Ley de Policía

 

vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Los órganos estatales y del gobierno, cada uno en lo que les corresponda, entre ellos la Policía, la Contraloría General de la República, la Fiscalía y los Tribunales deben contribuir a este empeño, siendo los primeros en dar ejemplo de apego irrestricto a la Ley; reforzando así su autoridad y asegurando el apoyo de la población…

Estas palabras corresponden a un fragmento de la comparecencia del General de Ejército Raúl Castro en la Primera Sesión Ordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de las Convenciones, el 7 de julio de 2013.

Pero, ¿qué ocurre cuando ese apego irrestricto a la Ley no ocurre porque en ocasiones esas entidades estatales no actúan de ese modo o cuando la propia ley no existe?

Paso a explicarme.

En la Asociación Jurídica Cubana, nos hemos detenido muchas veces en la consideración de que no debe ser la Fiscalía (a la que se adjudica la responsabilidad de mantener la legalidad socialista) la que garantice los derechos ciudadanos por la sencilla razón de que ella no es independiente de los poderes del Estado, sino que los representa y vela por ellos.

En el mundo moderno no se acepta el doble papel de juez y parte en un proceso penal. Y ese es el caso de la Fiscalía.

Tampoco existe un Tribunal de Garantías Constitucionales como una vez existió en nuestro país, y los ciudadanos no tienen a su disposición una entidad con poder suficiente, que pueda reconocer sus derechos básicos y fundamentales ante instituciones estatales que los desconocen.

Pero hay algo más que tampoco existe en Cuba y que debo solamente esbozar ahora, por razones de espacio, pero sobre lo que volveré próximamente: Se trata de una…Ley de Policía.

 

 

La carta (II)

4-calixtoLic. Amado Calixto Gammalame.

En un trabajo anterior referíamos la impronta causada en los ciudadanos que poseen cartas de autorización para adquirir automóviles, y la afectación recibida por las nuevas regulaciones promulgadas.

El Decreto No.320 de 18 de diciembre de 2013, que según su DISPOSICION SEPTIMA entró en vigor a partir del 3 de enero de 2014, le limito la vida al recién promulgado Decreto 292 de 20 de septiembre de 2011 que establecía las “Regulaciones para la trasmisión de la propiedad de vehículos de motor”.

Este decreto 320 en su Artículo 6. 1 titulado, DE LA COMPRAVENTA DE VEHICULOS DE MOTOR EN ENTIDADES COMERCIALIZADORAS, expresa textualmente.

“Las personas naturales cubanas residentes en el territorio nacional, extranjeras residentes permanentes, temporales y de inmobiliaria, las personas jurídicas cubanas y extranjeras, las misiones diplomáticas, oficinas consulares y los organismos internacionales acreditados en Cuba, así como su personal, pueden adquirir en las entidades comercializadoras, ciclomotores de combustión interna, motocicletas, autos, autos rurales, paneles, camionetas y microbuses”.

De hecho dejó sin efecto la supuesta autorización que le daba la carta al selecto grupo de ciudadanos para la compra de automóviles.

Dentro del grupo de personas afectadas se encuentran médicos y otros trabajadores de la salud, marinos, trabajadores de la cultura, del servicio diplomático, del deporte y deportistas, entre otros.

¿Cuál es la afectación en concreto? Los precios para los vehículos de uso puestos a la venta, no tienen absolutamente nada que ver con la cantidad depositada en el banco, por ser estos en extremo elevados, y en el caso de los vehículos nuevos, los precios son inalcanzables.

Se espera un análisis y reacción por parte de los funcionarios estatales que tienen que ver con el asunto, luego de la paupérrima cifra de carros vendidos en el semestre, pudieran tomar una decisión correcta al respecto.

 

Presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico cubano

justicia fragmentoLic. Andrea López
Muchos son los textos y documentos dedicados al estudio de la presunción de inocencia del acusado como principio y derecho del ordenamiento penal. La consideración de que todo acusado es inocente hasta tanto se determine lo contrario mediante fallo condenatorio por parte del tribunal competente es lo que constituye el concepto de presunción de inocencia.
En nuestra actuación judicial, muchas acciones en el proceso penal invaden el contenido de este principio, pues la polémica en torno a la presunción de inocencia se deriva de limitaciones, tanto en el contenido de la norma, como en el actuar de los sujetos intervinientes en el proceso, si con su comportamiento limitan derechos y garantías de los procesados; así pretender que el acusado confiese a toda costa en cualquier fase del proceso, ratifique su culpabilidad en el acto del juicio oral, aunque lo hubiera aceptado en la fase investigativa y la insistencia sobre su derecho a guardar silencio constituyen infracciones que de forma más o menos trascendente afectan la situación procesal del acusado durante el proceso.
Consecuentemente, la utilización de la terminología presunción de inocencia ha sido identificada por unos como derecho, por otros como un principio y algunos como una garantía, lo cual, da lugar a diversas interpretaciones de consecuencia práctica, lo que unido a la ausencia de regulación expresa en nuestra Constitución de la República, genera que en ocasiones se produzcan posiciones distintas.
La Constitución de la República de Cuba no regula de forma expresa el derecho a la presunción de inocencia dentro de los derechos fundamentales, por esta razón, es imprescindible su formulación a fin de considerarlo como un auténtico derecho de todo acusado a un proceso justo y humano, además de que la Ley de Procedimiento Penal presenta limitaciones al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia por lo regulado en los siguientes artículos:
Se concede la posibilidad de designar abogado desde el momento en que se decreta la medida cautelar, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley de Procedimiento Penal.
El juez puede decidir sobre la modificación de medida cautelar o imponer la de prisión provisional, lo cual está establecido en los artículos 251 y 254 de la Ley Procesal Penal.
El Tribunal toma una participación activa ordenando la práctica de nuevas diligencias de pruebas o de subsanación de alguna diligencia omitida, mediante el artículo 263 de la Ley Procesal Penal.
El Tribunal asume la acción penal mediante el uso de la formula, de conformidad con lo previsto en el artículo 350 de la citada ley.
El Tribunal dispone la realización de nuevas diligencias de pruebas o de algunas sumarias instrucción suplementaria, asumiendo así la posición de parte, amparado en el artículo 351 de la Ley Procesal Penal.
Eliminar estas trabas y hacer de nuestro sistema de enjuiciamiento un baluarte de justicia es todavía un camino a seguir.

La democracia también se ejercita

libertad1Alexis Piloto CabreroLic Alexis Piloto
Hace pocos días un viejo amigo me preguntó de manera sarcástica, qué pensaba sobre la democracia y si esta se podía ejercitar constantemente. Le conteste que identificar constantemente las diferencias es un ejercicio necesario e imprescindible en la democracia; que aunque haya polémica sobre un tema, no da el derecho a nadie de encontrarnos diferentes y mucho menos de separarnos de la sociedad, por el solo hecho de considerar que la crítica es útil para la acción conjunta, sin temer que otras consideraciones develen una notable diferencia ideológica. Con este preámbulo, le pregunté si era capaz de decirme dónde se recogía este derecho de cada ciudadano a expresar sus criterios, respondió fruñendo el ceño, entonces le expliqué que aunque pareciera contradictorio, el artículo 55 de la Constitución, define bien claro la libertad de conciencia, que no se asombrara de algo que hasta el momento no conocía y que lamentablemente muchas personas tampoco conocen. Al ver que nada le quedaba por decir, entre otras tantas cosas, concluí diciéndole que solo se construye un verdadero dialogo cuando se practica una democracia al límite exacto de lo que la ley dispone.

Hablo en nombre propio (2)

1 Eliocer CutiñoLic. Eliócer Cutiño
En mi primer comentario sobre la imposición de una multa por parte de la dirección de planificación física, hice referencia al escrito dirigido a la fiscalía municipal teniendo en cuenta que por dos ocasiones apelé la decisión de dicha dirección y ésta ratificaba la multa, a las claras, improcedente e ilegal.
Esperaba una decisión justa y que me reembolsaran la extrema suma de la multa, todo bajo la tutela de la fiscalía a la cual pertenecí por más de seis años. Presenté mi reclamación en el término establecido, por lo que esperaba que de igual forma me notificaran la respuesta, pero sigo sin pronunciamiento, incluso de la propia dirección de planificación que me comunicó por escrito que hasta que la fiscalía no investigara no podían dar contesta a mi inconformidad, como si el Decreto Ley 272 o cualquier otra norma diera consentimiento para dilatar el proceso.
Cifrar esperanza en una institución que por mandato constitucional está obligada a velar por la legalidad del país y no cumple con su cometido, es otra de las razones que me llevan a pensar que el proceso de institucionalización debe, antes que todo, comenzar por el apego a la ley. Este caso demuestra que el irrespeto a ley comienza y permanece solo por los de casa.

Necesidad del Tribunal Constitucional en Cuba (primera parte)

2 balanza_de_la_justicia 1MsC Dayanara Vega
De acuerdo al modelo kelseniano, el Tribunal Constitucional actúa como un legislador negativo, pues carece de la facultad de crear leyes pero, en caso de que entienda que una de las promulgadas vulnera lo dispuesto en la Constitución, tiene poder para expulsarla del ordenamiento jurídico, declarando su inconstitucionalidad.
Teorías más recientes, sostienen que la tarea del Tribunal Constitucional es ejercer una función jurisdiccional, resolviendo conflictos que pueden incluir la revisión de la actuación del poder legislativo, la protección de los derechos fundamentales y la distribución de competencia entre los poderes constituidos.
El Tribunal Constitucional es el órgano que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad en el país. La regulación del Tribunal Constitucional tiene que estar prescrita en la Constitución de la República, determinando las líneas de funcionamiento, la independencia y sometimiento exclusivo del órgano jurisdiccional a la Constitución.
Entra sus competencias y decisiones se encuentran:
1) Protección de derechos y garantías integrantes del bloque de constitucionalidad.
2) Control normativo de la constitucionalidad de los actos del Gobierno.
3) Control del ejercicio del poder estatal.
Las sentencias que emita el Tribunal Constitucional de Cuba no deben permitir recurso ulterior para su consideración, han de ser vinculantes en función a las reglas de vinculatoriedad que la jurisprudencia constitucional Cubana desarrolle.

Desempleados no, sub empleados si

1 (2)Noel 2Lic. Noel Rodríguez Ávila
No existe país en el mundo que escape al flagelo del desempleo, es una realidad en contexto, las causas son disímiles, pero la principal está unida por un cordón umbilical de causa y efecto: La crisis económica financiera.

El Estado Cubano a través de diferentes normativas jurídicas, incluyendo los Lineamientos de la Política Económica en relación al empleo y los salarios, ha pretendido realizar un proceso de reordenamiento laboral bajo el principio de idoneidad demostrada, para contribuir a eliminar las plantillas infladas unido a tratamientos paternalistas, estimulando la necesidad de trabajar y reducir los gastos y el presupuesto del estado; proyectar además la fuerza de trabajo calificada en correspondencia con las demandas actuales del país, por lo que es necesario e imprescindible corregir las deformaciones en la formación de especialistas de nivel superior, técnicos de nivel medio y de obreros calificados.

El fin trazado dista mucho de la realidad, pues con independencia de factores objetivos, como escasez de recursos, doble moneda, falta de financiamiento y factores subjetivos, como la falta de motivación, de perspectiva , y sobre todas las cosas, desánimo en la juventud que está cursando estudios en la educación media superior, hay poco estímulo a la necesidad de trabajar, por cuanto actualmente egresan estudiantes que han obtenidos notas relevantes, y hasta títulos de oro, y son ubicados en plazas ajenas con lo que estudiaron. Motivo por el cual no se sentirán desempleados, pero sí subempleados.

La legislación laboral vigente y la solución de los conflictos en la vía prejudicial.

4 QUE TRABAJEN LOS OTROS
Lic. Andrea López
Las ramas del derecho regulan relaciones que surgen en una esfera determinada de la vida, debido a vínculos entre los hombres; entre ellas se encuentran las relaciones laborales dentro de los procesos de producción o servicios, objeto de regulación del Derecho Laboral. En su ámbito pueden ocurrir suspensiones, modificaciones, o terminación de la relación que le dio origen al vínculo laboral, lo que puede producirse por diferentes causas.
Las infracciones de la disciplina pueden provocar un cambio en la relación laboral, como forma de reprimir la conducta infractora. Por su parte, el reconocimiento, concesión, o vulneración de algún derecho emanado de la legislación laboral, puede también provocar cambios en el vínculo laboral existente y todo ello generar un conflicto entre los sujetos con personalidad jurídica individual. La legislación laboral vigente sobre solución de conflictos laborales, la actuación y funcionamiento de los órganos de justicia laboral de base (OJLB), es un tema polémico, que profesionales o no del derecho incursionan. Dentro de la propia relación jurídica laboral se vulneran determinados derechos, o no se conceden otros que provocan el inicio de un conflicto en materia de derecho laboral. Los más frecuentes son los siguientes:

Admisión y promoción al empleo
La idoneidad demostrada, que con la entrada en vigor desde 1998 de la Resolución 12 “Reglamento para la política de empleo y salario en el perfeccionamiento empresarial”, abrió la posibilidad de que el OJLB resuelva el fondo del asunto y que el nuevo Reglamento de las Relaciones Laborales Resolución 8 del 2005 de 1ero de marzo, retomó.
Violaciones sobre el período a prueba y la suscripción de contratos de trabajo, siendo el de por tiempo determinado uno de los que más propicia conflictos, al no ajustarse a la norma sobre su concertación.
Procesos de disponibilidad e interrupción.
Derechos sobre seguridad y salud en el trabajo.
Derechos sobre tiempo de trabajo y descanso, entre otros.

Se debe preparar a los dirigentes sindicales y a los trabajadores para el proceso de negociación con la administración, que estén instruidos en sus derechos y en lo que al procedimiento se refiere, pues este desmedido desconocimiento e ignorancia con respecto a estos temas hacen que nuestro sistema de trabajo se torne no solo injusto en algunos casos sino arbitrario en otros.

A cualquier precio

trianavallin_21Wilfredo Vallín Almeida
He visto en varias ocasiones un video en el cual se muestra una reunión del economista José Triana del Centro de Estudios de la Economía Cubana con oficiales del Ministerio del Interior.
En el video, Triana expone sus puntos de vista sobre la necesidad de determinados cambios que, a su juicio, son imprescindibles al sistema político imperante en el país.
En lo particular me gustó ese material en tanto reconoce y pretende explicar la imperiosa necesidad de tales transformaciones. Conversando con otras personas al respecto, he recibido sin embargo, distintas apreciaciones sobre ese material: unos lo aprueban, otros lo critican, unos terceros dicen que no es sino “más de lo mismo”.
Opiniones diversas aparte, sí considero que, tratándose de un economista, hay algo medular que falta en esa exposición y que el señor Triana, a mi juicio, soslaya no muy exitosamente y que no es otra cosa que la muy famosa y manida fórmula COSTO-BENEFICIO a la que tanto recurre esa importante disciplina desde tiempos de Smith y Ricardo.
En un momento de su intervención, el conferencista dice casi literalmente que lo importante es que, a pesar de los errores que hayan podido haberse cometido, (es decir, sin importar su COSTO), estamos aquí y permanecemos aquí y esto es lo realmente importante.
Independientemente de las lecturas que puedan hacerse de esas palabras, la mía es la siguiente: De acuerdo, ha habido un alto costo (en ocasiones excepcionalmente alto porque estamos hablando de la vida irrepetible de millones de personas)…pero ¿cuál ha sido el BENEFICIO para esos mismos millones de personas que han pagado semejantes COSTO?
Si el BENEFICIO puede contabilizarse a ojos vista en la pérdida de valores de toda la sociedad, en la ruina de nuestras ciudades, en la demolición de la industria azucarera cubana, en el éxodo masivo de sus ciudadanos, especialmente de los jóvenes, en el fraude en las instituciones escolares, en la detención y enjuiciamiento de jueces, fiscales y abogados y un largo etcétera más, ¿de qué beneficio podemos hablar?
¿Quienes estamos aquí a pesar de los pesares, además debemos estar contentos de que así sea?
Y, en el caso de que así fuera, lo que si me queda bien claro es que no todo el mundo está dispuesto a pagar indefinidamente algún beneficio, por satisfactorio que este pudiera ser…A CUALQUIER PRECIO.

Las medidas de seguridad dentro del derecho penal cubano

5 libro y balanzaMsC Dayanara Vega
Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia pacífica.[1]
Cuando se habla de Derecho Penal se utiliza el término con diferentes significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, podemos mencionar una clasificación preliminar tal como: Derecho penal sustantivo, y por otro lado, el Derecho penal adjetivo o Procesal penal.
Las medidas de seguridad
Las medidas de seguridad atienden a la peligrosidad del sujeto (prevención especial): El sujeto que comete un injusto (hecho típico y antijurídico) pero no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad (teoría del delito), es susceptible de recibir una medida de seguridad para evitar nuevos injustos.
Por su función se pueden agrupar en:
Medidas terapéuticas: Buscan la curación.
Medidas educativas: reeducación.
Medidas asegurativas: Inocuización y resocialización.
Cuba no se acoge a la práctica internacional de las medidas de seguridad, por ello el Índice de Peligrosidad es en nuestro país un arma antijurídica que se utiliza dentro de las medidas de seguridad, que desprotege al ciudadano y lo coloca en total Estado de Indefensión.
Las medidas de seguridad que se aplican en algunos sistemas penales se dividen en:
Tratamiento de desintoxicación: Son medidas que se aplican cuando el estado de toxicomanía de un individuo, lo lleva a causar una afectación, esta es ejemplo de medidas de seguridad terapéuticas.
Tratamiento de inimputables en internados: Tienen como finalidad privar la libertad de tránsito y algunas otras libertades a aquellos individuos que no pueden ser sancionados con una pena, por no comprender que su conducta es prohibida penalmente. Esta está relacionada con el confinamiento y con la prohibición de asistir a ciertos lugares. Su función es educativa.
Caución de no ofender: Consiste en una fianza, que se constituye con la finalidad de que un individuo no vuelva a afectar a una misma víctima en un futuro. Su función es asegurativa.
Vigilancia de la autoridad: Consiste en designar a un funcionario del Estado, que puede ser un policía, para vigilar las conductas de delincuentes que gozan de un sustitutivo de prisión o algún beneficio; en algunos sistemas se utiliza también la denominada vigilancia electrónica. Esta es una medida educativa y asegurativa.
Medidas aplicables a personas jurídicas colectivas: Estas medidas se basan en la peligrosidad de una sociedad o asociación que fue utilizada con la finalidad de cometer un hecho punible, y pueden consistir en la vigilancia de funcionarios, decomisos, disolución, separación de funcionarios, multas y la reparación de daños y perjuicios. Es una medida que se aplica en algunos sistemas penales, aunque es debatida hasta la fecha su plausibilidad.
De lo antes expuesto se demuestra lo inadecuado desde el punto de vista jurídico que constituye la aplicación del Índice de Peligrosidad como medida de seguridad en Cuba, si tenemos en cuenta las alternativas legales que ofrece la praxis internacional del derecho penal.