Ataquemos las causas y no las consecuencias

Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles

Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles

 

Lic. Yanelis Ramirez Cruz

Una vez más el tema combustible asoma a las puertas. El contexto internacional y sus consecuencias económicas para Cuba avizoran un año difícil. Por eso la máxima dirección del país ha tomado la decisión de reducir el plan de portadores energéticos a todos los organismos de la administración central del Estado, aun cuando ello conlleva bajar el nivel de actividad.

Esta medida presupone un mayor control en el uso eficiente del combustible diésel. Sin embargo en numerosas entidades estatales, la sustracción y desvío de combustible se ha convertido en algo con lo que convivimos a diario.

En Holguín circulan más de tres mil vehículos particulares, en tanto la venta a las personas naturales en los Servicentros de la provincia, no sobrepasa los 109 litros como promedio diario. Tal situación es conocida y denunciada en varios escenarios por las autoridades gubernamentales. Pero no se trata de divulgar, sino de acometer acciones.

Seríamos ilusos al pensar que un porteador privado para la transportación de pasajeros pagaría el precio de 1.10 CUC por litro, porque como decimos en buen cubano “no le daría la cuenta”. Entonces, ¿de dónde sale ese combustible sino de las entidades estatales? A partir de esta realidad, ¿qué mecanismos de control están empleando las administraciones para que el combustible no les sea robado? ¿Existe dolo o culpa en su actuar? ¿Acaso estamos esperando que se produzca el hecho extraordinario para separar del cargo a los implicados y llevarlos a la cárcel?

Debemos atacar las causas y no las consecuencias. Mientras el Estado no propicie que el combustible se adquiera a menor precio por los porteadores privados y a su vez cree los mecanismos de control para garantizar que se haga de modo oficial y en los lugares establecidos, el desvío va a continuar tal y como existe hoy bajo un “aparente régimen de legalidad”.

 

Lo que es necesario

vallin_21Lic. Wilfredo Vallín

Los Hechos:

El pasado día 14 de junio, el vicepresidente de la Asociación Jurídica Cubana (AJC) licenciado Amado Calixto Gammalame, se dirigía en un vehículo de las Tunas a Holguín para una visita a nuestras filiales del oriente del país.

Entrando en la ciudad de Holguín, el vehículo fue detenido por personas que no se identificaron, Amado Calixto fue obligado a descender y a entrar en un jeep de patrullas que lo condujo a la Unidad de Instrucción local.

En ese lugar, el teniente coronel Carlos Urgellés Palomares, quien conocía a Amado Calixto, le recordó la época común de estudiantes, lo que “haría más llano el camino para lograr un entendimiento”, pidiéndole a continuación que mostrara sus pertenencias, incluidos los objetos personales. No detectaron ningún documento de interés, pero consideraron que Amado tenía en su poder una cantidad en dinero “superior a lo normal” a saber, 250 euros, 135 cuc y 70 cup. Dinero que ocuparon, dejando al letrado con 35 cuc.

Se llenó un Acta de Ocupación de la cual Calixto solicitó copia sin que le fuera entregada, informándosele que regresaría ese mismo día a La Habana. El abogado permaneció detenido sin que se le formularan cargos hasta las 10 de la noche, o sea, unas seis horas, regresando a la capital por vía aérea. Su teléfono celular le fue devuelto en el aeropuerto de Holguín, después de borrarle todos los datos.

Los aspectos a analizar de este “incidente” son:

  1. La implicación de AJC con la Plataforma #Otro 18 de la sociedad civil. Esa Plataforma aboga por la participación de la ciudadanía en los comicios que se efectuarán en Cuba en el 2018.
  2. La ocupación del dinero que llevaba el letrado, sin que se le entregara documento justificativo de dicha ocupación.
  3. La “deportación” desde Holguín sufrida por Amado Calixto.

Lo que sigue está dirigido a la comunidad internacional, al pueblo de Cuba, y muy en especial, a las autoridades cubanas para su general conocimiento.

Fundamentos de Derecho.

La Asociación Jurídica Cubana es una agrupación de abogados creada en 2008 bajo el concepto del ejercicio libre de la abogacía conforme al evento Principios Básicos de la Función de los Abogados, Octavo Congreso de Naciones Unidas, celebrado en La Habana, Cuba en septiembre de 1990. El propósito fundacional de AJC siempre ha sido ayudar a los ciudadanos cubanos en sus problemas legales y difundir de forma gratuita el conocimiento jurídico entre la población, sin tomar en cuenta su filiación política o ideológica.

Hemos ayudado y enseñado, pero también aprendido. Algo de esto último es que, en Cuba, ningún órgano policial tiene en cuenta el derecho positivo vigente y actúa como si éste no tuviese nada que ver con ellos. Constituyen ejemplos de lo anterior:

  1. La ley electoral cubana en vigor no prohíbe la participación en los comicios nacionales de aquellas personas que piensan de manera diferente al gobierno y a la política nacional actuales. El principio “Es lícito todo lo que la ley no prohibe” goza de aceptación en la doctrina.

Obstaculizar, a como dé lugar, esa participación utilizando desde el más ramplón descrédito hasta la arbitrariedad más burda, sólo revela una gran inseguridad y temor a los resultados de esa participación.

–“No permitiremos Otro 18”– se torna un planteamiento reiterativo de la policía política, pero prohibir lo que la ley no prohibe es ilegal y es sancionado hágalo quien lo haga. No conocemos excepciones a este principio.

  1. Los ciudadanos cubanos somos frecuentemente registrados y nuestros bienes: dinero, computadoras, cámaras fotográficas, teléfonos y otros artículos, son decomisados sin justificación ni constancia documental. El dinero no es devuelto prácticamente en ningún caso, sin que los perjudicados sepan a dónde va a parar, en lo que constituye más un robo que una ocupación legal y justificada.

¿Desde cuándo la policía determina la cantidad de dinero que pueden llevar o no los ciudadanos?

Cuesta mucho trabajo creer que al más alto nivel de gobierno no se conozca esto. Esa permisibilidad es inadmisible.

  1. El Lic. Amado Calixto fue conducido bajo custodia al aeropuerto, obligado a subir a un avión y enviado de regreso a La Habana… ¿bajo qué precepto legal?, ¿En qué artículo, de qué ley, se apoyan esos señores para deportar a un ciudadano libre de una provincia a otra?

Pero hay más:

  1. Estos señores prohíben, que los ciudadanos podamos salir de nuestra casa en un acto simple de fuerza bruta, haciendo caso omiso de lo establecido por la Constitución y sus leyes complementarias.
  1. Los ciudadanos cubanos somos arbitrariamente detenidos en cualquier parte para ser abandonados en lugares remotos, muchas veces sin dinero para regresar, a cualquier hora del día o de la noche. Las causales de detención aparecen en la Ley de Procedimiento Penal pero los que así actúan no parecer tener conocimiento de su existencia.
  1. La única instancia facultada para crear derecho en el país es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los agentes de la ley (que no son la autoridad misma) no tienen esa facultad… hasta donde sabemos.
  1. El respeto a la dignidad plena del hombre de que se habla en el preámbulo de la Constitución socialista, ¿es éste?
  1. Si los miembros del orden público o de la Seguridad del Estado prosiguen con esta práctica, el respeto al orden jurídico actual se resquebrajará aún más de lo que ya está, y sus consecuencias pudieran ser catastróficas.

La legitimidad de los gobiernos en cualquier situación y lugar está dada, en primerísima instancia, por procurar el BIEN COMÚN de todos sus ciudadanos. Este concepto, ¿les significa algo?

El más grande de todos los cubanos nos legó en su pensamiento esta enseñanza: “En cada momento se ha de hacer, lo que en cada momento es necesario”. Esa es, precisamente, nuestra pretensión.

Presunciones sin razones

YureisyYureisy CeballosLic. Yureisy Ceballos

Hace unos meses está produciéndose un suceso inédito. Por considerar que se está dando un tratamiento incorrecto, lo traigo a colación.

Se trata del proceso que está llevando a cabo la ONAT en varias provincias y específicamente en Camagüey, con la aplicación de la resolución impositiva sobre el llamado régimen de presunción indirecta, regulado en el decreto ley no.308, capítulo 5 de la ley tributaria, sección primera, estableciendo cuantiosas cifras de dinero por la presunción de engaño al fisco, a través de la aplicación de multas y de subdeclaraciones realizadas a los trabajadores por cuenta propia.

Este análisis no debe sustentarse en un simple razonamiento aritmético o estadístico de comparación de resultados entre un año y otro, máxime si la inmensa mayoría de los afectados no recibió visita de los funcionarios de la referida oficina, que haya podido demostrar al supuesto infractor que estuviera evadiendo el pago al fisco o que no declarasen los ingresos reales.

Sí debieron tenerse en cuenta a la hora de la aplicación de la referida norma, otros elementos que pudieran demostrar (o no) los ingresos obtenidos y los aportes del año de referencia, así como otros aspectos del lugar donde se desarrolle la actividad como son las condiciones, los antecedentes, el impacto económico, etc.

Resulta cuestionable el recurso, pues se interpone ante la propia oficina de la ONAT y lo debe resolver la misma que firma la resolución que impone el pago de esa cuantiosa suma. Lo peor de todo, es que al preguntarle a los perjudicados qué esperanza tienen sobre el resultado de una apelación, refieren que ya conocen por los propios trabajadores de la citada oficina, que han recibido indicaciones de mantener estas subdeclaraciones pese a los documentos que aporten los recurrentes.

¿Protección de la propiedad personal?

 

DayamiDAYALic. Dayamí Pestano Lazo

La Constitución de la República en su artículo 21 refrenda la propiedad personal sobre la vivienda siempre que se posea con justo título de dominio, es apreciable en este artículo la palabra dominio pues el dominio encierra el más completo conjunto de derechos que se pueda tener sobre una cosa.

Luego viene la Ley General de la Vivienda en su artículo 64 a establecer que los propietarios de las viviendas determinarán libremente quiénes convivirán con ellos y están facultados para dar por terminada la convivencia de cualquier persona, para lo que no requieren declaración administrativa ni judicial, siempre y cuando no sean de los especialmente protegidos por la ley: ascendientes y descendientes del propietario; madre de uno o más hijos con el propietario siempre que ella tenga la guarda y cuidado de los hijos y no tuviere otro lugar de residencia; madre con uno o más hijos menores con más de tres años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia; ancianos con más de tres años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia; cualquier otro caso que a juicio de la autoridad competente constituya una manifiesta injusticia o un acto inhumano.

El propio artículo en el tercer párrafo deja la vía administrativa para lograr ese deseo del propietario si el conviviente pretendiera permanecer en la vivienda contra la voluntad de su propietario, a través del llamado proceso de Cese de Convivencia. La Dirección Municipal de la Vivienda interviene, a solicitud del propietario y dicta resolución, si procediere, conminando al conviviente a abandonar la vivienda en un plazo determinado.

Llama la atención como un acto antagónico por naturaleza sea llevado por la vía administrativa sin que ningún tribunal intervenga. Como coerción, la Administración resuelve que, si transcurrido dicho plazo sin que el conviviente abandone la vivienda, comunicará a las entidades de donde reciben sus ingresos todos los integrantes del núcleo del conviviente, la obligación de reconocer un descuento mensual, por concepto de uso no autorizado del inmueble, ascendente al treinta por ciento (30%) de cada ingreso. De mantenerse esa situación por tres meses, las retenciones se elevarán al cincuenta por ciento (50%) mientras dure la ocupación de la vivienda.

No hay que analizar mucho para darse cuenta que el conviviente no deseado se ríe de esa medida y hasta le resulta conveniente pues estaría prácticamente en un arrendamiento económico, porque como ya es conocido, con la situación crítica de la vivienda en Cuba, que alguien tenga que pagar la mitad de un salario, que de hecho es nada, por tener un lugar donde vivir, es una ventaja muy lejana del objetivo de la norma de beneficiar al sujeto de derecho.

Imagínese entonces qué odisea burocrático-jurídica-administrativa atraviesa el propietario en estos casos. Para poder ser “extraída” la persona indeseada tiene que tener clara conducta antisocial sin vínculo laboral.

 

Ley de Policía

 

vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Los órganos estatales y del gobierno, cada uno en lo que les corresponda, entre ellos la Policía, la Contraloría General de la República, la Fiscalía y los Tribunales deben contribuir a este empeño, siendo los primeros en dar ejemplo de apego irrestricto a la Ley; reforzando así su autoridad y asegurando el apoyo de la población…

Estas palabras corresponden a un fragmento de la comparecencia del General de Ejército Raúl Castro en la Primera Sesión Ordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de las Convenciones, el 7 de julio de 2013.

Pero, ¿qué ocurre cuando ese apego irrestricto a la Ley no ocurre porque en ocasiones esas entidades estatales no actúan de ese modo o cuando la propia ley no existe?

Paso a explicarme.

En la Asociación Jurídica Cubana, nos hemos detenido muchas veces en la consideración de que no debe ser la Fiscalía (a la que se adjudica la responsabilidad de mantener la legalidad socialista) la que garantice los derechos ciudadanos por la sencilla razón de que ella no es independiente de los poderes del Estado, sino que los representa y vela por ellos.

En el mundo moderno no se acepta el doble papel de juez y parte en un proceso penal. Y ese es el caso de la Fiscalía.

Tampoco existe un Tribunal de Garantías Constitucionales como una vez existió en nuestro país, y los ciudadanos no tienen a su disposición una entidad con poder suficiente, que pueda reconocer sus derechos básicos y fundamentales ante instituciones estatales que los desconocen.

Pero hay algo más que tampoco existe en Cuba y que debo solamente esbozar ahora, por razones de espacio, pero sobre lo que volveré próximamente: Se trata de una…Ley de Policía.

 

 

Hablo en nombre propio (2)

1 Eliocer CutiñoLic. Eliócer Cutiño
En mi primer comentario sobre la imposición de una multa por parte de la dirección de planificación física, hice referencia al escrito dirigido a la fiscalía municipal teniendo en cuenta que por dos ocasiones apelé la decisión de dicha dirección y ésta ratificaba la multa, a las claras, improcedente e ilegal.
Esperaba una decisión justa y que me reembolsaran la extrema suma de la multa, todo bajo la tutela de la fiscalía a la cual pertenecí por más de seis años. Presenté mi reclamación en el término establecido, por lo que esperaba que de igual forma me notificaran la respuesta, pero sigo sin pronunciamiento, incluso de la propia dirección de planificación que me comunicó por escrito que hasta que la fiscalía no investigara no podían dar contesta a mi inconformidad, como si el Decreto Ley 272 o cualquier otra norma diera consentimiento para dilatar el proceso.
Cifrar esperanza en una institución que por mandato constitucional está obligada a velar por la legalidad del país y no cumple con su cometido, es otra de las razones que me llevan a pensar que el proceso de institucionalización debe, antes que todo, comenzar por el apego a la ley. Este caso demuestra que el irrespeto a ley comienza y permanece solo por los de casa.

La legislación laboral vigente y la solución de los conflictos en la vía prejudicial.

4 QUE TRABAJEN LOS OTROS
Lic. Andrea López
Las ramas del derecho regulan relaciones que surgen en una esfera determinada de la vida, debido a vínculos entre los hombres; entre ellas se encuentran las relaciones laborales dentro de los procesos de producción o servicios, objeto de regulación del Derecho Laboral. En su ámbito pueden ocurrir suspensiones, modificaciones, o terminación de la relación que le dio origen al vínculo laboral, lo que puede producirse por diferentes causas.
Las infracciones de la disciplina pueden provocar un cambio en la relación laboral, como forma de reprimir la conducta infractora. Por su parte, el reconocimiento, concesión, o vulneración de algún derecho emanado de la legislación laboral, puede también provocar cambios en el vínculo laboral existente y todo ello generar un conflicto entre los sujetos con personalidad jurídica individual. La legislación laboral vigente sobre solución de conflictos laborales, la actuación y funcionamiento de los órganos de justicia laboral de base (OJLB), es un tema polémico, que profesionales o no del derecho incursionan. Dentro de la propia relación jurídica laboral se vulneran determinados derechos, o no se conceden otros que provocan el inicio de un conflicto en materia de derecho laboral. Los más frecuentes son los siguientes:

Admisión y promoción al empleo
La idoneidad demostrada, que con la entrada en vigor desde 1998 de la Resolución 12 “Reglamento para la política de empleo y salario en el perfeccionamiento empresarial”, abrió la posibilidad de que el OJLB resuelva el fondo del asunto y que el nuevo Reglamento de las Relaciones Laborales Resolución 8 del 2005 de 1ero de marzo, retomó.
Violaciones sobre el período a prueba y la suscripción de contratos de trabajo, siendo el de por tiempo determinado uno de los que más propicia conflictos, al no ajustarse a la norma sobre su concertación.
Procesos de disponibilidad e interrupción.
Derechos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Derechos sobre tiempo de trabajo y descanso, entre otros.

Se debe preparar a los dirigentes sindicales y a los trabajadores para el proceso de negociación con la administración, que estén instruidos en sus derechos y en lo que al procedimiento se refiere, pues este desmedido desconocimiento e ignorancia con respecto a estos temas hacen que nuestro sistema de trabajo se torne no solo injusto en algunos casos sino arbitrario en otros.

Caballeros andantes del derecho

                                                      (Entrevista aparecida en 14ymedio.com el 12 de junio)

Wilfredo-Vallin-Presidente-AsociaciAn-JurA-dica_CYMIMA201406Wilfredo Vallín había decidido no seguir ejerciendo la abogacía dentro de las instituciones estatales, única forma legal de hacerlo, hasta que un día fue testigo de las lamentaciones de una muchacha: había sido víctima de acoso sexual por parte de un funcionario público, que no fue sancionado por la justicia. Entre sollozos, angustiada por la percepción de indefensión en que se encontraba, la joven dijo “Esto pasa porque en Cuba ya no quedan hombres”.

Vallín se sintió directamente interpelado. Empezó una cruzada casi quijotesca para ayudar a quienes habían perdido las esperanzas, muy especialmente aquellos que por una razón u otra se han visto ante la necesidad de hacer una reclamación o elevar una denuncia frente a las instituciones estatales. Fue así como a finales de 2008 surgió la Asociación Jurídica de Cuba.

Pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de la AJC?

Respuesta. Empezamos 4 personas, entre quienes estaba mi esposa, Esperanza Rodríguez, que también es abogada y dos colegas más. Lo primero que hicimos fue procurar un reconocimiento de parte de las autoridades para evitar ser catalogados como una asociación ilícita. El 2 de marzo de 2009 nos dirigimos al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia. Este primer paso consistía en solicitar un documento acreditativo de que en ese Registro no existía ninguna otra asociación con ese nombre ni con iguales propósitos. La batalla legal que se desencadenó a partir de ese momento aún no ha terminado, al menos para nosotros, a pesar de que hace poco el Tribunal Supremo determinó por segunda vez que nosotros duplicamos las funciones de la Unión de Juristas y del Bufete Colectivo que según ellos son ONG. En la cronología de eventos ocurridos en estos cuatro años ha habido violaciones de todo tipo, las tenemos perfectamente documentadas, pero sería largo y aburrido contarlas aquí. Lo cierto es que en la negativa que hace el Ministerio de Justicia no se apela a ningún elemento de la Ley de Asociaciones, por lo que consideramos que sus argumentos no son válidos.

P. ¿Eso quiere decir que ya se agotaron las herramientas legales para obtener un reconocimiento?

R. Las vías internas se han agotado y debo confesar que nunca tuve mucha fe en que por ese camino pudiéramos obtener algo, pero por razones de índole política, no legales. Nos queda la vía externa que consiste en acudir a organizaciones internacionales de las que Cuba forma parte. Ese es el camino que vamos a recorrer a partir de ahora. A donde quiera que viajan los funcionarios de justicia cubanos, se llenan la boca para decir que el ejercicio de la abogacía es libre en Cuba pero eso es falso, porque aunque el Gobierno ha firmado documentos aceptando eso, luego en la práctica resulta un requisito obligatorio pertenecer a los Bufetes Colectivos estatales para atender un caso ante los tribunales.

P. ¿De que se ha ocupado la AJC en todo este tiempo?

R. Son cuatro nuestros propósitos declarados: El primero, la educación jurídica de la población. El desconocimiento de las leyes no afecta solamente a los ciudadanos, sino también a muchos funcionarios, a la policía y especialmente a la Seguridad del Estado. Recuerdo que un día, en medio de un interrogatorio, un oficial de la seguridad al que yo le explicaba nuestra función educativa, me dijo “pero eso es darle armas al enemigo” ¿Cómo es posible que enseñarle al pueblo las leyes que ha hecho la propia revolución pueda beneficiar al enemigo?

El segundo propósito ha sido la atención de casos puntuales. Somos el último recurso de mucha gente. Eso nos ha permitido tener un conocimiento amplio de la situación real que tiene el pueblo de Cuba.

Los otros dos frentes de que nos ocupamos son la promoción de los Pactos de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales y de lo que se relaciona con la vida interna de la abogacía.

P. ¿Cuánto ha crecido la AJC en estos últimos 6 años?

R. Llegó un momento en que hasta nuestra sede, aquí en la capital, venían ciudadanos con problemas de toda Cuba. Eso nos llevó a crear filiales en otras provincias y hoy tenemos representaciones en Pinar del Río, Artemisa, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Si en un principio luchábamos por llegar a 33 abogados, que es el número que la ley exige para ser reconocidos como una asociación, hoy ya hemos sobrepasado esa cifra, aunque no pretendemos ser una organización de masas ni mucho menos.

“Las normas son arcaicas y deberían ser sustituidas de inmediato”

P. Si le preguntamos ¿Cuál es el hoy gran problema de Cuba? a un economista, a un político, o a un sociólogo, cada cual seguramente arrimará la respuesta a su especialidad. ¿Qué responde un jurista ante esa cuestión?

R. Nosotros estamos totalmente convencidos de que si a partir de mañana el Gobierno de Cuba se hiciera el firme propósito de que las leyes que ellos mismos han hecho fueran respetadas a rajatabla, no solo por los ciudadanos, sino por las entidades oficiales, y que la ley fuera obligatoria para todos por igual, las cosas mejorarían rápido y mucho.

P. ¿De su respuesta se pudiera deducir que usted es de las personas que cree se le debe conceder al menos cierto grado de legitimidad a las instituciones oficiales.

R. Lo que pienso es que hay algo que no se puede negar: En Cuba existe lo que llamamos “un derecho positivo” que es lo que está vigente y escrito en las leyes y que se debe acatar por la población y que las autoridades imponen como obligatorio. Cerrar los ojos a eso y actuar como si no existiera a mí me parece descabellado y hasta suicida. Lo que no quiere decir que no podamos sentarnos en otro fuero, en otro nivel, a cuestionar si ese derecho positivo implantado es o no el mejor derecho para el pueblo de Cuba o que no podemos discutir las normas que están establecidas, que a nuestro juicio son arcaicas y deberían ser sustituidas de inmediato.

P. ¿Existe algún camino para cuestionar la ley desde la ley,?

R. Teóricamente sí, pero en la práctica no. Todos recordamos lo que pasó con el Proyecto Varela, se recogieron las firmas requeridas y no se le hizo el menor caso. Lo que establece la ley cubana al respecto es en realidad letra muerta.

“El Código Penal (…) tiene elementos ideológicos que habrán de ser eliminados, así como el concepto de peligrosidad predelictiva”

P. ¿Entonces qué es lo que hace falta cambiar?

R. Habría que cambiar la Constitución que, como dijera Martí, es un elemento vivo y no puede ser construida sobre la base de elementos ideológicos. Hay que desideologizar la Constitución y para eso no queda más remedio que hacer una nueva. La actual tiene tantos problemas que si te pones a quitarle lo que le sobra te quedas con un esqueleto. La de 1940 adolece de una impronta paternalista que no se aviene a nuestro futuro y no estoy hablando de la implantación de un liberalismo constitucional ramplón de sálvese el que pueda.

La que venga ha de ser dinámica, sencilla y con capacidad de durar. Una constitución que todo el mundo entienda, una en que la gente confíe y sea el motor para el cambio, pero sin despojarla de la protección que debe ofrecerle al ciudadano, que permita el desarrollo de Cuba con la finalidad de tener un país estable, que funcione y tienda al progreso.

P. ¿Sólo cambiar la Constitución o todo el entramado jurídico?

R. En el Código Penal hay menos que cambiar, pero también tiene elementos ideológicos que habrán de ser eliminados, así como el concepto de peligrosidad predelictiva. El Código civil hay que hacerlo nuevo porque carece del tema de la propiedad, y de reglamentaciones mercantiles, que no existen hoy para la ciudadanía. Habrá que renovar el procesamiento penal, derogar, modificar y establecer leyes. Hay mucho trabajo por realizar.

Los cambios deben ir de la ley a la ley. Esto sería lo mejor, ya sabemos lo que pasa cuando se rompe abiertamente con todo. Esa es mi opinión y sé que muchos la comparten, pero no puedo hablar por la contrapartida. Quizás las élites de poder creen que no es recomendable dialogar. Ojala que ellos de forma racional se convenzan de que lo mejor para ellos, para nosotros y para el futuro del país es que conversemos.

Otra promesa sin cumplir

imagen; yusnaby.com

Mrc Dayanara Vega
Con la rapidez que fueron aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular los lineamientos económicos salidos del Congreso del Partido Comunista de Cuba, la opinión pública en el país se diversificó. Unos creyeron que ahora sí se arreglaría la economía y otros no porque “total, desde cuándo el Partido está haciendo promesas sin cumplir, esto va a ser una más”.
Entre las aprobaciones estuvo la apertura del trabajo por cuenta propia con su cobro de impuestos, pero olvidaron una vez más las garantías, esas que permitirían que cada trabajador por cuenta propia pudiera tener todo el ingreso que su gestión y esfuerzo personal permita, de acuerdo a la actividad que realiza y la población un servicio o un producto acorde a su poder adquisitivo.
Estamos hablando de que el cuentapropista, no tiene donde adquirir a precio mayorista ningún producto, tiene que recurrir al comercio minorista, o peor aún, al mercado negro o subterráneo como única opción para adquirir la materia prima necesaria. En este segundo caso, cae en actividad ilícita porque lo que se vende en ese mercado es robado al propio Estado de sus instalaciones gastronómicas, almacenes, etc, y se encarece el producto o el servicio porque sube el costo de producción, a veces de forma exorbitante.

Cuando se va…

CHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez
Mis padres recuerdan cuando existían los Tribunales de Garantías Constitucionales. Dicen ahora mismo mis padres, que entonces sí era respetada la Constitución de la República y cuánto reclaman la del año 1940. Por ende, todas las Leyes y todos los derechos, específicamente los Derechos Humanos, porque se cumplía aquello de “Patria es Humanidad”, como expresó el Maestro, muy atinado para estos sufridos momentos de nuestro pueblo, tan necesitados de asesoría, así como del conocimiento acerca de las más elementales Leyes y que éstas sean respetadas.
Hay una hermosa canción del cantante y compositor Alberto Cortés, que dice, “Cuando un amigo se va”, Cuando por decisión y capricho de algunos, eres privado de los pocos derechos que crees tener, y es imposible apelar a una importante instancia de la verdadera Justicia y contar con la anhelada independencia de nuestros Tribunales Populares.
En el orden personal, yo quiero que estas instituciones regresen para siempre, y para ser optimista, que mis nietos y los descendientes de ellos puedan disfrutarlas. La mayoría de nuestro pueblo está expectante y deseoso de conocer sus verdaderos derechos y que se les respeten. Queremos contribuir con esa hermosa misión, consagrados a la única y absoluta verdad: el respeto al Derecho.