El estado peligroso

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Lic. Jorge Luis González

Los principios en Derecho son enunciados que expresan un juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en una situación determinada. En el ámbito del Derecho Penal estos principios imponen barreras de tal manera que la pauta a seguir no afecte el Estado de Derecho.
El Principio de Legalidad es el eje sobre el que ha de girar el derecho penal en el Estado de Derecho. Fue creado por Paul Johann Anselm Von Feuerbach  bajo la expresión latina nullum crimen, nulla poena sine lege previa  lo que significa literalmente no hay delito ni pena sin ley previa. Este principio está reconocido en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, proclamada en 1789, que en su artículo 8 disponía: “La ley no puede establecer mas que penas estrictas y evidentemente necesarias y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada”. Por esta vía, el principio de la legalidad de los delitos y las penas pasó a formar parte de las Constituciones y Códigos que fueron después aprobados.
Este principio ha sido refrendado en la Constitución cubana en el artículo 59 : “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen”. El Código Penal Cubano al establecer el Principio de Legalidad lo hace de manera más precisa recogiendo las distintas variantes del mismo quedando redactado en el artículo 2, que postula que solo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión y proscribe la imposición de penas que no se encuentren establecidas en ley anterior al acto punible.
El artículo 72 del Código Penal establece el Estado Peligroso y lo define como “… especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” Los artículos 73.1 y 2 regulan los índices de peligrosidad, que son la embriaguez habitual y la dipsomanía, la narcomanía y la conducta antisocial. Este mismo cuerpo legal prevé las medidas que se adoptarán con los declarados en estado peligroso en el artículo 78.El artículo 80.1 inciso a indica que se internará en un establecimiento especializado de trabajo o de estudio por un periodo de entre 1 y 4 años.
La peligrosidad social como categoría y las medidas que se adoptan con los declarados peligrosos constituyen una violación al Principio de Legalidad pues se le imponen sanciones a personas que no han cometido delito, a personas que en algunas ocasiones viven de remesas enviadas del extranjero y son considerados antisociales por no tener un centro de trabajo. El ya mencionado artículo 80.1 inciso a constituye materialmente privación de derechos, al internar a personas por un periodo de entre 1 y 4 años en los popularmente conocidos como “campamentos” .Los legisladores deberían analizar esta categoría que en mi modesta opinión, debe ser derogada.

Las medidas de seguridad dentro del Derecho Penal cubano.

MsC.Dayanara Vega
Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica.[1]
Cuando se habla de Derecho penal se utiliza el término con diferentes significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, podemos mencionar una clasificación preliminar tal como: Derecho penal sustantivo, y por otro lado, el Derecho penal adjetivo o Procesal Penal.
Las medidas de seguridad atienden a la peligrosidad del sujeto (prevención especial): El sujeto que comete un injusto (hecho típico y antijurídico) pero no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad (teoría del delito), es susceptible de recibir una medida de seguridad para evitar nuevos injustos.
Por su función se pueden agrupar en:
Medidas terapéuticas: Buscan la curación.
Medidas educativas: reeducación.
Medidas asegurativas: Individuo inocuo y la resocialización.
Clasificación
Por su función se pueden agrupar en:
Medidas terapéuticas: son aquellas que buscan la curación del agente.
Medidas educativas: son las que pretenden una reeducación del agente.
Cuba no se acoge a la práctica internacional de las medidas de seguridad, por ello el Índice de Peligrosidad es en nuestro país un arma antijurídica que se utiliza dentro de las medidas de seguridad, que desprotege al ciudadano y lo coloca en total estado de indefensión.
Según la clasificación supra, las medidas de seguridad que se aplican en algunos sistemas penales se dividen en:
Tratamiento de desintoxicación: Son medidas que se aplican cuando el estado de toxicomanía de un individuo, lo lleva a causar una afectación, esta es ejemplo de medidas de seguridad terapéuticas.
Tratamiento de inimputables en internados: Tienen como finalidad privar la libertad de tránsito y algunas otras libertades a aquellos individuos que no pueden ser sancionados, por no comprender que su conducta es prohibida penalmente. Esta está relacionada con el confinamiento y con la prohibición de asistir a ciertos lugares. Su función es educativa.
Caución de no ofender: Consiste en una fianza, que se constituye con la finalidad de que un individuo no vuelva a afectar a una misma víctima en un futuro. Su función es asegurativa.
Vigilancia de la autoridad: Consiste en designar a un funcionario del Estado, que puede ser un policía, para vigilar las conductas de delincuentes que gozan de un sustitutivo de prisión o algún beneficio; en algunos sistemas se utiliza también la denominada vigilancia electrónica. Esta es una medida educativa y asegurativa.
Medidas aplicables a personas jurídicas colectivas: Estas medidas se basan en la peligrosidad de una sociedad o asociación que fue utilizada con la finalidad de cometer un hecho punible, y pueden consistir en la vigilancia de funcionarios, decomisos, disolución, separación de funcionarios, multas y la reparación de daños y perjuicios. Es una medida que se aplica en algunos sistemas penales, aunque es debatida hasta la fecha su plausibilidad.
De lo antes expuesto se demuestra lo inadecuado desde el punto de vista jurídico del INDICE DE PELIGROSIDAD como medida de seguridad en Cuba, a lo que nos oponemos si tenemos en cuenta las alternativas legales que ofrece la praxis internacional del derecho penal.

Otro comentario sobre el Decreto Ley No. 310

4 balanza y mallete12migueLic. Miguel Iturria Medina

En un artículo anterior había valorado las cuestiones positivas introducidas a través del Decreto Ley 310 como modificaciones al Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. En este breve texto me limitaré a relacionar aquellas cuestiones que quedaron intactas en la legislación y, a mi modo de ver, merecen prioridad.

.- Se mantiene en Ley lo relativo a las medidas de seguridad pre delictiva por conducta antisocial aplicable a individuos que por su modo de vida se asume que son proclives a cometer delitos. Se impone una medida coercitiva con rango de sanción a alguien que podría en el futuro quebrantar las normas penales, ¿Qué hay de la presunción de inocencia

.- El momento para contar con la presencia de un defensor en el proceso continúa condicionado a la imposición de una medida cautelar generalmente impuesta al séptimo día de detención ¿Por qué no regularla desde el momento de la detención o instrucción de cargos?

.- No está regulada expresamente en la Ley de trámites la intervención o presencia del defensor en las diligencias de instrucción donde se obtiene la mayoría de los medios de pruebas que se valorarán en el juicio oral.

.- La situación procesal del acusado durante la fase preparatoria y parte de la intermedia la determina una de las partes: el fiscal. La libertad o prisión en espera de juicio oral debe establecerse mediante el debate por un tribunal u otra institución imparcial.

.- No se encuentra regulado expresamente en la Ley el principio de Prohibición de la Reformatio in peius que impide al Tribunal agravar la situación procesal del acusado cuando el medio de impugnación fue interpuesto únicamente como consecuencia de su voluntad. La práctica ha demostrado no ser necesaria en el texto procesal.

.- No existe un mecanismo de control eficiente o contrapartida en la práctica de la prueba pericial, en especial las de corte criminalística, lo que conlleva en la práctica al carácter tasado de este medio probatorio.

Los puntos relacionados son solo algunos aspectos, que deben reformularse para lograr una evolución objetiva de nuestra legislación en materia penal.

Infortunio o negligencia médica?

KireniaLic. Kirenia Domínguez Álvarez
Rosabel, Roxana y Rosita, son las trillizas que nacieron hace cuatro años en Bahía Honda, pueblo costero de la provincia de Artemisa. Desafortunadamente,  o por negligencia médica, solo podemos disfrutar de la alegría de dos de ellas.
Muchas veces no tenemos palabras para responder por hechos que quedan impunes, aunque sepamos la respuesta.
La tarde en que la pequeña fue remitida a un Hospital provincial con mejores posibilidades para la adecuada atención de una crisis de asma bronquial,  le administraron una sobredosis de medicamento lo cual le causó la muerte.  Antes de salir del municipio ya le habían suministrado una dosis del mismo medicamento y no fue reflejado en la orden de remisión.
La pregunta es, ¿quién respondió penalmente por este acto catalogado como negligencia o imprudencia previsto y sancionado por nuestro Código Penal en su Artículo 9.1.3.?
El silencio es la respuesta a la interrogante que muchas personas se hicieron y guardan para sí.

La Incrédula Xiomara

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Lic. Esperanza Rodríguez Bernalimages

Xiomara todavía no puede creer lo que le ha sucedido mientras cumplía misión internacionalista en la República de Venezuela como médico, convaleciente allí de un accidente que le impidió viajar a Cuba ante el repentino fallecimiento de su esposo.

Ella nos narró lo acontecido en su vivienda aprovechando su ausencia.

En la mañana del 13 de octubre del 2012 se personó en su domicilio, Niuvis, hija de su esposo de un matrimonio anterior, acompañada de tres militares y una mujer en dos vehículos, un Geely rojo y un camión, con el objetivo de extraer todas sus propiedades.

Varios vecinos del edificio mostraron su inconformidad, manifestándole a Niuvis lo ilegal de su conducta. Al regresar de su misión en Venezuela, Xiomara formuló la denuncia en la Unidad de Policía (PNR) de Alamar y el agente que la atendió calificó el delito como Ejercicio Arbitrario de Derecho por ser la comisora, hija de su difunto esposo.

Conforme a dicha calificación y sin un exhaustivo análisis de los hechos, el agente decidió archivar la correspondiente denuncia, e indicarle a Xiomara que debía acudir a la vía civil con el objeto de establecer una demanda para la reivindicación de sus bienes o indemnización por los perjuicios causados.

Xiomara se dirigió a la Fiscalía Municipal de Habana del Este denunciando este actuar, pero esta instancia, lejos de garantizar la protección ciudadana como se encuentra en sus funciones según lo que establece la ley 83 de la Fiscalía General de la República y el artículo 127 de la Constitución, también la persuadió de continuar la reclamación por la vía civil.

Esto sucedió después de Xiomara mostrar a la Fiscal fotos tomadas por sus vecinos, donde se ven los vehículos, los militares y la evidencia de los bienes sustraídos.

No vamos a mencionar aquí, todos los avatares por los que ha pasado la doctora en las instancias a donde se ha dirigido en busca de respuesta a su caso, entre ellos el Consejo de Estado y la Fiscalía General.

Ni por la vía civil, ni por la penal, Xiomara ha podido recuperar sus propiedades, porque los funcionarios implicados no han ido al fondo del asunto para esclarecerlo.

Después de asesorarse correctamente, la Doctora comprende que la acción cometida por Niuvis y sus acompañantes es mucho más grave que la calificación inicial que le dieran en la Unidad de la PNR, y que el actuar de esas personas se aproxima más al Robo con Fuerza en las Cosas previsto y sancionado en el Código Penal vigente.

Y aunque Xiomara no pueda todavía creerlo, nosotros, que vemos actuaciones así a diario, si lo creemos.

Nuestra Asociación espera que éste asunto se esclarezca, (porque existen pruebas suficientes para su solución inmediata), de lo contrario… continuaremos informando sobre este caso. Espero que usted no sea tan incrédulo como Xiomara.

AJC, Cuba. ilegalidad, fiscalía, Código Penal, protección ciudadana

Doble valoración penal

9 Espera sentadoOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Miguel Iturria Medina
Uno de los principios generales del Derecho Penal es el de prohibición de dobles valoraciones en disfavor del procesado. Es el denominado Nom bis in Idem. Este postulado evita cualquier reanálisis contrario a la situación procesal del acusado: que una misma circunstancia de hecho puede apreciarse dos veces en disfavor del reo
En el Código Penal, el Nom bis in Idem está dispuesto, de forma incompleta, en el Apartado 2 del artículo 47:   ¨ Una circunstancia que es elemento constitutivo de un delito no puede ser considerada, al mismo tiempo, como circunstancia  agravante de la responsabilidad penal¨
He notado en alguna ocasión que al imputarse e incluso sancionarse por el delito Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor y venta de su carne, artículo 240.1 y 2 del Código Penal; se ha vulnerado tal principio al calificar, además, la presencia de la circunstancia agravante de la responsabilidad penal prevista en el inciso o) del artículo 53 del citado cuerpo legal: ¨ Cometer el hecho contra personas o bienes relacionados con actividades priorizadas para el desarrollo económico y social del país¨
Dentro de Sacrificio ilegal de Ganado Mayor se incluye, de forma inequívoca,  el ganado vacuno. De ello queda sentado que la ejecución de una res constituye un elemento especifico de este tipo penal y por lo tanto, no puede a su vez corporificar otro agravante de la responsabilidad penal.
En oposición a lo aludido, se ha estimado la presencia de la circunstancia agravante prevista en el artículo 53 o) del Código Penal, donde se alega: ¨los acusados  ejecutaron  actos de apropiación y sacrificio contra un ejemplar de ganado vacuno, que por la importancia de su crianza y reproducción, tanto para la obtención de la carne como de otros productos constituyen bienes priorizados para el desarrollo económico y social del país¨
En base a lo expuesto, a mi modo de ver, la circunstancia agravante basada en estos presupuestos, constituye una doble valoración contraria al reo, pues los elementos citados para apreciarla han sido los mismos que estimó el legislador para encuadrar esta figura delictiva en un extenso marco penal que discurre entre cuatro y diez años de privación de libertad. Este tipo de ilícitos   no debe continuar magnificándose.

Modificación necesaria

35-modificaciónOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Miguel Iturria Medina

En 1999, el Código Penal fue modificado por la Ley No. 87 aprobada el 16 de febrero del propio año. Las modificaciones se centraron, en elevar el marco penal sancionador en las modalidades agravadas de varias figuras delictivas, a fin de reprimir con mayor rigor ciertas conductas que ¨por su nivel de incidencia y su peligrosidad social, amenazan seriamente la seguridad y la tranquilidad ciudadanas así como la estabilidad del orden económico y social del país¨.

Se elevó el marco penal de varios delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, infancia y juventud, entre los que se encuentran los delitos de Violación, Pederastia con violencia, Proxenetismo, Corrupción de Menores, entre otros. La modificación también alcanzó a algunas figuras delictivas que atacan los derechos patrimoniales tales como el Hurto, Robo con Fuerza en las Cosas y con Violencia o Intimidación en las Personas.

En relación a los delitos contra el patrimonio comenzó a darse un fenómeno adverso desde el inicio y aplicación de la Ley modificativa, de forma específica en los delitos de Robo, con Fuerza en la Cosas y con Violencia e Intimidación. Estas figuras delictivas cuentan con figuras derivadas que agravan de forma progresiva la sanción hasta el infinito: Prisión Perpetua. Ambas cuentan con varios marcos penales cuyo límite mínimo es veinte años de Privación de Libertad. Superiores incluso al Asesinato que comienza en quince. Debido a esta razón al principio se dio el caso de penas muy elevadas por hechos de escasa entidad en sus consecuencias, pero que integraban los elementos de tipicidad de los ilícitos relacionados.

La situación aludida originó, a fin de que se adoptaran decisiones alejadas del sentido de proporcionalidad y racionalidad, que el Tribunal Supremo a través de su Consejo de Gobierno emitiera el Acuerdo No. 239 de fecha 8 de octubre del mismo 1999, destinado a orientar a los Tribunales a adecuar la sanción, de forma excepcional, partiendo del marco penal correspondiente a la modalidad básica del delito cuando estimen que aún el límite mínimo previsto para la figura agravada resulta excesivamente severo de acuerdo con la peligrosidad social del hecho, la entidad de sus consecuencias y la personalidad del comiso.

Según la interpretación literal del Acuerdo, la aplicación de las modalidades básicas sería con carácter excepcional y está condicionada a circunstancias de hechos y personales. En la actualidad la política penal se ha inclinado, afortunadamente, a aplicar tal disposición aún cuando no se den los presupuestos relacionados. Hoy es regla no excepción.

Me parece acertado el criterio general de aplicar el Acuerdo 239 en tales delitos y adecuar la pena partiendo de las figuras básicas de los delitos de Robo. No por buscar exceso de benignidad, sino porque para estos delitos un marco cuyo límite mínimo sea una cifra tan elevada como veinte años de prisión y culmine en el infinito, debe resultar desproporcionado e injusto. Por tales razones, nuestro Código Penal se encuentra ávido de modificaciones.

 

El delito de Registro Ilegal en el Código Penal cubano

32-estado-de-derechoOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra Aliaga

El Registro Ilegal, previsto en el artículo 288 del Código Penal cubano, pudiera constituirse en una conducta agravante de la violación de domicilio cometida por funcionario público o agente de la autoridad. Como elemento esencial normativo para que se configure el delito basta con observar la redacción del tipo penal en el sentido de que “el que, sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales”. No es indispensable la concurrencia al unísono de ambos elementos, sino que basta con la ausencia de uno de ellos para que se perfeccione la figura delictiva.

Es de significar la frecuencia con que de manera arbitraria proceden los agentes de la autoridad cuando de registro en vivienda habitada o domicilio se trata, pues si bien exhiben la autorización legal para tal diligencia, son pocas las veces que cumplen con las formalidades legales para dar curso a la misma, y que les vienen impuestas en la Ley penal, cuando en su capitulo IX. De la entrada y registro en lugares públicos, en domicilio privado, y en naves o aeronaves extranjeras, dispone que:

Art.218. Puede, asimismo, ordenarse…la entrada y registro de día o de noche, si la urgencia lo hace necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él, que constituya domicilio de ciudadano cubano o de extranjero residente en Cuba, pero precediendo siempre el consentimiento del interesado.

A falta de consentimiento, se requiere resolución fundada del Instructor, con aprobación del Fiscal, copia de la cual se entregara a la persona interesada al proceder a la práctica de la diligencia. En este caso el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre las cinco de la mañana y las diez de la noche.

Se presume que presta su consentimiento el que, requerido por quien haya de efectuar la entrada y registro para que lo permita, ejecute por su parte los actos necesarios que de él dependan para que pueda tener efecto, sin invocar, para oponerse, la garantía constitucional de la inviolabilidad de domicilio.

Art.219. La resolución que dispone la entrada y registro determina su objeto preciso, las razones que justifican adoptar la medida, y el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse. También expresa el nombre del funcionario o agente de Policía designado para su práctica, cuando no la realice por si la propia autoridad.

Art.220. El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles, así como extenderlo a extremos o particulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito.

Ante el incumplimiento de las formalidades anteriores se estará en presencia de un Registro Ilegal, dando lugar a la correspondiente denuncia ante la unidad de la PNR más cercana.

 

 

Contrasentido

OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Miguel Iturria Medina

He escuchado durante años una voz popular que al principio me provocaba escepticismo y hoy, luego de conocer algo de derecho, me incomoda. De seguro casi todos la hemos escuchado e incluso muchos pronunciado. Se dice que, de acuerdo a la Ley, se reprime con mayor severidad a quien le da muerte a una res que al que pone fin a la vida de un ser humano. ¨ Es peor matar una vaca que…¨

La frase merece un breve análisis desde la óptica del Código Penal para tratar de dar respuesta a su macabro sentido. Voy a tomar como referencia el delito de Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor y Venta de sus Carnes, previsto en el artículo 240.1 de este cuerpo legal:

El que, sin autorización previa del órgano estatal específicamente facultado para ello, sacrifique ganado mayor, es sancionado con privación de libertad de cuatro a diez años.

El otro punto de referencia es el delito de Homicidio que se encuentra regulado en el artículo 261 del Código Penal:

El que mate a otro, incurre en sanción de privación de libertad de siete a quince años.

Analizadas ambas figuras delictivas, salta a la vista que no le asiste razón a la voz popular en su generalidad; pues mientras el Sacrificio Ilegal de Ganado Mayor (también incluye ganado equino) tiene un marco penal de cuatro a diez años de prisión, el Homicidio tiene un margen más amplio, de siete a quince.

Otro criterio en contra de la citada frase es que el Sacrificio Ilegal admite el subsidio de penas alternativas a la prisión cuando la cuantía es de cinco o menos años de privación de libertad (Trabajo correccional con o sin internamiento y Limitación de libertad)

Hasta aquí puede desmentirse el aludido criterio popular, pero sí existe la posibilidad, aunque excepcional, de que tal voz se cumpla. Ambos delitos cuentan un con margen de coincidencia en su marco penal: entre siete y diez años de Privación de Libertad. Entonces podría suceder que alguien, por ejemplo, sea sancionado por sacrificar una res a diez años de prisión mientras que otro lo sea a siete por homicidio.

Con respeto por el reino animal y por algún tipo de filosofía hindú que desconozco, el valor de la vida humana es incomparable. Este tipo de coincidencia debe suprimirse en futuras modificaciones a la Ley Penal.

 

Peligrosidad social y Pactos de la ONU

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6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Mientras poco a poco cobra más difusión y fuerza la campaña ciudadana “Por Otra Cuba”, tienden a crecer también las noticias relativas a la detención de ciudadanos por distribuir esa Demanda así como también citación a unidades de la policía de otras por lo que parece ser una “nueva causal” de detención.

Como nos enseñaron cuando nos daban filosofía marxista-leninista a todo hora, la dialéctica establece que todo cambia y se transforma y por ello nada tiene de raro que haya “aparecido” una nueva de esas causales en la Ley de Procedimiento Penal que no se ve, pero está ahí.

Y creo que no se ve, porque va a ser difícil explicarla y compatibilizarla con el concepto de delito que se da en el Código Penal cubano. Trataré de explicarme.

El Código Penal vigente enuncia el concepto de delito de la siguiente forma:

Artículo 8.1: Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa prohibida por la ley bajo conminación de una sanción penal.

Detengámonos en los elementos de esta definición:

  1. Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa…

O sea, que el actuar o el omitir manifestado en una conducta, tiene que portar intrínsecamente, porque así lo exige el tipo penal, una connotación de peligro para la sociedad.

En eso la definición es más que clara.

No obstante, si Cuba es miembro de la Organización de Naciones Unidas, si en sus informes en Ginebra el gobierno cubano se cataloga a sí mismo cumplidor estricto de sus compromisos internacionales, si firmó hace ya casi cinco años los Pactos que ahora los ciudadanos le instan a ratificar, ¿dónde está la peligrosidad social del actuar de esos compatriotas como para ser detenidos y amenazados como lo están siendo?

¿Dónde ve realmente el peligro el gobierno actual?

2…socialmente peligrosa prohibida por la ley…

¿En cuál artículo y en qué Ley Penal cubana vigente se establece que solicitar o instar al gobierno cubano a ratificar los pactos que firmó el 28 de febrero de 2008 está prohibido?

¿Alguna persona o institución en Cuba, puede prohibir lo que la ley no prohíbe?

Los que esto hacen, ¿no se han leído nunca la Constitución de la República, especialmente su artículo 63?

3…prohibida por la ley bajo la conminación de una sanción penal.

¿Pudiera decirme alguien, quizás esos que ignoran las leyes del país, cuál es la sanción por el “delito” de ejercer civismo?

La doctrina penal en el mundo tiende a evolucionar cada vez más hacia un Derecho Penal como última ratio, pero desde siempre ha mantenido que se delinque por lo que se hace, no por quien la persona es.

En nuestro país, no obstante, las cosas parecen concebirse siempre en oposición al resto del mundo y por eso no es de extrañar que ahora algunos quieran también aplicar la peligrosidad social… a los Pactos de la ONU.