaban abriendo cada vez más hacia vías no contempladas anteriormente, por lo que se promulga la Resolución No.13 Reglamento del Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos Referidos al Derecho de Autor, de fecha 20 de febrero del 2003 del MINCUL, derogando la Resolución No. 2, de fecha 25 de octubre de 1993, del Director General del Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), modificando la denominación del Depósito Legal Facultativo de Obras Protegidas, nombrándolo Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos referidos al Derecho de Autor, adscrito al CENDA, considerado continuador legal por conservar sus funciones esenciales.

El artículo 2 de esta Resolución, plantea, entre otras cosas, que El acto de inscripción en el Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos referidos al Derecho de Autor, es facultativo y no contraviene el principio de la protección automática; por lo que los actos de inscripción y registro a que se hace referencia en este Reglamento, no son obligatorios, se rigen por el principio de voluntariedad del autor, ya que plantean que desde el momento en que una obra es conocida al público por un medio lícito, se considera “protegida”. El registro no crea derechos, solo es una prueba documental o garantía jurídica a presentar ante un litigio sobre el tema. Por lo que estamos en presencia de una controversia, y desde el punto de vista jurídico, el estado está dando paso a que se proliferen las Violaciones o Infracciones del Derecho de Autor y los Derechos Conexos; mucho más cuando en nuestra sociedad ha habido un alza considerable en el campo de las investigaciones y las creaciones en todos los ámbitos, sin obviar que estamos en presencia de una verdadera revolución cibernética, un arma poderosa para la comisión de delitos en esta materia para personas inescrupulosas.

Volviendo a la precitada Ley No. 14 de 28 de diciembre de 1977, sobre Derecho de Autor; el legislador destinó un capítulo con un solo artículo (capítulo 10, artículo 50) para normar las violaciones del derecho de autor. Me pregunto: ¿El legislador no le prestó la verdadera importancia que tiene la protección del derecho de autor y los derechos conexos? ¿O pensó emitir otra norma jurídica haciendo esta salvedad? mientras tanto, alguien sigue pensando qué hacer con la precitada ley.

Hoy día, la existente nos remite a la ley penal y ésta, en Cuba, solo se limita al DELITO DE FALSIFICACIÓN. No existen otros delitos de Derecho de Autor, lo que la hace inoperante; por lo que considero que una legislación carente de sanciones penales que reprima las infracciones derivadas del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, sería insubstancial; dejar desprotegidas las obras o cualquier actividad derivada del acto de la creación, sin ninguna duda va a conducir a situaciones negativas en la sociedad, como es el caso objetivo que presentan nuestros autores (sin hablar de los internacionales), los cuales sus obras están siendo pirateadas por personas amparadas en la Resolución No. 33 de 6 de septiembre de 2011, del MTSS, que establece el Reglamento del Ejercicio del Trabajo por cuenta propia; el estado lo autoriza con la expedición de una licencia de “Comprador Vendedor de Discos” a la venta indiscriminada de obras musicales y audiovisuales sin respeto a los derechos morales y patrimoniales que la legislación sobre derecho de autor dice proteger. Estos ciudadanos, protegidos por una norma jurídica, se dedican a piratear estos materiales burlando la legislación autoral, y lo más triste, nadie le pone el cascabel al gato y se siguen vulnerando los derechos autorales.

Esta situación continuará hasta tanto el Ministerio de Cultura no se pronuncie en la modificación de la legislación en materia de derecho de autor, que responda al desarrollo social actual; y la ley penal no incluya los delitos que afectan los derechos de autor y los derechos conexos con precisión.

 

 

Las unidades empresariales de base (UEB)en la resolución de conflictos ante las salas de justicia (I)

case-law-677940_960_720Lic. Andrea López
Este es un tema muy llevado y discutido en el tráfico comercial nacional, si se tiene en cuenta que no todas las UEB poseen igual significado, en la práctica encontramos algunas con una estructura compleja desde el punto de vista empresarial, que pueden manejan un valor económico y un número de trabajadores considerable, pueden tener incluso otras unidades subordinadas ejercen funciones de fiscalización y control; a esto se suman las facultades que se le otorgan para realizar acciones propias de la empresa como lo es la concertación de contratos.
Válido es traer a colación a propósito del tema, la disposición especial 3ra del Decreto Ley 304 y el art.751 inciso a de la Ley de Procedimiento para fundamentar un poco el acceso de estas unidades siempre que claramente lo tengan autorizado por la empresa, que es la que ostenta la personalidad jurídica para acudir a las salas de justicia del Tribunal competente. Referido a esto, nuestro sistema empresarial y jurídico enfrenta una controversia, pues se ha discutido hasta qué punto están legitimadas estas Unidades para comparecer y si poseen la capacidad legal para hacerlo a nombre y representación propia. Respecto a esto la Sentencia No.152 del Tribunal Supremo del año 2002, acusa infringido precisamente este artículo 751 inciso a) de la Ley de Trámites, defendiendo el criterio que las UEB no pueden comparecer por sí ante las salas de Tribunal si no es en representación de la Empresa y la sentencia No. 44 en este caso del propio año que desestima la falta de legitimación de una UEB para comparecer ante Tribunal, basada en que tal autorización había sido otorgada por la empresa correspondiente.
Hay que tener especial cuidado con esto, pues se han encontrado casos en que la empresa puede utilizarlo en su favor, autorizando ala UEB solamente a suscribir el contrato, aún y cuando tiene cuenta bancaria corriente que en teoría es de la Empresa, pero quien la maneja en la práctica es la UEB, entonces la misma puede firmar contrato pero no puede litigar ante Tribunal.
En la práctica actual se ha desvirtuado el sentido en lo que a personalidad jurídica respecta para la resolución de litigios, téngase en cuenta que evidentemente la empresa puede otorgar las funciones y facultades que estime convenientes a la UEB pero siempre la personalidad jurídica de esta debe estar

REGRESAMOS!

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Luego de la experiencia de la página web, decidimos volver al formato popular del blog. Aquí hemos tenido mayor visibilidad, pero sobre todo, hacia el interior de Cuba, la página carga mejor y más velozmente, y el formato en cascada permite leer los trabajos publicados aun cuando las personas no hayan podido conctarse en varios días.

Presunciones sin razones

YureisyYureisy CeballosLic. Yureisy Ceballos

Hace unos meses está produciéndose un suceso inédito. Por considerar que se está dando un tratamiento incorrecto, lo traigo a colación.

Se trata del proceso que está llevando a cabo la ONAT en varias provincias y específicamente en Camagüey, con la aplicación de la resolución impositiva sobre el llamado régimen de presunción indirecta, regulado en el decreto ley no.308, capítulo 5 de la ley tributaria, sección primera, estableciendo cuantiosas cifras de dinero por la presunción de engaño al fisco, a través de la aplicación de multas y de subdeclaraciones realizadas a los trabajadores por cuenta propia.

Este análisis no debe sustentarse en un simple razonamiento aritmético o estadístico de comparación de resultados entre un año y otro, máxime si la inmensa mayoría de los afectados no recibió visita de los funcionarios de la referida oficina, que haya podido demostrar al supuesto infractor que estuviera evadiendo el pago al fisco o que no declarasen los ingresos reales.

Sí debieron tenerse en cuenta a la hora de la aplicación de la referida norma, otros elementos que pudieran demostrar (o no) los ingresos obtenidos y los aportes del año de referencia, así como otros aspectos del lugar donde se desarrolle la actividad como son las condiciones, los antecedentes, el impacto económico, etc.

Resulta cuestionable el recurso, pues se interpone ante la propia oficina de la ONAT y lo debe resolver la misma que firma la resolución que impone el pago de esa cuantiosa suma. Lo peor de todo, es que al preguntarle a los perjudicados qué esperanza tienen sobre el resultado de una apelación, refieren que ya conocen por los propios trabajadores de la citada oficina, que han recibido indicaciones de mantener estas subdeclaraciones pese a los documentos que aporten los recurrentes.