El respeto a la Ley de Asociaciones

nuevo logoLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociación en la legislación cubana es un precedente de la época colonial, la Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo de acuerdo a sus proyecciones, con satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no solo es un medio indispensable y común de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación tenga límites en su alcance; lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados, preocupados de regularle de una manera democrática.

No obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el ejercicio del derecho de asociarse que desea el ciudadano cubano, y que se encuentra refrendado en la Constitución de la República de Cuba (artículo 9 en relación al 54).

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hicieron necesario la modificación del sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante que tienen algunos ciudadanos para asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la que lejos de resultar un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo que presenta tantos vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por nuestros trabajadores manuales e intelectuales y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, lo cual es un derecho constitucional, pero el tiempo pasa y las condiciones y exigencias del ser humano son cada día más mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales son un elemento integrante de la sociedad civil, y ésta a la vez resulta un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como el de la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

¿Por qué cerrarnos las puertas a este derecho?, ¿A qué teme el Estado?

Se ha advertido que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma. Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde las anteriores legislaciones estuvo previsto cancelar aquellas asociaciones que no cumplieran sus objetivos en beneficio de la sociedad, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida de gobierno equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir. Entonces vale preguntarse cuál es el argumento del Estado para no autorizar la referida Asociación que pretenden formalizar los juristas interesados, sí tenemos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene ánimo de lucro, pues persigue objetivos sociales al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

“El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, ¿Resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente?

Y es que si de respeto se trata no valen los argumentos.

 

Lo que es necesario

vallin_21Lic. Wilfredo Vallín

Los Hechos:

El pasado día 14 de junio, el vicepresidente de la Asociación Jurídica Cubana (AJC) licenciado Amado Calixto Gammalame, se dirigía en un vehículo de las Tunas a Holguín para una visita a nuestras filiales del oriente del país.

Entrando en la ciudad de Holguín, el vehículo fue detenido por personas que no se identificaron, Amado Calixto fue obligado a descender y a entrar en un jeep de patrullas que lo condujo a la Unidad de Instrucción local.

En ese lugar, el teniente coronel Carlos Urgellés Palomares, quien conocía a Amado Calixto, le recordó la época común de estudiantes, lo que “haría más llano el camino para lograr un entendimiento”, pidiéndole a continuación que mostrara sus pertenencias, incluidos los objetos personales. No detectaron ningún documento de interés, pero consideraron que Amado tenía en su poder una cantidad en dinero “superior a lo normal” a saber, 250 euros, 135 cuc y 70 cup. Dinero que ocuparon, dejando al letrado con 35 cuc.

Se llenó un Acta de Ocupación de la cual Calixto solicitó copia sin que le fuera entregada, informándosele que regresaría ese mismo día a La Habana. El abogado permaneció detenido sin que se le formularan cargos hasta las 10 de la noche, o sea, unas seis horas, regresando a la capital por vía aérea. Su teléfono celular le fue devuelto en el aeropuerto de Holguín, después de borrarle todos los datos.

Los aspectos a analizar de este “incidente” son:

  1. La implicación de AJC con la Plataforma #Otro 18 de la sociedad civil. Esa Plataforma aboga por la participación de la ciudadanía en los comicios que se efectuarán en Cuba en el 2018.
  2. La ocupación del dinero que llevaba el letrado, sin que se le entregara documento justificativo de dicha ocupación.
  3. La “deportación” desde Holguín sufrida por Amado Calixto.

Lo que sigue está dirigido a la comunidad internacional, al pueblo de Cuba, y muy en especial, a las autoridades cubanas para su general conocimiento.

Fundamentos de Derecho.

La Asociación Jurídica Cubana es una agrupación de abogados creada en 2008 bajo el concepto del ejercicio libre de la abogacía conforme al evento Principios Básicos de la Función de los Abogados, Octavo Congreso de Naciones Unidas, celebrado en La Habana, Cuba en septiembre de 1990. El propósito fundacional de AJC siempre ha sido ayudar a los ciudadanos cubanos en sus problemas legales y difundir de forma gratuita el conocimiento jurídico entre la población, sin tomar en cuenta su filiación política o ideológica.

Hemos ayudado y enseñado, pero también aprendido. Algo de esto último es que, en Cuba, ningún órgano policial tiene en cuenta el derecho positivo vigente y actúa como si éste no tuviese nada que ver con ellos. Constituyen ejemplos de lo anterior:

  1. La ley electoral cubana en vigor no prohíbe la participación en los comicios nacionales de aquellas personas que piensan de manera diferente al gobierno y a la política nacional actuales. El principio “Es lícito todo lo que la ley no prohibe” goza de aceptación en la doctrina.

Obstaculizar, a como dé lugar, esa participación utilizando desde el más ramplón descrédito hasta la arbitrariedad más burda, sólo revela una gran inseguridad y temor a los resultados de esa participación.

–“No permitiremos Otro 18”– se torna un planteamiento reiterativo de la policía política, pero prohibir lo que la ley no prohibe es ilegal y es sancionado hágalo quien lo haga. No conocemos excepciones a este principio.

  1. Los ciudadanos cubanos somos frecuentemente registrados y nuestros bienes: dinero, computadoras, cámaras fotográficas, teléfonos y otros artículos, son decomisados sin justificación ni constancia documental. El dinero no es devuelto prácticamente en ningún caso, sin que los perjudicados sepan a dónde va a parar, en lo que constituye más un robo que una ocupación legal y justificada.

¿Desde cuándo la policía determina la cantidad de dinero que pueden llevar o no los ciudadanos?

Cuesta mucho trabajo creer que al más alto nivel de gobierno no se conozca esto. Esa permisibilidad es inadmisible.

  1. El Lic. Amado Calixto fue conducido bajo custodia al aeropuerto, obligado a subir a un avión y enviado de regreso a La Habana… ¿bajo qué precepto legal?, ¿En qué artículo, de qué ley, se apoyan esos señores para deportar a un ciudadano libre de una provincia a otra?

Pero hay más:

  1. Estos señores prohíben, que los ciudadanos podamos salir de nuestra casa en un acto simple de fuerza bruta, haciendo caso omiso de lo establecido por la Constitución y sus leyes complementarias.
  1. Los ciudadanos cubanos somos arbitrariamente detenidos en cualquier parte para ser abandonados en lugares remotos, muchas veces sin dinero para regresar, a cualquier hora del día o de la noche. Las causales de detención aparecen en la Ley de Procedimiento Penal pero los que así actúan no parecer tener conocimiento de su existencia.
  1. La única instancia facultada para crear derecho en el país es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los agentes de la ley (que no son la autoridad misma) no tienen esa facultad… hasta donde sabemos.
  1. El respeto a la dignidad plena del hombre de que se habla en el preámbulo de la Constitución socialista, ¿es éste?
  1. Si los miembros del orden público o de la Seguridad del Estado prosiguen con esta práctica, el respeto al orden jurídico actual se resquebrajará aún más de lo que ya está, y sus consecuencias pudieran ser catastróficas.

La legitimidad de los gobiernos en cualquier situación y lugar está dada, en primerísima instancia, por procurar el BIEN COMÚN de todos sus ciudadanos. Este concepto, ¿les significa algo?

El más grande de todos los cubanos nos legó en su pensamiento esta enseñanza: “En cada momento se ha de hacer, lo que en cada momento es necesario”. Esa es, precisamente, nuestra pretensión.

La fuerza del ejemplo

Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

Se plantea que el Socialismo es la ciencia del ejemplo, sustentando ese concepto en el liderazgo que están llamados a asumir funcionarios estatales y dirigentes, a todos los niveles y en todas las esferas de la vida social, en la construcción de una sociedad cualitativamente superior, en la que primen actitudes y valores como el humanismo, la solidaridad, la justicia, el respeto al derecho ajeno, la debida obediencia a la ley, el estricto cumplimiento de lo legalmente establecido.

Muchos dirigentes y funcionarios, no son ejemplo para el resto de la sociedad cubana, en la materialización de tan fundamental objetivo: el debido respeto y obediencia a la ley, pues quebrantan la legalidad socialista ya como práctica habitual.

El Periódico Tribuna, publicó en su sección de Opinión el artículo: Inadmisible violación de la legalidad, del periodista Enrique Valdés. María Caridad Pozo Ajete, según explica el periodista, vive en un limbo legal, toda vez, que le fue impuesta en el mes de septiembre de 2012, la separación definitiva de la entidad donde laboraba, la cual fue modificada por el Órgano de Justicia Laboral de Base, tras la celebración de la vista pública, fuera del término legal, el 14 de enero de 2013, a treinta días de suspensión del vínculo laboral y cumplida esta, su reincorporación a su puesto laboral y el pago con carácter retroactivo del salario dejado de percibir, decisión que alcanzó firmeza, pues la Administración no la impugnó como tenía derecho a hacer, ante la Sección de lo Laboral del Tribunal Municipal Popular, correspondiente, reincorporación que al trascurso de un año no logra, pues el Director de la fábrica, dice que allí no la quiere, a pesar de que acudió a la Fiscalía Municipal de La Habana Vieja para la protección de sus derechos laborales, lo que tampoco obtuvo.

El periodista concluye: La Legalidad Socialista refrenda nuestra Constitución, es de obligatorio cumplimiento para ciudadanos e instituciones ¿Qué pasaría si cada vez que alguien esté en desacuerdo con un fallo, en vez de recurrirlo por los canales correspondiente, decida, por su libre albedrio violarlo? ¿Acaso podemos permitirlo?

Para con los iniciadores y fundadores de la Asociación Jurídica Cubana, acontece casi exactamente lo mismo, con total quebranto, por el Ministerio de Justicia, de la garantía fundamental prevista en el artículo 54 de la Constitución de la República y lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Asociaciones, se nos prohíbe sin sustento legal alguno, la inscripción de la pretendida Asociación en el Registro de Asociaciones de ese Ministerio. ¿Acaso debemos permitir que por su libre y arbitraria decisión la Ministra de Justicia irrespete ese derecho de asociación consagrado en la Constitución?

Los números de 2013

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2013 de este blog.

Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 38.000 veces en 2013. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 14 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

Haz click para ver el reporte completo.

Faltar a la verdad

 

Julio AlfredoJulio Alfredo Ferrer Tamayo.

En horas de la mañana del 18 de noviembre de 2013, me fue notificada, la Sentencia número 1253 de 8 de noviembre de 2013, dictada por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, resolutoria del Recurso de Casación, interpuesto por la Especialista María de los Ángeles Jiménez Madrigal, Abogada de la Unidad de Bufetes Colectivos de 17 y 24, en el Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba, en representación de los iniciadores de la ASOCIACIÓN JURÍDICA CUBANA, contra la Sentencia número 157 de 22 de mayo de 2013, pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, contra la cual la Junta Directiva de la pretendida Asociación formuló Pública Denuncia, pues, además de las violaciones legales que contenía, faltaba a la verdad.

 

Mi asombro fue total, la Sala del Tribunal Supremo Popular, máxima autoridad judicial de la nación cubana, lejos de corregir los defectos señalados por esta parte en el instrumento jurídico impugnado, incurrió en similar falta: consignar en la Sentencia de Casación hechos no ciertos, aseveración que es constatable con tanto solo dar lectura al Segundo de los RESULTANDO, de la abominable Sentencia de Casación, cito: Que contra la expresada sentencia el parte recurrente estableció recurso de casación dentro del término legal, elevándose por el tribunal a esta Sala, previó emplazamiento de las partes, la que admitió el recurso, haciendo constar que la parte recurrente se personó en tiempo y forma e igualmente la parte no recurrente Ministerio de Justicia, representado por la letrada María Estela Suri Pereda, fin de la cita. Evidente parcialidad a favor de ese organismo de la administración central del Estado.

 

Lo no ajustado a la verdad, en ese fragmento de la Sentencia de Casación, es que la parte no recurrente, Ministerio de Justicia, no se personó en el término del Emplazamiento, ya que fue liquidado por la Providencia de fecha 12 de agosto de 2013, y la letrada Marta Estela Suri Pereda, representante del Ministerio de Justicia, se personó, por intermedio de un documento manuscrito, casi ilegible y sin aportar copia, el 26 de septiembre de 2013, TREINTA Y TRES DÍAS DESPUES, de liquidado o finiquitado dicho término, hecho que puede ser corroborado en la Providencia de 26 de septiembre de 2013 dictada por la Sala, teniéndola por personada como parte no recurrente, lo que determinó que nuestra Abogada interpusiera Recurso de Súplica, Recurso resuelto el 2 de octubre de 2013, mediante Auto, en el que la Sala reconoce el hecho cierto de que la representante del Ministerio de Justicia, se personó, FUERA DEL TÉRMINO DE DIEZ DIÁS previsto en los artículos 632 y 635 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

 

Me pregunto si el llamado del Presidente de la República, General de Ejercito Raúl Castro Ruz, al cumplimiento estricto de lo legalmente establecido, es una más de las tantas consignas y propósitos, que no llegan a materializarse jamás, pues los funcionarios  continúan como práctica habitual, irrespetando la legalidad socialista y los sagrados y fundamentales derechos de los ciudadanos, consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Magna de la República de Cuba: el derecho de reunión y asociación pacífica, ignorando, incluso, el concepto de revolución, que entraña entre otros principios: NO MENTIR JAMÁS.

 

¿Debemos permitir que tan INCONSTITUCIONAL INSTRUMENTO JURÍDICO, RESULTADO DE UN INDEBIDO PROCESO JUDICIAL, VULNERE ESE NUESTRO HUMANO DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN PACIFICA?

 

Se impone el obligado reclamo en términos legales ante los organismos internacionales, jurisdiccionales y de derechos humanos.

 

De usurpación a Prevaricación

1 Usurpación y prevaricación1 EdilioLic. Edilio Hernández Herrera

Profundizando en el caso de la familia González Camacho, además de las denuncias formuladas, existió una sentencia del Tribunal Municipal de la Lisa en el 2012 por Ejercicio Arbitrario del Derecho, donde resultara sancionada a multa la ciudadana María del Pilar, Queda claro penal y administrativamente, (Resolución 1636/2011 del Expediente 1263/2011 de la dirección Municipal de la Vivienda de la Lisa) donde declararon ocupantes ilegales a los usurpadores, en su séptimo POR CUANTO, estas personas nunca tuvieron convivencia en el inmueble que se litiga, con medios de prueba como cartas del CDR Municipal y Registro del MININT, entre otros.

Existe un Dictamen Sanitario de fecha 15 de julio de 2013 donde se reconoce, que la imposibilidad de usar el servicio sanitario y el hacimiento provocan un alto índice de insalubridad con afectación de la salud de los moradores legítimos.

Existen respuestas de la Fiscalía Municipal de la Lisa, de 25 de agosto de 2011, 8 de septiembre de 2011 y 22 de agosto de 2013, donde se evidencian las contradicciones de lo concluido con los documentos existentes y las acciones violadoras de la legalidad, sobre todo la última carta (que exponemos), donde dicho en buen cubano, colmó la copa de la paciencia: estado de indefensión, irrespeto e impunidad para con las Leyes de nuestro país y una Garantía Constitucional prevista para todos los ciudadanos cubanos, en el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba,…El domicilio es inviolable. Nadie puede entrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos en la Ley…

Como la PNR y la Fiscalía no han procedido como expresan sus funciones por Ley, han propiciado el actuar cómplice de la Dirección Municipal de la Vivienda al emitir Resoluciones posteriores a la del 2011 (ilegales, pues los usurpadores nunca han poseido dirección de dicho domicilio), agravándose el conflicto hasta el punto de tornarse violento, siendo el colofón el día 10 de agosto cuando al fallecer por accidente el esposo de la ciudadana violadora, tuvieron la osadía y morbosidad de velar al difunto en la sala de la casa ajena. Al día siguiente, Rolando, el joven enfermo, amaneció más alterado que de costumbre.

Continuamos alertando y previniendo con quejas y denuncias, la posible ocurrencia de un desenlace fatal, motivado por las ofensas y amenazas impunes y públicas, a oídas de vecinos y testigos, contra la vida de Jorge Luis, su esposa y Rolando.

No hubieramos querido llegar hasta este extremo, de denuncia contra jóvenes funcionarios y operadores del derecho, que tendrían mucho que aportar en un país donde el estado de derecho y los valores morales están en franca decadencia, lo que ha sido reconocido por el Presidente Raúl Castro.

Es menester reestablecer a las nuevas generaciones una Cuba de prosperidad y respeto ciudadano por la legalidad e institucionalidad, pero no avanzaríamos nunca con funcionarios tan pasivos, poco profesionales, insensibles e indisciplinados, rayanos en la prevaricación, que no cumplen con sus funciones ni respetan los reglamentos, creando precedentes de compromiso e intereses personales por encima de los designios que les confiere la Ley.

Violencia por encima de la Ley (II)

 

IMG_0960ODALINALic. Odalina Guerrero Lara

Continua la ilegalidad en la vivienda de Rolando González Camacho, pues la usurpadora, María del Pilar Olivera Delgado respaldada por todos los funcionarios del municipio de La Lisa, no solo permanece impunemente en la vivienda, sino que con su actitud provocadora y violenta, se ha apoderado de la mayor parte del inmueble.

Los abogados de la Asociación Jurídica Cubana hemos respaldado a la familia de González Camacho desde el punto de vista legal y humano. Asesoramos los escritos de Queja entregados por Jorge Luis García Casañas a tenor de lo previsto en los artículos 63 y 26 de la Constitución, a la PNR, PCC y Consejo de Administración del Poder Popular, y a la máxima responsable, la Fiscalía Municipal de La Lisa amparados en la Ley 83 de la Fiscalía General de la República:

Artículo 1: “Según establece la Constitución, la Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.”

Además de artículo 7 apartado c), artículo 8 apartado b) y d), de la propia Ley 83 de 11 de julio de 1997.

Previa citación de la Fiscalía Municipal de la Lisa nos personamos con Jorge Luis ante la Lic. Yanet García, Fiscal Jefa, la cual después de leer el documento respuesta firmado por el fiscal Yohandris López Parra, nos hace entrega del mismo, cuyo contenido evidencia que ésta Fiscalía no está dispuesta a hacer cumplir la ley.

 

La Absolución de la Historia

1 cetrhab 1626-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida
En la Asociación Jurídica Cubana hemos notado una estadística muy significativa: más del 50% de los casos atendidos corresponde a problemas de vivienda.
La mayoría de estos casos, son estremecedores y en extremo angustiosos.
Cuando personas de la tercera edad con una educación, comportamiento y forma de pensar en extremo diferente a la de sus nietos (e incluso biznietos) conviven bajo un mismo techo, la convivencia puede ser muy difícil.
Como otras muchas cosas que después no se cumplieron, la revolución cubana prometió resolver la situación de los bohíos, de la insalubridad y otras  que, de una u  otra forma, tenían que ver con el problema de la vivienda en el país.
Así, en un escrito publicado centenares de veces y en múltiples formatos,  leemos cosas que algunos no quieren rememorar ahora, sin embargo es necesario mantener la memoria histórica:
Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda;
rebajando resueltamente el 50% de los alquileres,
eximiendo de toda contribución a las casas habitadas por sus propios dueños,
triplicando los impuestos sobre las casas alquiladas, demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas en toda la isla en escala nunca vista,
Bajo el criterio de que, si lo ideal en el campo es que cada familia posea su propia parcela, lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento.
Hay suficiente piedra y brazos de sobra  para hacerle a cada familia cubana una vivienda decorosa.
Sesenta años después de estas palabras, ¿cuál  es el resultado de esta promesa y de otras que desaparecieron junto a los ya innombrables  planes quinquenales?
Cuando la venda ha caído ya de los ojos, ¿debemos seguir creyendo en la Absolución de la Historia?

Impartir justicia

 

10 Imagen 20

Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

El artículo 120 de la Constitución de la República de Cuba, establece que la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye; precepto legal consecuencia directa del artículo 3 de la Carta Magna; la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes, razón por la que el propio texto constitucional, en el artículo 122 prevé: Los jueces, en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la ley.

Tal principio constitucional ha sido inobservado, para con los miembros de la Asociación Jurídica Cubana, por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, al pronunciar la Sentencia 157 de 22 de mayo 2013, con la negativa de la Ministra de Justicia a la legalización de nuestra pretendida Asociación, pues impartir justicia no es más que aplicar el derecho vigente al caso concreto interpretando correctamente la ley, lo que no hizo dicha Sala, infracción legal, apreciable en el Segundo CONSIDERANDO de la Sentencia: ello en todo caso impide la constitución de cualquier otra asociación con similares proyectos y objetivos, a tenor de lo previsto en el inciso d) del artículo ocho anteriormente citado, pues contrario a lo interpretado por el accionante, el precepto precedentemente invocado en modo alguno restringe de forma expresa dicha limitación al solo efecto de asociaciones preexistentes con iguales fines y denominación, sino a la existencia anterior de otras, cualesquiera sea su apelativo y naturaleza jurídica, en aras de impedir una dualidad en el trafico jurídico de instituciones de similarcontenido.

Incorrecta interpretación de la Ley, hecha por la Sala, puesto que la causal de denegación establecida en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Asociaciones, preceptivamente, está referida a la preexistencia de una asociación con idénticos o similares objetivos o denominación, no a cualquier entidad, como desacertadamente ha considerado la Sala, no impartiendo así justicia, al realizar una interpretación extensivísima del precepto legal en cuestión, llegando indebidamente a distorsionar su más que claro texto, incluso el espíritu del legislador, que solo estableció como restricción al respecto la preexistencia de otra asociación, denominación jurídica en la que no se hallan comprendidas la Organización Nacional de Bufetes Colectivos ni la Unión Nacional de Juristas de Cuba, no inscriptas por tal razón, en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, extremo que fue fehacientemente probado en el proceso mediante la prueba documental de la certificación expedida por dicho Registro.

La garantía de la independencia de los jueces en la impartición de justicia, se traduce en que se sientan con total respaldo constitucional para tomar sus decisiones conforme a la ley y no por complacencia o presiones de autoridad política o administrativa alguna.

 

La AJC, el Decreto Ley 81, la Constitución y los Principios Básicos sobre la función de los Abogados

4 Derechos-Humanos-ONUOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

El Decreto Ley 81 de 8 de junio de 1984, sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, regula en su artículo 2 que el ejercicio de la abogacía es libre, mientras que paradójicamente el articulo siguiente, restringe tal “libertad” al disponer que para ejercer la abogacía se requiere ser admitido por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de lo que cabría suponer que en Cuba la profesión de abogado es ejercida bajo una especie de “libertad supervisada” por la ONBC.

Uno de los Principios Básicos sobre la función del Abogado refrendados en el 8vo. Congreso de las NU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente (La Habana, 1990);   que deben ser respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, preceptúa que: Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir por ello restricciones profesionales.

De conformidad con la anterior declaración de las Naciones Unidas, la pretendida libertad de la profesión del abogado queda garantizada también por la Constitución de la República de Cuba, que en su artículo 54 recoge: Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines.

Puesto que para la AJC el ejercicio de la abogacía es libre, en el más estricto significado del término, como refiere el mentado Decreto Ley 81, sus miembros se acogen al derecho de asociación que garantiza la Constitución de la República y que sugiere la ONU sobre la función de los Abogados, y hemos solicitado su legal constitución para el ejercicio de la profesión de la abogacía de manera independiente a la ONBC.

La ONBC y la AJC

OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra
En el dilatado proceso por la legalización de la AJC, una de las razones expuestas para obstaculizar la misma ha sido que sus fines y objetivos ya los cumplen otras instituciones, en especial por la ONBC. No obstante las razones oficiales aducidas, muchas son las diferencias que marcan a una y otra organización, entre ellas:
La ONBC se constituye en 1984 al amparo de Decreto-Ley número 81 de 8 de junio de 1984 “Sobre el Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos” y de su Reglamento Resolución No.142 de 1984;
La AJC se constituye en 2008 al amparo del artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba y de la Ley 54. Ley de Asociaciones de 27 de diciembre de1985 y de su Reglamento Resolución No.53 de 1985;
La ONBC es una organización “No Gubernamental” que se subordina metodológicamente al Ministerio de Justicia;
La AJC es una asociación de abogados independientes que se subordinan a su Asamblea General y a sus propios Estatutos;
La ONBC es una organización social;
La AJC es una asociación con fines de interés social;
La ONBC es una organización lucrativa;
La AJC presta su servicio sin fines de lucro;
La ONBC cuenta con el apoyo y de las autoridades gubernamentales;
La AJC cuenta con el apoyo de la sociedad civil cubana;
La ONBC la integran profesionales del derecho comprometidos con su trabajo;
La AJC la integran profesionales del derecho comprometidos con su tiempo;
La ONBC agrupa a los profesionales del derecho que quieren ejercer la abogacía y no les queda otra alternativa para ello;
La AJC es otra alternativa para ejercer la abogacía por los profesionales del derecho;
La ONBC está reconocida oficialmente;
La AJC espera ser reconocida oficialmente;
La AJC esta dispuesta a colaborar con la ONBC
La ONBC, ¿estaría dispuesta a colaborar con la AJC?

Sentencia viola preceptos legales

4-calixto

Lic. Amado Calixto Gammalame.

La sentencia 157 de 2013 del Tribunal de la Habana distorsiona preceptos legales para denegar la constitución de la ASOCIACION JURDÍCA CUBANA.

En nuestros días con mucha frecuencia los discursos oficiales hablan de inclusión, diversidad, oportunidad, en fin, se trata de representar una sociedad digna del siglo XXI, sin embargo lo decidido en esta sentencia demuestra lo contrario.

Las sentencias tienen además de su fin decisorio sobre el caso, una labor educativa, al contribuir a formar valores y establecer la política del estado a favor del respeto de los derechos de los ciudadanos, aspectos que están ausentes en la sentencia 157; trataremos de explicar su contenido.

Un aspecto de medular importancia resulta lo apreciado en su TERCER RESULTANDO, el cual cito textualmente: Que vencido el término de contestación se abrió el proceso a prueba por el término de ley, practicándose las admitidas a las partes, consistentes en documentales y confesión judicial, las que constan en sus respectivos cuadernos….

Dicha aseveración constituye un grave error jurídico, pues es de estricto conocimiento para la judicatura, por estar dispuesto en La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; que se prohíbe la prueba de confesión judicial a los jefes de los órganos de la administración central del Estado, condición que posee la Ministra de Justicia, (artículo 279, cito: En los procesos en que sea parte el Estado, sus órganos y organismos o las empresas estatales, no se les pedirá confesión. En su lugar, la parte contraria propondrá por escrito las preguntas que quiera hacer, las cuales serán contestadas por vía de informe por los funcionarios a quienes conciernan los hechos. Estas comunicaciones se dirigirán por conducto de la persona que represente en el proceso a la entidad de que se trate. Podemos afirmar, con toda certeza jurídica, que si la confesión judicial de la Ministra de Justicia fue practicada, como dice el TERCER RESULTANDO, se realizo en franca inobservancia de lo legalmente establecido.

Lo cierto es que la Ministra jamás compareció a la Sala ni al Tribunal, ni siquiera a la vista efectuada el 19 de marzo de 2013, a las 3:30 p.m., acto al que tampoco asistió su representante legal, la Licenciada Marta Estela Surí Pereda.

Por otra parte constituye un absurdo el que se pretenda argumentar que las instituciones Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos cumplen las funciones estatales que los iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana pretenden realizar, cuando, en primer lugar ninguna de ellas son Asociaciones, y esta aparente dicotomía, en modo alguno pugna con los resultados positivos que ya ha logrado la AJC; pero lo más significativo es que se pretenda argumentar este aspecto en contradicción con lo que establece la Ley 54 de Asociaciones en su artículo 8. Queremos hacer notar también que muchas otras asociaciones constituidas realizan sus actividades paralelamente o en simbiosis con las entidades estatales. Por citar ejemplos: la Asociación de Economistas, de Agricultores, Hermanos Saiz. etc.

La Sentencia 157 de 2013, respalda a ultranza una inconstitucional Resolución de la Ministra de Justicia, que irrespeta para con los fundadores de la pretendida Asociación, su petición viable jurídicamente, violando el derecho consagrado en el artículo 54 de la Ley Primera de la República de Cuba y el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

DENUNCIA

DENUNCIA PÚBLICA DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN JURÍDICA CUBANA CONTRA LA SENTENCIA NÚMERO 157 DE 22 DE MAYO DE 2013, DICTADA POR LA SALA SEGUNDA DE LO CIVIL Y DE LO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL PROVINCIAL POPULAR DE LA HABANA EN EL ADMINISTRATIVO 304 DE 2012, LA QUE CONSTITUYE UN DOCUMENTO FALSO, UNA FALSIFICACIÓN INTELECTUAL O IDEOLOGICA.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS, QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA:

Primero: En la Falsificación de Documentos Públicos, el bien jurídico tutelado, lo es la FE PÚBLICA, que no es más que el aserto que la sociedad o sus miembros prestan a ciertos, signos, símbolos, documentos representativos de hechos o actos jurídicos, los cuales, por el solo efecto de su presentación, deben merecer ese aserto público que debe darse a todo lo que es verdadero.

FE PÚBLICA, Es la fuerza probatoria atribuida por el Estado a algunos, objetos, signos, monedas, documentos, instrumentos de prueba o actos de los que se derivan consecuencias jurídicas. Es una fe administrativa, política. Esa confianza colectiva en los signos, actos, documentos, resulta lesionada cuando se falsifica un sello, un documento, una resolución, una certificación, una sentencia, una moneda, etc.

LOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA: Son aquellas conductas humanas que lesionan o ponen en peligro la fe o confianza del pueblo en ciertos signos y símbolos externos de las relaciones sociales.

Segundo: La Doctrina, referida a la falsificación de documentos, hace una distinción entre:

FALSEDAD MATERIAL: Consistente en alterar físicamente el documento, o confeccionarlo, imitando uno verdadero.

FALSEDAD IDEOLÓGICA O INTELECTUAL: Lo que se falsea es el contenido; es decir, el documento, como instrumento jurídico, es verdadero, pero es falso lo que se consigna en él como verdad que se afirma por el culpable.

En este supuesto, definición o clasificación doctrinal, para la opinión de los profesionales del derecho, que pretendemos constituir legalmente la ´´ Asociación Jurídica Cubana´´, propósito totalmente viable en derecho, aceptado con beneplácito por la sociedad civil, es perfectamente subsumible, la APOCRIFA SENTENCIA Nro. 157, pronunciada el 22 de mayo de 2013 por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, por su Presidenta y a la vez JUEZ PONENTE: Licenciada Ivette María Insua Gamboa, en el Proceso Administrativo Número 304 de 2013, radicado en dicha Sala, para tramitar, sustanciar y resolver conforme a derecho, la Demanda establecida por el Presidente de la pretendida Asociación, Lic. Wilfredo Vallín Almeida, contra la Resolución Nro. 44 de 12 de abril de 2012, de la Ministra de Justicia, denegatoria a la solicitud de constitución de dicha Asociación, SIN SUSTENTO LEGAL ALGUNO.

Que la falsedad que estamos denunciando es apreciable en el Tercer Resultando, de la impugnada Sentencia, cito textualmente: ´´ Que, vencido el término de contestación se abrió el proceso a prueba por el término de ley, practicándose las admitidas a las partes consistentes en documentales y confesión judicial, las queconstan en sus respectivos cuadernos.´´; fin de la cita.

La afirmación que hace la Sala de instancia, en el Resultando, citado, referente a que fue practicada como prueba la confesión judicial, es totalmente discordante con la verdad por dos razones:

de derecho: La Ley de Procedimiento Civil Administrativo, Laboral y Económico, prohíbe la prueba de confesión judicial, a los jefes de los órganos de la administración central del Estado, condición que posee la Ministra de Justicia, artículo 279, cito: ´´ En los procesos en que sea parte el Estado, sus órganos y organismos o las empresas estatales, no se les pedirá confesión. En su lugar, la parte contraria propondrá por escrito las preguntas que quiera hacer, las cuales serán contestadas por vía de informe por los funcionarios a quienes conciernan los hechos. Estas comunicaciones sedirigirán por conducto de la persona que represente en el proceso a la entidad de que se trate.´´. Tal precepto legal, nos permite afirmar con toda certeza jurídica, que si la confesión judicial de la Ministra de Justicia, fue practicada, es TOTALMENTE ILEGAL.

de hecho: La prueba de confesión judicial, a la Ministra de Justicia, era materialmente imposible su práctica, toda vez que esta parte, más que respetuosa de la legalidad, conocedora de la prohibición legal establecida al respecto en el citado artículo 279, indicó a nuestra representante legal, en el referido proceso administrativo, Especialista María de los Ángeles Jiménez Madrigal, Abogada de la Unidad de Bufetes Colectivos, sita en 17 y 24, Plaza de la Revolución, proponer por escrito las preguntas que interesábamos formular a la contraparte y así fue hecho, lo que puede ser constatado, en nuestro escrito de proposición de pruebas, pero como si fuera poco, la Ministra jamás compareció a la Sala ni al Tribunal ni siquiera a la vista efectuada el 19 de marzo de 2013, a las 3:30 p.m., acto al que tampoco asistió su representante legal, la Licenciada Marta Estela Suri Pereda, por lo que cabe preguntar ¿ lugar, fecha y hora en que fue practicada la confesión a la Ministra y ante quien o quienes?

DOCUMENTO: (Según Cuello Calón), ´´ es una manifestación de voluntad, en forma escrita, capaz de probar hechos de trascendencia jurídica´´.

No cabe dudar, que la mutación de la verdad, que con toda conciencia, hace la Sala en la cuestionada Sentencia, concretamente, en su Tercer Resultando, tiene como propósito no hacer pronunciamiento alguno en cuanto a la ilegalidad y desobediencia a una decisión judicial, en que incurrió la Ministra de Justicia, al no contestar por vía de informe como es su deber legal, las preguntas que le fueron formuladas por esta parte, contestación que nuestra Abogada Jiménez Madrigal, solicitó en el desarrollo de la vista pública, custodiada por agentes de la policía, se exigiera a la contraparte, a lo que se obligó la Presidente Insua Gamboa y no cumplió.

El delito se integra; Si el documento falsificado posee capacidad para producir efectos jurídicos, que es el caso de la Sentencia 157 de 2013, toda vez que sí posee capacidad para producir efectos jurídicos y de hecho lo produjo; declarar a ultranza a como diera lugar, sin lugar la demanda, confirmando la más que inconstitucional Resolución de la Ministra de Justicia, que irrespeta para con los fundadores de la pretendida Asociación, reitero totalmente viable jurídicamente, el fundamental derecho consagrado en el artículo 54 de la Ley Primera de la República de Cuba y el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El delito de Falsificación de Documentos Público, está previsto y sancionado en el Código Penal, artículo 250.1 y siguientes apartados, cito: ´´ Se sanciona con privación de libertad de tres a ocho años al que:

  1. confeccione, en todo o en parte, un documento público falso o altere uno legitimo;
  2. contribuya a consignar en un documento público, datos, declaraciones o hechos inexactos relativos al acto de que el documento es objeto;
  3. intercale cualquier documento en protocolo, registro o libro oficial sin cumplir las formalidades legales;

ch) en perjuicio del interés nacional o de una persona, suprima, oculte o destruya un documento de la clase expresada.

3. Si el delito lo comete un funcionario público, con abuso de sus funciones, incurreen sanción de privación de libertad de cinco a doce años.´´, fin de la cita.

Por tan nefasta y desacreditante actuación para la judicatura cubana, que estimamos subsumible en el inciso b) del citado artículo, exigiremos ante las máximas instancias de Estado y Gobierno, la responsabilidad penal y de cualquier naturaleza o clase, que corresponde para con los autores de tan indigno proceder.

Dado, en la Sede Social de la Asociación Jurídica Cubana, Saco número 457 apto. 6 e/ Carmen y Juan Delgado, La Víbora, municipio de Diez de Octubre, La Habana, Cuba, a 1ro. de junio de 2013. ´´ Año 55 de la Revolución´´.

Asociación Jurídica Cubana

La AJC llena un vacío

7 bandera2OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo.

En el Informe rendido, con fecha 29 de octubre de 2011, por la Directora de Relaciones con Asociaciones del Ministerio de Justicia, Licenciada Vania Rivero Morejón, a la Dirección de Asociaciones del propio Ministerio, con motivo de la Solicitud de Constitución de la Asociación Jurídica Cubana, se afirma; No existe la debida correspondencia entre la Asociación y el interés social que determinan su constitución, no reportando beneficio social, teniendo en cuenta los objetivos y propósitos que se propone cumplir. Los objetivos y propósitos se cumplen en distintos órganos y organismos, mencionando como tales al Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo Popular, Fiscalía General de la República, Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Al leer el mencionado informe, constaté lo alejada que está la Directora de Relaciones con Asociaciones de la realidad jurídica del país y de las vicisitudes que en temas legales enfrentan a diario los ciudadanos, y que las entidades por ella relacionadas, no satisfacen las expectativas ni exigencias destinadas a la materialización y concreción de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

¡Gracias a la Asociación Jurídica Cubana!; exclamó, desbordada de alegría, la Sra. Evia Muñoz Páez, cuando conoció de la Sentencia número 185 de 30 de mayo de 2011, pronunciada por la Sala Primera de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en el Proceso Administrativo número 10 de ese año, declarando Con Lugar la demanda por ella interpuesta contra elDesamparo Habitacional, de que eran víctimas, ella y su hija Elizabeth Valdés Muñoz, de 8 años de edad, sujeto de especial protección jurídica en nuestra sociedad, uno de los objetivos cardinales de la Fiscalía.

Evia, Licenciada en Atención Estomatológica, cuando acudió a la Asociación Jurídica Cubana por sugerencia de otra persona, había perdido toda la fe y confianza en las instituciones de la Vivienda, del Poder Popular, la Fiscalía, la UNICEF enclavada en la Dirección Provincial de Justicia de La Habana y en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, pues a pesar de sus diligencias y reclamos ante esas instituciones, incluido el Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado, no le era posible, obtener la justicia que a gritos reclamaba, y que con toda razón le asistía, para la situación en que se hallaban ella y su menor hija, pues como se dice popularmente, vivían en la calle; una noche pernoctaban en casa de una compañera de trabajo, otra en la Terminal de Ómnibus Nacionales, en el jardín a la entrada de las Oficinas del Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado, un parque, en la Carpeta de una Unidad Policial, en fin, donde las sorprendiera la noche. Caso publicado en el periódico Tribuna de La Habana, edición del 3 de febrero de 2013, pagina 3, con el titulo ´´ Y pese a todo, indocumentadas´´.

En extrema desesperación, acude Evia, a la Asociación Jurídica Cubana, solicitando urgente ayuda, ofrecida sin pago alguno, y gestionándole representación letrada de Bufetes Colectivos pues se exige un abogado de esa Organización, a pesar de ser una entidad privada y lucrativa, pero detenta el monopolio del ejercicio de la abogacía.

No solo Evia agradece la labor que desde hace casi ya más de cuatro años viene realizando, la Asociación Jurídica Cuba, en el asesoramiento jurídico, totalmente gratuito, a los ciudadanos, que así lo soliciten; precisamente uno de los propósitos de nuestra Asociación, lo que ha puesto de manifiesto, su total pertinencia y viabilidad y que la autorización para su constitución, no sería más que el ejercicio pleno de un derecho constitucional y justo reconocimiento a esa labor realizada con una gran dosis de altruismo, consagración y desinterés personal; animados sus miembros, en lo fundamental, por el ansia de justicia para Cuba, por satisfacer la creciente demanda, que de nuestros servicios hace, la sociedad civil, llenando un vacío no cubierto, por las entidades relacionadas en el Informe de la Lic. Rivero Morejón.

¡Qué más beneficio social se nos exige!

 

Ese es el Camino

6 Isla justa6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Hace unas semanas salió en la Gaceta Oficial de la República el Decreto Ley No.305 de 11 de diciembre de 2012, Ley de las Cooperativas no Agropecuarias.  La ley en cuestión se refiere a la permisibilidad de estas entidades que no tienen que ver con el sector agropecuario y que posibilitaría cooperativas de distintos servicios en el sector privado. Ellas, a no dudarlo, constituirían una novedad en un país que durante 50 años rechazó esta forma de gestión laboral.

El Decreto-Ley en cuestión, aclara el carácter que el mismo tiene al formular:

El presente Decreto-Ley tiene por objeto establecer con carácter experimental las normas que regulan la constitución, funcionamiento y extinción de cooperativas en sectores no agropecuarios de la economía nacional…

Para la Asociación Jurídica Cubana esto resulta de especial interés por cuanto llevamos más de tres años en un debate con el  Ministerio de Justicia intentando algo parecido: ser reconocidos  como ONG independiente.

La vida resulta más pragmática y realista que los artilugios de la ingeniera social cuando pretende diseñar un modelo de funcionamiento de la sociedad,  creado en la cabeza de los que gustan de trazar a priori un devenir social insoslayable,  ignorando a la naturaleza humana.

Un ejemplo de lo anterior es lo que llamaremos, la “institución de los repasadores” que no es otra cosa que el “alquiler” que muchos padres han tenido que hacer de profesores particulares para elevar el nivel de sus hijos fuera del sistema estatal de enseñanza y eliminar así evidentes lagunas en su aprendizaje.

Ahora parece que la actual dirección del país comienza, a concientizar la necesidad de grupos profesionales fuera de la tutela estatal  para resolver los problemas que confrontan la esfera laboral y los servicios a la población.

Si hoy ya es posible una cooperativa no agropecuaria con personalidad jurídica, lo que necesitamos es que, mañana puedan constituirla los constructores, los maestros, los arquitectos, los abogados, los médicos y cuantos, por sus oficios o profesiones y sus posibilidades personales,  se sientan en capacidad de crearlas y fomentarlas.

Y algo muy importante que no debe soslayarse: con regulaciones legales que tiendan a su desarrollo, no a su ahogamiento.

Si de verdad queremos que Cuba pueda algún día volver a valerse por sí misma, sin dependencia foránea, ese es el camino.