Ley de Policía

 

vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Los órganos estatales y del gobierno, cada uno en lo que les corresponda, entre ellos la Policía, la Contraloría General de la República, la Fiscalía y los Tribunales deben contribuir a este empeño, siendo los primeros en dar ejemplo de apego irrestricto a la Ley; reforzando así su autoridad y asegurando el apoyo de la población…

Estas palabras corresponden a un fragmento de la comparecencia del General de Ejército Raúl Castro en la Primera Sesión Ordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de las Convenciones, el 7 de julio de 2013.

Pero, ¿qué ocurre cuando ese apego irrestricto a la Ley no ocurre porque en ocasiones esas entidades estatales no actúan de ese modo o cuando la propia ley no existe?

Paso a explicarme.

En la Asociación Jurídica Cubana, nos hemos detenido muchas veces en la consideración de que no debe ser la Fiscalía (a la que se adjudica la responsabilidad de mantener la legalidad socialista) la que garantice los derechos ciudadanos por la sencilla razón de que ella no es independiente de los poderes del Estado, sino que los representa y vela por ellos.

En el mundo moderno no se acepta el doble papel de juez y parte en un proceso penal. Y ese es el caso de la Fiscalía.

Tampoco existe un Tribunal de Garantías Constitucionales como una vez existió en nuestro país, y los ciudadanos no tienen a su disposición una entidad con poder suficiente, que pueda reconocer sus derechos básicos y fundamentales ante instituciones estatales que los desconocen.

Pero hay algo más que tampoco existe en Cuba y que debo solamente esbozar ahora, por razones de espacio, pero sobre lo que volveré próximamente: Se trata de una…Ley de Policía.

 

 

El control constitucional en Cuba (I)

constitucion-cubanaargelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

El artículo 127 de la Constitución de la República dispone que  La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos…
En consonancia con tal imperativo, la Ley 83 de la Fiscalía General de la República recoge en su artículo 7 que entre sus objetivos se encuentra  Procurar el restablecimiento de la legalidad cuando sea quebrantada por disposiciones o decisiones contrarias a la Constitución y las leyes o por aplicación indebida o incumplimiento de éstas…

Está claro el mandato constitucional conferido al ministerio público de velar por la legalidad y ser el garante de que todos los órganos del estado y la sociedad en general cumplan las disposiciones emanadas del magno texto; para ello en su estructura funcional cuenta con el departamento de protección de derechos ciudadanos, encargado de restablecer los derechos y las garantías fundamentales de las personas cuando aprecie que han sido violados.
De tal lectura llegaríamos a concluir que la Fiscalía es el órgano encargado de hacer efectivo el necesario control constitucional al que debe someterse toda la sociedad, para lograr la estabilidad de las propias regulaciones constitucionales.

El artículo 75 de la propia Constitución cubana recoge en el inciso c) como atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular: decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales

De la lectura de estas disposiciones se concluye que los mecanismos de control de la Constitución, si bien son difusos, no son de hecho inexistentes;  y si bien es cierto que pudieran perfeccionarse, creo que lo más importante sería preguntarnos ¿Por qué los que existen no funcionan?, ¿Cuáles son las causas de que la Constitución cubana se constituya en letra muerta?
Sobre el tema volveremos en otra oportunidad.

Irrespeto a los difuntos

3Josue Rojas MarínJosué Rojas Marín

El hermano de Juan Miguel Herrera Machado falleció hace algunos años, y al exhumarlo, detectó que los restos de once de sus seres queridos habían desaparecido de la bóveda familiar.

Ante el horrendo acontecimiento se dirigió a la administración del cementerio, donde por intermedio de su administrador supo que su bóveda ya tenía otro dueño. Inmediatamente acudió a la PNR y denunció los hechos. Transcurrido algunos días sin recibir respuesta se dirigió nuevamente y encontró al Fiscal Leonardo Moreno Torres, del municipio de Nuevitas, Camagüey, el que supervisaba la unidad, y le relató nuevamente lo acontecido. Continuaron pasando los meses sin respuesta.

Abnegado en su propósito acudió al Jefe de la Fiscalía del municipio y este le dijo que por tratarse de un caso atípico debía esperar un proceso especial, que él no veía delito alguno en lo relatado. Volvió a esperar otros meses más, hasta que acudió a nuestro servicio gratuito de la Asociación y encaminamos su queja.

A medio término se inició un proceso penal contra los responsables y fueron sarcásticamente sancionados a leves penas. Hoy nos enfrentamos a un segundo momento del caso porque el tribunal no se pronunció sobre la ubicación de los restos y la Fiscalía a quien le correspondía por mandato constitucional llegar al final de las investigaciones parece no tener interés en darle una respuesta objetiva a Juan Miguel pese a sus constantes reclamos.

Sin tribunal constitucional, imposible prefeccionamiento del modelo jurídico

.Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

La ausencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales, en el sistema político-jurídico cubano, significa una nefasta carencia para lograr una vía expedita y efectiva de defensa constitucional.

La existencia de tan importantísimo órgano, constituye presupuesto esencial para el imperio de un Estado de Derecho, como supremo e insoslayable mecanismo para hacer prevalecer y salvaguardar la ley constitucional de todo Estado moderno, ante los actos y normas jurídicas ejecutivas o legislativas que ataquen los postulados, principios y preceptos establecidos en la Constitución de la República de Cuba.

Tal Tribunal representaría una garantía insustituible, mucho más efectivo que los departamentos, direcciones o áreas de atención a la población de las distintas entidades estatales, para la protección jurídica de los derechos y libertades constitucionales, además, instrumentaría un efectivo sistema de control de la constitucionalidad en el país, lo que posibilitaría el funcionamiento de los mecanismos o resortes necesarios de que dispondrían los ciudadanos cubanos, todos, hasta el más humilde, para hacer valer los derechos fundamentales, consagrados en la Carta Magna, por solo citar uno de esos derechos, el más vulnerado, el previsto en el artículo 63, derecho de queja y peticiones, básicamente, en contra del propio Estado, sus órganos, organismos, instituciones, funcionarios y empleados, si fuera menester para hacer prevalecer esos derechos y libertades fundamentales y restablecer la legalidad cuando ha sido quebrantada.

Ese importante órgano podría insertarse dentro del Sistema de Tribunales Populares, concretamente el Tribunal Supremo Popular, del mismo modo que lo concibió y estableció la Constitución de 1940, artículo 182.´´ El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es competente para conocer de los siguientes asuntos:

  • a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-Leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en esta Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado.

  • b) Las consultas de Jueces y Tribunales sobre la constitucionalidad de las Leyes, Decreto-Leyes y demás disposiciones que hayan de aplicar en juicio.

  • c) Los recursos de hábeas corpus por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales.

  • d) La validez del procedimiento y de la reforma constitucionales.

  • e) Las cuestiones jurídicopoliticas y las de legislación social que la Constitución y la Ley sometan a su consideración.

  • f) Los recursos contra los abusos de poder.

A ese Tribunal podían acudir desde el presidente de la nación hasta cualquier persona individual o colectiva, natural o jurídica, que se estimará afectada por un acto o disposición que considerará inconstitucional.

También pudiera crearse como una institución independiente de la jurisdicción ordinaria, como existe hoy en muchos países latinoamericanos, entorno natural de nuestra existencia y como resultado de los fines integracionistas de la región.

El sistema cubano, no cuenta con un órgano de control político de la constitucionalidad, el que podría constituirse en la máxima instancia de poder de la República; la Asamblea Nacional del Poder Popular, de ese modo sería posible instrumentar un sistema de defensa constitucional múltiple, inexistente en la actualidad, al que bien podría incorporarse el recurso de amparo o acción de tutela, en calidad de instrumento de protección directa de los derechos fundamentales constitucionales.

La Constitución de 1976, según consideración del Doctor en Ciencias Jurídicas, Eurípides Valdés Lobán, Profesor Titular de la Universidad “Hermanos Saiz” de Pinar del Rio, se afilió al principio de control difuso de la constitucionalidad, aunque no en forma expresa y clara, desestimando el establecimiento de un Tribunal de Garantías Constitucionales, encargando a la Fiscalía General de la República la defensa, no solo de las normas constitucionales sino también de toda norma jurídica de cualquier rango, erigiéndose ese órgano de la Administración Central del Estado cubano, como titular del control del principio de legalidad.

Sin perjuicio de la labor que pueda desempeñar la fiscalía en la defensa de la constitucionalidad, es imposible concebir y creer que, solo en instituciones de esa naturaleza, puede radicar el control de la constitucionalidad, pues resulta imposible sustraer al pueblo, soberano del poder estatal, a los ciudadanos, con sus múltiples formas de sujetos convergentes y alternativos, que accionarían ante ese más que necesario Tribunal, en pos de un eficaz y cierto control y defensa de la constitucionalidad en Cuba, propósito de primerísimo orden, si ciertamente se pretende revertir la inobservancia de la legalidad socialista, advertido y denunciado por el Presidente de la República, en su intervención en la última sesión del máximo órgano de poder, que afecta todas las esferas de la sociedad cubana, cual cáncer incurable, del que son responsables funcionarios estatales y ciudadanos; que no es posible su erradicación con tan solo realizar operativos policiales ni con la imposición de desproporcionadas y expiatorias penas administrativas y penales, los llamados bandazos y si con el establecimiento de un sistema mixto , múltiple de control de la constitucionalidad que rescataría el debido respeto y obediencia a la ley, tanto por los ciudadanos como por los funcionarios estatales hasta el más alto nivel, los llamados a constituirse en ejemplo y paradigma a seguir en tan crucial tarea, para la supervivencia del modelo social cubano, el respeto a la Ley, a la Constitución.

 

El respeto de la Ley debe empezar por la Casa

respetoOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra
Esencialmente la Fiscalía General de la República tiene dos objetivos fundamentales: garantizar el control y el cumplimiento de la legalidad socialista y ejercer la acción penal pública en representación del Estado.
La Ley No.83 de la Fiscalía General de la República en el capitulo V sobre la actuación de dicho órgano en los Procesos Penales, dispone que  entre sus facultades se encuentra el “comprobar periódicamente el cumplimiento de las formalidades y términos legales en los distintos tipos de procedimientos”.
En tanto, la vigente Ley de Procedimiento Penal en el último párrafo del artículo 249 recoge, de manera preceptiva, que en caso de haber solicitado el Defensor alguna acción de instrucción o modificación de medida cautelar impuesta a su representado, éste será notificado sobre la procedencia o no de las mismas, en el termino de 5 días hábiles posteriores a la presentación de dicha solicitud.
Con igual carácter la mentada Ley de trámites penales dispone en el penúltimo párrafo del artículo 251 que “La Policía, el Instructor, el Fiscal o el Tribunal, según los casos, decidirán respecto a la solicitud de modificación de la medida cautelar en un término que no excederá de cinco días hábiles contados a partir del momento de dicha solicitud”
De lo anterior se colige que en el proceso penal la Fiscalía debe regir su actuar de conformidad con los términos que le impone la ley, sin embargo, estos términos son violados frecuentemente en los periodos investigativos o de instrucción.
Por la sensibilidad del proceso criminal para el encausado, la violación de sus términos legales constituye un flagrante atentado a las garantías del debido proceso de enjuiciamiento a que deberá ser sometido y al buen funcionamiento del sistema de justicia penal, al que precisamente los fiscales están llamados a velar por su cumplimiento con imparcialidad, firmeza y prontitud, en aras del respeto y la protección a la dignidad humana.
De lo que se trata es que el respeto de la Ley debe empezar por la Casa, como le impone a la Fiscalía su propia Ley 83 de la Fiscalía General de la República.

Violencia por encima de la Ley (II)

 

IMG_0960ODALINALic. Odalina Guerrero Lara

Continua la ilegalidad en la vivienda de Rolando González Camacho, pues la usurpadora, María del Pilar Olivera Delgado respaldada por todos los funcionarios del municipio de La Lisa, no solo permanece impunemente en la vivienda, sino que con su actitud provocadora y violenta, se ha apoderado de la mayor parte del inmueble.

Los abogados de la Asociación Jurídica Cubana hemos respaldado a la familia de González Camacho desde el punto de vista legal y humano. Asesoramos los escritos de Queja entregados por Jorge Luis García Casañas a tenor de lo previsto en los artículos 63 y 26 de la Constitución, a la PNR, PCC y Consejo de Administración del Poder Popular, y a la máxima responsable, la Fiscalía Municipal de La Lisa amparados en la Ley 83 de la Fiscalía General de la República:

Artículo 1: “Según establece la Constitución, la Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.”

Además de artículo 7 apartado c), artículo 8 apartado b) y d), de la propia Ley 83 de 11 de julio de 1997.

Previa citación de la Fiscalía Municipal de la Lisa nos personamos con Jorge Luis ante la Lic. Yanet García, Fiscal Jefa, la cual después de leer el documento respuesta firmado por el fiscal Yohandris López Parra, nos hace entrega del mismo, cuyo contenido evidencia que ésta Fiscalía no está dispuesta a hacer cumplir la ley.

 

¿Cómo se llama esto?

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Lic. Osvaldo Rodríguez Díaz
Era la tarde del 23 de febrero de 2009 cuando A.E.R. y S.D.O. que lo acompañaba, llegaron desde el interior del país a la capital, tomaron un auto de alquiler y se disponían a localizar una dirección donde vendían una moto con chapa de su provincia, la que A.E.R. pretendía comprar,  siendo detenidos en esa gestión.
El continuo estacionamiento en la misma calle del  mismo auto de alquiler particular del que salía y entraba el mismo pasajero habia llamado la tencion de Y.S.C., agente  de la unidad de la Policia Nacional sita en Zapata y C, lo cual le parecio suficiente para proceder a la detención de los dos pasajeros, dejando libre al conductor. No podía imaginar este oficial, las consecuencias que su actuar traería a los detenidos.
En la referida estación, se les radicó el expediente 65/09 por un delito de actividad económica ilícita. Se ocuparon mediante acta firmada por los encartados y el oficial referido que consta en el expediente, los siguientes bienes: tres mil setenta CUC, veintitrés mil en moneda nacional, varias prendas de oro entre ellas una gargantilla de alto valor, un teléfono Blackberry y un reloj suizo también muy caro.
Pese a las explicaciones de la legalidad de los bienes ocupados, ambos detenidos fueron remitidos en prisión provisional al establecimiento penitenciario de Valle Grande, para continuar las investigaciones.
Durante el proceso se aportaron las pruebas para demostrar la legalidad del dinero y las prendas ocupadas, entre ellas comprobantes de remesas y fotos de familiares con las prendas. Fue aprobada una fianza a ambos acusados por el fiscal a cargo en aquel entonces.
Hoy a la distancia de más de 4 años, ambos acusados siguen bajo fianza y la fiscalía competente remitió el caso al Tribunal Municipal Popular de Plaza de la Revolución, para que proceda al sobreseimiento del caso con efecto de absolución.
El tribunal de Plaza devolvió el expediente ya que en el mismo no está claro donde están las cosas ocupadas.  El cheque de depósito del banco, por la suma del dinero en CUC consta cancelado, en lugar del reloj suizo aparece uno ruso, no consta depositado en el banco como debe ser, asi como el destino de la gargantilla y las otras prendas y accesorios de oro que completaban el precio de la moto que se pretendia comprar. Sí aparece un arete de fantasía que no le pertencece; el dinero en moneda nacional tampoco está completo.
La fiscalía insistió nuevamente al tribunal, que otra vez devolvió, ya que en el documento correspondiente expone, que debe devolverles a los acusados todo lo ocupado, y esto no le ha quedado claro al órgano jurisdiccional.
Se ha formado una especie de pin-pon-IURIS.  Hasta la fiscalía militar recibió las actuaciones, optando por  devolverlas a la Fiscalía Provincial, y ésta nuevamente a la Fiscalía Municipal, que nuevamente insistió con el Tribunal Municipal, que con razón no accede, pues de hacerlo, deberá responder por las ocupaciones.
En queja de los afectados a la Fiscalía Provincial, la respuesta fue que se remitiría el caso a la Fiscalia municipal para su solución, !que novedad!
Han transcurrido más de 4 años, mientras más tiempo pase, menos posibilidad tienen estos ciudadanos de recuperar sus bienes.
No es necesario exponer cuantos principios eticos, garantías y términos del procedimiento penal se han violado, estas personas están a punto de renunciar a sus bienes, pues aún están bajo fianza, lo que les impide realizar muchas gestiones.
No hay que ser experto para determinar donde se “extravió” el dinero, el  oro y el reloj.
Se me ocurre que como hay personas que no creerán esto, porque esto no tiene nombre aunque sea cierto, ¿cómo le pondrá Ud. a éste caso?

La Incrédula Xiomara

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Lic. Esperanza Rodríguez Bernalimages

Xiomara todavía no puede creer lo que le ha sucedido mientras cumplía misión internacionalista en la República de Venezuela como médico, convaleciente allí de un accidente que le impidió viajar a Cuba ante el repentino fallecimiento de su esposo.

Ella nos narró lo acontecido en su vivienda aprovechando su ausencia.

En la mañana del 13 de octubre del 2012 se personó en su domicilio, Niuvis, hija de su esposo de un matrimonio anterior, acompañada de tres militares y una mujer en dos vehículos, un Geely rojo y un camión, con el objetivo de extraer todas sus propiedades.

Varios vecinos del edificio mostraron su inconformidad, manifestándole a Niuvis lo ilegal de su conducta. Al regresar de su misión en Venezuela, Xiomara formuló la denuncia en la Unidad de Policía (PNR) de Alamar y el agente que la atendió calificó el delito como Ejercicio Arbitrario de Derecho por ser la comisora, hija de su difunto esposo.

Conforme a dicha calificación y sin un exhaustivo análisis de los hechos, el agente decidió archivar la correspondiente denuncia, e indicarle a Xiomara que debía acudir a la vía civil con el objeto de establecer una demanda para la reivindicación de sus bienes o indemnización por los perjuicios causados.

Xiomara se dirigió a la Fiscalía Municipal de Habana del Este denunciando este actuar, pero esta instancia, lejos de garantizar la protección ciudadana como se encuentra en sus funciones según lo que establece la ley 83 de la Fiscalía General de la República y el artículo 127 de la Constitución, también la persuadió de continuar la reclamación por la vía civil.

Esto sucedió después de Xiomara mostrar a la Fiscal fotos tomadas por sus vecinos, donde se ven los vehículos, los militares y la evidencia de los bienes sustraídos.

No vamos a mencionar aquí, todos los avatares por los que ha pasado la doctora en las instancias a donde se ha dirigido en busca de respuesta a su caso, entre ellos el Consejo de Estado y la Fiscalía General.

Ni por la vía civil, ni por la penal, Xiomara ha podido recuperar sus propiedades, porque los funcionarios implicados no han ido al fondo del asunto para esclarecerlo.

Después de asesorarse correctamente, la Doctora comprende que la acción cometida por Niuvis y sus acompañantes es mucho más grave que la calificación inicial que le dieran en la Unidad de la PNR, y que el actuar de esas personas se aproxima más al Robo con Fuerza en las Cosas previsto y sancionado en el Código Penal vigente.

Y aunque Xiomara no pueda todavía creerlo, nosotros, que vemos actuaciones así a diario, si lo creemos.

Nuestra Asociación espera que éste asunto se esclarezca, (porque existen pruebas suficientes para su solución inmediata), de lo contrario… continuaremos informando sobre este caso. Espero que usted no sea tan incrédulo como Xiomara.

AJC, Cuba. ilegalidad, fiscalía, Código Penal, protección ciudadana

Algo que debemos recordar de las medidas cautelares

estado-de-derechoveizantLic.Veizant Boloy

La Constitución, ley de leyes, establece “el derecho de los cubanos a la libertad y a que nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes”. La medida de prisión provisional es impuesta de forma indiscriminada por la Fiscalía, rompiendo con el carácter “excepcional” que previó el legislador para su imposición.

Las medidas cautelares técnicamente son un método para asegurar el proceso, para impedir que este se dilate por la huída del acusado, para citar un ejemplo.

Nuestra ley procesal penal establece en su artículo 252 que procede la prisión provisional siempre que conste de las actuaciones la existencia de un hecho que revista caracteres de delito y que aparezcan motivos bastantes para suponer responsable penalmente del delito al acusado.

La Instrucción No. 137 de 1990, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo recomienda la adopción de esta medida para los casos de delitos que revistan un significativo grado de peligrosidad social; así sin más, sin que existan pruebas objetivas de la comisión del delito.

También en la práctica se impone esta medida, sin que exista evidencia palpable de que el acusado vaya a evadir la justicia, no obstante la prisión provisional debe responder al proceso, a que exista una justicia pronta, pero no debe responder a la peligrosidad social del hecho.

La Fiscalía no debería tener en sus manos la posibilidad de imponer esta medida, pues de un lado se supone que es una institución protectora de los derechos del ciudadano, pero por otro lado, responde directamente a los intereses del Estado.

 

Contra los derechos individuales

Lic. Osvaldo Rodríguez Díaz

En fecha 9 de julio de 2012 se presentó ante la Secretaria de Gobierno del Tribunal Provincial de La Habana un proceso sumarísimo de habeas corpus, el que se admitió y remitió a la Sala Tercera de dicho Tribunal.

La referida Sala de inmediato se comunicó con los funcionarios implicados en la privación ilegal de libertad del recluso, previa radicación del asunto.

Ese mismo día, a las diez y media de la noche, resultó puesto en libertad el perjudicado y quedó citado para el siguiente día. A la Sala, también fueron citados los funcionarios involucrados.

Compareció el acusado y los responsables del Control Penal del Combinado del Este, que eran los denunciados en el proceso.

Al abogado, hasta la fecha, no le ha sido notificada resolución alguna. Al privado de libertad, pese a estar en libertad, no le llenaron Acta de Comparecencia. Desconocemos qué explicación dieron los funcionarios, los que con antelación fueron advertidos por el padre del recluso del error en que estaban incurriendo.

Pese haber sido apercibidos, los responsables de Control Penal mantienen al reo en prisión, estando legalmente en libertad, hace más de cinco días.

Aunque el perjudicado y sus familiares no pretenden denunciar a los culpables por un delito de privación ilegal de libertad, artículo 279.1 del Código Penal, el Tribunal debió notificar la Resolución correspondiente al letrado que interpuso el Recurso.

También pudo el Tribunal -conforme al Artículo 6 de la Ley de los Tribunales-, dar cuenta a la Fiscalía Militar, lo que tampoco es del interés del perjudicado, pero al menos comunicarlo a la Dirección Nacional de Prisiones y dar a conocer al principal responsable para que no ocurran estos hechos.

Cundo un recluso se evade de la prisión, generalmente resulta sancionado por este nuevo delito, ahora ocurre lo contrario, retienen al que cumplió la pena y está en libertad y no se aplica al responsable ni una medida administrativa.

De todos modos, no existe interés en causar daño, sino que se evite lesionar los derechos individuales.

La Sala Tercera obró con toda la rapidez posible, que siempre sea así.

 

 

El Acoso del Cotorro

Lic. Esperanza Rodríguez Bernal

En más de una ocasión el ciudadano William Alexis Cacer Díaz  ha solicitado ayuda a la AJC por haber sido víctima de ilegalidades cometidas por agentes de la policía.
Primero, fue despojado de una cámara fotográfica, un teléfono móvil y una mini grabadora que utilizaba  como medios de trabajo como cuentapropista (fotógrafo).
En esa oportunidad se le orientó lo que debía hacer de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 inciso 1) en relación al artículo 401 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico para interponer Demanda en Proceso de Amparo en la Posesión contra Actos Provenientes de Autoridades ante el tribunal correspondiente.
Ahora William recaba otra vez nuestra asesoría por sufrir continuados arrestos.
En ninguna de las oportunidades en que ha sido detenido, le han mostrado orden de detención: lo han conducido en un patrullero hasta la Estación de la PNR  del Cotorro y  lo ha mantenido en un calabozo por varias horas.
Cuando ha preguntado el por qué de esa actuación la respuesta  ha sido: “es un asunto de la C.I. (contrainteligencia)”.
Ahora William refiere también ser amenazado por ir a Estado de SATS, le aseguraron que será arrestado cada vez que se anuncie un evento en casa de Antonio Rodiles.
Es lícito lo que la ley no prohíbe y por tanto si los agentes arrestaran nuevamente a William por asistir a Estado de SATS confirmarían su proceder ilegal y podrían ser acusados ante la Fiscalía Militar por el afectado ya que esa actuación  contraviene el artículo 58 de la Constitución de la República:
La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.
Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes…
Lo que está ocurriendo con William me recuerda aquella famosa obra de Víctor Hugo,  en la que un policía manifestaba una satisfacción  visceral en la persecución de por vida, de un ex convicto que, al final, terminó salvando la vida a su perseguidor.
¿Quién puede refutar que la vida, con sus avatares vuelva a repetir algún día un episodio semejante al de Los Miserables?… solo que con nuevos personajes y locación y al que me ha parecido bien denominar El Acoso del Cotorro.

Ministra cubana coloca a ciudadano en estado de indefensión (II)

Téofilo Roberto López Licor

Licenciada Laritza Diversent

La legislación penal considera ilícita las actividades económicas autorizadas, en la que se utilice mano de obra que no sea familiar.Sin embargo, la resolución ministerial dictada por la titular de Finanzas y Precio no hizo referencia a ninguna sanción penal impuesta al padre de Antonio López.

López Licor recibe remesas de los Estados Unidos, de parte de seis hermanos y un hijo, residentes en ese país. Desde enero de 2007 a diciembre de 2008, el Banco Nacional de Cuba acreditó que los familiares del procesado, le depositaron en concepto de remesa 12 mil pesos convertibles (CUC), 300 mil pesos cubanos (CUP). El referido informe fue desestimado por Pedraza Rodríguez, pues no acreditaba que Teófilo hubiese recibido efectivamente el dinero.

El artículo 60 de la Constitución de la República establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”.El Código Penal, la regula como una sanción específica y accesoria de un delito.

La Carta Magna, la Ley procesal Penal y la Ordenanza de los Tribunales Populares garantizan: “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen“. Por tanto, el Decreto-Ley 149, es inconstitucional e ilegal.

Este último Decreto-Ley dispone que la sanción de confiscación sea aplicada por una autoridad administrativa, como medida ejemplarizante contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo como resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos de entidades estatales, la participación en negocios turbios, las actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Las conductas son calificadas en la propia disposición jurídica, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. No obstante, la Fiscalía, que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública en representa­ción del Estado, decidió promover un procedimiento administrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos.

En un proceso penal, los parientes de Teófilo Roberto jamás hubiesen respondido por actos ajenos. La responsabilidad es individual. Por otra parte el Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

La aplicación preferentemente del Decreto-Ley 149, es resultado de la subordinación constitucional de la Fiscalía General de la República al Consejo de Estado. Significa que debe cumplir primero instrucciones políticas, antes de controlar y preservar la ‘legalidad socialista’ y velar por el estricto cum­plimiento de las disposiciones legales

La vigencia de esta norma en el ordenamiento jurídico cubano lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe brindar todo sistema legal. Su aplicación viola las garantías jurídico-penales ofrecidas a los encausados y coloca al ciudadano en estado de indefensión ante los excesos de gobierno.

Lina Olinda Pedraza Rodríguez,Ministra de Finanzas y Precios, fue designada por el gobierno pero no está calificada para administrar justicia. Las atribuciones que le confiere el Decreto Ley 149/94 son inconstitucionales y, por tanto, arbitrarias.