Expropiar: “Por qué y Para qué”

 

 

transporte privado

Noel 2Lic. Noel Rodríguez Avila.

El presente trabajo se circunscribe al proceso de Expropiación Forzosa seguido contra los propietarios de vehículos de motor dedicados al transporte de carga y de pasaje pertenecientes a personas naturales de las Provincias de Holguín y Las Tunas.

Previo a la iniciación de este proceso, se crearon Comisiones de Compraventa en ambas provincias dirigidas por los extintos sectoriales de Transporte, los que a su vez cumplían expresas instrucciones del Ministerio del Transporte en el sentido de inspeccionar los referidos vehículos teniendo en cuenta presuntas ilegalidades cometidas por sus propietarios referentes a partes, piezas, accesorios o agregados de los motores; una vez inspeccionados los vehículos se relacionaban las deficiencias detectadas, las que se hacían constar mediante acta, posteriormente se le extendía un documento pre elaborado donde se le imponía la violación cometida; y al final se le conminaba a vender su vehículo por la irrisoria suma, según su tonelaje de $ 1800.00 o $ 2500.00 MN.

Dicho acto jurídico se amparaba en un ambiguo, viciado y leonino Contrato de Compraventa, al amparo legal de la Resolución No. 118-88, de fecha 8 de junio de 1988, emitida por el Ministro del Transporte, la Ley 1090 de fecha 1ro de febrero de 1963, cumplimentada por la Ley 1148 de 17 de febrero de 1964 y la ley 1206 de fecha 7 de junio de 1967, las que autorizaban a los organismos de la administración central del Estado la adquisición de los activos requeridos para el desenvolvimiento de sus actividades. Es de señalar que en el acto de compraventa se obvió el consentimiento de las esposas de los propietarios de dichos vehículos, trayendo consigo que al presentarse demandas antes la sala de lo civil y administrativo de los tribunales provinciales, se declarara mediante sentencia la nulidad de dicho acto jurídico.

Ahora bien en los casos que el propietario del vehículo se negaba a realizar la venta, se le iniciaba Procesos de Expropiación Forzosa, Proceso que está instituido en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, pues así lo prevé tanto la constitución de la república en su artículo 25, como los artículos 425 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; siendo requisito esencial la declaración de utilidad pública e interés social del bien a expropiar.

El presente caso resulta totalmente contradictorio, pues aunque el Ministro del Transporte emitió las resoluciones No. 40 y 85 de 1989, mediante las que se declaraba la utilidad pública e interés social la adquisición de dichos vehículos para la Empresa de Camiones de Holguín, con posterioridad quedó evidentemente demostrado que el fin de tales procesos de Expropiación Forzosa no era otro que el de desaparecer el sector privado.

Para argumentar tal afirmación nos hemos remitido a un Dictamen Legal emitido por la dirección jurídica del Ministerio del Transporte, en virtud a quejas presentadas por transportistas de la Provincia de Holguín, ante el Consejo de Estado de la República, el que entre otras cosas fundamenta lo siguiente:

Las Expropiaciones Forzosa de los vehículos de Transporte de Carga, iniciado contra los propietarios de los mismos, tiene sus antecedentes en el año 1989, cuando por ordenes de la alta dirección del país se propuso lo que denominaron “La Política de endurecimiento al sector Privado con vista a su paulatina desaparición”, disposición recogida en el acuerdo No. 1507 del Secretariado del Comité Central del PCC.

A modo de conclusión hacemos las siguientes observaciones:

 El Sector de Porteadores Privados antes de realizarse los Procesos de Expropiación Forzosa se encontraba agrupado en la extinta Operadora de fletes, desde donde prestaban sus servicios de transportación, tanto a personas naturales y jurídicas, como a organismos de la administración central del estado.

 El estado, amparado en supuestas violaciones de orden técnico, realizó compraventa forzosa de camiones mediante un viciado y amañado Contrato de Compraventa y en total ausencia de voluntad, dando lugar a que se declarara la nulidad de dichos actos, por ser contrarios a la ley.

 El Estado enmascaró el verdadero fin de sus intenciones al amparo de una falsa declaración de utilidad pública e interés social, cuando su interés real era desaparecer el sector privado.

 Ha quedado demostrado que ese sector sí representa una verdadera utilidad pública e interés social para el pueblo y el Estado, pues este último ha tenido que recurrir a los porteadores privados para resolver la aquejante situación de transportación, tanto de pasajeros como de carga, en todo el territorio nacional.

Vale responder a la interrogante que da título a este trabajo: Expropiar Por qué y Para qué.

Una segunda ronda.

Yanelis Ramírez CruzLic. Yanelis Ramírez Cruz.constitucion-cubana

La Constitución de la República en su artículo 45 establece que el trabajo es un deber para cada ciudadano.

Vuelve a estar de moda la disponibilidad de los trabajadores.

Por la reorganización que se está haciendo en el país, se ha producido otro corte de relaciones laborales, donde los trabajadores quedan disponibles y sin trabajo, destinados a realizar trabajos por cuenta propia o sin alternativa alguna ya que todos no cuentan con oficios o capital para poder formar su negocio.

Esta reorganización, según el gobierno, se debe a la falta de materia prima para la producción de nuestras fábricas, y como no cuentan con utilidades tienen que sacar a los trabajadores para según ellos que el salario alcance para los que quedan.

Nos encontramos en la encrucijada de no contar con trabajo estatal que permita satisfacer las necesidades sociales y económicas con que cuenta cada familia, pero tampoco contamos con habilidades ni presupuesto para comenzar pequeñas empresas. Además a todo esto tenemos que sumar los impuestos, que para la mayoría de los negocios, que son pequeños las utilidades son cada vez menores.

Los cubanos ven alejarse la posibilidad de ponerse a la par con el mundo en cuanto a capacidad y desarrollo para poder satisfacer las necesidades fundamentales de subsistencia como son alimentación, vivienda, y trabajo.

La Pena de Muerte

 

La Pena de Muerte. Grabado de época

La Pena de Muerte. Grabado de época

2-juan-alvarez-del-rioLic. Juan Álvarez del Río

La Pena de Muerte fue una de las primeras sanciones que se aplicó, evolucionando la forma de ejecución con el desarrollo de la sociedad y los intereses de los estados y los gobiernos.

En muchos estados la pena de muerte está acompañada de sufrimiento al encausado por los métodos de su aplicación, teniendo regulaciones expresas para ello.

La Iglesia la aceptaba, Santo Tomás de Aquino la consideraba necesaria para la “Salud Social”. Ya a finales del siglo XVIII, en que se publica el Tratado de los Delitos y las Penasde Cesar Bonesana, Marqués de Bocoria, se inicia la lucha contra la tortura antes de la pena de muerte, incluso pidiendo que se sustituyera por privación de libertad de larga duración.

En la actualidad la pena de muerte prevalece en un gran número de Estados:

  • Como fuerza intimidadora.
  • Defensa de la sociedad contra delincuentes comunes y políticos.
  • Protección a los intereses fundamentales de los Estados.

Muchos países dilatan en trámites burocráticos su aplicación, incluso años, entonces se pierde la fuerza intimidadora que se perseguía y le produce un daño psicológico al condenado.

En siglos pasados la aplicación de las pena de muerte era pública, convirtiéndose en espectáculos muy desagradables. El ambiente de brutalidad, acompañado de bebidas alcohólicas, les hacía perder el miedo a la muerte.

Otros se pronuncian en contra de la aplicación rápida de la ejecución de la sentencia, por la irreparabilidad en el caso de que exista un error judicial.

Los métodos de ejecución de la pena de muerte han variado con el decursar del tiempo y por la sociedad.

En Roma se utilizaba crucifixión, hoguera, precipitación de alturas, decapitación, estrangulamiento, hambre, ahorcamiento de los árboles y ahogados en zonas pantanosas (para los traidores y desertores).

En la Edad Media ahorcados, picota, inmersión dentro de un saco (solo para mujeres), entierro en vida, y en la hoguera (actos de Brujería y Pederastía).

Estas ejecuciones eran verdaderos actos de barbarie, ya que eran antecedidos de tortura como azotes, colgar del potro o mutilaciones.

En la actualidad cada país tiene su método para aplicar la pena de muerte: horca, guillotina, cámara de gas, electrocución, garrote, fusilamiento.

En Cuba se aplicó el Código Español, el que recogía 15 figuras delictivas para la aplicación de la pena de muerte. El Código de Defensa Social de 1938 la estableció para la piratería, asesinato, el parricidio, el estrago y el latrocinio. Sin embargo la Constitución Cubana de 1940 en su artículo 25 reguló que solo se podía aplicar a los militares y personas naturales por la traición y espionaje; y el 20 de Febrero de 1959 el Gobierno Revolucionario modificó y amplió su aplicación a los militares, a grupos paramilitares y a los confidentes, las actividades contrarrevolucionarias con asesinatos y sabotajes. Posteriormente se sumaron los delitos de Robo y Hurto donde se utilizaran menores de edad o simulando ser autoridades y se dispuso que fuera por fusilamiento en fortaleza militar y sin publicidad.

En el actual Código Penal, Ley No 62 de 1987, su artículo 29 preceptúa que es de carácter opcional, que no puede imponerse a menores de 20 años ni a mujeres que cometan el delito embarazadas o lo estén al dictarse la sentencia, y se ejecuta por fusilamiento, estando en estos momentos en moratoria.

 

Necesidad del tribunal constitucional (I)

 

derechosMsC Dayanara Vega

Un Tribunal o Corte Constitucional es el órgano que tiene a su cargo hacer efectiva la primacía de la Constitución. Tiene la atribución de revisar la adecuación de las leyes, y procesos referentes a la constitución y eventualmente de los proyectos de ley y los decretos del poder ejecutivo, realizando un examen de constitucionalidad de tales actos.

De acuerdo al modelo kelseniano, el Tribunal Constitucional actúa como un legislador negativo, pues carece de la facultad de crear leyes pero, en el caso de que entienda que una de las promulgadas vulnera lo dispuesto en la Constitución, tiene poder para expulsarla del ordenamiento jurídico, declarando su inconstitucionalidad.

Teorías más recientes, sostienen que la tarea del Tribunal Constitucional es ejercer una función jurisdiccional, resolviendo conflictos de carácter constitucional, que puede incluir la revisión de la actuación del poder legislativo, la protección de los derechos fundamentales y la distribución de competencias entre los poderes constituidos.

El Tribunal Constitucional es el órgano que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad en el país. La regulación del Tribunal Constitucional tiene que estar prescrita en la Constitución de la República, determinando los principales lineamientos de funcionamiento, la independencia y sometimiento exclusivo del órgano jurisdiccional a la Constitución.

Competencias y decisiones

Ha de contener las competencias del Tribunal Constitucional de Cuba, las que deben ser descritas en su articulado y gran parte de su Ley orgánica, las mismas pueden sintetizarse en tres campos de acción:

  • Protección de derechos y garantías integrantes del bloque de constitucionalidad.
  • Control normativo de la constitucionalidad de los actos del Gobierno.
  • Control del ejercicio del poder estatal.

Las sentencias que emita el Tribunal Constitucional de Cuba no deben permitir recurso ulterior para su consideración, han de ser vinculantes en función a las reglas que la jurisprudencia constitucional Cubana desarrolle.

 

Delincuencia y drogadicción en la legislación penal cubana.

Lic. Andrea López

Quizá con un título excesivamente ambicioso, tendré por objeto exponer de forma sucinta, los problemas que a nivel práctico, plantea la ejecución de las sentencias en los toxicómanos y sus peculiares (o quizá no tan peculiares dada su frecuencia) condiciones.

Es ocioso resaltar la importancia, por su abundancia, de los delitos cometidos por adictos a sustancias ilícitas, que alcanzan su culmen en los perpetrados contra la propiedad, en los que el caso excepcional es que el hecho sea cometido por motivos diferentes que obtener medios para conseguir la droga.

Así las cosas, el problema principal es la conceptualización del adicto a estas sustancias. No creo que haya discrepancias en estimar que estas personas son enfermos, como tampoco debe haberla en el sentido que además de enfermos, son delincuentes. Y es precisamente en esta dicotomía de criminal y enfermo en la que se plantean los problemas sobre su tratamiento y que en nuestra legislación no se da margen para una aplicación hasta cierto punto adecuativa que permita a los operadores del derecho jugar con las circunstancias específicas de cada caso, ya que si como enfermo, la principal función de la pena debiera ser su recuperación, no es menos cierto que como delincuente habrá de ser castigado, siguiendo el principio de prevención general, y evitando una impunidad práctica que cause indefensión a la sociedad.

En este marco fluctuante es en el que se mueve el legislador, que, conocedor de estos aspectos, no parece decidirse sino por una política de gestos, que en la práctica resultan irrelevantes, tratando de primar el orden público sobre las necesidades del toxicómano. Y ello no debe de extrañar en una sociedad en la que, salvo excepciones, se camina cada vez más hacia un egocentrismo alejado de todo principio de solidaridad, y lo que interesa es la comodidad y seguridad personal, con olvido de los problemas que, en gran medida, la misma sociedad y el sistema han contribuido a crear y mantener, sin darse cuenta que esta misma postura, cada vez incrementará más la presente situación.

Ante la falta de vía legal expresa, ha sido la misma Jurisprudencia la que, interpretando las normas, ha creado una doctrina, hoy en día asentada, acerca del tratamiento y aplicación de medidas a los drogadictos delincuentes; doctrina que no resuelve los problemas existentes.

Por todo lo expuesto, la atención que se pretende llamar debe ir dirigida al examen de la legislación al respecto, continuando con la interpretación jurisprudencial de estas circunstancias, y finalmente una exposición de los problemas accesorios que se pueden plantear y cuya solución se hace cada vez más urgente.

 

Algo que va más allá del derecho

3Josue Rojas MarínLic. Josué Rojas Marín

Algunos arrendadores de playa Santa Lucía en la provincia10 de Camagüey, se encuentran confundidos ante una medida impuesta por los oficiales de Inmigración y Extranjería. Desde el año pasado les hicieron firmar un documento para obligarlos a hacerse responsables de los autos rentados por los turistas hospedados en sus casas, a pesar de que estos firman un contrato de arrendamiento con la agencia. Como es lógico, no existe nada en materia de derecho que imponga responder por un bien que no forma parte del hospedaje.

Deben además tener la puerta de su casa abierta de par en par, como se dice en el buen cubano, para no obstaculizar una inspección sorpresiva, abrogándose dichos inspectores el derecho de escribir o tachar el libro de registro de arrendamiento, pese a que no son ellos los responsables de controlar este documento, sino los inspectores de la Dirección Municipal de la Vivienda, así como se exige siempre una persona responsable para no dejar sola la vivienda, aun cuando no haya huéspedes.

Los arrendatarios sufren a menudo, inesperadas visitas de los agentes de la policía, quienes también escriben en el libros de registro, efectúan registros ilegales, ocupando sin estar inmersos en proceso alguno el mentado libro y devolviéndolo cuando ellos entienden.

Todo ello afecta la actividad de renta y por consiguiente sus ingresos económicos.

 

No llegamos o nos pasamos

Foto: Luz Escobar

Foto: Luz Escobar

Lic. Ernesto Caballero Pérez

Es el ponderado título que le he puesto a lo que la vigente resolución 283 de 2011 del extinto Instituto Nacional de la Vivienda establece.

El capítulo 4 sobre las suspensiones temporales establece en el artículo 14 que solo serán autorizados los arrendatarios que quieran hacer reparaciones en sus inmuebles entre tres y seis meses. Ante esta premisa propongo referirme a algunos aspectos que para mí son importantes.

Primeramente comentaré sobre aquellos casos que por la viabilidad de la reparación no tengan que llegar a tres meses. Esta imposición va más allá de la intención de proteger un interés estatal, porque, qué pasaría si mi reparación me llevara más de seis meses, tengo obligatoriamente que dejar mi renta y si era en pesos convertibles, volver a pagar la inscripción nada más y nada menos que por 100 cuc.

También se ataca el derecho que tiene esa persona de ampliarse. Deberá para consolidar sus propósitos, cancelar la inscripción de arrendamiento, iniciar los trámites para la ampliación, legalizar ésta y después volver a iniciar los tormentosos trámites ante las autoridades correspondientes.

De igual forma si se hace una modificación al objeto del arrendamiento o cambió de moneda el pago, no podrá, transcurrido doce meses realizar otro cambio y por supuesto depositar en las arcas del estado el efectivo transformado en sellos de timbre.

Por último y no menos importante comentaré que los arrendatarios no tienen derecho a vacaciones, son condenados a trabajar mientras tengan esta actividad y no se contemplan dentro de las posibilidades de suspensión temporal.

 

Sobre violaciones de la disciplina

 

82-Juan Alvarez del RioLic. Juan Álvarez del Río

El régimen disciplinario de los cuadros está previsto en los artículos del 46 al 58 del Decreto-Ley No.196 de 15 de octubre de 1999, modificados por el Decreto-Ley No. 251, Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y el Gobierno.

A continuación, analizaré algunos de ellos por los efectos que producen.

Ejemplo: inciso i) del artículo 46.

  • Incurrir en las incompatibilidades establecidas para el cargo.

  • Si el dirigente o funcionario reside en una casa en unión de otros familiares que reciben visitas de extranjeros o familiares procedentes de Estados Unidos, lo debe de informar de inmediato y no puede relacionarse con ellos pues será sancionado, tendrá que irse de la casa, o será cuestionado.

Inciso n) del artículo 46

  • Son responsables colaterales de las violaciones e infracciones que por razón de su cargo debió enfrentar, conocer o adoptar medidas para evitar que ocurrieran.

Han existido muchos casos de dirigentes y funcionarios que han conocido de un hecho, cuando su empresa ha sido auditada por especialistas en una materia y los controles debidamente establecidos por ley, habían sido violados sutilmente por los responsables y jefes inmediatos. ¿Por qué el Director debía conocerlo? Existen casos en que es el propio director el que ha solicitado la auditoría y, sin embargo, también es sancionado.

Inciso q)

No aplicar soluciones factibles o racionales a las situaciones que se presenten con motivo de haber establecido relaciones de parentesco con personas que le están subordinadas o que le son afines y que se encontraban laborando en la entidad antes de haber pasado a ejercer el cargo de dirección, cuyo ejercicio se encuentra sujeto a la acción de control o contrapartida de dicha persona.

Me pregunto por qué si una persona debidamente capacitada y que goza de prestigio puede ocupar un cargo de superior jerarquía que puede ser técnico, de funcionario o de dirigente, no pueda lograrlo por ser: la esposa, el hijo, o el sobrino del director de la empresa, es decir, deba de divorciarse; tendrá que cambiarse los apellidos, etc., etc.,

¿Quién o quienes lo propusieron para el cargo? ¿Quién lo aprobó? ¿Es que acaso desconocían las relaciones?

Saque usted sus propias conclusiones.

Alicia en el país de los experimentos

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Foto: Luz Escobar

Yureisy CeballosLic. Yureisy Ceballos

A lo lejos se vislumbra el fin de la dualidad monetaria en Cuba, proceso muy complejo por la tenencia de  dos monedas domésticas, el CUP y el CUC, lo cual segmenta el mercado y compromete la medición exacta de los gastos.

 Para los políticos y los economistas esta medida propiciará una visión más objetiva del comportamiento de la economía nacional, en tanto se acercan los registros de la actividad económica a los hechos reales y se reduce lo que de subjetivo introduce la aplicación de una tasa de cambio que no refleja con exactitud la proporción real.

 Pero a Alicia, estudiante de Economía  de la Universidad de Camagüey, no le interesa la futura medida, sino sus gastos mínimos, en el rango de 20 a 25 pesos diarios, la mitad de su estipendio mensual.

Alicia  es la mayor de tres hermanos; en su casa la única entrada económica es el salario de su madre, Licenciada en Educación Primaria  y  la mantención de 80 pesos que pasa el padre sus dos hermanos.

La familia -cuenta  Alicia- se limita a los gastos necesarios  e imprescindibles, como los artículos de aseo personal y los comestibles, pues el cambio a CUC del salario de su madre no va más allá de los 20.00 pesos convertibles. Alicia admira a su madre y quiere ser tan profesional como ella, aunque no desea enfrentar los mismos problemas con la familia que ella forme. Sabe que la cuestión no esté en resolver la dualidad monetaria del país.

 Alicia quiere ser consiente de los esfuerzos y experimentos, que dice hacer el gobierno por mejorar la situación, pero las estadísticas presentadas por Adel Izquierdo, Ministro de Economía, en la Asamblea Nacional, demuestran  que no avanzamos. El país solo alcanzo  un crecimiento de un 2.7 % del PIB inferior al previsto (3,6%), se incumplieron los planes de la industria manufacturera, las construcciones y los ingresos en moneda libremente convertible, además para el 2014 se pronostica un descenso en los precios de algunos productos que Cuba exporta, como el azúcar y el níquel, mientras continúa aumentando el costo de los alimentos en el mercado mundial.

 Alicia ya no cree en el futuro, no quiere estar en un país que siempre vive un momento histórico,  no quiere experimentar la pérdida de ilusiones que nunca se cumplirán.

Canales de la información

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Yanelis Ramírez CruzLic. Yanelis Ramírez Cruz

La Constitución de la República establece en su artículo 63 que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinente y en plazo adecuado, conforme a la ley. Y en su artículo 10 establece que todos los órganos del estado, sus dirigentes, funcionarios, empleados, actúan dentro de los límites de su competencia y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la sociedad.

Métodos que no resuelven nada. Nos encontramos en un país que estos canales de información y de solución de problemas son una manera de tener a la población en jaque y al final el problema continúa. De esto podemos poner varios ejemplos, pero ejemplificaremos uno.

La Fiscalía General de la República tiene en cada provincia y cada municipio del país una sede que le permite resolver el problema de cada localidad.

Cuando una persona tiene algún problema, el cual luego de ser canalizado continúa sin resolverse, puede presentar la queja en la fiscalía de la localidad. Esta entidad está en la obligación de dar respuesta con términos establecidos por ley. Términos que por lo general incumplen o no responden.

Al encontrarse la persona en la situación de no tener respuesta, emite la queja a la Fiscalía General de la República, que también tiene términos establecidos para resolver. Y por lo general la respuesta de este órgano es remitir el problema para la fiscalía donde primero fue a reclamar la persona y jamás recibió respuesta.

Con este ejemplo, como con todos los organismos de control y aun el Consejo de Estado, que jamás responde a las quejas. Los ciudadanos nos encontramos  en total indefensión a la hora de resolver nuestros asuntos legales  y al final se quedan sin resolver, siendo por lo general la población más sencilla la más afectada.