Presunciones sin razones

YureisyYureisy CeballosLic. Yureisy Ceballos

Hace unos meses está produciéndose un suceso inédito. Por considerar que se está dando un tratamiento incorrecto, lo traigo a colación.

Se trata del proceso que está llevando a cabo la ONAT en varias provincias y específicamente en Camagüey, con la aplicación de la resolución impositiva sobre el llamado régimen de presunción indirecta, regulado en el decreto ley no.308, capítulo 5 de la ley tributaria, sección primera, estableciendo cuantiosas cifras de dinero por la presunción de engaño al fisco, a través de la aplicación de multas y de subdeclaraciones realizadas a los trabajadores por cuenta propia.

Este análisis no debe sustentarse en un simple razonamiento aritmético o estadístico de comparación de resultados entre un año y otro, máxime si la inmensa mayoría de los afectados no recibió visita de los funcionarios de la referida oficina, que haya podido demostrar al supuesto infractor que estuviera evadiendo el pago al fisco o que no declarasen los ingresos reales.

Sí debieron tenerse en cuenta a la hora de la aplicación de la referida norma, otros elementos que pudieran demostrar (o no) los ingresos obtenidos y los aportes del año de referencia, así como otros aspectos del lugar donde se desarrolle la actividad como son las condiciones, los antecedentes, el impacto económico, etc.

Resulta cuestionable el recurso, pues se interpone ante la propia oficina de la ONAT y lo debe resolver la misma que firma la resolución que impone el pago de esa cuantiosa suma. Lo peor de todo, es que al preguntarle a los perjudicados qué esperanza tienen sobre el resultado de una apelación, refieren que ya conocen por los propios trabajadores de la citada oficina, que han recibido indicaciones de mantener estas subdeclaraciones pese a los documentos que aporten los recurrentes.

La detención y el hábeas corpus

DAYANARAMs.Cs.Dayanara Vega

El hábeas corpus es una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias. Se basa en la obligación de presentar a todo detenido en un plazo perentorio ante el juez, que podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto.

Tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos.

El hábeas corpus, en el derecho comparado, tutela dos derechos fundamentales, la libertad individual relativa a su libertad de movimiento, y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido tiene como objeto el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza de dichos derechos, por lo cual tiene un carácter sumario (urgente) y potencialmente eventual, en tanto se autoriza desde que aparece posible una violación eventual a estos derechos para evitar que la violación se torne en irreparable. De tornarse irreparable, la acción de garantía pierde su objeto.

La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad competente, salvo en caso de un delito flagrante. La detención se caracteriza por existir privación de libertad.

Su finalidad se refiere a la puesta a disposición de una persona ante el juez competente. Esto puede ocurrir por haber cometido un delito (o ser sospechoso de ello), quebrantado su condena, fugarse estando detenido o en prisión preventiva, o porque de otra manera su comparecencia judicial se pudiere ver demorada o dificultada. Habitualmente existen límites y requisitos legales, como plazos y formas, que es necesario cumplir.

La diferencia entre la detención y el secuestro está en el sujeto que realiza la privación de la libertad. En el caso de la detención, la realiza una autoridad o un particular en el ejercicio de sus competencias.

La detención es por definición una situación temporal. Debe desembocar finalmente en la puesta a disposición de la persona detenida ante el juez, o bien en la puesta en libertad pasado el plazo máximo de detención autorizado por la ley.

El motivo de dicha temporalidad es que la detención se realiza normalmente en una fase en la que no existe todavía una decisión judicial que permita la privación de la libertad (ya sea a través de la prisión preventiva o, mediante la condena a una pena privativa de libertad).

Al no haber decisión judicial, no ha habido tampoco posibilidad de que el detenido ejerza su derecho a la defensa. Si la situación de detención se prolongase indefinidamente, se conculcan derechos fundamentales sin que exista control judicial (como ocurre en estados no democráticos, o en situaciones de guerra o de vacío legal).

  • Detención ilegal es aquella realizada sin cumplir los requisitos que legalmente se establezcan. Supone un abuso de autoridad, y en los estados de derecho existen medidas para defenderse.
  • Al procedimiento para solicitar la interrupción de una detención ilegal se le denomina habeas corpus.
  • Requisito indispensable de la detención ilegal, que el agente ha de obrar con dolo, es decir, saber que está cometiéndola y aun así realizarla.

De la contaminación de las aguas

juanjuan-alvarez-del-rioLic. Juan Álvarez del Rio.

La Ley No. 62 de 1987, “Código Penal” cubano tiene diversas figuras delictivas enmarcadas en los Delitos Económicos o Delitos contra la Economía Nacional, entre ellas está la Contaminación de las Aguas.

Sancionable con multas o prisión de libertad o ambos al que:

  • Arroje objetos y sustancias nocivas en ríos, arroyos, pozos, lagunas, canales o en lugares destinados a abrevar el ganado o las aves poniendo en peligro su salud o su vida.
  • Arroje objetos o sustancias nocivas en aguas pesqueras o en criaderos de especies acuáticas.

Si como consecuencia de estas acciones se produce un daño se constituiría una figura agravada y por ende una sanción mayor a los infractores. Es decir, una acción que produce peligro al verter, derramar o descargar sustancias perjudiciales y otra acción, cuando se produce un daño, también este delito se puede cometer por Imprudencia o con Intención.

También es sancionable el que, derrame o descargue sustancias perjudiciales en las aguas territoriales o en zonas económicas marítimas de la República.

Vemos con frecuencia en los medios de difusión reportajes sobre objetos y sustancias que se vierten o se arrojan por la población en disímiles lugares, y esto no solo afea, sino que pudieran provocar enfermedades con peligro para la vida.

 

¿Protección de la propiedad personal?

 

DayamiDAYALic. Dayamí Pestano Lazo

La Constitución de la República en su artículo 21 refrenda la propiedad personal sobre la vivienda siempre que se posea con justo título de dominio, es apreciable en este artículo la palabra dominio pues el dominio encierra el más completo conjunto de derechos que se pueda tener sobre una cosa.

Luego viene la Ley General de la Vivienda en su artículo 64 a establecer que los propietarios de las viviendas determinarán libremente quiénes convivirán con ellos y están facultados para dar por terminada la convivencia de cualquier persona, para lo que no requieren declaración administrativa ni judicial, siempre y cuando no sean de los especialmente protegidos por la ley: ascendientes y descendientes del propietario; madre de uno o más hijos con el propietario siempre que ella tenga la guarda y cuidado de los hijos y no tuviere otro lugar de residencia; madre con uno o más hijos menores con más de tres años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia; ancianos con más de tres años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia; cualquier otro caso que a juicio de la autoridad competente constituya una manifiesta injusticia o un acto inhumano.

El propio artículo en el tercer párrafo deja la vía administrativa para lograr ese deseo del propietario si el conviviente pretendiera permanecer en la vivienda contra la voluntad de su propietario, a través del llamado proceso de Cese de Convivencia. La Dirección Municipal de la Vivienda interviene, a solicitud del propietario y dicta resolución, si procediere, conminando al conviviente a abandonar la vivienda en un plazo determinado.

Llama la atención como un acto antagónico por naturaleza sea llevado por la vía administrativa sin que ningún tribunal intervenga. Como coerción, la Administración resuelve que, si transcurrido dicho plazo sin que el conviviente abandone la vivienda, comunicará a las entidades de donde reciben sus ingresos todos los integrantes del núcleo del conviviente, la obligación de reconocer un descuento mensual, por concepto de uso no autorizado del inmueble, ascendente al treinta por ciento (30%) de cada ingreso. De mantenerse esa situación por tres meses, las retenciones se elevarán al cincuenta por ciento (50%) mientras dure la ocupación de la vivienda.

No hay que analizar mucho para darse cuenta que el conviviente no deseado se ríe de esa medida y hasta le resulta conveniente pues estaría prácticamente en un arrendamiento económico, porque como ya es conocido, con la situación crítica de la vivienda en Cuba, que alguien tenga que pagar la mitad de un salario, que de hecho es nada, por tener un lugar donde vivir, es una ventaja muy lejana del objetivo de la norma de beneficiar al sujeto de derecho.

Imagínese entonces qué odisea burocrático-jurídica-administrativa atraviesa el propietario en estos casos. Para poder ser “extraída” la persona indeseada tiene que tener clara conducta antisocial sin vínculo laboral.

 

La Obligación y la práctica contractual en Cuba

andreaLic. Andrea López

La obligación en Derecho, es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora cumplir con una prestación objeto de la obligación. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos posibles, lícitos y dentro del comercio. Los sujetos obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar determinados o ser determinables. Doctrinalmente hablando, cuestiones como esta resultan sencillas de delimitar lo que no ocurre de la misma forma en la práctica jurídica y en el tráfico comercial de nuestro sistema, pues el efecto principal de una obligación ha de ser colocar al deudor en la necesidad de cumplir con la prestación debida y en otorgar al acreedor los medios legales para procurar que el deudor lo haga.

Cabe valorar una serie de cuestiones en las que nuestras empresas no son el mejor ejemplo, si se tiene en cuenta que la economía, la estructura contractual y el tráfico jurídico-comercial cubano está basado en las deudas constantes y perpetuas entre empresas, cuyos mecanismos para hacer cumplir las obligaciones contractuales preceptuadas son deficientes o nulos; téngase en cuenta además la notable diferencia entre los términos DEUDA y RESPONSABILIDAD. La primera constituye la prestación del deudor hacia el acreedor para cumplir el compromiso y la responsabilidad. Es la consecuencia jurídica, que debiera consistir en el sometimiento del deudor al poder coactivo del acreedor para que éste pueda procurarse, el cumplimiento de la obligación o la reparación por el incumplimiento. Son cada vez más frecuentes las inconformidades y los pocos medios con que cuenta la economía cubana para hacer efectiva y respetada la responsabilidad contractual. En unas ocasiones la propia ley es omisa y en otras se puede hablar de la irrentabilidad y la poca flexibilidad comercial de nuestras empresas. Es una necesidad económica para nuestra economía valorar estas cuestiones; punto de inicio para una economía de desarrollo.

 

Ley de Policía

 

vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Los órganos estatales y del gobierno, cada uno en lo que les corresponda, entre ellos la Policía, la Contraloría General de la República, la Fiscalía y los Tribunales deben contribuir a este empeño, siendo los primeros en dar ejemplo de apego irrestricto a la Ley; reforzando así su autoridad y asegurando el apoyo de la población…

Estas palabras corresponden a un fragmento de la comparecencia del General de Ejército Raúl Castro en la Primera Sesión Ordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de las Convenciones, el 7 de julio de 2013.

Pero, ¿qué ocurre cuando ese apego irrestricto a la Ley no ocurre porque en ocasiones esas entidades estatales no actúan de ese modo o cuando la propia ley no existe?

Paso a explicarme.

En la Asociación Jurídica Cubana, nos hemos detenido muchas veces en la consideración de que no debe ser la Fiscalía (a la que se adjudica la responsabilidad de mantener la legalidad socialista) la que garantice los derechos ciudadanos por la sencilla razón de que ella no es independiente de los poderes del Estado, sino que los representa y vela por ellos.

En el mundo moderno no se acepta el doble papel de juez y parte en un proceso penal. Y ese es el caso de la Fiscalía.

Tampoco existe un Tribunal de Garantías Constitucionales como una vez existió en nuestro país, y los ciudadanos no tienen a su disposición una entidad con poder suficiente, que pueda reconocer sus derechos básicos y fundamentales ante instituciones estatales que los desconocen.

Pero hay algo más que tampoco existe en Cuba y que debo solamente esbozar ahora, por razones de espacio, pero sobre lo que volveré próximamente: Se trata de una…Ley de Policía.

 

 

La carta (II)

4-calixtoLic. Amado Calixto Gammalame.

En un trabajo anterior referíamos la impronta causada en los ciudadanos que poseen cartas de autorización para adquirir automóviles, y la afectación recibida por las nuevas regulaciones promulgadas.

El Decreto No.320 de 18 de diciembre de 2013, que según su DISPOSICION SEPTIMA entró en vigor a partir del 3 de enero de 2014, le limito la vida al recién promulgado Decreto 292 de 20 de septiembre de 2011 que establecía las “Regulaciones para la trasmisión de la propiedad de vehículos de motor”.

Este decreto 320 en su Artículo 6. 1 titulado, DE LA COMPRAVENTA DE VEHICULOS DE MOTOR EN ENTIDADES COMERCIALIZADORAS, expresa textualmente.

“Las personas naturales cubanas residentes en el territorio nacional, extranjeras residentes permanentes, temporales y de inmobiliaria, las personas jurídicas cubanas y extranjeras, las misiones diplomáticas, oficinas consulares y los organismos internacionales acreditados en Cuba, así como su personal, pueden adquirir en las entidades comercializadoras, ciclomotores de combustión interna, motocicletas, autos, autos rurales, paneles, camionetas y microbuses”.

De hecho dejó sin efecto la supuesta autorización que le daba la carta al selecto grupo de ciudadanos para la compra de automóviles.

Dentro del grupo de personas afectadas se encuentran médicos y otros trabajadores de la salud, marinos, trabajadores de la cultura, del servicio diplomático, del deporte y deportistas, entre otros.

¿Cuál es la afectación en concreto? Los precios para los vehículos de uso puestos a la venta, no tienen absolutamente nada que ver con la cantidad depositada en el banco, por ser estos en extremo elevados, y en el caso de los vehículos nuevos, los precios son inalcanzables.

Se espera un análisis y reacción por parte de los funcionarios estatales que tienen que ver con el asunto, luego de la paupérrima cifra de carros vendidos en el semestre, pudieran tomar una decisión correcta al respecto.

 

Presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico cubano

justicia fragmentoLic. Andrea López
Muchos son los textos y documentos dedicados al estudio de la presunción de inocencia del acusado como principio y derecho del ordenamiento penal. La consideración de que todo acusado es inocente hasta tanto se determine lo contrario mediante fallo condenatorio por parte del tribunal competente es lo que constituye el concepto de presunción de inocencia.
En nuestra actuación judicial, muchas acciones en el proceso penal invaden el contenido de este principio, pues la polémica en torno a la presunción de inocencia se deriva de limitaciones, tanto en el contenido de la norma, como en el actuar de los sujetos intervinientes en el proceso, si con su comportamiento limitan derechos y garantías de los procesados; así pretender que el acusado confiese a toda costa en cualquier fase del proceso, ratifique su culpabilidad en el acto del juicio oral, aunque lo hubiera aceptado en la fase investigativa y la insistencia sobre su derecho a guardar silencio constituyen infracciones que de forma más o menos trascendente afectan la situación procesal del acusado durante el proceso.
Consecuentemente, la utilización de la terminología presunción de inocencia ha sido identificada por unos como derecho, por otros como un principio y algunos como una garantía, lo cual, da lugar a diversas interpretaciones de consecuencia práctica, lo que unido a la ausencia de regulación expresa en nuestra Constitución de la República, genera que en ocasiones se produzcan posiciones distintas.
La Constitución de la República de Cuba no regula de forma expresa el derecho a la presunción de inocencia dentro de los derechos fundamentales, por esta razón, es imprescindible su formulación a fin de considerarlo como un auténtico derecho de todo acusado a un proceso justo y humano, además de que la Ley de Procedimiento Penal presenta limitaciones al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia por lo regulado en los siguientes artículos:
Se concede la posibilidad de designar abogado desde el momento en que se decreta la medida cautelar, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley de Procedimiento Penal.
El juez puede decidir sobre la modificación de medida cautelar o imponer la de prisión provisional, lo cual está establecido en los artículos 251 y 254 de la Ley Procesal Penal.
El Tribunal toma una participación activa ordenando la práctica de nuevas diligencias de pruebas o de subsanación de alguna diligencia omitida, mediante el artículo 263 de la Ley Procesal Penal.
El Tribunal asume la acción penal mediante el uso de la formula, de conformidad con lo previsto en el artículo 350 de la citada ley.
El Tribunal dispone la realización de nuevas diligencias de pruebas o de algunas sumarias instrucción suplementaria, asumiendo así la posición de parte, amparado en el artículo 351 de la Ley Procesal Penal.
Eliminar estas trabas y hacer de nuestro sistema de enjuiciamiento un baluarte de justicia es todavía un camino a seguir.

La democracia también se ejercita

libertad1Alexis Piloto CabreroLic Alexis Piloto
Hace pocos días un viejo amigo me preguntó de manera sarcástica, qué pensaba sobre la democracia y si esta se podía ejercitar constantemente. Le conteste que identificar constantemente las diferencias es un ejercicio necesario e imprescindible en la democracia; que aunque haya polémica sobre un tema, no da el derecho a nadie de encontrarnos diferentes y mucho menos de separarnos de la sociedad, por el solo hecho de considerar que la crítica es útil para la acción conjunta, sin temer que otras consideraciones develen una notable diferencia ideológica. Con este preámbulo, le pregunté si era capaz de decirme dónde se recogía este derecho de cada ciudadano a expresar sus criterios, respondió fruñendo el ceño, entonces le expliqué que aunque pareciera contradictorio, el artículo 55 de la Constitución, define bien claro la libertad de conciencia, que no se asombrara de algo que hasta el momento no conocía y que lamentablemente muchas personas tampoco conocen. Al ver que nada le quedaba por decir, entre otras tantas cosas, concluí diciéndole que solo se construye un verdadero dialogo cuando se practica una democracia al límite exacto de lo que la ley dispone.

¿Juristas o secretarios?

actasDAYALic. Dayamí Pestano
Todas las empresas necesitan representación de un abogado, el cual se encarga de orientar, asesorar y representar en tribunal y con otros organismos a la entidad donde se encuentra, ¿y qué es lo que sucede?
En la mayoría de los casos lo encontramos como secretario de actas del consejo de dirección, donde no se resuelven ni se desempeñan como lo que son: abogados. No tienen en cuenta que una adecuada actividad jurídica constituye un elemento de incalculable valor para prevenir ilegalidades de todo tipo y lograr un clima de orden.
Cada jefe debe de tener la habilidad y capacidad de apoyar y saber utilizar oportuna y eficazmente la asesoría jurídica, con apego a la legalidad, cuestión que hasta la fecha en la mayoría de las empresas no se cumple.
La asesoría no puede verse como un elemento meramente técnico, sino como un elemento indispensable en la toma de decisiones y con la que hay que contar permanentemente.
El jurista debe de ser capaz de argumentar y defender, buscar variantes si la norma vigente lo permite, con una postura alejada de rasgos burocráticos o servilismo, cuestión muy difícil de encontrar. En la actualidad, los asesores están considerados secretarios en las empresas.