Expropiar: “Por qué y Para qué”

 

 

transporte privado

Noel 2Lic. Noel Rodríguez Avila.

El presente trabajo se circunscribe al proceso de Expropiación Forzosa seguido contra los propietarios de vehículos de motor dedicados al transporte de carga y de pasaje pertenecientes a personas naturales de las Provincias de Holguín y Las Tunas.

Previo a la iniciación de este proceso, se crearon Comisiones de Compraventa en ambas provincias dirigidas por los extintos sectoriales de Transporte, los que a su vez cumplían expresas instrucciones del Ministerio del Transporte en el sentido de inspeccionar los referidos vehículos teniendo en cuenta presuntas ilegalidades cometidas por sus propietarios referentes a partes, piezas, accesorios o agregados de los motores; una vez inspeccionados los vehículos se relacionaban las deficiencias detectadas, las que se hacían constar mediante acta, posteriormente se le extendía un documento pre elaborado donde se le imponía la violación cometida; y al final se le conminaba a vender su vehículo por la irrisoria suma, según su tonelaje de $ 1800.00 o $ 2500.00 MN.

Dicho acto jurídico se amparaba en un ambiguo, viciado y leonino Contrato de Compraventa, al amparo legal de la Resolución No. 118-88, de fecha 8 de junio de 1988, emitida por el Ministro del Transporte, la Ley 1090 de fecha 1ro de febrero de 1963, cumplimentada por la Ley 1148 de 17 de febrero de 1964 y la ley 1206 de fecha 7 de junio de 1967, las que autorizaban a los organismos de la administración central del Estado la adquisición de los activos requeridos para el desenvolvimiento de sus actividades. Es de señalar que en el acto de compraventa se obvió el consentimiento de las esposas de los propietarios de dichos vehículos, trayendo consigo que al presentarse demandas antes la sala de lo civil y administrativo de los tribunales provinciales, se declarara mediante sentencia la nulidad de dicho acto jurídico.

Ahora bien en los casos que el propietario del vehículo se negaba a realizar la venta, se le iniciaba Procesos de Expropiación Forzosa, Proceso que está instituido en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, pues así lo prevé tanto la constitución de la república en su artículo 25, como los artículos 425 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; siendo requisito esencial la declaración de utilidad pública e interés social del bien a expropiar.

El presente caso resulta totalmente contradictorio, pues aunque el Ministro del Transporte emitió las resoluciones No. 40 y 85 de 1989, mediante las que se declaraba la utilidad pública e interés social la adquisición de dichos vehículos para la Empresa de Camiones de Holguín, con posterioridad quedó evidentemente demostrado que el fin de tales procesos de Expropiación Forzosa no era otro que el de desaparecer el sector privado.

Para argumentar tal afirmación nos hemos remitido a un Dictamen Legal emitido por la dirección jurídica del Ministerio del Transporte, en virtud a quejas presentadas por transportistas de la Provincia de Holguín, ante el Consejo de Estado de la República, el que entre otras cosas fundamenta lo siguiente:

Las Expropiaciones Forzosa de los vehículos de Transporte de Carga, iniciado contra los propietarios de los mismos, tiene sus antecedentes en el año 1989, cuando por ordenes de la alta dirección del país se propuso lo que denominaron “La Política de endurecimiento al sector Privado con vista a su paulatina desaparición”, disposición recogida en el acuerdo No. 1507 del Secretariado del Comité Central del PCC.

A modo de conclusión hacemos las siguientes observaciones:

 El Sector de Porteadores Privados antes de realizarse los Procesos de Expropiación Forzosa se encontraba agrupado en la extinta Operadora de fletes, desde donde prestaban sus servicios de transportación, tanto a personas naturales y jurídicas, como a organismos de la administración central del estado.

 El estado, amparado en supuestas violaciones de orden técnico, realizó compraventa forzosa de camiones mediante un viciado y amañado Contrato de Compraventa y en total ausencia de voluntad, dando lugar a que se declarara la nulidad de dichos actos, por ser contrarios a la ley.

 El Estado enmascaró el verdadero fin de sus intenciones al amparo de una falsa declaración de utilidad pública e interés social, cuando su interés real era desaparecer el sector privado.

 Ha quedado demostrado que ese sector sí representa una verdadera utilidad pública e interés social para el pueblo y el Estado, pues este último ha tenido que recurrir a los porteadores privados para resolver la aquejante situación de transportación, tanto de pasajeros como de carga, en todo el territorio nacional.

Vale responder a la interrogante que da título a este trabajo: Expropiar Por qué y Para qué.

Una segunda ronda.

Yanelis Ramírez CruzLic. Yanelis Ramírez Cruz.constitucion-cubana

La Constitución de la República en su artículo 45 establece que el trabajo es un deber para cada ciudadano.

Vuelve a estar de moda la disponibilidad de los trabajadores.

Por la reorganización que se está haciendo en el país, se ha producido otro corte de relaciones laborales, donde los trabajadores quedan disponibles y sin trabajo, destinados a realizar trabajos por cuenta propia o sin alternativa alguna ya que todos no cuentan con oficios o capital para poder formar su negocio.

Esta reorganización, según el gobierno, se debe a la falta de materia prima para la producción de nuestras fábricas, y como no cuentan con utilidades tienen que sacar a los trabajadores para según ellos que el salario alcance para los que quedan.

Nos encontramos en la encrucijada de no contar con trabajo estatal que permita satisfacer las necesidades sociales y económicas con que cuenta cada familia, pero tampoco contamos con habilidades ni presupuesto para comenzar pequeñas empresas. Además a todo esto tenemos que sumar los impuestos, que para la mayoría de los negocios, que son pequeños las utilidades son cada vez menores.

Los cubanos ven alejarse la posibilidad de ponerse a la par con el mundo en cuanto a capacidad y desarrollo para poder satisfacer las necesidades fundamentales de subsistencia como son alimentación, vivienda, y trabajo.

La Pena de Muerte

 

La Pena de Muerte. Grabado de época

La Pena de Muerte. Grabado de época

2-juan-alvarez-del-rioLic. Juan Álvarez del Río

La Pena de Muerte fue una de las primeras sanciones que se aplicó, evolucionando la forma de ejecución con el desarrollo de la sociedad y los intereses de los estados y los gobiernos.

En muchos estados la pena de muerte está acompañada de sufrimiento al encausado por los métodos de su aplicación, teniendo regulaciones expresas para ello.

La Iglesia la aceptaba, Santo Tomás de Aquino la consideraba necesaria para la “Salud Social”. Ya a finales del siglo XVIII, en que se publica el Tratado de los Delitos y las Penasde Cesar Bonesana, Marqués de Bocoria, se inicia la lucha contra la tortura antes de la pena de muerte, incluso pidiendo que se sustituyera por privación de libertad de larga duración.

En la actualidad la pena de muerte prevalece en un gran número de Estados:

  • Como fuerza intimidadora.
  • Defensa de la sociedad contra delincuentes comunes y políticos.
  • Protección a los intereses fundamentales de los Estados.

Muchos países dilatan en trámites burocráticos su aplicación, incluso años, entonces se pierde la fuerza intimidadora que se perseguía y le produce un daño psicológico al condenado.

En siglos pasados la aplicación de las pena de muerte era pública, convirtiéndose en espectáculos muy desagradables. El ambiente de brutalidad, acompañado de bebidas alcohólicas, les hacía perder el miedo a la muerte.

Otros se pronuncian en contra de la aplicación rápida de la ejecución de la sentencia, por la irreparabilidad en el caso de que exista un error judicial.

Los métodos de ejecución de la pena de muerte han variado con el decursar del tiempo y por la sociedad.

En Roma se utilizaba crucifixión, hoguera, precipitación de alturas, decapitación, estrangulamiento, hambre, ahorcamiento de los árboles y ahogados en zonas pantanosas (para los traidores y desertores).

En la Edad Media ahorcados, picota, inmersión dentro de un saco (solo para mujeres), entierro en vida, y en la hoguera (actos de Brujería y Pederastía).

Estas ejecuciones eran verdaderos actos de barbarie, ya que eran antecedidos de tortura como azotes, colgar del potro o mutilaciones.

En la actualidad cada país tiene su método para aplicar la pena de muerte: horca, guillotina, cámara de gas, electrocución, garrote, fusilamiento.

En Cuba se aplicó el Código Español, el que recogía 15 figuras delictivas para la aplicación de la pena de muerte. El Código de Defensa Social de 1938 la estableció para la piratería, asesinato, el parricidio, el estrago y el latrocinio. Sin embargo la Constitución Cubana de 1940 en su artículo 25 reguló que solo se podía aplicar a los militares y personas naturales por la traición y espionaje; y el 20 de Febrero de 1959 el Gobierno Revolucionario modificó y amplió su aplicación a los militares, a grupos paramilitares y a los confidentes, las actividades contrarrevolucionarias con asesinatos y sabotajes. Posteriormente se sumaron los delitos de Robo y Hurto donde se utilizaran menores de edad o simulando ser autoridades y se dispuso que fuera por fusilamiento en fortaleza militar y sin publicidad.

En el actual Código Penal, Ley No 62 de 1987, su artículo 29 preceptúa que es de carácter opcional, que no puede imponerse a menores de 20 años ni a mujeres que cometan el delito embarazadas o lo estén al dictarse la sentencia, y se ejecuta por fusilamiento, estando en estos momentos en moratoria.

 

La democracia también se ejercita

democracia

1Alexis Piloto CabreroAlexis Piloto Cabrero

Hace pocos días un viejo amigo me preguntó de manera sarcástica, qué pensaba sobre la democracia y si esta se podía ejercitar constantemente. Le conteste que identificar constantemente las diferencias es un ejercicio necesario e imprescindible en la democracia; que aunque haya polémica sobre un tema, no da el derecho a nadie de encontrarnos diferentes y mucho menos de separarnos de la sociedad, por el solo hecho de considerar que la crítica es útil para la acción conjunta, sin temer que otras consideraciones develen una notable diferencia ideológica. Con este preámbulo, le pregunté si era capaz de decirme dónde se recogía este derecho de cada ciudadano a expresar sus criterios, respondió fruñendo el ceño, entonces le expliqué que aunque pareciera contradictorio, el artículo 55 de la Constitución, define bien claro la libertad de conciencia, que no se asombrara de algo que hasta el momento no conocía y que lamentablemente muchas personas tampoco conocen. Al ver que nada le quedaba por decir, entre otras tantas cosas, concluí diciéndole que solo se construye un verdadero dialogo cuando se practica una democracia al límite exacto de lo que la ley dispone.

Necesidad del tribunal constitucional (I)

 

derechosMsC Dayanara Vega

Un Tribunal o Corte Constitucional es el órgano que tiene a su cargo hacer efectiva la primacía de la Constitución. Tiene la atribución de revisar la adecuación de las leyes, y procesos referentes a la constitución y eventualmente de los proyectos de ley y los decretos del poder ejecutivo, realizando un examen de constitucionalidad de tales actos.

De acuerdo al modelo kelseniano, el Tribunal Constitucional actúa como un legislador negativo, pues carece de la facultad de crear leyes pero, en el caso de que entienda que una de las promulgadas vulnera lo dispuesto en la Constitución, tiene poder para expulsarla del ordenamiento jurídico, declarando su inconstitucionalidad.

Teorías más recientes, sostienen que la tarea del Tribunal Constitucional es ejercer una función jurisdiccional, resolviendo conflictos de carácter constitucional, que puede incluir la revisión de la actuación del poder legislativo, la protección de los derechos fundamentales y la distribución de competencias entre los poderes constituidos.

El Tribunal Constitucional es el órgano que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad en el país. La regulación del Tribunal Constitucional tiene que estar prescrita en la Constitución de la República, determinando los principales lineamientos de funcionamiento, la independencia y sometimiento exclusivo del órgano jurisdiccional a la Constitución.

Competencias y decisiones

Ha de contener las competencias del Tribunal Constitucional de Cuba, las que deben ser descritas en su articulado y gran parte de su Ley orgánica, las mismas pueden sintetizarse en tres campos de acción:

  • Protección de derechos y garantías integrantes del bloque de constitucionalidad.
  • Control normativo de la constitucionalidad de los actos del Gobierno.
  • Control del ejercicio del poder estatal.

Las sentencias que emita el Tribunal Constitucional de Cuba no deben permitir recurso ulterior para su consideración, han de ser vinculantes en función a las reglas que la jurisprudencia constitucional Cubana desarrolle.

 

Hablo en nombre propio

1 Eliocer CutiñoEliocer Cutiño Rodríguezmicro

Es feo en ocasiones hablar por sí mismo, pero cuando la ignorancia y la injusticia te obligan a ponerte de ejemplo para demostrar que tu caso es una arbitrariedad de las instituciones del Estado, no desluce a quien las esgrime sino a quienes callan por no tener valor. Hace nueve años aproximadamente me fue entregado un apartamento en el Municipio de Nuevitas, provincia de Camagüey, el mismo tenía una terraza construida de manera ilegal por sus antiguos propietarios, los cuales habían pagado la multa correspondiente. Desde que comenzó la demolición de este tipo de construcción no me había visitado ningún Inspector del sistema de la vivienda, hasta hace unos días que dos de ellos perteneciente a la Dirección Municipal de Planificación Física, me indicaron una orden de demolición y me apercibieron de un delito de desobediencia en caso de no hacerlo. Comencé un proceso de reclamación ante esta dirección, por las reiteradas violaciones que en el orden de legalidad han infringido. Les expliqué que el artículo 11 inciso c) del Decreto Ley 272 que me aplican, habla por sí solo, al decir que cometen estas contravenciones los que EJECUTEN CONSTRUCCIONES, y yo, pasé a residir a este inmueble con estas características. Ahora me encuentro en una segunda cruzada de reclamaciones donde les he explicado detalladamente este articulado y poniendo a la Fiscalía de por medio para que ejerza las facultades que la Constitución y demás leyes le permiten ante la multa de 500 CUP que me han impuesto, más que un salario medio en este país, además del empecinamiento de iniciar un proceso penal en mi contra por el delito de desobediencia.

En dos ocasiones apelé la decisión de la dirección de la vivienda y esta ratificaba la multa, que era a las claras, improcedente e ilegal.

Ingenuamente esperaba una decisión justa y que me reembolsaran la multa, todo bajo la tutela de la fiscalía. La decepción no tardó en llegar, presente mi reclamación a tenor de la propia ley de la fiscalía que establece el término de treinta días hábiles para darme respuesta, que se cumplieron el 20 de diciembre, pero sigo sin pronunciamiento, incluso de la propia dirección de planificación que me comunicó por escrito que hasta que la fiscalía no investigara no podían darme respuesta, como si el decreto ley 272 o cualquier otra norma le diera consentimiento para dilatar el curso de proceso.

Cifrar esperanza en una institución que por mandato constitucional está obligada a velar por la legalidad del país y no cumple con su cometido, es otras de las razones que me lleva a pensar que el proceso de institucionalización debe comenzar por el apego a la ley.

Delincuencia y drogadicción en la legislación penal cubana.

Lic. Andrea López

Quizá con un título excesivamente ambicioso, tendré por objeto exponer de forma sucinta, los problemas que a nivel práctico, plantea la ejecución de las sentencias en los toxicómanos y sus peculiares (o quizá no tan peculiares dada su frecuencia) condiciones.

Es ocioso resaltar la importancia, por su abundancia, de los delitos cometidos por adictos a sustancias ilícitas, que alcanzan su culmen en los perpetrados contra la propiedad, en los que el caso excepcional es que el hecho sea cometido por motivos diferentes que obtener medios para conseguir la droga.

Así las cosas, el problema principal es la conceptualización del adicto a estas sustancias. No creo que haya discrepancias en estimar que estas personas son enfermos, como tampoco debe haberla en el sentido que además de enfermos, son delincuentes. Y es precisamente en esta dicotomía de criminal y enfermo en la que se plantean los problemas sobre su tratamiento y que en nuestra legislación no se da margen para una aplicación hasta cierto punto adecuativa que permita a los operadores del derecho jugar con las circunstancias específicas de cada caso, ya que si como enfermo, la principal función de la pena debiera ser su recuperación, no es menos cierto que como delincuente habrá de ser castigado, siguiendo el principio de prevención general, y evitando una impunidad práctica que cause indefensión a la sociedad.

En este marco fluctuante es en el que se mueve el legislador, que, conocedor de estos aspectos, no parece decidirse sino por una política de gestos, que en la práctica resultan irrelevantes, tratando de primar el orden público sobre las necesidades del toxicómano. Y ello no debe de extrañar en una sociedad en la que, salvo excepciones, se camina cada vez más hacia un egocentrismo alejado de todo principio de solidaridad, y lo que interesa es la comodidad y seguridad personal, con olvido de los problemas que, en gran medida, la misma sociedad y el sistema han contribuido a crear y mantener, sin darse cuenta que esta misma postura, cada vez incrementará más la presente situación.

Ante la falta de vía legal expresa, ha sido la misma Jurisprudencia la que, interpretando las normas, ha creado una doctrina, hoy en día asentada, acerca del tratamiento y aplicación de medidas a los drogadictos delincuentes; doctrina que no resuelve los problemas existentes.

Por todo lo expuesto, la atención que se pretende llamar debe ir dirigida al examen de la legislación al respecto, continuando con la interpretación jurisprudencial de estas circunstancias, y finalmente una exposición de los problemas accesorios que se pueden plantear y cuya solución se hace cada vez más urgente.

 

Continúa la violación de domicilios.

DAYALic. Dayami Pestano Lazo
La Constitución de la República establece en su artículo 56 que el domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos en la ley.
Continúa la Policía y el DTI, utilizando el registro en vivienda habitada sin los procedimientos establecidos en la ley, se personan en el lugar con el modelo en blanco sin estar firmado por la autoridad competente que es el fiscal y lo llenan allí.
Lo segundo es que no violan un domicilio sino tres. Porque penetran en las viviendas aledañas de la que tienen como objetivo.
¿Y qué pueden hacer los ciudadanos? nada, todo queda en casa, nadie actúa, no solamente por desconocimiento, ni por saber que lo que hacen es improcedente, sino porque estarían actuando en contra de la autoridad, y podían tener entonces más problemas por desacato a la autoridad.
¿Quién puede parar este tipo de problemas?, nadie, todo el mundo se encuentra de brazos cruzados, al contrario de esto, dieron más potestad para que todo lo que se decomisa sea utilizado para bien social, y esta es una forma más de robar. ¿No se dice en el derecho que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario?, ¿Dónde está, entonces, la justicia?

Solo una cuenta

platanos3Josue Rojas MarínJosué Rojas Marín
Vivo en una comunidad con más de sesenta edificios. Detrás de estos, como es el caso de mi vivienda, muchos vecinos comenzaron a sembrar a solicitud del propio gobierno algún frutal o matas de plátano. Cuando comenzó el maratón de demoler todo aquello, me propuse hacer un aproximado de las pérdidas económicas que indiscriminadamente se hacían por personas que vinieron de otras localidades a destruir lo que con tanta pasión se había cosechado por más de una década.
Para que se tenga una idea, existían unas 300 matas de plátanos que al momento de su demolición fueron arrancados uno 50 racimos nuevos y otros 130 fueron cortados y tirados en una esquina del edificio, de los que aún permanece su rastro desde julio del 2012. En ese tramo se recogían 50 0 60 racimos mensuales, lo que significa al año un aproximado de 660, cerca de 16500 libras que se aportaban al consumo urbano y que representan unos 9900 pesos que ahora tendrá que devengar el bolsillo de esos ciudadanos a quienes nadie vendrá a suplir sus necesidades.
Lo que más indigna es que en visita del director de Planificación Física a la localidad y al hacerle esta apreciación me contó que no importaba, que muchos vecinos referían que ahora había más aire; le riposté que con aire la gente no vivía, pero que con comida sí. Calló y no tuvo otra cosa que marcharse del lugar.

Qué persiguen…

santa lucíaYureisy CeballosLic. Yureisy Ceballos
Como forma de trabajo por cuenta propia, en Cuba existe el arrendamiento de espacios habitaciones, o vivienda, regulado mediante el Decreto 171 además de otras disposiciones para este tipo de actividad. Pero al unísono del maratón de inspectores, ministerios y políticas gubernamentales para controlar más a estos trabajadores, se encuentran los funcionarios de inmigración y extranjería, quienes en el polo turístico de la Playa Santa Lucía, al norte de Camagüey, fuera de los límites de su competencia y de los principios que regula el derecho, se han dado la tarea de informarle a los arrendadores que deben mantener la puerta principal de su vivienda abierta, para que cuando de manera sorpresiva ellos decidan efectuar una inspección, tengan fácil acceso. También les han comunicado que son los responsables de los autos en los que se mueven los turistas y los han obligado firmar un acta con todas estas condiciones.
Los miembros de este cuerpo de oficiales han olvidado los derechos que tienen reconocido los ciudadanos en la Constitución de la República, sobre la inviolabilidad del domicilio y la disposición sobre los bienes de propiedad individual. Es así como operan desafortunadamente los que consideran tener todas las prerrogativas para someter a quienes realizan una actividad que le aporta a las arcas del Estado grandes sumas de dinero.