¿A quién se acude?

aeropuerto.jpgespeLic. Esperanza Rodríguez Bernal

Juan acude a nuestra sede en busca de asesoramiento porque a pesar de haberse dirigido a las instancias correspondientes, aún no obtenido una respuesta satisfactoria para con su caso.

Nos muestra su pasaporte con el visado de Guatemala con vigencia por sesenta días, una carta dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, recepcionada en la Oficina de Atención a la Población, donde narra los hechos que acaecieron en fecha 6 de febrero del año en curso a su llegada al aeropuerto de Guatemala.

Él y dos cubanos mas arribaron a ese país con toda la documentación en regla y en el aeropuerto, el jefe de grupo de inmigración nombrado José Canisa Valenzuela, después de retener sus pasaportes les manifiesta que para ingresar a su país debían entregarles $ 1.200 dólares por cada uno.

Al no aceptar la extorsión, dicho funcionario los encierra en un cuarto bajo la custodia de cuatro oficiales de seguridad con dos perros pastores, negándoles cubrir necesidades elementales como tomar agua y hacer uso del servicio sanitario.

Como si fuera poco, al intentar establecer comunicación con la embajada cubana en Guatemala, fueron despojados de sus teléfonos y aislados entre sí.

Al día siguiente fueron devueltos a Cuba sin ningún tipo de explicación.

Aquí hay mucha tela por donde cortar y todo un cúmulo de preguntas puede derivarse de lo ocurrido. Pero, no obstante, hay una que me asalta con mayor fuerza que las demás: cuando un cubano tiene un problema de esta u otra naturaleza en el extranjero y se ve en estado de indefensión, ¿Qué puede hacer?, ¿Es derecho o no del ciudadano acudir a la representación de su país a por ayuda? ¿Está o no está dentro de las funciones de una representación diplomática cubana en el extranjero prestar auxilio a sus compatriotas?

 

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Disyuntivas en la tutela judicial de la Constitución cubana

5 manual 4OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

Desde los mismos inicios de la lectura de la Carta Magna nos encontramos con algo que llama la atención de cualquier lector desprejuiciado, cuando el artículo 3 expresa que: En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Más adelante el mismo artículo refiere que: El socialismo y el sistema político…es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.

Si se entiende la soberanía como el poder supremo o autoridad no superada ni sometida a las leyes, y cuyo titular (el pueblo) ostenta el poder de legislar, entonces nada puede plantearse en términos de perpetuidad irrevocable por ir contra la misma naturaleza de la condición de soberano. A contrario sensu, si existe algo sobre lo que le está vedado o prohibido legislar al pueblo, entonces, sin lugar a dudas, el pueblo será titular de cualquier cosa, menos de la soberanía.

Igualmente la Constitución cubana a partir del artículo 53 le reconoce sucesivamente a los cubanos el derecho de libertad de palabra y prensa, los derechos de reunión y manifestación, la libertad de conciencia y religión, la inviolabilidad de la persona, etc. Hasta aquí, los anteriores derechos parecen tener primacía jurídica hasta que el artículo 62 de la Ley Fundamental se encarga de demostrar lo contrario cuando irónicamente expresa textualmente: Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

Las frecuentes contradicciones entre los artículos de la Constitución cubana se resuelven y quedan subsanadas sobre la base de la prioridad y la supremacía de la existencia y fines del Estado socialista por sobre los derechos y libertades individuales.

Mención aparte merece la última frase del artículo 62 que dispone: La infracción de este principio es punible, lo que supone que hasta la propia Constitución impone un tipo penal, por demás excesivamente abierto.

Planteada en estos términos, la redacción de la actual Carta Magna propone serias disyuntivas sobre el tratamiento judicial de la misma.

 

Indefinición jurídica de los consumidores

images10Andrea López

En la interrelación Fabricante-Comerciante-Consumidor se generan intereses cuya protección, en parte, se le encomienda al orden jurídico penal.

La gran implantación del consumo en la sociedad, la preponderancia del poder económico y la posición de superioridad de los agentes empresariales frente a los consumidores, dotan de cierta inseguridad los  intereses de los consumidores..

Pero el derecho penal moderno se caracteriza por su mínimo protagonismo en la resolución de los conflictos sociales, actuando sólo cuando ya se hayan agotado otras vías menos lesivas y frente a los atentados más graves a la convivencia.

A pesar de la importancia que demanda, en nuestro país no se cuenta con un cuerpo legal básico, completo y jurídicamente estructurado para tratar cuestiones tales como, por ejemplo:

–          Protección de prácticas abusivas y de inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

–           Recibir del proveedor la información completa, precisa, veraz, clara y oportuna de las características de los productos y servicios a adquirir, así como también de los riesgos o efectos secundarios, si los hubiere, y de las condiciones de la contratación.

–          Reclamar y recibir compensación en el caso de que los productos o servicios sean entregados en calidad, cantidad o forma diferente de la ofrecida, pudiendo elegir una forma razonable de compensación.

–          Acceso a los órganos administrativos establecidos para ventilar los reclamos por violaciones a sus derechos, mediante un proceso simple, breve y gratuito.

En la mayoría de los establecimientos destinados a la venta de productos o a la prestación de servicios, la información brindada a los consumidores sobre estos temas es insuficiente y la solución de los conflictos que pudiesen generarse es extremadamente trabajosa y dilatada por lo que, en su gran mayoría, no llega a su término.

Por todo lo anterior se hace necesario que sean valorados dentro de lo posible aspectos que pueden, en cierta medida, resolver cuestiones tales como:

–          La elevación del papel del Estado en las acciones encaminadas a la protección de los consumidores.

–          La creación de un cuerpo legal que regule los derechos, obligaciones y vías para resolver conflictos que en materia de proveedor-consumidor pudiesen surgir.

–          En la disposición legal deben prevalecer, aspectos tales como objetivos de la elaboración de la ley, entes involucrados, ámbito de aplicación, derecho de los consumidores, órgano estatal encargado de la defensa de los consumidores, sus funciones, educación e información de los mismos, la responsabilidad del proveedor, mecanismos y procedimientos para la defensa de los derechos, así como la presencia de medios alternativos de solución de conflictos.

 

La indefensión de Bárbara

La indefensión de Bárbara

41 PP-La-espera-desesperaOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Odalina Guerrero Lara

Bárbara Fernández Barrera, vecina de la Avenida 47 número 7403 altos entre 74 y 76, San Antonio de los Baños en la Provincia de Artemisa, ciudadana cubana, le fue quitado el servicio del agua, cortándole la entrada de la cisterna que se encentra en los bajos del inmueble, y que siempre sirvió para abastecer a las familias que han ocupado la vivienda, que es propiedad de Bárbara Fernández Barrera, y ocupa permanentemente desde 1985.

Acudió ante la Dirección Letrada de la Asociación Jurídica Cubana con el fin de que se le revisara su caso y recibir una orientación al respecto, alegando y presentando reclamaciones hechas, tanto por representación letrada de servicios jurídicos como por ella.

Resulta evidente que:

  • La Resolución 683/07, emitida por la Dirección Municipal de la Vivienda en fecha 6 de Noviembre del 2007, FAVORECIÓ a la Sra. Flora Hada Álvarez Álvarez, ex propietaria del inmueble situado en Calle 74 número 4702 entre 47 y 49, San Antonio de los Baños; la cual adquirió el mismo en el año 1990, en virtud de la Escritura Notarial No.637 de Permuta, de fecha 11 de Noviembre de 1990, otorgada ante la Lic. Olga Lidia Hernández Martínez, y luego, cedió por donación a la Sra. Elsa Rodríguez Alfonso y Lizet y Lizbet Camblor Rodríguez; las que se encargaron de privar del agua a Bárbara Fernández Barrera, desde el año 2009 cortándole el acceso desde la cisterna.

Según lo tipificado en la Ley 59 Código Civil vigente, Titulo V. Permuta. Artículo 367.- Por el contrato de permuta las partes convienen cambiar la propiedad de un bien por la de otro. Son requisitos esenciales para la permuta describir la propiedad de cada una de las partes, así como acreditarlo mediante técnico correspondiente.

Muchas han sido las reclamaciones que ha hecho esta ciudadana para que se le resuelva la situación, pero no ha obtenido nada a su favor, han transcurrido ya tres años y su situación perdura. Ella expresa:

–Soy disidente y por tal motivo se me está excluyendo de esta manera, ningún abogado quiere representarme, ni siquiera he podido obtener el Certificado del Registro de Propiedad, pues se me ha negado.

 

¿Culeros también?

40-culerosespeLic. Esperanza Rodríguez Bernal

José acude a nuestra sede y solicita nuestra asesoría porque hace aproximadamente un mes y medio se presentaron en su domicilio varios agentes de la contrainteligencia con el propósito de hacerle un registro.

El día antes de dicho registro, había sido detenido en la calle y montado en el carro patrullero no. 870 siendo conducido a la Unidad de la PNR de Santiago de las Vegas donde lo llevaron a un calabozo… sin acta de detención. Al rato, lo sacaron de la celda para que firmara un documento por el decomiso de 102 Demandas Ciudadanas por otra Cuba y un periódico Nuevo Herarld que portaba en el momento de la detención, cosa que se negó hacer. Después fue trasladado para la Unidad de Policía de la Avenida de Acosta en el municipio 10 de Octubre.

Al día siguiente de su detención, mientras su esposa lo localizaba, los citados agentes fueron a su casa con el objetivo de realizar un registro. Allí se encontraba su hijo y su nuera, que le narraron que en ningún momento se presentó la orden de registro y, además fueron amenazados con que si no abrían la puerta, la derribarían.

El registro se realizó y tampoco dejaron acta de ocupación llevándose todo tipo de artículos, entre ellos libros, documentos, medios electrónicos, dinero en efectivo, ropa y hasta los culeros de sus nietos.

Los agentes que realizaron el citado registro violaron los artículos 218 y 219 de la Ley de Procedimiento Penal, así como el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba el cual reza textualmente “El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos en la Ley”.

José no fue instruido de delito alguno como era de esperar después de un registro y una ocupación en su casa de esa magnitud y naturaleza. Cabría preguntarse, ¿y el juicio que debió seguir a un registro y ocupación de bienes en vivienda habitada?

Con todos estos antecedentes y bajo asesoría letrada, José acudió a la Fiscalía Militar donde denunció los hechos, siendo recibido su testimonio por fiscales de guardia de esa entidad.

Dos preguntas se desprenden de todo esto, y ambas son serias:

  1. ¿Procederá la Fiscalía Militar contra los responsables de este atropello?
  2. ¿Para qué necesitaban los “agentes de la ley” los culeros de los nietos de José?

Me reservaré mi opinión en cuanto a la última pregunta.

 

Algo que debemos recordar de las medidas cautelares

estado-de-derechoveizantLic.Veizant Boloy

La Constitución, ley de leyes, establece “el derecho de los cubanos a la libertad y a que nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes”. La medida de prisión provisional es impuesta de forma indiscriminada por la Fiscalía, rompiendo con el carácter “excepcional” que previó el legislador para su imposición.

Las medidas cautelares técnicamente son un método para asegurar el proceso, para impedir que este se dilate por la huída del acusado, para citar un ejemplo.

Nuestra ley procesal penal establece en su artículo 252 que procede la prisión provisional siempre que conste de las actuaciones la existencia de un hecho que revista caracteres de delito y que aparezcan motivos bastantes para suponer responsable penalmente del delito al acusado.

La Instrucción No. 137 de 1990, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo recomienda la adopción de esta medida para los casos de delitos que revistan un significativo grado de peligrosidad social; así sin más, sin que existan pruebas objetivas de la comisión del delito.

También en la práctica se impone esta medida, sin que exista evidencia palpable de que el acusado vaya a evadir la justicia, no obstante la prisión provisional debe responder al proceso, a que exista una justicia pronta, pero no debe responder a la peligrosidad social del hecho.

La Fiscalía no debería tener en sus manos la posibilidad de imponer esta medida, pues de un lado se supone que es una institución protectora de los derechos del ciudadano, pero por otro lado, responde directamente a los intereses del Estado.

 

Desprotegida

OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Odalina Guerrero Lara

Neida Lafita Moreira, ciudadana cubana, ama de casa, de 53 años de edad, que por su estado de salud no posee vinculo laboral, con residencia permanente en San Antonio de los Baños, viuda desde el 21 de Agosto del 2012, acude desesperadamente a la AJC en busca de una orientación o respaldo jurídico, pues su esposo al momento de su fallecimiento se encontraba vinculado laboralmente a la Cooperativa de Producción Agropecuaria Héroes de Yaguajay del Municipio de Alquízar. Provincia de Artemisa.

Refiere el tratamiento que se le ha dado como viuda. Sus familiares más cercanos se presentaron ante los dirigentes designados para atender a su caso; transcurridos quince días, ella lo hizo personalmente, y el Presidente de la Cooperativa, de forma inapropiada le dijo “Señora, aquí no se dan chequeras.”, y luego el que atiende la esfera de seguridad social le entregó el expediente laboral del trabajador, alegando no poder hacer nada por ella, así como otras cuestiones que estimó a favor de la administración.

Teniendo en cuenta el estado de desprotección en que se encuentra Neida Lafita Moreira, sin poder contratar servicios jurídicos ante bufete alguno para ser representada en reclamación, se le asesora en escrito con representación propia basada en:

Objetivo de trabajo del Partido Comunista de Cuba, Lineamiento Número 16.

Exigir y comprobar que en las instituciones y el propio Partido, se presente oportuna y debidamente atención a las quejas, y denuncias y otros asuntos planteados por la población y que las respuestas se brinden con el rigor y la celeridad requeridos.

Respaldada en:

  • La Constitución de la República de Cuba, que dispone:

ARTÍCULO 47.- Mediante el Sistema de Seguridad Social, el Estado garantiza la protección adecuada a todo trabajador impedido por su edad, invalidez o enfermedad.

En caso de muerte del trabajador garantiza similar protección a su familia.

  • Ley No.105 De Seguridad Social.

ARTICULO 1.- El estado garantiza la protección adecuada al trabajador, a su familia y a la población en general mediante el Sistema de Seguridad Social, que comprende un régimen general de seguridad social, un régimen de asistencia social, así como regímenes especiales.

Por haber sido el occiso trabajador de la una Cooperativa de Producción Agropecuaria, está sujeto a la aplicación de regímenes especiales. En el momento de su fallecimiento se encontraba vigente en su totalidad el Decreto Ley 127 de 1991, como cuerpo legal aplicable al caso de la viuda Neida Lafita Moreira.

En noviembre de 2012 se presentaron quejas con la reclamación pertinente ante las siguientes entidades de Alquízar:

  1. Presidente de las Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
  2. Especialista de Atención a la Población de Consejo de Administración municipal.
  3. Especialista del Partido Comunista de Cuba que atiende la esfera de las Cooperativas.
  4. Jefe de Departamento de Seguridad Social.
  5. Asesor Jurídico de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Héroes de Yaguajay.

Neida Lafita Moreira continúa DESPROTEGIDA por la Seguridad Social.

 

Reverenciar la ley o apedrearla (I)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJorge Hojas Puñalesreverenciar I

Para los que peinamos canas, o para quienes ya no tenemos qué peinarnos, la utopía francesa sobre el pretendido cambio social, en el contexto de esa sociedad, era un fin inalcanzable, no obstante sirvió como base en los planes de estudio, y a diario nos percatamos que nuestra sociedad y principalmente su futuro, se ha convertido en un espejismo; es como si nuestras metas, sueños y aspiraciones, estuvieran en el horizonte, esa línea a la que nunca nos acercamos.

¡Qué lejos estamos de poder expresar con vehemencia y credibilidad, que en nuestra sociedad la ley, se respeta, se acata y se cumple, por todos los entes que con forman nuestra sociedad!

Quisiéramos disponer de toda la información posible, para que se tuviese una noción, sobre todas las disposiciones, normativas y regulaciones jurídicas, que han sido publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, adscripta al Ministerio de Justicia en más de 50 años.  Casi a diario son publicadas disposiciones de los   Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), no con igual periodicidad, son emitidas Leyes, Decretos-Leyes y Decretos, correspondientes a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el Consejo de Estado (CE) y el Consejo de Ministros.

De predicar con el debido respeto y culto a la Ley, no sería necesario acometer acciones contra quienes flagrantemente la infringen, violan o actúan impunemente con su inobservancia. Por ejemplo, resulta doloroso ver como se demuele un inmueble porque su construcción fue ilegal.  Por qué ocurre esto, simplemente por el total irrespeto a la Ley, tanto por el que ejecuta la obra, como el que con su inobservancia lo ha propiciado, personas tanto naturales, como jurídicas.

Qué papel juega o ha de jugar el abogado o jurista dentro de los OACE, un organismo, una empresa o una asociación. Para nosotros su principal rol, radica en la prédica del respeto a todo el ordenamiento jurídico vigente, ceñir sus actuación a su acatamiento y cumplimiento, cosa que le es casi imposible hacer, ya que sobre ello prima la voluntad del jefe; no puede actuar ni como asesor o consejero, en el mejor de los casos no es escuchado y en el peor, expulsado por contradecir las decisiones del superior.

Todo lo que hemos expuesto, amerita un especial espacio ilustrativo, de cómo se violan o infringen las leyes, que según nosotros (todos) aprobamos.  Existe un añejo refrán que dice: “se mató como Chacumbele”, ¿seremos nosotros (todos) Chacumbele?

¿Quién asedia a quién?

Ernesto Vera Rodriguez_2Lic. Ernesto Vera Rodríguez

En cualquier otro país de nuestro continente, la Policía cuida de los bienes públicos y privados, y su misión, salvo raras excepciones, está alejada de la política. El policía allí tiene una misión importante que cumplir. En cambio aquí las cosas resultan diferentes.

En los lugares más céntricos de Ciudad Habana es donde más violaciones de la ley se cometen, es allí donde el ciudadano común está más indefenso ante la arbitrariedad e ignorancia de uniformados que tienen como arma justamente la que toman de sus víctimas: el desconocimiento y el miedo.

Por ello, los abogados y demás representantes de la sociedad civil no deben circunscribir su trabajo al área donde residen sino que deben extenderlo a zonas como la Habana Vieja donde cada día son esposados y humillados decenas de personas por mera sospecha, sustentada muchas  veces en el color de la piel o la forma de hablar.

Hace varios domingos, presencié en el Parque Central como se violaron los derechos de Antonio Loriste de la Cruz, cuyo carné de Identidad es el No. 73110129509. Su piel es negra y su único delito fue transitar por el Parque Central siendo aproximadamente las 11: 53 a.m. Pude obtener de él mismo estos datos y antes de ser introducido esposado a la perseguidora #744, pude entregarle un documento que contiene los derechos que le asisten desde el momento de su detención, según la Ley de Procedimiento Penal.

Aunque los oficiales que le detuvieron me aseguraron que se trataba de un jinetero, de alguien que “asedia al turismo”, yo que trabajo justo en esa área y velo  por los derechos de gente como Antonio, no le vi asediando a nadie, sino que fue víctima del color sospechoso de una piel que en Cuba es símbolo de robo, un estigma, una cruz que se carga hasta la muerte.

Antonio Loriste se encontraba sentado a la sombra en un banco del Parque Central huyendo del agobiante calor, y allí fue asediado por dos uniformados, quienes le pidieron sus documentos, una violación de la privacidad muy común en Cuba.

Antonio Loriste fue conducido hasta la Unidad ubicada en la calle de Dragones, a una oficina que ellos llaman “de reconocimiento”. Su destino es incierto.

 

 

Cuelgue y espere unos minutos, por favor. Hay congestión en las líneas

17-n

CHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez

¿Será momento de seguir esperando unos minutos?, cuando ya hemos esperado décadas, continuamos cada día más con la ingesta aguda en la posibilidad de las  líneas, digo, en las curvas de este  “planeta Cuba”.

Cuando digo curvas, lógicamente hablo sin señalización que al menos nos indique por donde seguir el escabroso camino para lograr las comunicaciones, cada día más controladas por Instituciones armadas de nuestra República de Cuba: P.N.R, DTI, Inmigración y Extranjería, D.S.E, (Chequeo Visual conocido como los Cajoteros por su antigua denominación de KJ, así como, el “KT”, referido al ilegal  Chequeo Telefónico)

También podríamos llegar a estar sometidos con la novísima tecnología, prestos y no dispuestos a un “KE” (Chequeo del Éter), un “KF” (Chequeo Fílmico), “KM” (Chequeo Microfónico) y la acostumbrada revisión de Cartas y Documentos inclusive Oficiales “KC” (Chequeo de Correspondencia), como la Detención Ilegal, sin ninguna recurrencia jurídica y en la total inobservancia de lo previsto y establecido en las Leyes de este PLANETA CUBA por parte deInstructores Policiales (DTI, DSE), que dicen llamarse Abogados, cuando lo que tienen es un titulo de Licenciados en Derecho, que no es lo mismo. Respétense.

Cualquiera está expuesto.  Desde un  ciudadano cubano o extranjero de cualquier jerarquía y responsabilidad, desde un turista  hasta un dirigente político, personal diplomático acreditado en el país o visitante.

Velará nuestra FISCALIA por la verdadera y única Legalidad a cualquier Instancia, impartirán con absoluta y plena Justicia su veredicto y sentencias firmes los TRIBUNALES  POPULARES, o sea, los del Pueblo a cualquier rango.

Aquellos a los que les resulta imposible renunciar al Poder, no estarán esperando por unos minutos por favor; ni que se  DESCONGESTIONEN LAS LINEAS.

Así es como no se garantiza la llamada y el llamado a nuestros DERECHOS  refrendados en nuestra CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, en los desconocidos PACTOS DE LA ONU, sin temor a que otros se equivoquen que la gran mayoría de nuestra población civil no conoce y algún que otro profesional del DERECHO.

Que no cuelguen, que no nos hagan seguir esperando más tiempo, para una única posibilidad de hablar claro y muy claro.  No  congestionen las líneas, POR FAVOR.

 

Peligrosidad social y Pactos de la ONU

7- peligrosidad

6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Mientras poco a poco cobra más difusión y fuerza la campaña ciudadana “Por Otra Cuba”, tienden a crecer también las noticias relativas a la detención de ciudadanos por distribuir esa Demanda así como también citación a unidades de la policía de otras por lo que parece ser una “nueva causal” de detención.

Como nos enseñaron cuando nos daban filosofía marxista-leninista a todo hora, la dialéctica establece que todo cambia y se transforma y por ello nada tiene de raro que haya “aparecido” una nueva de esas causales en la Ley de Procedimiento Penal que no se ve, pero está ahí.

Y creo que no se ve, porque va a ser difícil explicarla y compatibilizarla con el concepto de delito que se da en el Código Penal cubano. Trataré de explicarme.

El Código Penal vigente enuncia el concepto de delito de la siguiente forma:

Artículo 8.1: Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa prohibida por la ley bajo conminación de una sanción penal.

Detengámonos en los elementos de esta definición:

  1. Se considera delito toda acción u omisión socialmente peligrosa…

O sea, que el actuar o el omitir manifestado en una conducta, tiene que portar intrínsecamente, porque así lo exige el tipo penal, una connotación de peligro para la sociedad.

En eso la definición es más que clara.

No obstante, si Cuba es miembro de la Organización de Naciones Unidas, si en sus informes en Ginebra el gobierno cubano se cataloga a sí mismo cumplidor estricto de sus compromisos internacionales, si firmó hace ya casi cinco años los Pactos que ahora los ciudadanos le instan a ratificar, ¿dónde está la peligrosidad social del actuar de esos compatriotas como para ser detenidos y amenazados como lo están siendo?

¿Dónde ve realmente el peligro el gobierno actual?

2…socialmente peligrosa prohibida por la ley…

¿En cuál artículo y en qué Ley Penal cubana vigente se establece que solicitar o instar al gobierno cubano a ratificar los pactos que firmó el 28 de febrero de 2008 está prohibido?

¿Alguna persona o institución en Cuba, puede prohibir lo que la ley no prohíbe?

Los que esto hacen, ¿no se han leído nunca la Constitución de la República, especialmente su artículo 63?

3…prohibida por la ley bajo la conminación de una sanción penal.

¿Pudiera decirme alguien, quizás esos que ignoran las leyes del país, cuál es la sanción por el “delito” de ejercer civismo?

La doctrina penal en el mundo tiende a evolucionar cada vez más hacia un Derecho Penal como última ratio, pero desde siempre ha mantenido que se delinque por lo que se hace, no por quien la persona es.

En nuestro país, no obstante, las cosas parecen concebirse siempre en oposición al resto del mundo y por eso no es de extrañar que ahora algunos quieran también aplicar la peligrosidad social… a los Pactos de la ONU.

 

Reflexiones sobre varios Decretos y una Resolución

Lic. Dayana Cruz Vega

Al cabo de treinta y seis años, se promulgó el decreto ley que modifica la Ley 1312 de 1976, la llamada Ley Migratoria. Es así que el gobierno accede, por primera vez,  a darle la libertad a los cubanos de poder viajar a cualquier país, pero con determinadas restricciones, sobre todo a los profesionales.

Nos preguntamos si es justo el hecho que por ser personal calificado y habernos dedicado a superarnos, paguemos por ello,   –nosotros también tenemos familia que no podemos ver-  y tengamos que permanecer  lejos de ella, tan sólo por cometer el crimen de estudiar en este país.

Si analizamos el cuerpo de la supra norma, nos percatamos que ahora el gobierno se lava las manos pues hace la modificación legal migratoria en los momentos más difíciles en el entorno internacional, consciente de que serán los consulados extranjeros los que denegarán el visado al pueblo cubano.

Es del conocimiento internacional la situación que ha sufrido este pueblo durante cincuenta y cuatro años, donde nos han mantenido sin derecho alguno a decidir nuestro destino , por ello ya existe comunicación oficial de Estados que se han pronunciado en cuanto a no dar visas a los ciudadanos cubanos.

Hemos tratado de ser lo más prácticos posibles en lo que se refiere al análisis de la norma. Del cuerpo de la misma se deriva la intención del estado cubano de hacer creer a la opinión pública que ya no depende de él que los ciudadanos no podamos salir de Cuba,  ni tener acceso a un intercambio con otras naciones.

Además de las restricciones a los profesionales (que son bastantes en cuanto a la autorización de salida), se hace hincapié en el Reglamento de la norma (Decreto 306), las categorías específicas que requieren un tratamiento especial.

En su artículo 1 inciso b) estipula que los graduados de educación superior están sujetos a un tratamiento especial para recibir la autorización de salida del país, ya sea como turista o por interés personal;  asimismo plasma además, la regulación hecha  por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para el otorgamiento de tal derecho que como ciudadanos deberíamos tener, independientemente de la profesión que ejerzamos.

El Estado cubano continúa con su afán de retenernos injustamente en el país.

En la Resolución 343 de Finanzas y Precios se regula el nuevo impuesto sobre los documentos del trámite de solicitud del pasaporte, el que será de 100 cuc según proceda el caso.

La realidad en Cuba es que una vez que te superas y tratas de ser culto, el gobierno te asigna  un salario insuficiente  y un sinnúmero de restricciones, impidiendo que podamos desarrollar nuestro conocimiento a plenitud y que podamos tener intercambio con profesionales de otros países, sin acceso a Internet para conocer la realidad del mundo fuera del país.

Somos los únicos abogados del mundo tan mal remunerados y sin el derecho del ejercicio libre de la abogacía, la que debe ser puesta solo en función de servir a la ciudadanía  en aras de una verdadera justicia.