Matrimonio igualitario

8-bandera-lgbtJorge Luis

El matrimonio entre personas del mismo sexo reconoce legalmente la unión entre personas del mismo sexo biológico. Junto a la institución del matrimonio, y en muchos casos como alternativa, existen instituciones civiles adicionales, muy diferentes en cada país y comunidad, con denominaciones distintas como “parejas de hecho” o “uniones civiles”. La actitud de la sociedad hacia las parejas del mismo sexo y las uniones formales de parejas del mismo sexo difiere en función de los tiempos y lugares desde la plena aceptación e integración, pasando por una tolerancia neutral, hasta el rechazo, la discriminación, la persecución y el exterminio.

En el mundo occidental el debate de la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo tiene opiniones divididas. Los opositores a que se reformen los códigos civiles y de familia argumentan que la unión de un hombre y de una mujer es la única definición de matrimonio, además de que es la base para la procreación, que esta definición ha existido por miles de años; por tanto no puede cambiar.

Los sectores a favor plantean que no hay razones suficientes para no darle la protección que ofrece el sistema jurídico a las parejas del mismo sexo. Como respuesta al tema de la procreación exponen la parcialidad de este argumento ya que las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo no prohíben el matrimonio entre ancianos o personas estériles. Indican que la reforma sobre el matrimonio para incluir los derechos de los homosexuales es una cuestión de igualdad ante la ley.

La ciencia ha demostrado que la homosexualidad no es ni un trastorno ni una enfermedad, sino una variante de la orientación sexual. La inmensa mayoría de la comunidad LGBT viven vidas felices, sanas, bien adaptadas y productivas. Muchos mantienen relaciones permanentes con su pareja. En términos psicológicos esenciales, estas relaciones son el equivalente de las relaciones heterosexuales.

Nuestro país es signatario de los Principios de Yogyakarta que extienden explícitamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y transgénero. Podría tener un impacto positivo para nuestro país modificar la institución matrimonio por la seguridad que ofrece en términos sucesorios, así como beneficios de jubilación y propiedad conjunta de bienes.

 

Derechos Humanos y sociedad

5-derechos-humanosLic. Andrea Lopez

Sin duda, debemos hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos como uno de los documentos más importantes de toda la historia de la humanidad y que vio la luz en diciembre de 1948 por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Términos como estos son hoy muy populares y convencionales en lo que pudiese llamarse la plataforma política y jurídica de nuestro país. Es entonces que surgen innumerables polémicas sobre los llamados derechos fundamentales del hombre. Nuestro sistema en tal sentido es cuestionable, pues existen muchas de estas  garantías que han sido políticamente monopolizadas. La crítica es la base del perfeccionamiento de un sistema, y cabe preguntarse entonces si los ciudadanos cubanos podemos ser realmente críticos con el nuestro. Es aquí donde muchas cuestiones reguladas y ampliamente debatidas internacionalmente como es el caso del derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamente y con justicia, así como el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, igualmente sucede según se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Nuestro sistema ha instrumentado el Ordenamiento Jurídico o lo que es más común, se ha instrumentado el Derecho para en cierta medida desarticular la verdadera esencia y efecto de ciertos asuntos que a pesar de ser cuestionables no son del todo públicos. Ser críticos y sinceros no nos hace contrarios a ideales ni mucho menos menos patriotas, todo lo contrario no hace grandes y mejores.

Usar el Derecho como instrumento para castigar y reprimir opiniones es una clara violación de las directrices internacionales y peor aún de los derechos del hombre. Seremos mañana lo que seamos capaces de mejorar hoy, y enriquecemos nuestra sociedad haciéndola cada vez más preparada y critica no cada vez más sumisa y callada.

 

Mi techo serán las estrellas

3 isidore
Lic. Kirenia Dominguez

El derecho a la vivienda es un  derecho humano de segunda generación. Este se encuentra reconocido  en La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25.Esta no tiene fuerza vinculante, pero ha servido de colofón para la creación del los pactos internacionales que los reconocen y obligan a los estados signatarios a su total observancia, pues estos si tienen fuerza vinculante.
En el art Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales se reconoce que: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Hoy en día este derecho en nuestro país se convierte en algo muy difícil de lograr con todos los requisitos que la ley establece, puesto que vivienda se le suele llamar a cualquier cuartucho que albergue a toda una familia, en condiciones inhóspitas y de hacinamiento.
La realidad latente de una isla que a menudo se encuentra afectada por fenómenos climatológicos, ha traído consigo el deterioro del fondo habitacional de asentamientos completos, esto sumado a la escasez de recursos constructivos y a los pocos ingresos de los habitantes, ha traído consigo que muchas familias se encuentren en lugares que van en contra de lo pactado con relación a este derecho humano.
En este caso tenemos a Omar, poblador de El Morrillo, localidad del municipio Bahía Honda en Artemisa, quien desde el 2008 vive en una “facilidad temporal”, como se le suele llamar en nuestro país a la construcción, que como el nombre indica, paliaría por un breve período el problema de la vivienda que el ciclón Isidore cuando atravesó la isla, le derrumbó totalmente.
Hoy este anciano, combatiente de guerras internacionalistas, vive en un estado constructivo crítico y al ser entrevistado está convencido de que, en lo que le queda por vivir, su techo serán las estrellas.

La Argumentación no es jurídica

4-calixtoLic. Amado Calixto Gammalame.

Varios artículos de Abogados de la Asociación Jurídica Cubana, y comentarios de otras personas, han explicado adecuadamente los fundamentos para recibir del estado cubano, a través de sus autoridades, la autorización para quedar legal y oficialmente constituida en Cuba nuestra Asociación.

La letrada que representó a la Ministra de Justicia en la vista del pasado 27 de septiembre en el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, continua argumentando que las instituciones Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos cumplen las funciones estatales que los iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana pretenden.

La Ley 54 de Asociaciones en su artículo 8 deja establecido de forma meridiana los elementos a tener en consideración para formar una Asociación.

Ya habíamos señalado, que la totalidad de las asociaciones establecidas en Cuba realizan paralelamente o en simbiosis con las entidades estatales, sus actividades. Citamos como ejemplo, la  Asociación de Economistas, de Agricultores, Hermanos Saíz. etc.

La Constitución de la República de Cuba precisamente en su artículo 54 también deja establecido el Derecho de Asociación.

El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de igual forma, hace referencia específica al derecho que tienen los individuos de asociarse, entre otros.

 Granma, Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba, en su edición del 22 de junio de 2012, titula un artículo: ONU destaca desempeño de Cuba en materia de libertad de reunión, del cual cito textualmente: Cuba expresó hoy su satisfacción por haber sido mencionada como ejemplo de buenas prácticas en materia de libertad de reunión y asociación pacificas en el informe del Relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esa materia, Maina Kivi, reporta PL.

 En el diálogo con el Relator, el delegado cubano, Juan Antonio Quintanilla, añadió que en nuestro país existen amplias libertades para el ejercicio de este derecho, lo cual se ejemplifica en la existencia de más de 2 200 organizaciones no gubernamentales en las más diversas esferas...

El tratamiento  del proceso relativo a la AJC es totalmente opuesto con los postulados de la Ley Fundamental y de la Ley de Asociaciones, y además con la política que lleva a cabo  el Estado y el Gobierno cubanos, al conceder amplias libertades para el ejercicio del derecho de asociación pacífica, lo que determinó que Cuba fuera mencionada como ejemplo de buenas prácticas respecto a tales libertades.

Luego puede afirmarse que los argumentos de la representación de la Ministra  de Justicia no son en modo alguno Jurídicos, tal y como venía obligada a hacerlos; son contrarios a derecho y no afines con la línea que le ha merecido reconocimiento internacional al estado cubano.

Faltar a la verdad

 

Julio AlfredoJulio Alfredo Ferrer Tamayo.

En horas de la mañana del 18 de noviembre de 2013, me fue notificada, la Sentencia número 1253 de 8 de noviembre de 2013, dictada por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, resolutoria del Recurso de Casación, interpuesto por la Especialista María de los Ángeles Jiménez Madrigal, Abogada de la Unidad de Bufetes Colectivos de 17 y 24, en el Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba, en representación de los iniciadores de la ASOCIACIÓN JURÍDICA CUBANA, contra la Sentencia número 157 de 22 de mayo de 2013, pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, contra la cual la Junta Directiva de la pretendida Asociación formuló Pública Denuncia, pues, además de las violaciones legales que contenía, faltaba a la verdad.

 

Mi asombro fue total, la Sala del Tribunal Supremo Popular, máxima autoridad judicial de la nación cubana, lejos de corregir los defectos señalados por esta parte en el instrumento jurídico impugnado, incurrió en similar falta: consignar en la Sentencia de Casación hechos no ciertos, aseveración que es constatable con tanto solo dar lectura al Segundo de los RESULTANDO, de la abominable Sentencia de Casación, cito: Que contra la expresada sentencia el parte recurrente estableció recurso de casación dentro del término legal, elevándose por el tribunal a esta Sala, previó emplazamiento de las partes, la que admitió el recurso, haciendo constar que la parte recurrente se personó en tiempo y forma e igualmente la parte no recurrente Ministerio de Justicia, representado por la letrada María Estela Suri Pereda, fin de la cita. Evidente parcialidad a favor de ese organismo de la administración central del Estado.

 

Lo no ajustado a la verdad, en ese fragmento de la Sentencia de Casación, es que la parte no recurrente, Ministerio de Justicia, no se personó en el término del Emplazamiento, ya que fue liquidado por la Providencia de fecha 12 de agosto de 2013, y la letrada Marta Estela Suri Pereda, representante del Ministerio de Justicia, se personó, por intermedio de un documento manuscrito, casi ilegible y sin aportar copia, el 26 de septiembre de 2013, TREINTA Y TRES DÍAS DESPUES, de liquidado o finiquitado dicho término, hecho que puede ser corroborado en la Providencia de 26 de septiembre de 2013 dictada por la Sala, teniéndola por personada como parte no recurrente, lo que determinó que nuestra Abogada interpusiera Recurso de Súplica, Recurso resuelto el 2 de octubre de 2013, mediante Auto, en el que la Sala reconoce el hecho cierto de que la representante del Ministerio de Justicia, se personó, FUERA DEL TÉRMINO DE DIEZ DIÁS previsto en los artículos 632 y 635 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

 

Me pregunto si el llamado del Presidente de la República, General de Ejercito Raúl Castro Ruz, al cumplimiento estricto de lo legalmente establecido, es una más de las tantas consignas y propósitos, que no llegan a materializarse jamás, pues los funcionarios  continúan como práctica habitual, irrespetando la legalidad socialista y los sagrados y fundamentales derechos de los ciudadanos, consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Magna de la República de Cuba: el derecho de reunión y asociación pacífica, ignorando, incluso, el concepto de revolución, que entraña entre otros principios: NO MENTIR JAMÁS.

 

¿Debemos permitir que tan INCONSTITUCIONAL INSTRUMENTO JURÍDICO, RESULTADO DE UN INDEBIDO PROCESO JUDICIAL, VULNERE ESE NUESTRO HUMANO DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN PACIFICA?

 

Se impone el obligado reclamo en términos legales ante los organismos internacionales, jurisdiccionales y de derechos humanos.

 

Imparcialidad

m connors6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

El mes pasado se conmemoró el segundo aniversario de la muerte de Laura Pollán, vocera de una de las agrupaciones contestatarias cubanas de mayor renombre: las Damas de Blanco.

En esa fecha, supimos paulatinamente, se detuvieron numerosas personas en diferentes lugares del país, al parecer, ante la preocupación oficial de manifestaciones conmemorativas por ese aniversario.

Algunas de esas detenciones se prolongaron por dos y tres días, según supimos por boca de los propios afectados.

Muchas de esas personas acudieron a la Asociación Jurídica con el propósito de que se les ayudará a formular acusación contra sus captores por la forma en que habían sido tratados.

En una gran cantidad de países, se da una situación que no tiene lugar en Cuba. Y es la independencia del poder judicial con relación a los otros poderes del Estado.

En Cuba la policía política y la ordinaria, pertenecen al Poder Ejecutivo, o dicho de otra forma, al poder estatal. La Fiscalía (militar o civil) pertenece también al aparato del estado (gobierno). Lo mismo ocurre con los tribunales.

Llevar una denuncia a la Fiscalía Militar para que presente ante los tribunales a los militares que pertenecen a su mismo ministerio, y que también se subordinan al poder gubernamental , no parece tener muchas probabilidades de éxito, sobre todo cuando de problemas políticos se trata.

La imparcialidad de que habla el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a saber:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente eimparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

reclama, como puede leerse en el resaltado, que el tribunal sea independiente e imparcial y en Cuba, no es ninguna de las dos cosas.

Seguiremos asesorando a quien se nos acerque con ese propósito, pero debemos establecer la verdad, aunque no nos guste.

No es nada probable que esas acusaciones tengan resultado por cuanto la obediencia ideológica de las instituciones estatales no permite otra cosa, y mucho menos sancionar a su propia membrecía por acciones “contra el enemigo de clase”, es decir, los que no piensan como ellos.

En absoluta justicia, todos los ciudadanos debieran tener el derecho que estamos analizando, pero falta un elemento decisivo que no existe aun en los tribunales nacionales: su IMPARCIALIDAD

Procedimiento de Habeas Corpus

 

habeas corpus

Julio AlfredoJulio Alfredo Ferrer Tamayo

La locución latina HABEAS CORPUS, significa: “TRAEDME EL CUERPO”, (de la persona detenida): pongan al detenido en mi presencia para que yo, el juez natural examine la causa de su detención y disponga su arresto o su libertad, según el caso.

Se denomina procedimiento de Hábeas Corpus a la Acción Judicial de amparo de la libertad individual, derecho fundamental consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República de Cuba: La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

El artículo 29 de la Constitución de 1940, establecía: Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevean la Constitución y las Leyes, será puesto en libertad, a petición suya o de cualquier otra persona, sin necesidad de poder ni de dirección letrada, mediante un sumarísimo procedimiento de habeas corpus ante los Tribunales ordinarios de Justicia.

El Tribunal Supremo no podrá declinar su jurisdicción ni admitir cuestiones de competencia en ningún caso ni por motivo alguno, ni aplazar su resolución, que será preferente a cualquier otro asunto.

Es absolutamente obligatoria la presentación ante el Tribunal que haya expedido el habeas corpus de toda persona detenida o presa, cualquiera que sea la autoridad o funcionario, persona o entidad que la retenga, sin que pueda alegarse obediencia debida.

Lamentablemente, tales garantías no aparecen reguladas de modo expreso en la Carta Magna de 1976, siendo relegadas a partir de dicho texto constitucional a una legislación de menor jerarquía, no de rango constitucional; la Ley de Procedimiento Penal, en su capítulo IX, denominado “Del procedimiento de habeas corpus”, artículos del 467 al 478, tratándose entonces de un procedimiento judicial destinado a “tutelar” el derecho de libertad personal contra detenciones arbitrarias, no constituyendo un medio o instrumento jurídico apropiado para garantizar de manera efectiva y cierta, ese inalienable derecho humano: la libertad personal, individual, tal y como lo consagra la Ley primera en su artículo 58, por lo que vale expresar que el ámbito de protección de esa garantía y derecho fundamental es en extremo especifico y muy limitado.

Limitado, para mí, de manera totalmente inconstitucional, por lo previsto en el párrafo segundo del artículo 467 de la Ley de Procedimiento Penal: No procede el habeas corpus en el caso de que la privación de libertad obedezca a sentencia o auto deprisión provisional dictado en expediente o causa por delito.

Tal prescripción, de una Ley secundaria o subordinada, con relación a la Constitución, restringe y limita el ejercicio pleno de la garantía prevista en el citado artículo 58, dejando de ese modo sin protección y tutela jurídica los casos, desafortunadamente no son pocos, en que, a pesar de obedecer la privación de libertad a una sentencia o auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por delito, tales resoluciones o instrumentos jurídicos resultan ilegítimos, inconstitucionales, nulos e inexistentes, toda vez que han sido pronunciados con infracción evidente e inobjetable de las formalidades establecidas como requisitos de rígida observancia a ese efecto y de ese modo no se garantiza a todos los que residen en el territorio nacional la libertad e inviolabilidad de su persona, pues los tribuales ordinarios amparados en esa limitación o restricción, reitero inconstitucional, rechazan de plano cualquier promoción o petición de habeas corpus.

 

Una vida con dignidad

Derechos Humanos_0OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Odalina Guerrero Lara.
La Constitución de la República de Cuba establece:
Artículo 41.Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes.
La dignidad, es un  valor inherente al ser humano en tanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar su vida mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. EL ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos externos, se tiene desde el mismo instante de su fecundación o concepción y es inalienable.
Soy una cubana mas;  la vida diaria, el ir y venir de las cosas y la situación del país me golpea; pero para mí y mi familia la vida se torna muy difícil donde se  discrimina por razones de conciencia las personas que como yo, pertenecen a una organización como es la Asociación Jurídica Cubana o por su opinión política.
Cuba hoy atraviesa un proceso de cambios, y al cambiar la mentalidad del ser humano, espero se logre cumplir lo tipificado en este artículo de la Ley Fundamental y por lo menos no se me impida gozar de los derechos y deberes a que están por ley sujeto los ciudadanos cubanos, considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,  invoca en su Preámbulo la dignidad intrínseca (…) de todos los miembros de la familia humana, para luego afirmar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Particularidades de los Derechos Humanos

???????????????????????????????OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

La lucha por la libertad ha sido, en buena medida, la lucha por restringir el poder del Estado, fundamentalmente a través de la creación de espacios de reconocimiento jurídico de la libertad individual. La concepción de que ciertos derechos emanan de la propia naturaleza del hombre fue desarrollada por las distintas posiciones del iusnaturalismo, tanto la que se asentó en el argumento de que tales derechos fueron otorgados al hombre por Dios, como la que se desarrolló a partir de concepciones de la propia naturaleza humana.

Se han usado indistintamente varias expresiones para hacer referencia a los que comúnmente se designan como derechos humanos: derechos fundamentales de la persona, derechos, libertades, garantías individuales, etc. Con el reconocimiento y la protección jurídica de tales derechos se pretende dar solución a un camino necesario por el cual debe transitar el desarrollo humano en todos los órdenes.

Estos derechos poseen un conjunto de particularidades que los distinguen, a saber:

– Innatos o Inherentes: Todos los seres humanos nacen con derechos, por lo que el Estado no puede otorgarlos, y solo debe reconocerlos y protegerlos normativamente.

– Necesarios: Al derivarse de la propia naturaleza humana, deben ser considerados necesarios, por lo que se impone su distinción por el orden jurídico.

– Inalienables: Como pertenecen al ser humano por su misma naturaleza no pueden escindirse, transferirse, enajenarse ni renunciarse.

– Imprescriptibles: No se extinguen ni pierden valor, ya sea porque la persona no los ejerza por voluntad propia o por verse impedida de hacerlo.

– Oponibles erga omnes: Pueden hacerse valer frente a cualquier persona, sea natural o jurídica.

– Indivisibles e Interdependientes: No pueden ser jerarquizados unos sobre otros, sino que de conjunto deben ser plenamente efectivos y realizables.

– Universales: Deben regir para todas las personas, sin distinción de raza, color de la piel, origen, sexo, religión, posición social, domicilio, residencia, etc.

Del lobo, un pelo

 

Foro:Marcelo López Bañobre

Foto:Marcelo López Bañobre

6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Al igual que muchísimos compatriotas, me senté a ver la comparecencia del general de ejército Raúl Castro en su última intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Conversé con otros abogados sobre sus palabras en ese foro y, como era de esperar, captó el interés de unos, determinado aspecto de su intervención, en tanto otros fijaron detalles diferentes.

En lo personal, llamó mi atención cuando expresó:

Lo hacemos teniendo definido por el Congreso del Partido el rumbo para actualizar el modelo económico cubano y alcanzar una sociedad socialista próspera y sostenible, una sociedad menos igualitaria pero más justa…

Es acerca de …una sociedad menos igualitaria pero más justa… sobre lo que quiero reflexionar.

Durante muchísimos años oímos hablar de la justicia que significaba una sociedad sin clases y fuimos testigos de cómo se perseguía o segregaba a los que se salían de ese esquema.

Recuerdo muy claramente cuando uno de los elementos que siempre se reflejaba en la investigación de una persona era su nivel de vida; si tenía familiares en el extranjero, si recibía ayuda del exterior, etc. La constatación positiva de esos detalles era un agravante a su situación.

Todavía no hace mucho, el siguiente párrafo de la Declaración Universal de Derechos Humanos era, para los defensores a ultranza de la sociedad IGUALITARIA, letra muerta y condenable:

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.

¿Progreso social y nivel de vida? Eso olía a desviación ideológica

Pero el tiempo pasó, y pasó un águila sobre el mar

Las cosas cambian por convicción interna o porque no queda otro remedio, pero en medio del inmovilismo que atenazó al país por medio siglo, el hecho de que el actual jefe del Estado hable a favor de menos igualitarismo, quizás sea ya algo, aunque esté aún muy lejos de lo que quisiéramos.

Pero como mi abuela solía decir: del lobo, un pelo.

 

Creeré

4 puño6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

No están aún lejos los tiempos en los que hablar de Derechos Humanos en Cuba era algo así como blasfemar groseramente en un templo religioso.

Ahora resulta interesante, aunque sólo sea en forma muy breve, repasar la cronología de este fenómeno en la historia del evento socio-político conocido como la “revolución socialista cubana”.

En un momento las personas etiquetadas como “de los derechos humanos” eran algo así como lo más execrable de la sociedad, y merecían todas las ofensas, las persecuciones y los castigos.

Pero ello no era nuevo en el decursar de la humanidad. Lo habíamos visto ya en la historia antigua y reciente del mundo: para lograr el triunfo de una idea, aun siendo valiosa, muchas veces se precisa de grandes sacrificios cuando los que se oponen a ella detentan el poder suficiente para intentar (y a veces lograr) aplastarla.

Ejemplos sobran: los seguidores de Cristo en la Antigua Roma, la lucha de Lutero con su Reforma, la resistencia a las ideas de Hitler y Mussolini en Europa, los negros norteamericanos por la igualdad racial y muchísimas otras luchas llevadas a cabo en pro de derechos inalienables.

Precisamente, y gracias a las enseñanzas de la Historia, es que no nos resulta raro escuchar ahora como en un lugar como nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular se empieza a hablar de garantizar “todos los derechos humanos de todos los ciudadanos”.

Pero, para llegar a escuchar esto medió también en nuestro país una lucha, no siempre pacífica, que significó incluso la expulsión del centro de estudios, del trabajo y, muchas veces, incluso la cárcel para los que se atrevieron a enarbolar y defender públicamente esos derechos.

Con el tiempo, sin embargo, se comenzó a hablar de “los derechos humanos que defendemos”. Comenzaba a admitirse, aunque tangencialmente, la existencia derechos humanos, pero solo aquellos que la dirección gobernante escogía.

Lo cierto es que, cuando es sostenida y justa, ese tipo de lucha llega a ser reconocida hasta por sus más vehementes detractores.

Constantino legitimó la religión cristiana en 313 después de Cristo: ¡Quién lo diría entonces!

No obstante, esta lucha no ha terminado todavía. Aun quedan capítulos por escribirse.

En Cuba hoy las opiniones están divididas. Hay quienes creen que los cambios implementados por el gobierno son los correctos y al ritmo necesario. Otros piensan diferente.

Personalmente creo que todo cambio que beneficie al pueblo es bueno, por pequeño que sea. No obstante, una lentitud exagerada después de aguardar más de medio siglo por mejoras, me parece una excusa pueril.

Por otra parte, soy de los que piensan, como Santo Tomas de Aquino, que vista hace fe.

Así, cuando:

  • se cree en la Asamblea Nacional del Poder Popular una Comisión de Derechos Humanos que realmente se ocupe del asunto como corresponde,

 

  • cuando se restablezca el Tribunal de Garantías Constitucionales que proteja realmente esos derechos ciudadanos y

 

  • cuando se separe total y absolutamente al Poder Judicial del resto de los Poderes del Estado y en realidad se someta sólo a la ley, sin ninguna interferencia de esos otros poderes,

entonces y solo entonces… Creeré.

 

Derechos civiles y políticos en la legislación cubana (I)

3Lic. Dayana Cruz Vega

Propuestas Generales

Antes de comenzar el análisis sobre las garantías legales con que cuenta el ciudadano cubano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debemos abordar algunos presupuestos generales sobre la temática.

La Declaración Universal de Derechos Humanos constituye un sustento programático para alcanzar el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que, tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto de los derechos y libertades.

En este sentido, la Declaración Universal no es un documento jurídicamente vinculante, sino un sustento programático para alcanzar ese “ideal común” a través del diálogo y la cooperación.

La universalidad de los derechos y libertades consagrados en la Declaración se deriva del respeto a la diversidad en cuanto a las formas y vías para garantizar su observancia y realización en consonancia con la indivisibilidad e interdependencia de las distintas categorías de derechos humanos.

No Existen Categorías Privilegiadas de Derechos Humanos

En la Declaración y Programa de Acción adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el año 1993, se afirmó que los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes y que todas las categorías de Derechos Humanos deben ser atendidas de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todas el mismo peso, cosa que, en Cuba, no ocurre.

Los Derechos Humanos son universales, pero el contenido específico y la manera en que se  ejercen esos derechos y libertades se corresponden con las particulares y necesidades de cada sociedad.

Tanto la Carta de la ONU, como la Declaración Universal de Derechos Humanos consagraron como principio la responsabilidad y competencia de los Estados en la protección de los derechos y libertades.

Le corresponde a cada Estado, a partir de la voluntad soberana de su pueblo, establecer las garantías y recursos para el ejercicio y defensa de esos derechos y libertades. Son los Estados los encargados de asegurar las medidas legislativas, las políticas y programas u otras necesarias para promover y proteger la realización de los derechos reconocidos en los citados documentos internacionales.