Si de respeto se trata…

7 banLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociaciones en la legislación cubana es un precedente de la época colonial. La Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley que lo regulaba.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo humano de acuerdo a sus proyecciones, aspecto que además se transforma en satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no es solo un medio indispensable y común a toda la especie de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación pueda tener algún tipo de limitación en su alcance, y lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados que se han preocupado de regularle de una manera democrática.

Pero no obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el problema del ejercicio del derecho de asociaciones que realmente tiene el ciudadano, y que bien se encuentra refrendado en el artículo 9 en relación al 54 de la Constitución de la República de Cuba, nuestra ley magna.

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hizo necesario que se modificara el sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante de asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la cual lejos de ser un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo actual que presenta vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba, en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por los trabajadores y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, pero hasta ahí, el tiempo corre, las condiciones y las exigencias del ser humano son cada día mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales o asociaciones cubanas, como se les ha denominado en Cuba, son un elemento integrante de la sociedad civil, y a la vez, un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como lo es la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

Por qué cerrarnos las puertas a este derecho? A qué le teme el Estado?

De ahí que sabiamente se haya advertido también que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma.

Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde todas las anteriores legislaciones, estuvo previsto que se cancelaran asociaciones que no cumplieran sus objetivos sociales, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión ésta que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir, y entonces, ¿cuál es el argumento del Estado para no autorizar la ya referida Asociación que de manera disciplinada pretenden formalizar los juristas interesados? Tendremos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene fines de lucro; persigue exclusivamente objetivos sociales, al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

¿Para qué existe el control constitucional que ejerce el Estado, sino es para mantener el orden y la legalidad? y cito: “El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente… y es que si de respeto se trata no valen los argumentos…

 

El respeto a la Ley de Asociaciones

nuevo logoLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociación en la legislación cubana es un precedente de la época colonial, la Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo de acuerdo a sus proyecciones, con satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no solo es un medio indispensable y común de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación tenga límites en su alcance; lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados, preocupados de regularle de una manera democrática.

No obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el ejercicio del derecho de asociarse que desea el ciudadano cubano, y que se encuentra refrendado en la Constitución de la República de Cuba (artículo 9 en relación al 54).

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hicieron necesario la modificación del sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante que tienen algunos ciudadanos para asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la que lejos de resultar un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo que presenta tantos vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por nuestros trabajadores manuales e intelectuales y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, lo cual es un derecho constitucional, pero el tiempo pasa y las condiciones y exigencias del ser humano son cada día más mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales son un elemento integrante de la sociedad civil, y ésta a la vez resulta un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como el de la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

¿Por qué cerrarnos las puertas a este derecho?, ¿A qué teme el Estado?

Se ha advertido que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma. Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde las anteriores legislaciones estuvo previsto cancelar aquellas asociaciones que no cumplieran sus objetivos en beneficio de la sociedad, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida de gobierno equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir. Entonces vale preguntarse cuál es el argumento del Estado para no autorizar la referida Asociación que pretenden formalizar los juristas interesados, sí tenemos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene ánimo de lucro, pues persigue objetivos sociales al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

“El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, ¿Resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente?

Y es que si de respeto se trata no valen los argumentos.

 

Lo que es necesario

vallin_21Lic. Wilfredo Vallín

Los Hechos:

El pasado día 14 de junio, el vicepresidente de la Asociación Jurídica Cubana (AJC) licenciado Amado Calixto Gammalame, se dirigía en un vehículo de las Tunas a Holguín para una visita a nuestras filiales del oriente del país.

Entrando en la ciudad de Holguín, el vehículo fue detenido por personas que no se identificaron, Amado Calixto fue obligado a descender y a entrar en un jeep de patrullas que lo condujo a la Unidad de Instrucción local.

En ese lugar, el teniente coronel Carlos Urgellés Palomares, quien conocía a Amado Calixto, le recordó la época común de estudiantes, lo que “haría más llano el camino para lograr un entendimiento”, pidiéndole a continuación que mostrara sus pertenencias, incluidos los objetos personales. No detectaron ningún documento de interés, pero consideraron que Amado tenía en su poder una cantidad en dinero “superior a lo normal” a saber, 250 euros, 135 cuc y 70 cup. Dinero que ocuparon, dejando al letrado con 35 cuc.

Se llenó un Acta de Ocupación de la cual Calixto solicitó copia sin que le fuera entregada, informándosele que regresaría ese mismo día a La Habana. El abogado permaneció detenido sin que se le formularan cargos hasta las 10 de la noche, o sea, unas seis horas, regresando a la capital por vía aérea. Su teléfono celular le fue devuelto en el aeropuerto de Holguín, después de borrarle todos los datos.

Los aspectos a analizar de este “incidente” son:

  1. La implicación de AJC con la Plataforma #Otro 18 de la sociedad civil. Esa Plataforma aboga por la participación de la ciudadanía en los comicios que se efectuarán en Cuba en el 2018.
  2. La ocupación del dinero que llevaba el letrado, sin que se le entregara documento justificativo de dicha ocupación.
  3. La “deportación” desde Holguín sufrida por Amado Calixto.

Lo que sigue está dirigido a la comunidad internacional, al pueblo de Cuba, y muy en especial, a las autoridades cubanas para su general conocimiento.

Fundamentos de Derecho.

La Asociación Jurídica Cubana es una agrupación de abogados creada en 2008 bajo el concepto del ejercicio libre de la abogacía conforme al evento Principios Básicos de la Función de los Abogados, Octavo Congreso de Naciones Unidas, celebrado en La Habana, Cuba en septiembre de 1990. El propósito fundacional de AJC siempre ha sido ayudar a los ciudadanos cubanos en sus problemas legales y difundir de forma gratuita el conocimiento jurídico entre la población, sin tomar en cuenta su filiación política o ideológica.

Hemos ayudado y enseñado, pero también aprendido. Algo de esto último es que, en Cuba, ningún órgano policial tiene en cuenta el derecho positivo vigente y actúa como si éste no tuviese nada que ver con ellos. Constituyen ejemplos de lo anterior:

  1. La ley electoral cubana en vigor no prohíbe la participación en los comicios nacionales de aquellas personas que piensan de manera diferente al gobierno y a la política nacional actuales. El principio “Es lícito todo lo que la ley no prohibe” goza de aceptación en la doctrina.

Obstaculizar, a como dé lugar, esa participación utilizando desde el más ramplón descrédito hasta la arbitrariedad más burda, sólo revela una gran inseguridad y temor a los resultados de esa participación.

–“No permitiremos Otro 18”– se torna un planteamiento reiterativo de la policía política, pero prohibir lo que la ley no prohibe es ilegal y es sancionado hágalo quien lo haga. No conocemos excepciones a este principio.

  1. Los ciudadanos cubanos somos frecuentemente registrados y nuestros bienes: dinero, computadoras, cámaras fotográficas, teléfonos y otros artículos, son decomisados sin justificación ni constancia documental. El dinero no es devuelto prácticamente en ningún caso, sin que los perjudicados sepan a dónde va a parar, en lo que constituye más un robo que una ocupación legal y justificada.

¿Desde cuándo la policía determina la cantidad de dinero que pueden llevar o no los ciudadanos?

Cuesta mucho trabajo creer que al más alto nivel de gobierno no se conozca esto. Esa permisibilidad es inadmisible.

  1. El Lic. Amado Calixto fue conducido bajo custodia al aeropuerto, obligado a subir a un avión y enviado de regreso a La Habana… ¿bajo qué precepto legal?, ¿En qué artículo, de qué ley, se apoyan esos señores para deportar a un ciudadano libre de una provincia a otra?

Pero hay más:

  1. Estos señores prohíben, que los ciudadanos podamos salir de nuestra casa en un acto simple de fuerza bruta, haciendo caso omiso de lo establecido por la Constitución y sus leyes complementarias.
  1. Los ciudadanos cubanos somos arbitrariamente detenidos en cualquier parte para ser abandonados en lugares remotos, muchas veces sin dinero para regresar, a cualquier hora del día o de la noche. Las causales de detención aparecen en la Ley de Procedimiento Penal pero los que así actúan no parecer tener conocimiento de su existencia.
  1. La única instancia facultada para crear derecho en el país es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los agentes de la ley (que no son la autoridad misma) no tienen esa facultad… hasta donde sabemos.
  1. El respeto a la dignidad plena del hombre de que se habla en el preámbulo de la Constitución socialista, ¿es éste?
  1. Si los miembros del orden público o de la Seguridad del Estado prosiguen con esta práctica, el respeto al orden jurídico actual se resquebrajará aún más de lo que ya está, y sus consecuencias pudieran ser catastróficas.

La legitimidad de los gobiernos en cualquier situación y lugar está dada, en primerísima instancia, por procurar el BIEN COMÚN de todos sus ciudadanos. Este concepto, ¿les significa algo?

El más grande de todos los cubanos nos legó en su pensamiento esta enseñanza: “En cada momento se ha de hacer, lo que en cada momento es necesario”. Esa es, precisamente, nuestra pretensión.

La fuerza del ejemplo

Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

Se plantea que el Socialismo es la ciencia del ejemplo, sustentando ese concepto en el liderazgo que están llamados a asumir funcionarios estatales y dirigentes, a todos los niveles y en todas las esferas de la vida social, en la construcción de una sociedad cualitativamente superior, en la que primen actitudes y valores como el humanismo, la solidaridad, la justicia, el respeto al derecho ajeno, la debida obediencia a la ley, el estricto cumplimiento de lo legalmente establecido.

Muchos dirigentes y funcionarios, no son ejemplo para el resto de la sociedad cubana, en la materialización de tan fundamental objetivo: el debido respeto y obediencia a la ley, pues quebrantan la legalidad socialista ya como práctica habitual.

El Periódico Tribuna, publicó en su sección de Opinión el artículo: Inadmisible violación de la legalidad, del periodista Enrique Valdés. María Caridad Pozo Ajete, según explica el periodista, vive en un limbo legal, toda vez, que le fue impuesta en el mes de septiembre de 2012, la separación definitiva de la entidad donde laboraba, la cual fue modificada por el Órgano de Justicia Laboral de Base, tras la celebración de la vista pública, fuera del término legal, el 14 de enero de 2013, a treinta días de suspensión del vínculo laboral y cumplida esta, su reincorporación a su puesto laboral y el pago con carácter retroactivo del salario dejado de percibir, decisión que alcanzó firmeza, pues la Administración no la impugnó como tenía derecho a hacer, ante la Sección de lo Laboral del Tribunal Municipal Popular, correspondiente, reincorporación que al trascurso de un año no logra, pues el Director de la fábrica, dice que allí no la quiere, a pesar de que acudió a la Fiscalía Municipal de La Habana Vieja para la protección de sus derechos laborales, lo que tampoco obtuvo.

El periodista concluye: La Legalidad Socialista refrenda nuestra Constitución, es de obligatorio cumplimiento para ciudadanos e instituciones ¿Qué pasaría si cada vez que alguien esté en desacuerdo con un fallo, en vez de recurrirlo por los canales correspondiente, decida, por su libre albedrio violarlo? ¿Acaso podemos permitirlo?

Para con los iniciadores y fundadores de la Asociación Jurídica Cubana, acontece casi exactamente lo mismo, con total quebranto, por el Ministerio de Justicia, de la garantía fundamental prevista en el artículo 54 de la Constitución de la República y lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Asociaciones, se nos prohíbe sin sustento legal alguno, la inscripción de la pretendida Asociación en el Registro de Asociaciones de ese Ministerio. ¿Acaso debemos permitir que por su libre y arbitraria decisión la Ministra de Justicia irrespete ese derecho de asociación consagrado en la Constitución?

Los números de 2013

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2013 de este blog.

Aquí hay un extracto:

La sala de conciertos de la Ópera de Sydney contiene 2.700 personas. Este blog ha sido visto cerca de 38.000 veces en 2013. Si fuera un concierto en el Sydney Opera House, se se necesitarían alrededor de 14 presentaciones con entradas agotadas para que todos lo vean.

Haz click para ver el reporte completo.

Faltar a la verdad

 

Julio AlfredoJulio Alfredo Ferrer Tamayo.

En horas de la mañana del 18 de noviembre de 2013, me fue notificada, la Sentencia número 1253 de 8 de noviembre de 2013, dictada por la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, resolutoria del Recurso de Casación, interpuesto por la Especialista María de los Ángeles Jiménez Madrigal, Abogada de la Unidad de Bufetes Colectivos de 17 y 24, en el Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba, en representación de los iniciadores de la ASOCIACIÓN JURÍDICA CUBANA, contra la Sentencia número 157 de 22 de mayo de 2013, pronunciada por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, contra la cual la Junta Directiva de la pretendida Asociación formuló Pública Denuncia, pues, además de las violaciones legales que contenía, faltaba a la verdad.

 

Mi asombro fue total, la Sala del Tribunal Supremo Popular, máxima autoridad judicial de la nación cubana, lejos de corregir los defectos señalados por esta parte en el instrumento jurídico impugnado, incurrió en similar falta: consignar en la Sentencia de Casación hechos no ciertos, aseveración que es constatable con tanto solo dar lectura al Segundo de los RESULTANDO, de la abominable Sentencia de Casación, cito: Que contra la expresada sentencia el parte recurrente estableció recurso de casación dentro del término legal, elevándose por el tribunal a esta Sala, previó emplazamiento de las partes, la que admitió el recurso, haciendo constar que la parte recurrente se personó en tiempo y forma e igualmente la parte no recurrente Ministerio de Justicia, representado por la letrada María Estela Suri Pereda, fin de la cita. Evidente parcialidad a favor de ese organismo de la administración central del Estado.

 

Lo no ajustado a la verdad, en ese fragmento de la Sentencia de Casación, es que la parte no recurrente, Ministerio de Justicia, no se personó en el término del Emplazamiento, ya que fue liquidado por la Providencia de fecha 12 de agosto de 2013, y la letrada Marta Estela Suri Pereda, representante del Ministerio de Justicia, se personó, por intermedio de un documento manuscrito, casi ilegible y sin aportar copia, el 26 de septiembre de 2013, TREINTA Y TRES DÍAS DESPUES, de liquidado o finiquitado dicho término, hecho que puede ser corroborado en la Providencia de 26 de septiembre de 2013 dictada por la Sala, teniéndola por personada como parte no recurrente, lo que determinó que nuestra Abogada interpusiera Recurso de Súplica, Recurso resuelto el 2 de octubre de 2013, mediante Auto, en el que la Sala reconoce el hecho cierto de que la representante del Ministerio de Justicia, se personó, FUERA DEL TÉRMINO DE DIEZ DIÁS previsto en los artículos 632 y 635 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

 

Me pregunto si el llamado del Presidente de la República, General de Ejercito Raúl Castro Ruz, al cumplimiento estricto de lo legalmente establecido, es una más de las tantas consignas y propósitos, que no llegan a materializarse jamás, pues los funcionarios  continúan como práctica habitual, irrespetando la legalidad socialista y los sagrados y fundamentales derechos de los ciudadanos, consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Magna de la República de Cuba: el derecho de reunión y asociación pacífica, ignorando, incluso, el concepto de revolución, que entraña entre otros principios: NO MENTIR JAMÁS.

 

¿Debemos permitir que tan INCONSTITUCIONAL INSTRUMENTO JURÍDICO, RESULTADO DE UN INDEBIDO PROCESO JUDICIAL, VULNERE ESE NUESTRO HUMANO DERECHO DE LIBRE ASOCIACIÓN PACIFICA?

 

Se impone el obligado reclamo en términos legales ante los organismos internacionales, jurisdiccionales y de derechos humanos.

 

De usurpación a Prevaricación

1 Usurpación y prevaricación1 EdilioLic. Edilio Hernández Herrera

Profundizando en el caso de la familia González Camacho, además de las denuncias formuladas, existió una sentencia del Tribunal Municipal de la Lisa en el 2012 por Ejercicio Arbitrario del Derecho, donde resultara sancionada a multa la ciudadana María del Pilar, Queda claro penal y administrativamente, (Resolución 1636/2011 del Expediente 1263/2011 de la dirección Municipal de la Vivienda de la Lisa) donde declararon ocupantes ilegales a los usurpadores, en su séptimo POR CUANTO, estas personas nunca tuvieron convivencia en el inmueble que se litiga, con medios de prueba como cartas del CDR Municipal y Registro del MININT, entre otros.

Existe un Dictamen Sanitario de fecha 15 de julio de 2013 donde se reconoce, que la imposibilidad de usar el servicio sanitario y el hacimiento provocan un alto índice de insalubridad con afectación de la salud de los moradores legítimos.

Existen respuestas de la Fiscalía Municipal de la Lisa, de 25 de agosto de 2011, 8 de septiembre de 2011 y 22 de agosto de 2013, donde se evidencian las contradicciones de lo concluido con los documentos existentes y las acciones violadoras de la legalidad, sobre todo la última carta (que exponemos), donde dicho en buen cubano, colmó la copa de la paciencia: estado de indefensión, irrespeto e impunidad para con las Leyes de nuestro país y una Garantía Constitucional prevista para todos los ciudadanos cubanos, en el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba,…El domicilio es inviolable. Nadie puede entrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos en la Ley…

Como la PNR y la Fiscalía no han procedido como expresan sus funciones por Ley, han propiciado el actuar cómplice de la Dirección Municipal de la Vivienda al emitir Resoluciones posteriores a la del 2011 (ilegales, pues los usurpadores nunca han poseido dirección de dicho domicilio), agravándose el conflicto hasta el punto de tornarse violento, siendo el colofón el día 10 de agosto cuando al fallecer por accidente el esposo de la ciudadana violadora, tuvieron la osadía y morbosidad de velar al difunto en la sala de la casa ajena. Al día siguiente, Rolando, el joven enfermo, amaneció más alterado que de costumbre.

Continuamos alertando y previniendo con quejas y denuncias, la posible ocurrencia de un desenlace fatal, motivado por las ofensas y amenazas impunes y públicas, a oídas de vecinos y testigos, contra la vida de Jorge Luis, su esposa y Rolando.

No hubieramos querido llegar hasta este extremo, de denuncia contra jóvenes funcionarios y operadores del derecho, que tendrían mucho que aportar en un país donde el estado de derecho y los valores morales están en franca decadencia, lo que ha sido reconocido por el Presidente Raúl Castro.

Es menester reestablecer a las nuevas generaciones una Cuba de prosperidad y respeto ciudadano por la legalidad e institucionalidad, pero no avanzaríamos nunca con funcionarios tan pasivos, poco profesionales, insensibles e indisciplinados, rayanos en la prevaricación, que no cumplen con sus funciones ni respetan los reglamentos, creando precedentes de compromiso e intereses personales por encima de los designios que les confiere la Ley.

Violencia por encima de la Ley (II)

 

IMG_0960ODALINALic. Odalina Guerrero Lara

Continua la ilegalidad en la vivienda de Rolando González Camacho, pues la usurpadora, María del Pilar Olivera Delgado respaldada por todos los funcionarios del municipio de La Lisa, no solo permanece impunemente en la vivienda, sino que con su actitud provocadora y violenta, se ha apoderado de la mayor parte del inmueble.

Los abogados de la Asociación Jurídica Cubana hemos respaldado a la familia de González Camacho desde el punto de vista legal y humano. Asesoramos los escritos de Queja entregados por Jorge Luis García Casañas a tenor de lo previsto en los artículos 63 y 26 de la Constitución, a la PNR, PCC y Consejo de Administración del Poder Popular, y a la máxima responsable, la Fiscalía Municipal de La Lisa amparados en la Ley 83 de la Fiscalía General de la República:

Artículo 1: “Según establece la Constitución, la Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.”

Además de artículo 7 apartado c), artículo 8 apartado b) y d), de la propia Ley 83 de 11 de julio de 1997.

Previa citación de la Fiscalía Municipal de la Lisa nos personamos con Jorge Luis ante la Lic. Yanet García, Fiscal Jefa, la cual después de leer el documento respuesta firmado por el fiscal Yohandris López Parra, nos hace entrega del mismo, cuyo contenido evidencia que ésta Fiscalía no está dispuesta a hacer cumplir la ley.

 

La Absolución de la Historia

1 cetrhab 1626-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida
En la Asociación Jurídica Cubana hemos notado una estadística muy significativa: más del 50% de los casos atendidos corresponde a problemas de vivienda.
La mayoría de estos casos, son estremecedores y en extremo angustiosos.
Cuando personas de la tercera edad con una educación, comportamiento y forma de pensar en extremo diferente a la de sus nietos (e incluso biznietos) conviven bajo un mismo techo, la convivencia puede ser muy difícil.
Como otras muchas cosas que después no se cumplieron, la revolución cubana prometió resolver la situación de los bohíos, de la insalubridad y otras  que, de una u  otra forma, tenían que ver con el problema de la vivienda en el país.
Así, en un escrito publicado centenares de veces y en múltiples formatos,  leemos cosas que algunos no quieren rememorar ahora, sin embargo es necesario mantener la memoria histórica:
Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda;
rebajando resueltamente el 50% de los alquileres,
eximiendo de toda contribución a las casas habitadas por sus propios dueños,
triplicando los impuestos sobre las casas alquiladas, demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas en toda la isla en escala nunca vista,
Bajo el criterio de que, si lo ideal en el campo es que cada familia posea su propia parcela, lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento.
Hay suficiente piedra y brazos de sobra  para hacerle a cada familia cubana una vivienda decorosa.
Sesenta años después de estas palabras, ¿cuál  es el resultado de esta promesa y de otras que desaparecieron junto a los ya innombrables  planes quinquenales?
Cuando la venda ha caído ya de los ojos, ¿debemos seguir creyendo en la Absolución de la Historia?

Impartir justicia

 

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Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

El artículo 120 de la Constitución de la República de Cuba, establece que la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye; precepto legal consecuencia directa del artículo 3 de la Carta Magna; la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes, razón por la que el propio texto constitucional, en el artículo 122 prevé: Los jueces, en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la ley.

Tal principio constitucional ha sido inobservado, para con los miembros de la Asociación Jurídica Cubana, por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, al pronunciar la Sentencia 157 de 22 de mayo 2013, con la negativa de la Ministra de Justicia a la legalización de nuestra pretendida Asociación, pues impartir justicia no es más que aplicar el derecho vigente al caso concreto interpretando correctamente la ley, lo que no hizo dicha Sala, infracción legal, apreciable en el Segundo CONSIDERANDO de la Sentencia: ello en todo caso impide la constitución de cualquier otra asociación con similares proyectos y objetivos, a tenor de lo previsto en el inciso d) del artículo ocho anteriormente citado, pues contrario a lo interpretado por el accionante, el precepto precedentemente invocado en modo alguno restringe de forma expresa dicha limitación al solo efecto de asociaciones preexistentes con iguales fines y denominación, sino a la existencia anterior de otras, cualesquiera sea su apelativo y naturaleza jurídica, en aras de impedir una dualidad en el trafico jurídico de instituciones de similarcontenido.

Incorrecta interpretación de la Ley, hecha por la Sala, puesto que la causal de denegación establecida en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Asociaciones, preceptivamente, está referida a la preexistencia de una asociación con idénticos o similares objetivos o denominación, no a cualquier entidad, como desacertadamente ha considerado la Sala, no impartiendo así justicia, al realizar una interpretación extensivísima del precepto legal en cuestión, llegando indebidamente a distorsionar su más que claro texto, incluso el espíritu del legislador, que solo estableció como restricción al respecto la preexistencia de otra asociación, denominación jurídica en la que no se hallan comprendidas la Organización Nacional de Bufetes Colectivos ni la Unión Nacional de Juristas de Cuba, no inscriptas por tal razón, en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, extremo que fue fehacientemente probado en el proceso mediante la prueba documental de la certificación expedida por dicho Registro.

La garantía de la independencia de los jueces en la impartición de justicia, se traduce en que se sientan con total respaldo constitucional para tomar sus decisiones conforme a la ley y no por complacencia o presiones de autoridad política o administrativa alguna.