La fuerza del ejemplo

Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

Se plantea que el Socialismo es la ciencia del ejemplo, sustentando ese concepto en el liderazgo que están llamados a asumir funcionarios estatales y dirigentes, a todos los niveles y en todas las esferas de la vida social, en la construcción de una sociedad cualitativamente superior, en la que primen actitudes y valores como el humanismo, la solidaridad, la justicia, el respeto al derecho ajeno, la debida obediencia a la ley, el estricto cumplimiento de lo legalmente establecido.

Muchos dirigentes y funcionarios, no son ejemplo para el resto de la sociedad cubana, en la materialización de tan fundamental objetivo: el debido respeto y obediencia a la ley, pues quebrantan la legalidad socialista ya como práctica habitual.

El Periódico Tribuna, publicó en su sección de Opinión el artículo: Inadmisible violación de la legalidad, del periodista Enrique Valdés. María Caridad Pozo Ajete, según explica el periodista, vive en un limbo legal, toda vez, que le fue impuesta en el mes de septiembre de 2012, la separación definitiva de la entidad donde laboraba, la cual fue modificada por el Órgano de Justicia Laboral de Base, tras la celebración de la vista pública, fuera del término legal, el 14 de enero de 2013, a treinta días de suspensión del vínculo laboral y cumplida esta, su reincorporación a su puesto laboral y el pago con carácter retroactivo del salario dejado de percibir, decisión que alcanzó firmeza, pues la Administración no la impugnó como tenía derecho a hacer, ante la Sección de lo Laboral del Tribunal Municipal Popular, correspondiente, reincorporación que al trascurso de un año no logra, pues el Director de la fábrica, dice que allí no la quiere, a pesar de que acudió a la Fiscalía Municipal de La Habana Vieja para la protección de sus derechos laborales, lo que tampoco obtuvo.

El periodista concluye: La Legalidad Socialista refrenda nuestra Constitución, es de obligatorio cumplimiento para ciudadanos e instituciones ¿Qué pasaría si cada vez que alguien esté en desacuerdo con un fallo, en vez de recurrirlo por los canales correspondiente, decida, por su libre albedrio violarlo? ¿Acaso podemos permitirlo?

Para con los iniciadores y fundadores de la Asociación Jurídica Cubana, acontece casi exactamente lo mismo, con total quebranto, por el Ministerio de Justicia, de la garantía fundamental prevista en el artículo 54 de la Constitución de la República y lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Asociaciones, se nos prohíbe sin sustento legal alguno, la inscripción de la pretendida Asociación en el Registro de Asociaciones de ese Ministerio. ¿Acaso debemos permitir que por su libre y arbitraria decisión la Ministra de Justicia irrespete ese derecho de asociación consagrado en la Constitución?

Los números de 2013

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2013 de este blog.

Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 38.000 veces en 2013. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 14 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

Haz click para ver el reporte completo.

Faltar a la verdad

 

Julio AlfredoJulio Alfredo Ferrer Tamayo.

En horas de la mañana del 18 de noviembre de 2013, me fue notificada, la Sentencia número 1253 de 8 de noviembre de 2013, dictada por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, resolutoria del Recurso de Casación, interpuesto por la Especialista María de los Ángeles Jiménez Madrigal, Abogada de la Unidad de Bufetes Colectivos de 17 y 24, en el Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba, en representación de los iniciadores de la ASOCIACIÓN JURÍDICA CUBANA, contra la Sentencia número 157 de 22 de mayo de 2013, pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, contra la cual la Junta Directiva de la pretendida Asociación formuló Pública Denuncia, pues, además de las violaciones legales que contenía, faltaba a la verdad.

 

Mi asombro fue total, la Sala del Tribunal Supremo Popular, máxima autoridad judicial de la nación cubana, lejos de corregir los defectos señalados por esta parte en el instrumento jurídico impugnado, incurrió en similar falta: consignar en la Sentencia de Casación hechos no ciertos, aseveración que es constatable con tanto solo dar lectura al Segundo de los RESULTANDO, de la abominable Sentencia de Casación, cito: Que contra la expresada sentencia el parte recurrente estableció recurso de casación dentro del término legal, elevándose por el tribunal a esta Sala, previó emplazamiento de las partes, la que admitió el recurso, haciendo constar que la parte recurrente se personó en tiempo y forma e igualmente la parte no recurrente Ministerio de Justicia, representado por la letrada María Estela Suri Pereda, fin de la cita. Evidente parcialidad a favor de ese organismo de la administración central del Estado.

 

Lo no ajustado a la verdad, en ese fragmento de la Sentencia de Casación, es que la parte no recurrente, Ministerio de Justicia, no se personó en el término del Emplazamiento, ya que fue liquidado por la Providencia de fecha 12 de agosto de 2013, y la letrada Marta Estela Suri Pereda, representante del Ministerio de Justicia, se personó, por intermedio de un documento manuscrito, casi ilegible y sin aportar copia, el 26 de septiembre de 2013, TREINTA Y TRES DÍAS DESPUES, de liquidado o finiquitado dicho término, hecho que puede ser corroborado en la Providencia de 26 de septiembre de 2013 dictada por la Sala, teniéndola por personada como parte no recurrente, lo que determinó que nuestra Abogada interpusiera Recurso de Súplica, Recurso resuelto el 2 de octubre de 2013, mediante Auto, en el que la Sala reconoce el hecho cierto de que la representante del Ministerio de Justicia, se personó, FUERA DEL TÉRMINO DE DIEZ DIÁS previsto en los artículos 632 y 635 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

 

Me pregunto si el llamado del Presidente de la República, General de Ejercito Raúl Castro Ruz, al cumplimiento estricto de lo legalmente establecido, es una más de las tantas consignas y propósitos, que no llegan a materializarse jamás, pues los funcionarios  continúan como práctica habitual, irrespetando la legalidad socialista y los sagrados y fundamentales derechos de los ciudadanos, consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Magna de la República de Cuba: el derecho de reunión y asociación pacífica, ignorando, incluso, el concepto de revolución, que entraña entre otros principios: NO MENTIR JAMÁS.

 

¿Debemos permitir que tan INCONSTITUCIONAL INSTRUMENTO JURÍDICO, RESULTADO DE UN INDEBIDO PROCESO JUDICIAL, VULNERE ESE NUESTRO HUMANO DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN PACIFICA?

 

Se impone el obligado reclamo en términos legales ante los organismos internacionales, jurisdiccionales y de derechos humanos.

 

De usurpación a Prevaricación

1 Usurpación y prevaricación1 EdilioLic. Edilio Hernández Herrera

Profundizando en el caso de la familia González Camacho, además de las denuncias formuladas, existió una sentencia del Tribunal Municipal de la Lisa en el 2012 por Ejercicio Arbitrario del Derecho, donde resultara sancionada a multa la ciudadana María del Pilar, Queda claro penal y administrativamente, (Resolución 1636/2011 del Expediente 1263/2011 de la dirección Municipal de la Vivienda de la Lisa) donde declararon ocupantes ilegales a los usurpadores, en su séptimo POR CUANTO, estas personas nunca tuvieron convivencia en el inmueble que se litiga, con medios de prueba como cartas del CDR Municipal y Registro del MININT, entre otros.

Existe un Dictamen Sanitario de fecha 15 de julio de 2013 donde se reconoce, que la imposibilidad de usar el servicio sanitario y el hacimiento provocan un alto índice de insalubridad con afectación de la salud de los moradores legítimos.

Existen respuestas de la Fiscalía Municipal de la Lisa, de 25 de agosto de 2011, 8 de septiembre de 2011 y 22 de agosto de 2013, donde se evidencian las contradicciones de lo concluido con los documentos existentes y las acciones violadoras de la legalidad, sobre todo la última carta (que exponemos), donde dicho en buen cubano, colmó la copa de la paciencia: estado de indefensión, irrespeto e impunidad para con las Leyes de nuestro país y una Garantía Constitucional prevista para todos los ciudadanos cubanos, en el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba,…El domicilio es inviolable. Nadie puede entrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos en la Ley…

Como la PNR y la Fiscalía no han procedido como expresan sus funciones por Ley, han propiciado el actuar cómplice de la Dirección Municipal de la Vivienda al emitir Resoluciones posteriores a la del 2011 (ilegales, pues los usurpadores nunca han poseido dirección de dicho domicilio), agravándose el conflicto hasta el punto de tornarse violento, siendo el colofón el día 10 de agosto cuando al fallecer por accidente el esposo de la ciudadana violadora, tuvieron la osadía y morbosidad de velar al difunto en la sala de la casa ajena. Al día siguiente, Rolando, el joven enfermo, amaneció más alterado que de costumbre.

Continuamos alertando y previniendo con quejas y denuncias, la posible ocurrencia de un desenlace fatal, motivado por las ofensas y amenazas impunes y públicas, a oídas de vecinos y testigos, contra la vida de Jorge Luis, su esposa y Rolando.

No hubieramos querido llegar hasta este extremo, de denuncia contra jóvenes funcionarios y operadores del derecho, que tendrían mucho que aportar en un país donde el estado de derecho y los valores morales están en franca decadencia, lo que ha sido reconocido por el Presidente Raúl Castro.

Es menester reestablecer a las nuevas generaciones una Cuba de prosperidad y respeto ciudadano por la legalidad e institucionalidad, pero no avanzaríamos nunca con funcionarios tan pasivos, poco profesionales, insensibles e indisciplinados, rayanos en la prevaricación, que no cumplen con sus funciones ni respetan los reglamentos, creando precedentes de compromiso e intereses personales por encima de los designios que les confiere la Ley.

Violencia por encima de la Ley (II)

 

IMG_0960ODALINALic. Odalina Guerrero Lara

Continua la ilegalidad en la vivienda de Rolando González Camacho, pues la usurpadora, María del Pilar Olivera Delgado respaldada por todos los funcionarios del municipio de La Lisa, no solo permanece impunemente en la vivienda, sino que con su actitud provocadora y violenta, se ha apoderado de la mayor parte del inmueble.

Los abogados de la Asociación Jurídica Cubana hemos respaldado a la familia de González Camacho desde el punto de vista legal y humano. Asesoramos los escritos de Queja entregados por Jorge Luis García Casañas a tenor de lo previsto en los artículos 63 y 26 de la Constitución, a la PNR, PCC y Consejo de Administración del Poder Popular, y a la máxima responsable, la Fiscalía Municipal de La Lisa amparados en la Ley 83 de la Fiscalía General de la República:

Artículo 1: “Según establece la Constitución, la Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.”

Además de artículo 7 apartado c), artículo 8 apartado b) y d), de la propia Ley 83 de 11 de julio de 1997.

Previa citación de la Fiscalía Municipal de la Lisa nos personamos con Jorge Luis ante la Lic. Yanet García, Fiscal Jefa, la cual después de leer el documento respuesta firmado por el fiscal Yohandris López Parra, nos hace entrega del mismo, cuyo contenido evidencia que ésta Fiscalía no está dispuesta a hacer cumplir la ley.

 

La Absolución de la Historia

1 cetrhab 1626-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida
En la Asociación Jurídica Cubana hemos notado una estadística muy significativa: más del 50% de los casos atendidos corresponde a problemas de vivienda.
La mayoría de estos casos, son estremecedores y en extremo angustiosos.
Cuando personas de la tercera edad con una educación, comportamiento y forma de pensar en extremo diferente a la de sus nietos (e incluso biznietos) conviven bajo un mismo techo, la convivencia puede ser muy difícil.
Como otras muchas cosas que después no se cumplieron, la revolución cubana prometió resolver la situación de los bohíos, de la insalubridad y otras  que, de una u  otra forma, tenían que ver con el problema de la vivienda en el país.
Así, en un escrito publicado centenares de veces y en múltiples formatos,  leemos cosas que algunos no quieren rememorar ahora, sin embargo es necesario mantener la memoria histórica:
Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda;
rebajando resueltamente el 50% de los alquileres,
eximiendo de toda contribución a las casas habitadas por sus propios dueños,
triplicando los impuestos sobre las casas alquiladas, demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas en toda la isla en escala nunca vista,
Bajo el criterio de que, si lo ideal en el campo es que cada familia posea su propia parcela, lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento.
Hay suficiente piedra y brazos de sobra  para hacerle a cada familia cubana una vivienda decorosa.
Sesenta años después de estas palabras, ¿cuál  es el resultado de esta promesa y de otras que desaparecieron junto a los ya innombrables  planes quinquenales?
Cuando la venda ha caído ya de los ojos, ¿debemos seguir creyendo en la Absolución de la Historia?

Impartir justicia

 

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Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

El artículo 120 de la Constitución de la República de Cuba, establece que la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye; precepto legal consecuencia directa del artículo 3 de la Carta Magna; la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes, razón por la que el propio texto constitucional, en el artículo 122 prevé: Los jueces, en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la ley.

Tal principio constitucional ha sido inobservado, para con los miembros de la Asociación Jurídica Cubana, por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, al pronunciar la Sentencia 157 de 22 de mayo 2013, con la negativa de la Ministra de Justicia a la legalización de nuestra pretendida Asociación, pues impartir justicia no es más que aplicar el derecho vigente al caso concreto interpretando correctamente la ley, lo que no hizo dicha Sala, infracción legal, apreciable en el Segundo CONSIDERANDO de la Sentencia: ello en todo caso impide la constitución de cualquier otra asociación con similares proyectos y objetivos, a tenor de lo previsto en el inciso d) del artículo ocho anteriormente citado, pues contrario a lo interpretado por el accionante, el precepto precedentemente invocado en modo alguno restringe de forma expresa dicha limitación al solo efecto de asociaciones preexistentes con iguales fines y denominación, sino a la existencia anterior de otras, cualesquiera sea su apelativo y naturaleza jurídica, en aras de impedir una dualidad en el trafico jurídico de instituciones de similarcontenido.

Incorrecta interpretación de la Ley, hecha por la Sala, puesto que la causal de denegación establecida en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Asociaciones, preceptivamente, está referida a la preexistencia de una asociación con idénticos o similares objetivos o denominación, no a cualquier entidad, como desacertadamente ha considerado la Sala, no impartiendo así justicia, al realizar una interpretación extensivísima del precepto legal en cuestión, llegando indebidamente a distorsionar su más que claro texto, incluso el espíritu del legislador, que solo estableció como restricción al respecto la preexistencia de otra asociación, denominación jurídica en la que no se hallan comprendidas la Organización Nacional de Bufetes Colectivos ni la Unión Nacional de Juristas de Cuba, no inscriptas por tal razón, en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, extremo que fue fehacientemente probado en el proceso mediante la prueba documental de la certificación expedida por dicho Registro.

La garantía de la independencia de los jueces en la impartición de justicia, se traduce en que se sientan con total respaldo constitucional para tomar sus decisiones conforme a la ley y no por complacencia o presiones de autoridad política o administrativa alguna.

 

La AJC, el Decreto Ley 81, la Constitución y los Principios Básicos sobre la función de los Abogados

4 Derechos-Humanos-ONUOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

El Decreto Ley 81 de 8 de junio de 1984, sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, regula en su artículo 2 que el ejercicio de la abogacía es libre, mientras que paradójicamente el articulo siguiente, restringe tal “libertad” al disponer que para ejercer la abogacía se requiere ser admitido por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de lo que cabría suponer que en Cuba la profesión de abogado es ejercida bajo una especie de “libertad supervisada” por la ONBC.

Uno de los Principios Básicos sobre la función del Abogado refrendados en el 8vo. Congreso de las NU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente (La Habana, 1990);   que deben ser respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, preceptúa que: Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir por ello restricciones profesionales.

De conformidad con la anterior declaración de las Naciones Unidas, la pretendida libertad de la profesión del abogado queda garantizada también por la Constitución de la República de Cuba, que en su artículo 54 recoge: Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines.

Puesto que para la AJC el ejercicio de la abogacía es libre, en el más estricto significado del término, como refiere el mentado Decreto Ley 81, sus miembros se acogen al derecho de asociación que garantiza la Constitución de la República y que sugiere la ONU sobre la función de los Abogados, y hemos solicitado su legal constitución para el ejercicio de la profesión de la abogacía de manera independiente a la ONBC.

La ONBC y la AJC

OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra
En el dilatado proceso por la legalización de la AJC, una de las razones expuestas para obstaculizar la misma ha sido que sus fines y objetivos ya los cumplen otras instituciones, en especial por la ONBC. No obstante las razones oficiales aducidas, muchas son las diferencias que marcan a una y otra organización, entre ellas:
La ONBC se constituye en 1984 al amparo de Decreto-Ley número 81 de 8 de junio de 1984 “Sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos” y de su Reglamento Resolución No.142 de 1984;
La AJC se constituye en 2008 al amparo del artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba y de la Ley 54. Ley de Asociaciones de 27 de diciembre de1985 y de su Reglamento Resolución No.53 de 1985;
La ONBC es una organización “No Gubernamental” que se subordina metodológicamente al Ministerio de Justicia;
La AJC es una asociación de abogados independientes que se subordinan a su Asamblea General y a sus propios Estatutos;
La ONBC es una organización social;
La AJC es una asociación con fines de interés social;
La ONBC es una organización lucrativa;
La AJC presta su servicio sin fines de lucro;
La ONBC cuenta con el apoyo y de las autoridades gubernamentales;
La AJC cuenta con el apoyo de la sociedad civil cubana;
La ONBC la integran profesionales del derecho comprometidos con su trabajo;
La AJC la integran profesionales del derecho comprometidos con su tiempo;
La ONBC agrupa a los profesionales del derecho que quieren ejercer la abogacía y no les queda otra alternativa para ello;
La AJC es otra alternativa para ejercer la abogacía por los profesionales del derecho;
La ONBC está reconocida oficialmente;
La AJC espera ser reconocida oficialmente;
La AJC esta dispuesta a colaborar con la ONBC
La ONBC, ¿estaría dispuesta a colaborar con la AJC?

Sentencia viola preceptos legales

4-calixto

Lic. Amado Calixto Gammalame.

La sentencia 157 de 2013 del Tribunal de la Habana distorsiona preceptos legales para denegar la constitución de la ASOCIACION JURDÍCA CUBANA.

En nuestros días con mucha frecuencia los discursos oficiales hablan de inclusión, diversidad, oportunidad, en fin, se trata de representar una sociedad digna del siglo XXI, sin embargo lo decidido en esta sentencia demuestra lo contrario.

Las sentencias tienen además de su fin decisorio sobre el caso, una labor educativa, al contribuir a formar valores y establecer la política del estado a favor del respeto de los derechos de los ciudadanos, aspectos que están ausentes en la sentencia 157; trataremos de explicar su contenido.

Un aspecto de medular importancia resulta lo apreciado en su TERCER RESULTANDO, el cual cito textualmente: Que vencido el término de contestación se abrió el proceso a prueba por el término de ley, practicándose las admitidas a las partes, consistentes en documentales y confesión judicial, las que constan en sus respectivos cuadernos….

Dicha aseveración constituye un grave error jurídico, pues es de estricto conocimiento para la judicatura, por estar dispuesto en La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; que se prohíbe la prueba de confesión judicial a los jefes de los órganos de la administración central del Estado, condición que posee la Ministra de Justicia, (artículo 279, cito: En los procesos en que sea parte el Estado, sus órganos y organismos o las empresas estatales, no se les pedirá confesión. En su lugar, la parte contraria propondrá por escrito las preguntas que quiera hacer, las cuales serán contestadas por vía de informe por los funcionarios a quienes conciernan los hechos. Estas comunicaciones se dirigirán por conducto de la persona que represente en el proceso a la entidad de que se trate. Podemos afirmar, con toda certeza jurídica, que si la confesión judicial de la Ministra de Justicia fue practicada, como dice el TERCER RESULTANDO, se realizo en franca inobservancia de lo legalmente establecido.

Lo cierto es que la Ministra jamás compareció a la Sala ni al Tribunal, ni siquiera a la vista efectuada el 19 de marzo de 2013, a las 3:30 p.m., acto al que tampoco asistió su representante legal, la Licenciada Marta Estela Surí Pereda.

Por otra parte constituye un absurdo el que se pretenda argumentar que las instituciones Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos cumplen las funciones estatales que los iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana pretenden realizar, cuando, en primer lugar ninguna de ellas son Asociaciones, y esta aparente dicotomía, en modo alguno pugna con los resultados positivos que ya ha logrado la AJC; pero lo más significativo es que se pretenda argumentar este aspecto en contradicción con lo que establece la Ley 54 de Asociaciones en su artículo 8. Queremos hacer notar también que muchas otras asociaciones constituidas realizan sus actividades paralelamente o en simbiosis con las entidades estatales. Por citar ejemplos: la Asociación de Economistas, de Agricultores, Hermanos Saiz. etc.

La Sentencia 157 de 2013, respalda a ultranza una inconstitucional Resolución de la Ministra de Justicia, que irrespeta para con los fundadores de la pretendida Asociación, su petición viable jurídicamente, violando el derecho consagrado en el artículo 54 de la Ley Primera de la República de Cuba y el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.