Las unidades empresariales de base (UEB) en la resolución de conflictos ante las salas de justicia

11 UEBLic. Andrea López

Este es un tema muy llevado y discutido en el tráfico comercial nacional, si se tiene en cuenta que no todas las UEB poseen igual significado, existen unas simples y encontramos otras con una estructura compleja desde el punto de vista empresarial que pueden manejan un valor económico y un número de trabajadores considerable, pueden tener incluso otras unidades subordinadas sobre las que ejerce funciones de fiscalización y control; a esto se suman las facultades para realizar acciones propias de la empresa como es la concertación de contratos.

Válido es traer a colación la disposición especial 3ra del Decreto Ley 304 y el art.751 inciso a de la Ley de Procedimiento para fundamentar el acceso de estas unidades, siempre que lo tengan autorizado por la empresa, que ostenta la personalidad jurídica, para acudir a las salas de justicia del Tribunal competente. Referido a esto, nuestro sistema empresarial y jurídico enfrenta una controversia, pues se ha discutido hasta qué punto están legitimadas estas Unidades para comparecer y si poseen la capacidad legal para hacerlo en representación propia. Respecto a esto, la Sentencia No.152 del Tribunal Supremo del año 2002, acusa infringido este artículo 751 inciso a) de la Ley de Trámites, defendiendo el criterio que las UEB no pueden comparecer por sí ante las salas de Tribunal si no es en representación de la Empresa; y la sentencia No. 44 en este caso del propio año desestima la falta de legitimación de una UEB para comparecer ante Tribunal, basada en que tal autorización había sido otorgada por la empresa correspondiente.

Hay que tener especial cuidado con esto, pues se han encontrado casos en que se puede utilizar por la empresa, autorizando a la UEB solamente a suscribir el contrato, aún cuando tiene cuenta bancaria corriente que en teoría es de la Empresa pero quien la maneja en la práctica es la UEB, entonces la misma puede firmar contrato pero no puede litigar ante Tribunal.

En la práctica actual se ha desvirtuado un poco el sentido en lo que a personalidad jurídica respecta para la resolución de litigios, téngase en cuenta que la empresa puede otorgar las funciones y facultades que estime convenientes a la UEB, pero la personalidad jurídica de esta debe estar condicionada y preconcebida con el fin de representar los intereses de la Empresa ante la instancia legitimada para resolver cualquier conflicto.

 

¿QUIÉN PAGA?

images.duckduckgo.comLic. Egar Luis Arozarena Gómez

En reiteradas ocasiones y en distintos espacios se ha abordado en el complejo sistema económico cubano el tema de los Intermediarios, los cuales en la mayoría de los casos obtienen jugosas ganancias a costa de los productores o suministradores y los compradores.
Este caso es la cara opuesta de esa moneda, pero que a su vez ocasionó serias pérdidas a una entidad cuyo encargo estatal es sumamente importante para nuestra Economía.
A principios de año se efectuó en el Tribunal Provincial Popular de Artemisa, la vista Oral correspondiente a la demanda impuesta por la UEB Central Azucarero Harlem de Bahía Honda a la Empresa Eléctrica de Artemisa, radicada en el Expediente No. 60 de 2015 por el incumplimiento de pago de la Energía Eléctrica generada por la UEB Azucarera durante la zafra 2013 – 2014, la cual es entregada al Sistema Electro energético Nacional (SEN) y vendida a la Empresa eléctrica de Artemisa a través del Contrato No. 16/2013 que ampara dicho negocio jurídico.
Durante la vista se conoció que la parte demandada incumplió su obligación contractual debido a que, quien efectúa el pago de la electricidad generada en este y en los demás centrales azucareros del país es la Unión Nacional Eléctrica (UNE), quien ubica en una cuenta que tiene cada Empresa Eléctrica provincial con centrales azucareros en su territorio, el dinero para que se pague a estas industrias por la energía entregada.
Después de las correspondientes gestiones de cobro, dígase conciliaciones y reconocimientos de la deuda contraída, llamadas telefónicas, etc., la parte demandada informó que la UNE se negó a hacer efectivo el pago, pues las facturas debían ser modificadas según un nuevo procedimiento para su confección, el cual estaba sujeto a la variación mensual de un llamado Factor “K” que no es más que un coeficiente derivado de la fluctuación del precio del petróleo a nivel internacional en cada mes, y por ende, el precio de la energía no sería el mismo siempre, teniéndose que hacer facturas mensuales con la energía generada y no una factura única al finalizar la zafra como era usual hasta ese momento.
La Empresa eléctrica recibió, firmó y concilió la factura única entregada en su momento por la UEB Harlem, pero al trasladarla a la UNE para que efectuara el pago, esta se negó alegando el procedimiento ya mencionado, el cual nunca comunicó hasta ese momento a la Empresa Eléctrica para que fuera del conocimiento de los centrales.
Al no estar pactado esto último en el Contrato de compraventa de Energía Eléctrica concertado entre la Empresa Eléctrica de Artemisa y la UEB Central Azucarero Harlem, esta última reclama su cumplimiento según lo establecido en el contrato, y la Empresa Eléctrica alega que ellos solo son intermediarios en este proceso y la UNE, por su parte, no tiene ningún documento que la obligue a pagar si no se arreglan las facturas, cosa esta que representa aproximadamente una pérdida de 17 mil pesos para esta UEB Azucarera, puesto que de más de 39 mil pesos, vería reducido su importe a poco más de 21 mil pesos si se llegaba a modificar la factura en cuestión.
Con los elementos aportados por las partes, el Tribunal concluyó la Vista dejando claro que quien estaba siendo demandada no era más que otra víctima de nuestro ”Sistema de Contratación”, usado habilidosamente en favor de unos y en detrimento de otros.
Todavía no se conoce el fallo del Tribunal, pero quiero llamar la atención en las fallas que aún tenemos en el Sistema de Contratación, donde los intermediarios muchas veces se benefician, pero en otras se perjudican y al final quien pierde es la Economía, y volviendo al caso que nos ocupa, ¿Quién paga?

Dilema contractual

 

contratos económicosCHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez

Si en realidad se quiere cambiar todo lo que debe ser cambiado, si ciertamente se quieren destrabar nudos que entorpecen la fluidez de ideas, proyectos y todo lo que implique desarrollo; entonces y solo entonces, lo primero que hay que hacer es despojarse de todo el ropaje que nos cubre.

¿Estará la capacidad en las dimensiones o las dimensiones en la capacidad? Esto no es un trabalenguas, en una aseveración, pongamos simplemente un ejemplo. Vayamos a las recientes disposiciones jurídicas, que rigen la Contratación Económica, nos referimos al Decreto-Ley No 304, de fecha 1ro de Diciembre de 2012 y el Decreto No 310, de fecha 17 de Diciembre de 2012, que establece los tipos de Contratos Económicos.

Por mucho que le demos vuelta, lo igual en el Acto Contractual entre las partes, resulta casi imposible de materializarse, por la sencilla razón de que en nuestro Estado, sin que se le llame monopolio, existen entidades que tienen monopolizadas determinadas esferas o actividades, dígase ETECSA S.A, Aguas de La Habana, Empresa Eléctrica, etc.

A quién se le ocurriría imponer su criterio sustentado en su necesidad o prioridad real, a fin de mantener parsimonia y estabilidad en su quehacer, si no puede contratar con otros proveedores su sistema de comunicación, la instalación de redes hidráulicas o el suministro de energía eléctrica.

Y es aquí donde comienza el dilema, lo tomas o lo dejas y este no es el espíritu del Art 4.2 del Decreto No 310/2012.

 

La contratación económica en Cuba

contrataYanelis Ramírez CruzLic. Yanelis Ramírez Cruz

En el contexto de la actualización del modelo económico cubano, los problemas del contrato y la contratación ocupan un importante lugar. Tomar conciencia del tratamiento que se le ha otorgado a partir de una visión multilateral y sintética, es una necesidad improrrogable para la economía nacional.

Según nuestra Constitución de la República:

Artículo 9: El Estado dirige planificadamente la economía nacional.

Artículo 16: El Estado organiza, dirige y controla la actividad económica nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país a fin de fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la persona humana y de su dignidad, el avance y la seguridad del país.

O sea, si sostenemos que el contrato económico es una de las formas de materialización del Plan, resultaría obvio que estos preceptos constitucionales llevaran implícito el respaldo de ese nivel jurídico superior sin que haya que presuponerlo.

Actualmente existen cuestiones de importancia que atentan contra el buen funcionamiento de nuestro sistema de contratación como pueden ser el exceso de proformas y modelos de contratos con condiciones generales de carácter adhesivo, reforzado por una situación de monopolio; la ausencia de un marco regulatorio que ampare al cliente (consumidor) al cual se le exige un pago anticipado en la forma y oportunidad determinada por el proveedor del producto o servicio.

Más que pactarse, se imponen condiciones contrarias a derecho, o que limitan o excluyen la responsabilidad de la entidad proveedora del producto o servicio, se exigen documentos que tienen que reproducirse y entregarse por exigencia de la entidad que hace la prestación y sin lo cual se niega a contratar, conduciendo a una excesiva formalización y entorpecimiento de la contratación.

A lo anterior se suma el desconocimiento generalizado por órganos y organismos del Estado y sus dependencias, comprendidos los bancos, de las normas que rigen la personalidad jurídica y su representación, obligando a todos los sujetos a dictar resoluciones cuando no es ese el instrumento jurídico regulado para ciertas personas jurídicas o a la acreditación de su existencia o de su objeto social sin tomar en cuenta la naturaleza de los mismos.

Fuera de la obligación de pago no se presta mayor atención a otras cláusulas contenidas en el contrato, referidas a plazos de entrega, calidad, garantías, asistencia técnica, condiciones de entrega y recepción.

Nos queda un largo camino que recorrer jurídicamente hablando. Es vital crear los mecanismos legales específicos para poner en marcha la maquinaria de contratación económica de forma viable y rentable para el país, que no sólo termine con dificultades como éstas sino que dé seguridad a nuestro intercambio sin caer en ambigüedad y dispersiones legislativas innecesarias.

 

Agricultores cubanos afectados por incumplimiento de contratos,

 

Lic. Veizant Boloy.

En Cuba el incumplimiento contractual con los campesinos queda sin respuesta. Estos entregan periódicamente su producción a las Cooperativas de Producción Agropecuaria designadas, las que se llevan la mercancía. Se anota y registra cada producto minuciosamente.

Pasados varios meses sin que los campesinos hayan recibido su pago, estos acuden a las cooperativas a cobrar su dinero pues deben pagarle a sus trabajadores, comprar semillas e implementos de trabajo para animar la nueva cosecha. Aún así, no reciben su pago.

La Dirección de Finanzas y Economía responde que la cooperativa no ha depositado el dinero en el Banco para poder cobrar y luego pagarles. En sucesivos segmentos, el periódico Granma publicó las quejas de agraviados con la misma situación

En ocasiones, los presidentes de cooperativas junto a  los económicos se apropian de la suma adeudada. Se toman medidas y llega a las manos de la Fiscalía, pero lo más importante radica en pagar sin dilaciones al campesino. No burocratizar las gestiones para cobrar el dinero del sudor del agricultor.

La alta dirección de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) señaló en una nota de prensa, que en febrero de 2012 se realizó una verificación fiscal en la que se detectaron varios problemas por mala contratación.

Aunque el caso está en fase investigativa según la nota “Es imposible hacer el pago de inmediato. La única solución es que se apruebe en la Asamblea de la CCSF, mediante acuerdo, que en dependencia de sus ingresos vayan pagando poco a poco”, explicó.

El Código Civil Cubano establece las obligaciones y derechos de las partes cuando se suscriben contratos. La sentencia 91 de 2005 de la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo consigna que ningún caso franquea la posibilidad legal de apartarse de los términos del contrato, que es ley entre las partes.

El incumplimiento contractual es hoy una tarea pendiente por los organismos estatales cubanos; aqueja a gran número de campesinos en la isla, que luego de trabajar de sol a sol, no tienen la seguridad de ser oportunamente remunerados. Ocurre todo lo contrario del titular de la nota publicada “Con el sudor del campesino no se juega”.