Los servicios legales de los bufetes cubanos: la “colectivización” innecesaria del ejercicio de la abogacía

´CP2-2-oppor Regino Gayoso Rosabal

(Publicación aparecida en Cuba Posible)

Los servicios públicos que brinda la administración cubana están, en la práctica, bien diferenciados y clasificados. Como hemos dicho en artículos anteriores, dicha conceptualización podría ser
oportunamente replanteada según las exigencias de las nuevas circunstancias y los desafíos que plantea la revisión del modelo socio económico cubano. Dentro de los servicios legales brindados por el Estado, el ejercicio de la abogacía resulta una “rara avis”, debido a la forma en que se presta y a su aparente desconexión de la concentración sobre la gestión administrativa que el Estado cubano ha mantenido durante más de 50 años.
La paulatina desregulación de algunas actividades estatales y el paso de las mismas a manos de actores individuales, crean el marco propicio para reflexionar sobre este servicio desde otra mirada,
pues impacta profundamente en la percepción que la sociedad tiene de su sistema político.
El 23 de junio de 1973, el Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó la Ley 1250 -Ley de la Organización del Sistema Judicial-, mediante la cual pone fin al ejercicio privado de la abogacía en el país y comienza, bajo la égida de una nueva organización –la Organización de Bufete–, lo que representó la colectivización injustificada de un servicio público que, por su naturaleza, funciona de forma individual.
Hasta el año 1974 aproximadamente se mantuvieron en activo abogados que continuaban ejerciendo el Derecho de la forma antes mencionada, coexistiendo con la nueva organización. Estos, finalmente, fueron absorbidos cuando a tenor de la institucionalización del país se dicta, en el año 1984, el Decreto Ley 81 “Sobre el Ejercicio de la Abogacía y los Bufetes Colectivos”, que trajo como consecuencia la prestación colectiva del servicio.
La idea de la justicia social preconizada por la Revolución triunfante se encontraba ampliamente reflejada en las leyes que, una tras otra, demolían las bases sociales, económicas y legales del anterior régimen, consagrando en ellas el acceso igualitario a la justicia de todos los ciudadanos, sin distinción de raza, credo religioso, género o condición económica. Ese nuevo ordenamiento jurídico comenzaba a constituir el marco dentro del cual el abogado debía prestar el servicio.

Por otro lado, en todo servicio, de carácter público, la relación con el ciudadano y la satisfacción de sus necesidades constituye la piedra angular sobre la que se sustenta la actividad administrativa.
También en el ejercicio de la abogacía es así, con una diferencia: la exclusividad que expresa la relación abogado-cliente no existe en´ninguna otra oferta de servicios que brinda el Estado. La representación legal, a diferencia de la masividad inherente al resto de las ofertas que brinda la administración, resulta exclusiva y excluyente.
Ningún servicio jurídico contratado por un cliente se parece a otro, y el agente que los brinda puede ser seleccionado por el destinatario. Esto ya marca una diferencia.

II
Estructuralmente, los Bufetes Colectivos están dirigidos por una Junta Administrativa y tienen la categoría de Organización No Gubernamental. La Junta recolecta y redistribuye las utilidades que
los bufetes recaudan bajo su dirección, establece el precio de cada proceso mediante tarifas establecidas centralizadamente, y debe crear las condiciones materiales que permiten desenvolver, con determinada eficiencia, la prestación contratada.
A pesar de que la sociedad cubana se ha estratificado económicamente –hecho reconocido por la más alta dirigencia del país–, las tarifas del servicio se han mantenido dentro del mismo rango para
todos los usuarios. En tanto, un ciudadano cuyo desenvolvimiento patrimonial es superior paga, por un mismo servicio, igual cantidad de dinero que otro no vinculado a actividades lucrativas.
La inmovilidad de esta política evidencia que la Organización de Bufetes colegia con la administración central del Estado el monto y rango de las tarifas. Esto imposibilita a quien presta el servicio, negociar libremente el monto de las tarifas, según las posibilidades económicas del cliente. Esta proyección igualitarista constituye un mensaje que confunde el acceso igualitario a la justicia, garantizado constitucionalmente, y es, además, un claro indicativo de que la colectivización es sinónimo de centralización y el carácter no gubernamental de la organización es solo formal.
Entonces las preguntas podrían ser: ¿cuál es la ventaja para la Administración Pública: mantener como colectivo un servicio que, en la práctica, sus agentes pueden también brindar de forma independiente?
¿Por qué no pueden coexistir los Bufetes Colectivos con la opción independiente del servicio, si la finalidad de ambos es satisfacer las necesidades de la ciudadanía (razón esencial de la administración pública)?

Una de las desventajas de mantener esta centralización –o colectivización– tiene que ver con un rasgo que define a los Estados (con independencia de su sistema socio político): el impuesto. En tal sentido, independizar el ejercicio legal en favor de particulares generaría para la administración impuestos por cada profesional que solicitara licencia para ello. Además, sobre el patrimonio de cada abogado independiente recaería la responsabilidad de procurar los medios materiales necesarios para brindar el servicio, relevando a la organización de ese complicado gravamen. Por otra parte, el mapa de los servicios se ampliaría considerablemente, pues además de los
bufetes ya establecidos, aparecerían muchos otros –unipersonales o asociados–, a los que la población pudiera acudir con libertad. Otro de los rasgos que tiene que tipificar al servicio es la calidad.
Por ende, la disímil cualificación y la eficacia entre los actores independientes, y entre estos y los servicios centralizados por el Estado, seguramente redundará en la mejoría de ambos. En tal caso,
la gran triunfadora sería la sociedad, que vería multiplicadas las opciones de recibir la representación legal de su preferencia con la calidad deseada y el precio ajustado a su poder adquisitivo.
A esta novedad podríamos incorporarle, además, la posibilidad de que los recién graduados de las facultades de Derecho puedan realizar prácticas del ejercicio bajo la tutela de abogados independientes. Estos, por supuesto, les pagarían un salario, de acuerdo a las normas vigentes, a la condición de practicante o hasta por el ejercicio fijo de su profesión. Otras ventajas pudieran ser enumeradas. Sin embargo, considero que resulta de absoluta necesidad y justicia aclarar que el Estado cubano cuenta con suficientes medios para proteger a los sectores más vulnerables, de insolvencia no punible, que ya tienen garantizado el acceso igualitario a los servicios legales,
para que puedan recibirlo de manera gratuita. Así funciona en muchas partes del mundo: la calidad de la representación gratuita es controlada por los jueces, quienes en caso de desidia por parte del
profesional, lo informan a las organizaciones correspondientes, con el propósito de garantizar la calidad de la representación.
El ejercicio colectivo de la abogacía correspondió a la necesidad de un control político sobre el Derecho. No obstante, la estrategia de perfeccionamiento del sistema socio-político cubano transita, necesariamente, por la esfera de los servicios que brinda la administración pública, y se convertirán en la expresión externa y visible de dichos cambios. El ejercicio independiente del Derecho tampoco se opone al socialismo; por el contrario, puede fortalecer su capacidad de respuesta y su eficacia. Por otra parte, resultaría muy sencillo hacerlo, pues la transformación y el desarrollo de los servicios de representación legal no necesitan de un mercado mayorista, ni del cambio de moneda, porque se materializa en el mercado de las ideas profesionales que diseñan la sociedad.

Lo que nos falta

libros de textoLic. Yasmany Orges Lugo.

Desde que se comienza la Licenciatura en Derecho, y para su propia actualización, el jurista requiere obligatoriamente el estudio de las leyes. Estas son normas jurídicas dictadas por el legislador en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y su incumplimiento trae como consecuencia una sanción, por tanto tiene un carácter imperativo – atributivo, o sea, una parte que somete y una que obedece.

Desde el primer año de estudios nuestros profesores nos dicen que las leyes no se memorizan, solo se tiene el conocimiento de ellas y son para husmearlas; esto es cien por ciento cierto, ya que son un sinnúmero de Leyes, Resoluciones, Decretos… y cada una posee Titulo, Capítulos y Artículos lo cual hace imposible memorizar cada uno. Se hace necesario acceder a todas las leyes que nos sirvan para el trabajo frecuente y para el estudio. ¿Pero cuentan los abogados con la facilidad para obtener estas?

La realidad es que la mayoría de nosotros pasamos muchas dificultades para tener al alcance estos medios; frecuentemente por su falta, tenemos que sacarle copias en medios de impresión desgastados donde la calidad del documento se ve afectada. Por otro lado cuando se logra gestionar la compra de alguna edición legislativa, se llega a pedir por esta un alto precio, pues para acceder a esta compra hay que recurrir a los particulares u obtenerlas en soporte digital; pero no todos los abogados pueden disponer de una computadora.

Estas razones son chocantes en el desenvolvimiento del trabajo, muchas veces tenemos que pedir legislaciones prestadas o pagar por ellas.

En el orden pedagógico también afecta, pues en muchas asignaturas se evidencia falta de materiales de estudio, obligando a los estudiantes a ingeniárselas para acceder a una bibliografía certificada.

Una reflexión sobre el tema, por su negativa incidencia en la preparación de los actuales y futuros operadores del Derecho, en pos de eliminar aquello que nos falta.

 

Legislación o Legislaciones

ppios gralesTania Pérez Torres

El capítulo VI de la Constitución, establece en su artículo 41, que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes, pero, ¿existe la igualdad y los derechos en la Cuba de hoy? ¿Dónde se encuentran?, ¿Por qué de eso no se habla? ¿Por qué nuestro país tiene dispersión legislativa?, tantas son las interrogantes, que no alcanza para un libro; pero lo cierto es que provocan deficiencia en materia de derecho, por la duplicidad de normas.

Además, la carencia de una confección sistémica en el conjunto de disposiciones que conforman nuestra legislación provoca deficiencia, la inexistencia de una norma única para las indisciplinas, la falta de equilibrio en el tratamiento de contravenciones similares en leyes distintas, falta de justeza en la solución de los recursos interpuestos, al ser el superior de quien impone la multa quien conoce de la inconformidad, esos son los derechos por los que abogan en un república donde hay inexistencia de mecanismo legales para enmendar las violaciones procesales.

La imposibilidad que las personas naturales tenemos ante estas situaciones conllevan una meditación sobre “El desconocimiento de la Ley no nos exonera de su cumplimiento”. Si el Estado no me capacita, y se dificulta hasta la compra de la Constitución, ¿de qué forma aprendo sobre derecho y deberes? Somos una población que vive con carencia de principios generales del derecho, y anhelamos el tratamiento para ser los cubanos de estos tiempos.

 

El respeto a la Ley de Asociaciones

nuevo logoLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociación en la legislación cubana es un precedente de la época colonial, la Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo de acuerdo a sus proyecciones, con satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no solo es un medio indispensable y común de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación tenga límites en su alcance; lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados, preocupados de regularle de una manera democrática.

No obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el ejercicio del derecho de asociarse que desea el ciudadano cubano, y que se encuentra refrendado en la Constitución de la República de Cuba (artículo 9 en relación al 54).

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hicieron necesario la modificación del sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante que tienen algunos ciudadanos para asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la que lejos de resultar un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo que presenta tantos vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por nuestros trabajadores manuales e intelectuales y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, lo cual es un derecho constitucional, pero el tiempo pasa y las condiciones y exigencias del ser humano son cada día más mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales son un elemento integrante de la sociedad civil, y ésta a la vez resulta un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como el de la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

¿Por qué cerrarnos las puertas a este derecho?, ¿A qué teme el Estado?

Se ha advertido que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma. Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde las anteriores legislaciones estuvo previsto cancelar aquellas asociaciones que no cumplieran sus objetivos en beneficio de la sociedad, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida de gobierno equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir. Entonces vale preguntarse cuál es el argumento del Estado para no autorizar la referida Asociación que pretenden formalizar los juristas interesados, sí tenemos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene ánimo de lucro, pues persigue objetivos sociales al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

“El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, ¿Resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente?

Y es que si de respeto se trata no valen los argumentos.

 

No asfixiemos las Cooperativas

reciclajeLic. Moraima Leyva Pérez

Tanto la Constitución de la República, como el Código Civil, reconocen la propiedad cooperativa dentro de las principales formas de propiedad sobre los medios de producción.

Me referiré a las creadas de manera experimental, en sectores no agropecuarios, como parte del proceso de actualización del modelo económico cubano, reguladas en el Decreto-Ley 305 de 2012.

Estas personas jurídicas contribuyen a liberar al Estado de su responsabilidad sobre determinadas actividades de producción y servicios que requieren un nivel de independencia y autonomía y constituyen un mecanismo de apoyo a la satisfacción de necesidades económicas y sociales en su territorio, en correspondencia con su objeto social aprobado en el marco de las regulaciones vigentes.

Sin embargo, resulta contradictorio que por una parte el Estado esté protegiendo el impulso de estas entidades económicas y que por otro, los organismos e instituciones del estado, pongan obstáculos a su desarrollo, por desconfianza infundada.

Pongamos un ejemplo: la única cooperativa no agropecuaria de reciclaje de la provincia Holguín, radica en el municipio de Antilla, su objeto social consiste en la recuperación de desechos a las entidades de dicho territorio y posterior venta a la Empresa de Recuperación de Materias Primas, con la que tiene pactado un plan de entregas como encargo estatal. Muchos son los escollos que sus socios han tenido que afrontar, partiendo de la negativa de las fuentes generadoras a la venta de sus desechos reciclables, pues: “mi organismo no me ha autorizado a negociar con una cooperativa”. Es una actividad novedosa en el país y el desconocimiento del tema puede acarrear incertidumbre. No es menos cierto que históricamente las Cooperativas en Cuba se prestaron para actividades indebidas, bajo un aparente régimen de legitimidad. Pero la ley faculta a las entidades estatales a relacionarse con estas a través de contratos, convenios y otras actividades lícitas; no puede entonces un jefe de un organismo de la administración central del Estado oponerse a que se cumpla con las políticas y normativas que se dictan o corremos el riesgo de asfixiar de antemano este nuevo modelo de gestión que puede resultar eficiente y provechoso para el desarrollo económico del país.

 

¿Bloqueo o bloqueos?

peligroMsC. Magela Acosta

El pasado 21 de abril del presente año, en ocasión de la visita a la República de Cuba del Presidente de Estados Unidos Americanos los presidentes de los Estados mencionados ofrecieron declaración a la prensa nacional e internacional; el Presidente Castro expresó: El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo Cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales.

Luego el Sr. Presidente Barack Obama, afirmó: El destino de Cuba no va a ser decidido ni por Estados Unidos ni por otra nación, el futuro de Cuba – es soberana y tiene todo el derecho de tener el orgullo que tiene – será decidido por los cubanos y por nadie más.

Pero, ¿qué ocurrirá cuando el bloqueo al que se refirió el Sr. Castro deje de ser un obstáculo para el desarrollo económico y el bienestar del pueblo Cubano?; ¿quién terminará con el bloqueo interno existente al cual el Sr. Castro no hizo alusión?

Si es cierto que el bloqueo al que está sometido el Estado Cubano es un impedimento para el desarrollo social, económico, científico y técnico del país, donde el mayor afectado es el pueblo, qué decir del bloqueo interno que causa tal o mayor afectación al pueblo de Cuba. Y ejemplos de este bloqueo podemos citar muchos.

Cuando un ciudadano se dirige a un centro de salud a cualquier nivel y no le dan la atención que por derecho constitucional le pertenece de forma gratuita, desde el trato adecuado e inmediato hasta la práctica de cualquier examen, o cuando dicen que no existe tal o mas cual recurso o que el medicamento se agotó. Aludiendo siempre a que es culpa del bloqueo; pero si la persona afectada sabe dónde y cómo reclamar sus derechos, enseguida aparece; y si por necesidad o casualidad tienes que demorarte en el lugar verás como para ciertos ciudadanos amigos o recomendados no tienen ni que esperar la cola y mucho menos la excusa del no hay o se agotó.

En el sector del comercio, cuando a todos no les llega en el mismo tiempo la canasta básica, ni con la calidad requerida e incluso ni siquiera los productos asignados. En las entidades de la Administración Pública, donde un sencillo trámite, que por la norma jurídica debe quedar resuelto en treinta días, en la mayoría de los casos se demora hasta ciento ochenta días (por mencionar un término). O en una estación de la PNR, al ejercer el derecho ciudadano de formular denuncia ante el agente del orden, hay que esperar horas ya que en un número alto de casos, el trato no es diferenciado con el de otro ciudadano infractor de la Ley.

Son tantos los ejemplos de bloqueo que golpean al pueblo de Cuba que es imposible citarlos todos, y al final convergen en la ya famosa frase: la culpa es del bloqueo impuesto por los americanos contra el pueblo de Cuba.

Ahora, cuando se han dado grandes pasos para la normalización de las relaciones entre ambos países, es el momento propicio que nuestro gobierno comience a tomar medidas, ya sea de índole administrativa o legislativa que corten definitivamente con esta enfermedad que no se adquiere, ni se importa y mucho menos se impone por ningún otro estado ajeno, y sí viene dañando al pueblo por varias décadas.

Podría afirmarse que el pueblo cubano quiere y anhela que muera el bloqueo, pero, ¿Cuál enterramos primero?

AJC, Cuba, Bloqueo, embargo, ciudadano

Reflexiones un sobre un caso práctico.

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Lic. Alberto Fumero Batista

En fecha reciente se radicó el Expediente de Fase Preparatoria de No. 281 del 2016 en la Unidad Territorial de Investigación Criminal de Santiago de Cuba, más conocida como Micro 9, por un presunto delito de Estafa contra los ciudadanos Yudién Tabares Cortina, Ricardo Díaz López y Edilberto López Lores por la venta de una moto de paseo que realizaran en el mes de septiembre del año 2014 a la señora María Josefa Coello Tassé.

Debería llamar la atención del lector el hecho de hacerse efectiva una denuncia habiendo transcurrido casi dos años de la transacción o acuerdo legal que la motiva, sin embargo, de lo que se trata es que la persona que ahora funge como denunciante, de conjunto con un sobrino, verdadero dueño del capital con que se adquirió el vehículo, luego de agotar la vía administrativa al presentar demanda ante los tribunales contra el primero delos acusados y contra la Dirección Provincial del Ministerio del Interior, decidieron probar suerte en la instancia de lo penal al resultarle adverso el fallo dictado en lo administrativo, auxiliándose para ello de algún padrino en la policía que ejerciera influencia en su favor primero, para darle entrada a la denuncia, luego, lograr una orden de registro para supuestamente buscar artículos o bienes de procedencia ilícita y por último, una orden de detención en contra de los procesados sin ningún elemento razonable que justifique tal proceder policial, pasados, como ya se dijo, casi dos años de la referida compraventa.

Solo un funcionario, haciendo mal uso de su condición para favorecer intereses personales, tiene el suficiente poder e influencias para lograr este procedimiento inusual.

Para colmo de males, y dando continuidad a una actuación notoriamente parcializada, a partir del mismo día de la detención fueron remitidos los tres a la Unidad Provincial de Operaciones Policiales, cualquiera sabe con qué objeto, y por si fuera poco, el Auto de imposición de medida cautelar para oficializar su aseguramiento, que debió entregarse a sus familiares el 17 de junio para que estos pudieran contratar abogado, les fue notificado tres días después, en franca violación de lo que establece la ley y en perjuicio de los procesados.

Hechos como estos suceden a diario a lo largo y ancho de nuestro país con total impunidad y debemos erradicarlos si aspiramos a una administración de justicia de calidad; de ahí, la importancia de la denuncia inmediata ante la opinión pública para que estos hechos no se repitan y para que, quienes tienen la función de cumplir y hacer cumplir la ley, se despojen de procederes ilegítimos e inadecuados que no guardan ninguna relación con su condición.

Quisiera aclarar que durante el proceso administrativo a que se ha hecho referencia, quedó determinado que el proceso fraudulento que pretendió y logró en su día legitimar la moto objeto del proceso ,que es en definitiva lo que se le imputa a los procesados, tiene origen anterior a que ellos la adquirieran de manos de Manuel Alejandro Rojas Garbey y de su supuesta propietaria Xiomara Garbey Pineda, madre de Rojas Garbey, quedando demostrado como así lo reconoció la Dirección del MININT en su escrito de contestación, que estos últimos estaban involucrados en el origen del fraude conjuntamente con funcionarios del registro de vehículos, procesados por la Fiscalía Militar.

Para mayor sorpresa, aunque el hijo abandonó definitivamente el país, la señora Garbey Pineda no ha sido molestada en este proceso penal, a pesar de que tiene domicilio reconocido y controlado por la policía.

Paradójicamente, Yudién, Ricardo y Edilberto siguen privados de libertad en la unidad de Operaciones, y hasta donde se tiene conocimiento, ninguno había sido entrevistado por sus respectivos representantes legales.

 

David y Goliat

4 guy-book-young-man-opened-hands-44992012Lic. Yasmany Orges Lugo.

Abogado: es aquella persona con título de grado habilitado conforme a la legislación de cada país, que ejerce el Derecho, en asistencia de terceros, siendo un colaborador activo e indispensable en la administración de la Justicia de un país. O sea, abogado, no solo es ser defensor de la justicia, sino que con su asesoramiento realiza una función preventiva en pos de evitar conflictos sociales.
En Cuba todos los abogados somos formados en una misma institución universitaria, y en teoría podemos aspirar a las mismas posiciones laborales, llegamos a obtener las mismas destrezas y conocimientos que se necesitan para ser un buen jurídico; pero solo en teoría ya que cada persona es un ser independiente con valores y coeficientes distintos.
En cuanto a la formación de nosotros los jurídicos o de dónde provenimos, es también algo variable, ya que algunos provienen de Facultades provinciales y otros de las Sedes Universitarias Municipales creadas a todo lo largo del país como parte del proceso de Universalización llevado a cabo por el Ministerio de Educación Superior.
Se nota una gran diferencia entre los graduados de las Universidades Provinciales y los de las Municipales, pues los primeros cuentan con un mejor claustro de profesores (integrados por Doctores, Masters y pedagogos de años), se exige un mayor rendimiento, régimen de estudio y se cuenta con la base material de estudio necesaria para la investigación y la preparación individual; mientras que en la instituciones municipales se hacen un tanto flexibles estas características.
Al graduarnos, sigue habiendo diferencias en cuanto a las opciones de trabajo y la ubicación laboral, pues a los egresados de las Universidades Capitalinas se les ubica en centros afines con la carrera, donde pasan su servicio social desenvolviéndose en el mundo del derecho, alcanzando mayor nivel cognoscitivo, en tanto los graduados municipales, en su mayoría, guardan el título “bajo el colchón” pues tienen que conseguir, para desarrollar lo aprendido, un puesto laboral mediante relaciones o esperar que se desocupe alguna plaza en un Bufete, Tribunal, Fiscalía, Consultoría Jurídica… lo cual trae consigo un divorcio con lo refrendado en el título del cual eres acreedor. Entonces surge la clásica pregunta: ¿para qué estudié Derecho? Mirándolo desde este punto de vista, tienen razón aquellos que expresan: –esos universitarios no tienen preparación alguna.
Mi objetivo no ha sido comparar a unos ni a otros, pues al final todos pasamos por esa etapa fascinante de ser estudiantes universitarios y el título de Licenciado en Derecho no expresa ni el promedio acumulado, ni la universidad de que proviene.
Lo que quiero hacer notar con este comentario es la existencia de prejuicios y testimonios negativos referidos por algunos profesionales de la misma rama hacia sus colegas como al que hacía alusión anteriormente. Creo que todo va en la persona y el interés que dedique a la preparación, ser mejor cada día, investigar y crecerse ante los obstáculos que aparezcan en el camino de la superación personal, sin importar quiénes fueron sus profesores, de qué Universidad viene y qué cargo ocupe dentro del sistema jurídico.
Este es el Goliat que a muchos afecta, pero basta creerse un David para darle al mundo otra enseñanza de grandeza.

Mi techo serán las estrellas

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Lic. Kirenia Dominguez

El derecho a la vivienda es un  derecho humano de segunda generación. Este se encuentra reconocido  en La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25.Esta no tiene fuerza vinculante, pero ha servido de colofón para la creación del los pactos internacionales que los reconocen y obligan a los estados signatarios a su total observancia, pues estos si tienen fuerza vinculante.
En el art Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales se reconoce que: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Hoy en día este derecho en nuestro país se convierte en algo muy difícil de lograr con todos los requisitos que la ley establece, puesto que vivienda se le suele llamar a cualquier cuartucho que albergue a toda una familia, en condiciones inhóspitas y de hacinamiento.
La realidad latente de una isla que a menudo se encuentra afectada por fenómenos climatológicos, ha traído consigo el deterioro del fondo habitacional de asentamientos completos, esto sumado a la escasez de recursos constructivos y a los pocos ingresos de los habitantes, ha traído consigo que muchas familias se encuentren en lugares que van en contra de lo pactado con relación a este derecho humano.
En este caso tenemos a Omar, poblador de El Morrillo, localidad del municipio Bahía Honda en Artemisa, quien desde el 2008 vive en una “facilidad temporal”, como se le suele llamar en nuestro país a la construcción, que como el nombre indica, paliaría por un breve período el problema de la vivienda que el ciclón Isidore cuando atravesó la isla, le derrumbó totalmente.
Hoy este anciano, combatiente de guerras internacionalistas, vive en un estado constructivo crítico y al ser entrevistado está convencido de que, en lo que le queda por vivir, su techo serán las estrellas.

¿QUIÉN PAGA?

images.duckduckgo.comLic. Egar Luis Arozarena Gómez

En reiteradas ocasiones y en distintos espacios se ha abordado en el complejo sistema económico cubano el tema de los Intermediarios, los cuales en la mayoría de los casos obtienen jugosas ganancias a costa de los productores o suministradores y los compradores.
Este caso es la cara opuesta de esa moneda, pero que a su vez ocasionó serias pérdidas a una entidad cuyo encargo estatal es sumamente importante para nuestra Economía.
A principios de año se efectuó en el Tribunal Provincial Popular de Artemisa, la vista Oral correspondiente a la demanda impuesta por la UEB Central Azucarero Harlem de Bahía Honda a la Empresa Eléctrica de Artemisa, radicada en el Expediente No. 60 de 2015 por el incumplimiento de pago de la Energía Eléctrica generada por la UEB Azucarera durante la zafra 2013 – 2014, la cual es entregada al Sistema Electro energético Nacional (SEN) y vendida a la Empresa eléctrica de Artemisa a través del Contrato No. 16/2013 que ampara dicho negocio jurídico.
Durante la vista se conoció que la parte demandada incumplió su obligación contractual debido a que, quien efectúa el pago de la electricidad generada en este y en los demás centrales azucareros del país es la Unión Nacional Eléctrica (UNE), quien ubica en una cuenta que tiene cada Empresa Eléctrica provincial con centrales azucareros en su territorio, el dinero para que se pague a estas industrias por la energía entregada.
Después de las correspondientes gestiones de cobro, dígase conciliaciones y reconocimientos de la deuda contraída, llamadas telefónicas, etc., la parte demandada informó que la UNE se negó a hacer efectivo el pago, pues las facturas debían ser modificadas según un nuevo procedimiento para su confección, el cual estaba sujeto a la variación mensual de un llamado Factor “K” que no es más que un coeficiente derivado de la fluctuación del precio del petróleo a nivel internacional en cada mes, y por ende, el precio de la energía no sería el mismo siempre, teniéndose que hacer facturas mensuales con la energía generada y no una factura única al finalizar la zafra como era usual hasta ese momento.
La Empresa eléctrica recibió, firmó y concilió la factura única entregada en su momento por la UEB Harlem, pero al trasladarla a la UNE para que efectuara el pago, esta se negó alegando el procedimiento ya mencionado, el cual nunca comunicó hasta ese momento a la Empresa Eléctrica para que fuera del conocimiento de los centrales.
Al no estar pactado esto último en el Contrato de compraventa de Energía Eléctrica concertado entre la Empresa Eléctrica de Artemisa y la UEB Central Azucarero Harlem, esta última reclama su cumplimiento según lo establecido en el contrato, y la Empresa Eléctrica alega que ellos solo son intermediarios en este proceso y la UNE, por su parte, no tiene ningún documento que la obligue a pagar si no se arreglan las facturas, cosa esta que representa aproximadamente una pérdida de 17 mil pesos para esta UEB Azucarera, puesto que de más de 39 mil pesos, vería reducido su importe a poco más de 21 mil pesos si se llegaba a modificar la factura en cuestión.
Con los elementos aportados por las partes, el Tribunal concluyó la Vista dejando claro que quien estaba siendo demandada no era más que otra víctima de nuestro ”Sistema de Contratación”, usado habilidosamente en favor de unos y en detrimento de otros.
Todavía no se conoce el fallo del Tribunal, pero quiero llamar la atención en las fallas que aún tenemos en el Sistema de Contratación, donde los intermediarios muchas veces se benefician, pero en otras se perjudican y al final quien pierde es la Economía, y volviendo al caso que nos ocupa, ¿Quién paga?

El Acoso en los Centros Laborales

6 eeLic. Juan Álvarez del Rio.

La Ley No. 62 del Código Penal Cubano de diciembre de 1987, establece en la Sección Quinta del Título XI, el Ultraje Sexual (artículo No. 303.1.a: el que acose a otro con requerimientos sexuales se sanciona con privación de libertad de tres meses a 1 año, o multa de cien a trescientas cuotas.)

El acoso no lleva la fuerza física, pero si presión psicológica, tratando de lograr un objetivo predeterminado.

En el Código Laboral Cubano, Ley No. 116 del 20 de Diciembre de 2013, en el artículo 147 no aparece ninguna figura, ni como violación de la disciplina, para el acoso, ya que este puede ser realizado por compañeros de trabajo o por Jefes superiores por relación del cargo; en el artículo No. 145 se plantea que los trabajadores deben cumplir con las normas de conducta y el Empleador velar por la integridad física, psicológica y el debido respeto a la dignidad de los mismos.

En el decreto Ley No. 196 del trabajo con los Cuadros, Dirigentes y Funcionarios del Estado y del Gobierno y el decreto Ley No. 197, ambos de fecha 15 de Octubre de 1999, los que fueron modificados por el Decreto Ley No. 251 del Primero de Agosto de 2007 tampoco aparece como violación de la disciplina el acoso laboral.

Este Acoso Laboral pudiera ser por parte de un superior, ya sea hombre o mujer, para obtener beneficio sexual de una persona que desea obtener un puesto de trabajo, un ascenso, mejor remuneración económica o mejores condiciones laborales. Muchas personas no denuncian hechos como estos por desconocimiento de sus derechos y falta de asesoramiento legal.

También pudiera ser que el Jefe o Jefa no permita a una persona que ocupe un cargo o una plaza para dársela a otra persona por relación de amistad u otro interés particular, a la cual entorpecería solicitándole documentos, suspendiéndole entrevistas, chequeos, etc., violando de forma grave los derechos de la persona, afectándola psicológicamente.

En diversos países existen regulaciones en sus códigos laborales y penales en contra de estas actitudes como son, Bélgica, Francia, Suecia, Noruega, Italia, etc.

Es necesario agregar al Código Laboral Cubano un artículo sobre el acoso laboral como infracción de la disciplina.

 

Ataquemos las causas y no las consecuencias

Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles

Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles

 

Lic. Yanelis Ramirez Cruz

Una vez más el tema combustible asoma a las puertas. El contexto internacional y sus consecuencias económicas para Cuba avizoran un año difícil. Por eso la máxima dirección del país ha tomado la decisión de reducir el plan de portadores energéticos a todos los organismos de la administración central del Estado, aun cuando ello conlleva bajar el nivel de actividad.

Esta medida presupone un mayor control en el uso eficiente del combustible diésel. Sin embargo en numerosas entidades estatales, la sustracción y desvío de combustible se ha convertido en algo con lo que convivimos a diario.

En Holguín circulan más de tres mil vehículos particulares, en tanto la venta a las personas naturales en los Servicentros de la provincia, no sobrepasa los 109 litros como promedio diario. Tal situación es conocida y denunciada en varios escenarios por las autoridades gubernamentales. Pero no se trata de divulgar, sino de acometer acciones.

Seríamos ilusos al pensar que un porteador privado para la transportación de pasajeros pagaría el precio de 1.10 CUC por litro, porque como decimos en buen cubano “no le daría la cuenta”. Entonces, ¿de dónde sale ese combustible sino de las entidades estatales? A partir de esta realidad, ¿qué mecanismos de control están empleando las administraciones para que el combustible no les sea robado? ¿Existe dolo o culpa en su actuar? ¿Acaso estamos esperando que se produzca el hecho extraordinario para separar del cargo a los implicados y llevarlos a la cárcel?

Debemos atacar las causas y no las consecuencias. Mientras el Estado no propicie que el combustible se adquiera a menor precio por los porteadores privados y a su vez cree los mecanismos de control para garantizar que se haga de modo oficial y en los lugares establecidos, el desvío va a continuar tal y como existe hoy bajo un “aparente régimen de legalidad”.

 

¿Quién le pone el cascabel?

4 musicMsC. Magela Acosta

La Ley No. 14 de 28 de diciembre de 1977, Ley sobre Derecho de Autor en su artículo 1 tiene por objeto: brindar la debida protección al derecho de autor en la República de Cuba, en armonía con los intereses, objetivos y principios de nuestra revolución socialista.

El derecho de autor regulado en esta Ley se refiere a las obras científicas, artísticas, literarias y educacionales de carácter original, que se hayan hecho o puedan hacerse de conocimiento público por cualquier medio lícito, cualesquiera que sea su forma de expresión, su contenido, valor o destino (Artículo 2).

Ahora, estamos hablando de una Ley que le brinda protección al autor de una obra y le concede ciertos derechos (Artículo 4) tales como:

a) Exigir que se reconozca la paternidad de su obra y, en especial, que se mencione su nombre o seudónimo cada vez que la misma sea utilizada en alguna de las formas previstas en esta Ley;

b) Defender la integridad de su obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación o modificación que se realice en ella sin su consentimiento;

c) Realizar o autorizar la publicación, la reproducción o la comunicación de su obra al público por cualquier medio lícito, bajo su propio nombre, bajo seudónimo o anónimamente;

d) Realizar o autorizar la traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra transformación de su obra;

e) Recibir una remuneración, en virtud del trabajo intelectual realizado, cuando su obra sea utilizada por otras personas naturales o jurídicas, dentro de los límites y condiciones de esta Ley y sus disposiciones complementarias así como cuantas otras disposiciones legales se establezcan sobre la materia.

En febrero de 2003 resultó necesario reglamentar el registro facultativo de obras protegidas y de los actos y contratos referidos al Derecho de autor, teniendo en cuenta que la creación y explotación de las obras a las cuales hace mención la precitada Ley 14, se estaban abriendo cada vez más hacia vías no contempladas anteriormente, por lo que se promulga la Resolución No.13 Reglamento del Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos Referidos al Derecho de Autor, de fecha 20 de febrero del 2003 del MINCUL, derogando la Resolución No. 2, de fecha 25 de octubre de 1993, del Director General del Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), modificando la denominación del Depósito Legal Facultativo de Obras Protegidas, nombrándolo Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos referidos al Derecho de Autor, adscrito al CENDA, considerado continuador legal por conservar sus funciones esenciales.

El artículo 2 de esta Resolución, plantea, entre otras cosas, que El acto de inscripción en el Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos referidos al Derecho de Autor, es facultativo y no contraviene el principio de la protección automática; por lo que los actos de inscripción y registro a que se hace referencia en este Reglamento, no son obligatorios, se rigen por el principio de voluntariedad del autor, ya que plantean que desde el momento en que una obra es conocida al público por un medio lícito, se considera “protegida”. El registro no crea derechos, solo es una prueba documental o garantía jurídica a presentar ante un litigio sobre el tema. Por lo que estamos en presencia de una controversia, y desde el punto de vista jurídico, el estado está dando paso a que se proliferen las Violaciones o Infracciones del Derecho de Autor y los Derechos Conexos; mucho más cuando en nuestra sociedad ha habido un alza considerable en el campo de las investigaciones y las creaciones en todos los ámbitos, sin obviar que estamos en presencia de una verdadera revolución cibernética, un arma poderosa para la comisión de delitos en esta materia para personas inescrupulosas.

Volviendo a la precitada Ley No. 14 de 28 de diciembre de 1977, sobre Derecho de Autor; el legislador destinó un capítulo con un solo artículo (capítulo 10, artículo 50) para normar las violaciones del derecho de autor. Me pregunto: ¿El legislador no le prestó la verdadera importancia que tiene la protección del derecho de autor y los derechos conexos? ¿O pensó emitir otra norma jurídica haciendo esta salvedad? mientras tanto, alguien sigue pensando qué hacer con la precitada ley.

Hoy día, la existente nos remite a la ley penal y ésta, en Cuba, solo se limita al DELITO DE FALSIFICACIÓN. No existen otros delitos de Derecho de Autor, lo que la hace inoperante; por lo que considero que una legislación carente de sanciones penales que reprima las infracciones derivadas del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, sería insubstancial; dejar desprotegidas las obras o cualquier actividad derivada del acto de la creación, sin ninguna duda va a conducir a situaciones negativas en la sociedad, como es el caso objetivo que presentan nuestros autores (sin hablar de los internacionales), los cuales sus obras están siendo pirateadas por personas amparadas en la Resolución No. 33 de 6 de septiembre de 2011, del MTSS, que establece el Reglamento del Ejercicio del Trabajo por cuenta propia; el estado lo autoriza con la expedición de una licencia de “Comprador Vendedor de Discos” a la venta indiscriminada de obras musicales y audiovisuales sin respeto a los derechos morales y patrimoniales que la legislación sobre derecho de autor dice proteger. Estos ciudadanos, protegidos por una norma jurídica, se dedican a piratear estos materiales burlando la legislación autoral, y lo más triste, nadie le pone el cascabel al gato y se siguen vulnerando los derechos autorales.

Esta situación continuará hasta tanto el Ministerio de Cultura no se pronuncie en la modificación de la legislación en materia de derecho de autor, que responda al desarrollo social actual; y la ley penal no incluya los delitos que afectan los derechos de autor y los derechos conexos con precisión.

 

 

Al rescate de valores perdidos

Foto: Ariel Arias, País de Píxeles

Foto: Ariel Arias, País de Píxeles

Lic. Noel Rodríguez Ávila

Independientemente en que vivimos en un mundo globalizado, cada país aparte de su geografía y su clima tiene su idiosincrasia que lo distingue de los demás por su idioma, su cultura, su economía, sus creencias religiosas: a contrario sensu de los valores, pues estos son de carácter universal.

Se observa con preocupación y nostalgia como esa gama de valores en la que fuimos formados y educados a través de la cadena hogar-escuela-centro laboral-lugares sociales, ha ido cambiando o desapareciendo. Esta lamentable pérdida no tiene efecto vinculante con el cambio climático, en relación a como también han cambiado y variado las estaciones del año.

La mayor parte de nuestros niños y jóvenes crecen con carencias de educación formal: crecen sin pedir permiso, con una estridencia alegre y, a veces arrogante en un ritual de obediencia orgánica y desobediencia civil. Ya no oímos, ya no vemos el pedir permiso para pasar, dar el asiento a una mujer embarazada o un anciano: lo que vemos es la indolencia, el yoísmo y la proliferación de palabras obscenas.

No debemos dilatar el resolver esta acuciante problemática que nos atañe a toda la sociedad, desde los padres, en el hogar, los maestros y profesores en la escuela, hasta nuestros gobernantes. Galopemos juntos, para rescatar los valores perdidos.

 

Igualdad

2 Imagen1Lic. Tania Pérez Torres

Nuestro país está cambiando, cuando pienso en eso me enorgullezco, egoísta y cercana se encuentra esa realidad, una realidad basada en los cambios de la política interna y externa de la Cuba de estos tiempos. Bajo la sombrilla de lo legal y permitido se reflejan las necesidades de una población y las comodidades de otra parte de la población; Pienso en las garantías básicas, ¿Dónde están?, ¿Pueden existir garantías?, ¿Cuáles?, ¿acaso existe una institución, un tribunal donde se exija a la administración en sentido general, garantías para los administrados?

En una Cuba donde existen diferencias sociales, es inconcebible la realidad de aquellos que abogan en todas las tribunas, nacionales e internacionales, así como en todo el sistema de comunicación, radio, TV, etc. que en el país el sistema de equidad no permite injusticia. Ante toda esa información manipulada por el poder de hegemonía que ejerce el Estado, ¿qué hacer?

¿Por qué existen servicios que cuestan más que el salario básico de un obrero?, ¿acaso tuvieron en cuenta las necesidades de la población a la que se ha mantenido marginada y de espaldas al desarrollo?, ¿por qué no existen consultas populares para la toma de decisiones? Ni siquiera a nivel de una empresa estatal que eliminó el plan vacacional para sus trabajadores y sus familias aduciendo daño a la duna costera; sin embargo no quitaron los hoteles para turistas extranjeros, ni el plan vacacional a los jefes, ¿acaso existe la justicia y equidad? ¿Para quiénes?, para los favorecidos.