Necesidad del tribunal constitucional (I)

 

derechosMsC Dayanara Vega

Un Tribunal o Corte Constitucional es el órgano que tiene a su cargo hacer efectiva la primacía de la Constitución. Tiene la atribución de revisar la adecuación de las leyes, y procesos referentes a la constitución y eventualmente de los proyectos de ley y los decretos del poder ejecutivo, realizando un examen de constitucionalidad de tales actos.

De acuerdo al modelo kelseniano, el Tribunal Constitucional actúa como un legislador negativo, pues carece de la facultad de crear leyes pero, en el caso de que entienda que una de las promulgadas vulnera lo dispuesto en la Constitución, tiene poder para expulsarla del ordenamiento jurídico, declarando su inconstitucionalidad.

Teorías más recientes, sostienen que la tarea del Tribunal Constitucional es ejercer una función jurisdiccional, resolviendo conflictos de carácter constitucional, que puede incluir la revisión de la actuación del poder legislativo, la protección de los derechos fundamentales y la distribución de competencias entre los poderes constituidos.

El Tribunal Constitucional es el órgano que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad en el país. La regulación del Tribunal Constitucional tiene que estar prescrita en la Constitución de la República, determinando los principales lineamientos de funcionamiento, la independencia y sometimiento exclusivo del órgano jurisdiccional a la Constitución.

Competencias y decisiones

Ha de contener las competencias del Tribunal Constitucional de Cuba, las que deben ser descritas en su articulado y gran parte de su Ley orgánica, las mismas pueden sintetizarse en tres campos de acción:

  • Protección de derechos y garantías integrantes del bloque de constitucionalidad.
  • Control normativo de la constitucionalidad de los actos del Gobierno.
  • Control del ejercicio del poder estatal.

Las sentencias que emita el Tribunal Constitucional de Cuba no deben permitir recurso ulterior para su consideración, han de ser vinculantes en función a las reglas que la jurisprudencia constitucional Cubana desarrolle.

 

Delincuencia y drogadicción en la legislación penal cubana.

Lic. Andrea López

Quizá con un título excesivamente ambicioso, tendré por objeto exponer de forma sucinta, los problemas que a nivel práctico, plantea la ejecución de las sentencias en los toxicómanos y sus peculiares (o quizá no tan peculiares dada su frecuencia) condiciones.

Es ocioso resaltar la importancia, por su abundancia, de los delitos cometidos por adictos a sustancias ilícitas, que alcanzan su culmen en los perpetrados contra la propiedad, en los que el caso excepcional es que el hecho sea cometido por motivos diferentes que obtener medios para conseguir la droga.

Así las cosas, el problema principal es la conceptualización del adicto a estas sustancias. No creo que haya discrepancias en estimar que estas personas son enfermos, como tampoco debe haberla en el sentido que además de enfermos, son delincuentes. Y es precisamente en esta dicotomía de criminal y enfermo en la que se plantean los problemas sobre su tratamiento y que en nuestra legislación no se da margen para una aplicación hasta cierto punto adecuativa que permita a los operadores del derecho jugar con las circunstancias específicas de cada caso, ya que si como enfermo, la principal función de la pena debiera ser su recuperación, no es menos cierto que como delincuente habrá de ser castigado, siguiendo el principio de prevención general, y evitando una impunidad práctica que cause indefensión a la sociedad.

En este marco fluctuante es en el que se mueve el legislador, que, conocedor de estos aspectos, no parece decidirse sino por una política de gestos, que en la práctica resultan irrelevantes, tratando de primar el orden público sobre las necesidades del toxicómano. Y ello no debe de extrañar en una sociedad en la que, salvo excepciones, se camina cada vez más hacia un egocentrismo alejado de todo principio de solidaridad, y lo que interesa es la comodidad y seguridad personal, con olvido de los problemas que, en gran medida, la misma sociedad y el sistema han contribuido a crear y mantener, sin darse cuenta que esta misma postura, cada vez incrementará más la presente situación.

Ante la falta de vía legal expresa, ha sido la misma Jurisprudencia la que, interpretando las normas, ha creado una doctrina, hoy en día asentada, acerca del tratamiento y aplicación de medidas a los drogadictos delincuentes; doctrina que no resuelve los problemas existentes.

Por todo lo expuesto, la atención que se pretende llamar debe ir dirigida al examen de la legislación al respecto, continuando con la interpretación jurisprudencial de estas circunstancias, y finalmente una exposición de los problemas accesorios que se pueden plantear y cuya solución se hace cada vez más urgente.

 

Algo que va más allá del derecho

3Josue Rojas MarínLic. Josué Rojas Marín

Algunos arrendadores de playa Santa Lucía en la provincia10 de Camagüey, se encuentran confundidos ante una medida impuesta por los oficiales de Inmigración y Extranjería. Desde el año pasado les hicieron firmar un documento para obligarlos a hacerse responsables de los autos rentados por los turistas hospedados en sus casas, a pesar de que estos firman un contrato de arrendamiento con la agencia. Como es lógico, no existe nada en materia de derecho que imponga responder por un bien que no forma parte del hospedaje.

Deben además tener la puerta de su casa abierta de par en par, como se dice en el buen cubano, para no obstaculizar una inspección sorpresiva, abrogándose dichos inspectores el derecho de escribir o tachar el libro de registro de arrendamiento, pese a que no son ellos los responsables de controlar este documento, sino los inspectores de la Dirección Municipal de la Vivienda, así como se exige siempre una persona responsable para no dejar sola la vivienda, aun cuando no haya huéspedes.

Los arrendatarios sufren a menudo, inesperadas visitas de los agentes de la policía, quienes también escriben en el libros de registro, efectúan registros ilegales, ocupando sin estar inmersos en proceso alguno el mentado libro y devolviéndolo cuando ellos entienden.

Todo ello afecta la actividad de renta y por consiguiente sus ingresos económicos.

 

No llegamos o nos pasamos

Foto: Luz Escobar

Foto: Luz Escobar

Lic. Ernesto Caballero Pérez

Es el ponderado título que le he puesto a lo que la vigente resolución 283 de 2011 del extinto Instituto Nacional de la Vivienda establece.

El capítulo 4 sobre las suspensiones temporales establece en el artículo 14 que solo serán autorizados los arrendatarios que quieran hacer reparaciones en sus inmuebles entre tres y seis meses. Ante esta premisa propongo referirme a algunos aspectos que para mí son importantes.

Primeramente comentaré sobre aquellos casos que por la viabilidad de la reparación no tengan que llegar a tres meses. Esta imposición va más allá de la intención de proteger un interés estatal, porque, qué pasaría si mi reparación me llevara más de seis meses, tengo obligatoriamente que dejar mi renta y si era en pesos convertibles, volver a pagar la inscripción nada más y nada menos que por 100 cuc.

También se ataca el derecho que tiene esa persona de ampliarse. Deberá para consolidar sus propósitos, cancelar la inscripción de arrendamiento, iniciar los trámites para la ampliación, legalizar ésta y después volver a iniciar los tormentosos trámites ante las autoridades correspondientes.

De igual forma si se hace una modificación al objeto del arrendamiento o cambió de moneda el pago, no podrá, transcurrido doce meses realizar otro cambio y por supuesto depositar en las arcas del estado el efectivo transformado en sellos de timbre.

Por último y no menos importante comentaré que los arrendatarios no tienen derecho a vacaciones, son condenados a trabajar mientras tengan esta actividad y no se contemplan dentro de las posibilidades de suspensión temporal.

 

Sobre violaciones de la disciplina

 

82-Juan Alvarez del RioLic. Juan Álvarez del Río

El régimen disciplinario de los cuadros está previsto en los artículos del 46 al 58 del Decreto-Ley No.196 de 15 de octubre de 1999, modificados por el Decreto-Ley No. 251, Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y el Gobierno.

A continuación, analizaré algunos de ellos por los efectos que producen.

Ejemplo: inciso i) del artículo 46.

  • Incurrir en las incompatibilidades establecidas para el cargo.

  • Si el dirigente o funcionario reside en una casa en unión de otros familiares que reciben visitas de extranjeros o familiares procedentes de Estados Unidos, lo debe de informar de inmediato y no puede relacionarse con ellos pues será sancionado, tendrá que irse de la casa, o será cuestionado.

Inciso n) del artículo 46

  • Son responsables colaterales de las violaciones e infracciones que por razón de su cargo debió enfrentar, conocer o adoptar medidas para evitar que ocurrieran.

Han existido muchos casos de dirigentes y funcionarios que han conocido de un hecho, cuando su empresa ha sido auditada por especialistas en una materia y los controles debidamente establecidos por ley, habían sido violados sutilmente por los responsables y jefes inmediatos. ¿Por qué el Director debía conocerlo? Existen casos en que es el propio director el que ha solicitado la auditoría y, sin embargo, también es sancionado.

Inciso q)

No aplicar soluciones factibles o racionales a las situaciones que se presenten con motivo de haber establecido relaciones de parentesco con personas que le están subordinadas o que le son afines y que se encontraban laborando en la entidad antes de haber pasado a ejercer el cargo de dirección, cuyo ejercicio se encuentra sujeto a la acción de control o contrapartida de dicha persona.

Me pregunto por qué si una persona debidamente capacitada y que goza de prestigio puede ocupar un cargo de superior jerarquía que puede ser técnico, de funcionario o de dirigente, no pueda lograrlo por ser: la esposa, el hijo, o el sobrino del director de la empresa, es decir, deba de divorciarse; tendrá que cambiarse los apellidos, etc., etc.,

¿Quién o quienes lo propusieron para el cargo? ¿Quién lo aprobó? ¿Es que acaso desconocían las relaciones?

Saque usted sus propias conclusiones.

Alicia en el país de los experimentos

9

Foto: Luz Escobar

Yureisy CeballosLic. Yureisy Ceballos

A lo lejos se vislumbra el fin de la dualidad monetaria en Cuba, proceso muy complejo por la tenencia de  dos monedas domésticas, el CUP y el CUC, lo cual segmenta el mercado y compromete la medición exacta de los gastos.

 Para los políticos y los economistas esta medida propiciará una visión más objetiva del comportamiento de la economía nacional, en tanto se acercan los registros de la actividad económica a los hechos reales y se reduce lo que de subjetivo introduce la aplicación de una tasa de cambio que no refleja con exactitud la proporción real.

 Pero a Alicia, estudiante de Economía  de la Universidad de Camagüey, no le interesa la futura medida, sino sus gastos mínimos, en el rango de 20 a 25 pesos diarios, la mitad de su estipendio mensual.

Alicia  es la mayor de tres hermanos; en su casa la única entrada económica es el salario de su madre, Licenciada en Educación Primaria  y  la mantención de 80 pesos que pasa el padre sus dos hermanos.

La familia -cuenta  Alicia- se limita a los gastos necesarios  e imprescindibles, como los artículos de aseo personal y los comestibles, pues el cambio a CUC del salario de su madre no va más allá de los 20.00 pesos convertibles. Alicia admira a su madre y quiere ser tan profesional como ella, aunque no desea enfrentar los mismos problemas con la familia que ella forme. Sabe que la cuestión no esté en resolver la dualidad monetaria del país.

 Alicia quiere ser consiente de los esfuerzos y experimentos, que dice hacer el gobierno por mejorar la situación, pero las estadísticas presentadas por Adel Izquierdo, Ministro de Economía, en la Asamblea Nacional, demuestran  que no avanzamos. El país solo alcanzo  un crecimiento de un 2.7 % del PIB inferior al previsto (3,6%), se incumplieron los planes de la industria manufacturera, las construcciones y los ingresos en moneda libremente convertible, además para el 2014 se pronostica un descenso en los precios de algunos productos que Cuba exporta, como el azúcar y el níquel, mientras continúa aumentando el costo de los alimentos en el mercado mundial.

 Alicia ya no cree en el futuro, no quiere estar en un país que siempre vive un momento histórico,  no quiere experimentar la pérdida de ilusiones que nunca se cumplirán.

Canales de la información

.5

Yanelis Ramírez CruzLic. Yanelis Ramírez Cruz

La Constitución de la República establece en su artículo 63 que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinente y en plazo adecuado, conforme a la ley. Y en su artículo 10 establece que todos los órganos del estado, sus dirigentes, funcionarios, empleados, actúan dentro de los límites de su competencia y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la sociedad.

Métodos que no resuelven nada. Nos encontramos en un país que estos canales de información y de solución de problemas son una manera de tener a la población en jaque y al final el problema continúa. De esto podemos poner varios ejemplos, pero ejemplificaremos uno.

La Fiscalía General de la República tiene en cada provincia y cada municipio del país una sede que le permite resolver el problema de cada localidad.

Cuando una persona tiene algún problema, el cual luego de ser canalizado continúa sin resolverse, puede presentar la queja en la fiscalía de la localidad. Esta entidad está en la obligación de dar respuesta con términos establecidos por ley. Términos que por lo general incumplen o no responden.

Al encontrarse la persona en la situación de no tener respuesta, emite la queja a la Fiscalía General de la República, que también tiene términos establecidos para resolver. Y por lo general la respuesta de este órgano es remitir el problema para la fiscalía donde primero fue a reclamar la persona y jamás recibió respuesta.

Con este ejemplo, como con todos los organismos de control y aun el Consejo de Estado, que jamás responde a las quejas. Los ciudadanos nos encontramos  en total indefensión a la hora de resolver nuestros asuntos legales  y al final se quedan sin resolver, siendo por lo general la población más sencilla la más afectada.

La personalidad del delincuente

 

5.0.2Noel 2Lic. Noel Rodríguez Ávila

A la sociedad le corresponde ser el factor fundamental, bajo cuya influencia se desarrolla y forma la personalidad. Pero la sociedad, su tipo, sus normas, valores y conceptos morales, se expresan a través de medios más estrechos y cercanos al hombre. Ello significa que al estudiar la personalidad del delincuente se necesita tener en cuenta el carácter de las relaciones sociales en las que participa, y cuya influencia se forma por la acción de los roles sociales que desempeña en la práctica de su actividad diaria.

La personalidad del delincuente contiene un sistema determinado de propiedades psicológico-morales, vinculadas con sus propiedades sociales y derivadas relativamente de éstas.

La vida social se refleja en la conciencia del hombre, ya como miembro de pequeños grupos sociales. De éstos se asimilan paulatinamente ideas, costumbres y tradiciones que van conformando el mundo interno del individuo, lo cual conlleva a la formación de intereses, objetivos y fines que posteriormente se convierten en patrones de conducta.

Por lo tanto las tendencias antisociales en la personalidad del delincuente son consecuencia de la asimilación de opiniones y orientaciones análogas del medio social que lo rodea, trasmitidas en el marco de una relación directa con las demás personas en su actividad diaria.

El micro medio nocivo influye en el delincuente, conformando paulatinamente un sistema de motivos antisociales que una vez formados aparecen como rasgos propios e individuales, a través de los cuales expresa su posición ante la vida.

El grado de deformación en cada delincuente no es homogéneo. La cuota negativa es también individual, de ahí que es imprescindible investigar cuáles son las áreas de índices negativos del resto de los ciudadanos.

El tema asume progresiva importancia, constituyendo uno de los principales problemas teóricos en el campo de la ciencia criminológica, donde se establecen distintas clasificaciones para describir la estructura de la personalidad del delincuente.

Las particularidades de la edad permiten juzgar la conducta antisocial en los diferentes sujetos y la constitución por edades de cada categoría de delincuente; lo cual ayuda a aplicar el trabajo preventivo a los distintos grupos de edad de la población.

El nivel escolar de los delincuentes atestigua la relación entre la conducta antisocial y el bajo nivel de instrucción y desarrollo intelectual, aspecto que tiene influencia en la formación de intereses y necesidades, en la forma de ocupar el tiempo libre y la conducta social en general.

El engaño a los consumidores

2-juan-alvarez-del-rioLic. Juan Álvarez del Rio

En el Capítulo VIII “Infracción de las Normas de Protección de los Consumidores”, del Título V, “Delitos contra la Economía Nacional” preceptuados en la Ley No 62 del Código Penal en su artículo 227-C se establece que: El que cobre mercancías o servicios por encima del precio o tarifa aprobados por la autoridad u organismo competente, o del precio pactado por las partes es sancionado…. Este delito es cometido a diario en múltiples centros estatales.

Por todos es conocido que al adquirir y pagar el que vende diga: “No tengo cambio”. Y cuando el consumidor le reclama la respuesta es ya también conocida: “el menudo ya se nos acabó”. Y por la necesidad del producto las personas dejan el vuelto.  Entonces, el precio del producto más lo que deja, el consumidor paga un precio superior al establecido.

Esto sucede casi siempre en centros comerciales y de servicios donde se venden productos de alta demanda no solo en moneda nacional sino también en divisa.

De igual forma con los precios, ya las libras no tienen dieciséis (16) onzas y por ende el precio que paga el comprador es superior al precio establecido.

Si esto sucede cotidianamente, por qué no toman medidas las administraciones si conocen la causa y el efecto que producen en la población.

¿Es que las administraciones están involucradas en actos de corrupción?

¿Es que los trabajadores no devengan un salario que les garantice cubrir sus gastos?

¿Cuál es la causa de ese por qué?

Consideraciones sobre la sanción penal en la ley sustantiva cubana.

2 wintersixfourLic. Andrea López

Muchas han sido las discusiones en torno  a la pena y muchas las definiciones  ofrecidas por diferentes tratadistas. Pena es sinónimo de castigo, implica, en abstracto dolor, un sufrimiento. Puede decirse  que es el castigo impuesto por la autoridad competente al que ha cometido un delito o falta. Lo cierto es, que la retribución fue en sus inicios el único fin de la pena, pues la resocialización del delincuente no importaba a la justicia para quien lo único trascendente era el castigo, centrándose su finalidad en el resarcimiento a la víctima por la lesión causada al bien jurídico afectado.

Las penas privativas de libertad, especialmente la prisión, fueron adoptadas como solución al problema que representaba el mantenimiento de la pena capital y desde su instauración, su aplicación ha estado plagada de cuestionamientos siendo el más discutido el que concierne a su fin preventivo especial, al girar sobre el eje de si es la cárcel una institución de resocialización del recluso o no.

En la legislación penal cubana, se preceptúan diferentes alternativas a la privación de libertad. Estas son:

Ø      Trabajo Correccional con Internamiento (art.32)

Ø      Trabajo Correccional sin Internamiento (art. 33)

Ø      Limitación de Libertad (art. 34)

Ø      Multa (art. 35)

La opinión generalizada acerca de los efectos negativos de la prisión está muy influenciada por la aseveración histórica de que es imposible educar para la libertad sin ella. Sin embargo, aún a estas alturas del desarrollo de la humanidad se considera esta pena un “mal necesario” y de imposible desaparición por lo que los esfuerzos que se despliegan  están dirigidos a convertirla en una institución más digna y más justa, que permita al sancionado no transitar por ella como por el lugar de mero castigo o retribución sino como por un sitio de ayuda al mejoramiento humano y una oportunidad para el individuo que la sufre. La sociedad cubana no se ha mantenido al margen y ha aunado voluntades y esfuerzos para la mejor consecución de los fines de la sanción, instaurando mecanismos oficiales para contribuir de manera dinámica y objetiva a la inserción de quienes han extinguido una pena, en la vida social del país. Esto no significa que nos hayamos siquiera aproximado a tan humano fin pues la peliaguda situación de las prisiones en el mundo actual no es ajena a nuestra realidad y a nuestro sistema.  Prioricemos entonces en la medida de lo posible un cambio social y con él la prevención del delito dentro de nuestra sociedad. Invoquemos aquí el verdadero sentido de existencia del Derecho penal: punir después de prevenir, pues la realidad económica, política y social en la que nos desarrollamos a veces nos ata y no deja cavidad para darle a la ley penal sustantiva un sentido educativo, humanista pero sobre todo preventivo.