Igualdad de derechos en los procesos laborales

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Lic. Juan Álvarez Ríos
En el artículo 8 del Decreto Ley No. 176 de 15 de Agosto de 1997, “Sistema de Justicia Laboral” se establece que los Órganos de Justicia Laboral de Base, constituyen el órgano primario y obligado en la solución de los conflictos laborales.
Teniendo éstos, un doble papel: como instancia inicial con respecto a las medidas disciplinarias aplicadas que sí modifican la calificación de su puesto de trabajo, previstas en los incisos J y K del referido artículo 14 del propio texto legal es decir:
J) Traslado a otra plaza de menor remuneración o calificación o de condiciones laborales distintas con pérdida de la que ocupaba el trabajador y,
k) La separación definitiva de la entidad.
Y el de instancia definitiva; que son las medidas disciplinarias aplicadas que no cambian o modifican el carácter definitivo del puesto de trabajo y previstas en el artículo 14 del propio Decreto Ley No. 176/97 en sus incisos del a al i.
Las dos pueden ser recurridas al Tribunal Municipal Popular correspondiente.
En la Resolución Conjunta No. 1 de 4 de Diciembre de 1977 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Tribunal Supremo Popular, en su artículo 1, se dispone que las medidas disciplinarias aplicadas son de efecto inmediato y en su artículo 28 ratifica que son efectivas a partir del día hábil siguiente a su notificación.
Como se puede apreciar, no es justo que un trabajador se sancione por un error y no tenga derecho a recurrir a un órgano de justicia superior al que aplicó la medida disciplinaria.
En su artículo 35, se impone que las partes comparecen y actúan por sí ante el Órgano de Justicia Laboral de Base y lo faculta para hacerse representar por un dirigente sindical o un compañero de trabajo o por un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, pero no autoriza para que lo represente un abogado, lo cual limita sus derechos, aun cuando la Administración designe para que la represente a su asesor jurídico, el cual dispone de recursos tanto técnicos como de vocabulario que sí influyen en el Órganos de Justicia.  Esto contradice lo que manifiesta el primer POR CUANTO acerca de garantías jurídicas iguales para las partes.
Es necesario modificar el articulado del Decreto Ley No. 176/97 y de la Disposición Conjunta No. 1/97 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Tribunal Supremo Popular, para que las partes tengan los mismos derechos.

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