Violencia escolar e indisciplina social y jurídica en Cuba (I)

violenciaMc Cs. Dayanara Vega
Se entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, personal subalterno) y que se produce, bien dentro del espacio físico de las instalaciones escolares, bien en otros espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares).
Una forma característica y extrema de violencia escolar producida entre alumnos es el acoso escolar.

Los estudios científicos señalan como principales factores de riesgo en la vida de los miembros de la comunidad educativa a la hora de posibilitar la violencia escolar los siguientes:
• La exclusión social o el sentimiento de exclusión;
• La ausencia de límites en el comportamiento social;
• La exposición continua a la violencia reflejada en los medios de comunicación; que en Cuba se observan en las series y determinadas novelas que tocan el tema muy someramente.
• La integración en bandas que hacen uso de la violencia como forma de comportamiento habitual;
• La justificación de la violencia en la sociedad o en el ámbito social al que pertenezca la persona.
• Problemas familiares como causa de violencia (separación, violencia intrafamiliar).
El acoso escolar puede llegar a ser físico.
El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio del centro escolar. Los protagonistas suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.
El acoso escolar es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros.
Este tipo de violencia se caracteriza, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida). El sujeto maltratado queda expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que la víctima viva aterrorizada con la idea de asistir a la escuela y que muestre nerviosismo, tristeza y soledad en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos suicidas e incluso su materialización, como consecuencias del hostigamiento.
En nuestro país se ha hecho habitual culpar a los medios del exterior de la indisciplina social y no nos vemos por dentro como hemos perdido valores en el seno de la familia; célula fundamental de la sociedad.
El Estado no asume la responsabilidad que le corresponde, ya que existe la Convención de Ginebra de la protección de la niñez y la juventud del cual Cuba forma parte y no instituye verdaderas acciones jurídicas encaminadas a frenar este mal social.

Y de eso se trata

ombudsmanvallin_21Wilfredo Vallín Almeida
Hay una institución que, conjuntamente con el Tribunal de Garantías Constitucionales, debe tener existencia en la vida del pueblo de Cuba como sociedad: el Ombudsman (Defensor del Pueblo).
Esta institución es de relativa nueva creación en el mundo contemporáneo. Su invención se debe a Suecia, ese gran país amante del orden, del derecho, del desarrollo económico-social y de la solidaridad internacional.
La definición que del Defensor del Pueblo brinda el diccionario Wikipedia es la que sigue:
El Defensor del Pueblo (a veces nombrado con el término sueco Scrubman, comisionado o representante), es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan cometer los poderes políticos y, en su caso, legislativo de ese mismo Estado.

El Ombudsman, o Defensor del Pueblo, no goza de un poder vinculante que obligue con sus dictamen a las instituciones u otras entidades sociales pero su prestigio, su posibilidad ilimitada de acceder a los medios y la confianza de la ciudadanía en su verdadera y leal defensa de los nacionales simples le infunden una fuerza moral y ejecutiva extraordinarias.
He tenido ya la oportunidad de reunirme con varios Defensores del Pueblo de distintos países. La conclusión que saqué de estos encuentros y conversaciones (largas en ocasiones), fue que se trata de personas con un gran amor por lo que hacen y una fe a toda prueba en que, el Derecho, identificado con la Justicia, debe imperar en sus patrias.
Por todo lo anterior, me llamó poderosamente la atención cuando, en el primer encuentro entre la Mesa de la Unidad Democrática venezolana y el gobierno del presidente Maduro, oí hablar de una Defensora del Pueblo de Venezuela que, por lo que pude percibir, no llena mis expectativas creadas por los otros Defensores del Pueblo que conocí.
Cuando abogamos por un Defensor del Pueblo para Cuba –que deberá crearse en algún momento de nuestra historia–, nos referimos específicamente a un Defensor del Pueblo y no a una imagen difusa.
El Defensor del Pueblo debe serlo del pueblo y no del gobierno que lo instituya o esté en el poder en un momento dado. De lo que se trata es de la esencial, vital e inalienable defensa a ultranza de los intereses del SOBERANO (con mayúscula) y no de su representante al que el Soberano, en un momento dado, encarga de su representación.
Y de eso se trata.

Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional

Julio AlfredoonuLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclama en el artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley.

En el contexto jurídico cubano, no existe ese recurso efectivo, que ampare a los ciudadanos contra actos que vulneren los derechos fundamentales previstos en los artículos 54, 58, 59 y 63 de la Constitución de la República de Cuba: La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal; Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen. Todo acusado tiene derecho a la defensa; Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley.

El Derecho Procesal Constitucional, es la rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales que permiten la protección de la supremacía constitucional y de los derechos contenidos en la Constitución, está constituido por el conjunto de procedimientos, tales como la Acción de Amparo, el Habeas Corpus y la Acción de Inconstitucionalidad y los órganos destinados a preservar la supremacía de la Constitución. La Carta Magna es totalmente omisa en ese sentido, al no establecer los procedimientos ni concebir órganos, destinados a preservar la supremacía de la Constitución y defender y proteger la efectiva vigencia de los derechos fundamentales o garantías constitucionales que la Ley primera protege, haciendo inefectiva la estructura jerárquica normativa establecida.

La inexistencia de ese Derecho Procesal Constitucional, es causa de total desprotección, al no contar los ciudadanos con las herramientas e instrumentos jurídicos idóneos para defender y proteger la efectiva vigencia de esos derechos fundamentales y garantías constitucionales, especialmente contra actos provenientes de autoridades públicas, omisión legislativa, que, además, franquea total impunidad a dichas autoridades para quebrantar, a como dé lugar y con mayor frecuencia, la Legalidad vigente.

Tal es el caso de los iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana, despojados por autoridades estatales y judiciales, del fundamental derecho de libre asociación pacifica y el ordenamiento jurídico cubano, no nos franquea vía recursiva alguna ante los tribunales nacionales, que nos ampare contra el quebranto de ese nuestro derecho fundamental, inobjetable violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Defensora del Pueblo Eslovaco

 

Post de Wilfredo6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Nos recibe en su amplio despacho que no por grande deja de ser sobrio. Sonríe casi todo el tiempo. Es una mujer de unas cinco décadas, de pelo corto, bastante rolliza, con un halo de bondad en su rostro que, sin embargo, no alcanza a ocultar la fortaleza de su carácter.

Nos da la bienvenida y nos pregunta sobre Cuba, las condiciones de nuestras vidas, los problemas que confrontamos. Escucha nuestras respuestas con suma atención y se nota que no finge cuando nos da sus opiniones sobre nuestra situación que fue una vez la de ellos.

Cuando le pedimos que nos cuente sobre las transformaciones en su país a raíz del cese del totalitarismo, la expresión de su rostro parece evocar el desarrollo de los acontecimientos en el momento en que acontecieron. Se expresa con claridad y precisión y es directa en sus respuestas. Nos dice que podemos preguntar, y eso hacemos.

En ocasiones sonríe primero denotando con esto que nuestra pregunta ha tocado algún punto neurálgico, pero no rehuye las respuestas. Dice, por ejemplo, cosas como esta:

Aunque ya hace más de veinte años que comenzamos las transformaciones en el país, todavía quedan cosas con las que debemos luchar. Cuando un sistema se ha mantenido por más de cincuenta años, cambiar la mentalidad de muchas personas, sobre todo de la gente más vieja, no es fácil. Hacen falta tiempo y esfuerzos muy grandes.

Nos cuenta de sus problemas actuales, de sus hijos y nietos, de su lucha personal por garantizar los derechos de los más simples de sus compatriotas, la reticencia mordaz de muchos funcionarios, lo mal que ella cae a algunos altos puestos del poder supuestamente comprometidos con los derechos humanos, lo que no deja de ser chocante, muy chocante.

La conversación transcurre ágil entre nosotros. El tiempo se nos pasa sin advertirlo. Ella no nos escatima su tiempo. Tal parece como si quisiera transmitirnos en ese poco tiempo todo el caudal de su experiencia cuando fue jueza…. y ahora.

Cuando llega el momento de marcharnos nos toma del brazo y se retrata con nosotros. Nos dice (pero de eso ya nos habíamos dado cuenta), que podemos contar con ella para lo que necesitemos.

Me dejó un grato sentimiento en el corazón y ahora cuando debo escribir mi habitual artículo, no encuentro tema mejor que hacerlo sobre esta magnífica señora Defensora del Pueblo Eslovaco.

Constitucionalismo social

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MsC Dayanara Vega

El constitucionalismo social es un movimiento universal consistente en la incorporación en la constitución de los derechos sociales. Se inició con la sanción de la Constitución de México de 1917, resultado directo de la Revolución mexicana, en Alemania, con la Constitución de la República de Weimar en 1919 y en España con la Constitución de 1931.

Las constituciones sancionadas en el siglo XIX, a cuyo esquema responde la argentina de 1853, seguían el modelo liberal y sólo consideraron los derechos del individuo sin tomar en cuenta su posición en la sociedad. Las constituciones sociales que aparecen en el siglo XX agregaron los llamados derechos sociales en los cuales se contempla la posición del individuo en la sociedad, fundamentalmente en su carácter de trabajador.

En general, el derecho del trabajo se incorpora a las constituciones del mundo luego de la posguerra: Francia (1946), Suiza (1947), Italia, Luxemburgo (1948), etc. En los Estados Unidos surgió la Carta de la Seguridad Social.

En Latinoamérica, incorporaron los derechos sociales a su Constitución, entre otros, México (1917), Perú (1933), Uruguay (1934), Cuba (1940), Brasil (1946), Argentina (1949, 1957).

La creación en 1919 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con dirección tripartita de gobiernos, sindicatos y empleadores, y las invocaciones del Preámbulo de su Constitución, de validez mundial, fortaleció el reclamo de los trabajadores de todo el mundo de incluir los derechos sociales en las constituciones nacionales.

Prácticamente todas las constituciones del mundo reorganizaron sus textos, para recoger los derechos y garantías que caracterizaron al constitucionalismo social y reorganizaron el Estado para orientarlo activamente hacia esos fines.

En nuestro país a pesar del referendo realizado en 1992, este no constituye una línea jurídica hacia la reorganización en vistas de un constitucionalismo social, por el que abogamos los juristas, en aras de obtener una Ley de leyes que sí responda a verdaderos derechos y garantías sociales.

Impunidad con exclusión

1 EdilioLic.  Edilio  Hernández  Herrera

La reciente atención al caso de los familiares de los prisioneros del Combinado del Este que cumplen privación perpetua de libertad desde 2003, (asesorando escritos de denuncia a Fiscalía militar y Dirección de Prisiones), nos reafirma nuestra decepción con  la mayoría de los funcionarios del Estado en cuanto a  cumplir con sus deberes y obligaciones, así como con el famoso código de ética que de una forma u otra abarca a todos los dirigentes y “cuadros” de los Organismos de la Administración Central del Estado.

El calvario por el que están pasando esos jóvenes y familiares (con varias denuncias anteriores), podemos resumirlo en:

1.     Violación de las condiciones mínimas para los detenidos.

2.      Negación de los derechos de atención médica.

3.      Incumplimiento en la  progresión de los regímenes de los prisioneros.

La Jefatura del Establecimiento Penitenciario Combinado del Este, ha violado del Reglamento Interno de Prisiones del MININT:

Artículo 6, Queda terminantemente prohibido someter a las personas privada de libertad a cualquier clase de vejámenes, castigos corporales, tratos crueles e inhumanos o degradantes……,

Artículo 7, A los funcionarios y autoridades que, en el ejercicio de sus funciones, quebranten las garantías y límites establecidos en este Reglamento, se les exigirá la responsabilidad penal y administrativa correspondiente y el restablecimiento de la legalidad quebrantada….,

Artículo 29.1, El sistema educativo comprende la aplicación de un régimen progresivo como método para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad, dirigido a propiciar el desarrollo del proceso educativo y estimular la buena conducta observada por los internos, mediante la disminución gradual del rigor penitenciario…..,

Artículo 45, Para la progresión en régimen o fase se deben observar los mínimos de tiempo de permanencia siguientes:

1. Los clasificados en el régimen de Mayor Severidad:

a) 1 año como mínimo de permanencia en la primera fase.

b) 1 año como mínimo de permanencia en la Segunda Fase para progresar al régimen severo.

2. Los sancionados a privación perpetua de libertad en su tránsito por el Régimen Progresivo podrán progresar a la Segunda Fase del régimen de Mayor Severidad a los cinco años, posteriormente al término de otros cinco años al régimen Severo, y en igual término al régimen de Media Severidad. De continuar con buena conducta podrán progresar al término de 10 años al régimen de Mínima Severidad….

Una de las conclusiones de este caso es que, los daños  derivados del delito cometido por aquellos  jóvenes en el 2003, en su desespero e inmadurez por abandonar el país son sumamente inferiores a los originados por estos oficiales, funcionarios experimentados, conocedores y conscientes de las leyes y del papel social que el pueblo y la máxima dirección del país depositaron en ellos.

Estas conductas se repiten en todos los Organismos, sobre todo los más sensibles a la población, la PNR, la Fiscalía, los Tribunales, la Vivienda, los monopólicos, llámese Comunicaciones, Casas de Cambio,  Turismo, Comercio, entre otros. El denominador común, la impunidad, como forma cubana de Exclusión a sus ciudadanos que, además de vetados a conocer y garantizarle los derechos humanos básicos que le asisten, tampoco le reconocen los  judiciales y sociales (administrativos), cuyo marco legal existe en nuestras Instituciones.

Básicamente la legislación complementaria vigente por la cual los funcionarios, “cuadros” y hasta los  Ministros, están obligados a responder y resolver en la vía social-administrativa, previamente a la judicial cualquier asunto de derecho agraviado es el Decreto- Ley No. 67 de 19 de abril de 1983, “De la Organización de la Administración Central del Estado”, tal y como quedó modificado por el Decreto-Ley No. 147 de 21 de abril de 1994, el cual plantea:

Artículo 52, Los organismos de la Administración Central del Estado tienen los deberes, atribuciones y funciones comunes siguientes:

a)       Cumplir lo dispuesto en la Constitución de la República, las leyes, los decretos-leyes, los decretos y demás disposiciones de la Asamblea Nacional del  Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y la disciplina estatal en las empresas y dependencias del organismo….

…r) prestar atención y dar respuestas pertinentes, dentro de un término de sesenta dias, a las quejas y peticiones que les dirijan los ciudadanos, esforzarse por resolver correctamente las cuestiones en ellas planteadas y adoptar medidas para eliminar las deficiencias señaladas.

No responder, no aplicar justicia, dilatar para no ceder, en fin violar la legalidad, y sobre todo la ausencia de una reconocida Sociedad civil y prensa independiente, nos acerca más al caos que a un Estado de Derecho.

La supremacía de la Constitución y el control constitucional

argelioLic. Argelio M. Guerra Aliagabalanza

Si bien es cierto que la Constitución define los órganos del Estado, sus funciones y el marco legal dentro del cual estos pueden actuar, también es cierto que estos órganos y poderes pueden actuar de forma anticonstitucional.

Ante esta realidad se erige la institución del control constitucional, que surge de las garantías legales que la propia Constitución instituye, por un lado, para afianzar su supremacía sobre las demás disposiciones del ordenamiento jurídico, y por otro lado, para juzgar el actuar inconstitucional de los órganos y poderes que crea.

Se ha dicho que el control constitucional califica como inconstitucionales las leyes generales y ordinarias, según sea, que en el proceso de su elaboración omitan elementos necesarios para que esta nazca a la vida jurídica, o bien, que una vez vigente la ley ordinaria, esta modifique o derogue la norma de rango constitucional. En el primero de los supuestos el control debe recaer en el órgano legislativo, encargado de aprobar solo aquellas leyes que se avengan a los preceptos constitucionales, en el segundo caso el control puede iniciarse por algún órgano del estado, por el tribunal que conoce del asunto o por los ciudadanos con el objetivo de reclamar la defensa de un derecho fundamental violado.

El control constitucional supone la imagen de un guardián que vela porque la sociedad se ordene y funcione en el marco del más estricto apego a las disposiciones constitucionales, lo que cobrará validez en el seno de un verdadero Estado de Derecho, en el que se someten por igual gobernantes y gobernados y en el que ningún individuo, ya sea el presidente o un ciudadano cualquiera puede estar por encima de la ley.

El Estado de Derecho de erige como garantía de un efectivo control constitucional, al fragmentar el poder omnímodo del estado, y así debilitarlo, de manera que tanto el poder legislativo, como el ejecutivo y el judicial interactúen en función de que cada uno respete las reglas constitucionales. Además de la consagración de la seguridad jurídica entre gobernantes y gobernados, eliminar los rastros de arbitrariedad en el funcionamiento del estado, asegurar el sometimiento de éste a la ley, y velar por la afirmación de los derechos de las personas. Solo así cobrará sentido el espíritu y la letra de la llamada Ley de leyes.

De usurpación a Prevaricación

1 Usurpación y prevaricación1 EdilioLic. Edilio Hernández Herrera

Profundizando en el caso de la familia González Camacho, además de las denuncias formuladas, existió una sentencia del Tribunal Municipal de la Lisa en el 2012 por Ejercicio Arbitrario del Derecho, donde resultara sancionada a multa la ciudadana María del Pilar, Queda claro penal y administrativamente, (Resolución 1636/2011 del Expediente 1263/2011 de la dirección Municipal de la Vivienda de la Lisa) donde declararon ocupantes ilegales a los usurpadores, en su séptimo POR CUANTO, estas personas nunca tuvieron convivencia en el inmueble que se litiga, con medios de prueba como cartas del CDR Municipal y Registro del MININT, entre otros.

Existe un Dictamen Sanitario de fecha 15 de julio de 2013 donde se reconoce, que la imposibilidad de usar el servicio sanitario y el hacimiento provocan un alto índice de insalubridad con afectación de la salud de los moradores legítimos.

Existen respuestas de la Fiscalía Municipal de la Lisa, de 25 de agosto de 2011, 8 de septiembre de 2011 y 22 de agosto de 2013, donde se evidencian las contradicciones de lo concluido con los documentos existentes y las acciones violadoras de la legalidad, sobre todo la última carta (que exponemos), donde dicho en buen cubano, colmó la copa de la paciencia: estado de indefensión, irrespeto e impunidad para con las Leyes de nuestro país y una Garantía Constitucional prevista para todos los ciudadanos cubanos, en el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba,…El domicilio es inviolable. Nadie puede entrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos en la Ley…

Como la PNR y la Fiscalía no han procedido como expresan sus funciones por Ley, han propiciado el actuar cómplice de la Dirección Municipal de la Vivienda al emitir Resoluciones posteriores a la del 2011 (ilegales, pues los usurpadores nunca han poseido dirección de dicho domicilio), agravándose el conflicto hasta el punto de tornarse violento, siendo el colofón el día 10 de agosto cuando al fallecer por accidente el esposo de la ciudadana violadora, tuvieron la osadía y morbosidad de velar al difunto en la sala de la casa ajena. Al día siguiente, Rolando, el joven enfermo, amaneció más alterado que de costumbre.

Continuamos alertando y previniendo con quejas y denuncias, la posible ocurrencia de un desenlace fatal, motivado por las ofensas y amenazas impunes y públicas, a oídas de vecinos y testigos, contra la vida de Jorge Luis, su esposa y Rolando.

No hubieramos querido llegar hasta este extremo, de denuncia contra jóvenes funcionarios y operadores del derecho, que tendrían mucho que aportar en un país donde el estado de derecho y los valores morales están en franca decadencia, lo que ha sido reconocido por el Presidente Raúl Castro.

Es menester reestablecer a las nuevas generaciones una Cuba de prosperidad y respeto ciudadano por la legalidad e institucionalidad, pero no avanzaríamos nunca con funcionarios tan pasivos, poco profesionales, insensibles e indisciplinados, rayanos en la prevaricación, que no cumplen con sus funciones ni respetan los reglamentos, creando precedentes de compromiso e intereses personales por encima de los designios que les confiere la Ley.

Procedimiento de Habeas Corpus

 

habeas corpus

Julio AlfredoJulio Alfredo Ferrer Tamayo

La locución latina HABEAS CORPUS, significa: “TRAEDME EL CUERPO”, (de la persona detenida): pongan al detenido en mi presencia para que yo, el juez natural examine la causa de su detención y disponga su arresto o su libertad, según el caso.

Se denomina procedimiento de Hábeas Corpus a la Acción Judicial de amparo de la libertad individual, derecho fundamental consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República de Cuba: La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

El artículo 29 de la Constitución de 1940, establecía: Todo el que se encuentre detenido o preso fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevean la Constitución y las Leyes, será puesto en libertad, a petición suya o de cualquier otra persona, sin necesidad de poder ni de dirección letrada, mediante un sumarísimo procedimiento de habeas corpus ante los Tribunales ordinarios de Justicia.

El Tribunal Supremo no podrá declinar su jurisdicción ni admitir cuestiones de competencia en ningún caso ni por motivo alguno, ni aplazar su resolución, que será preferente a cualquier otro asunto.

Es absolutamente obligatoria la presentación ante el Tribunal que haya expedido el habeas corpus de toda persona detenida o presa, cualquiera que sea la autoridad o funcionario, persona o entidad que la retenga, sin que pueda alegarse obediencia debida.

Lamentablemente, tales garantías no aparecen reguladas de modo expreso en la Carta Magna de 1976, siendo relegadas a partir de dicho texto constitucional a una legislación de menor jerarquía, no de rango constitucional; la Ley de Procedimiento Penal, en su capítulo IX, denominado “Del procedimiento de habeas corpus”, artículos del 467 al 478, tratándose entonces de un procedimiento judicial destinado a “tutelar” el derecho de libertad personal contra detenciones arbitrarias, no constituyendo un medio o instrumento jurídico apropiado para garantizar de manera efectiva y cierta, ese inalienable derecho humano: la libertad personal, individual, tal y como lo consagra la Ley primera en su artículo 58, por lo que vale expresar que el ámbito de protección de esa garantía y derecho fundamental es en extremo especifico y muy limitado.

Limitado, para mí, de manera totalmente inconstitucional, por lo previsto en el párrafo segundo del artículo 467 de la Ley de Procedimiento Penal: No procede el habeas corpus en el caso de que la privación de libertad obedezca a sentencia o auto deprisión provisional dictado en expediente o causa por delito.

Tal prescripción, de una Ley secundaria o subordinada, con relación a la Constitución, restringe y limita el ejercicio pleno de la garantía prevista en el citado artículo 58, dejando de ese modo sin protección y tutela jurídica los casos, desafortunadamente no son pocos, en que, a pesar de obedecer la privación de libertad a una sentencia o auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por delito, tales resoluciones o instrumentos jurídicos resultan ilegítimos, inconstitucionales, nulos e inexistentes, toda vez que han sido pronunciados con infracción evidente e inobjetable de las formalidades establecidas como requisitos de rígida observancia a ese efecto y de ese modo no se garantiza a todos los que residen en el territorio nacional la libertad e inviolabilidad de su persona, pues los tribuales ordinarios amparados en esa limitación o restricción, reitero inconstitucional, rechazan de plano cualquier promoción o petición de habeas corpus.

 

Violencia por encima de la Ley (II)

 

IMG_0960ODALINALic. Odalina Guerrero Lara

Continua la ilegalidad en la vivienda de Rolando González Camacho, pues la usurpadora, María del Pilar Olivera Delgado respaldada por todos los funcionarios del municipio de La Lisa, no solo permanece impunemente en la vivienda, sino que con su actitud provocadora y violenta, se ha apoderado de la mayor parte del inmueble.

Los abogados de la Asociación Jurídica Cubana hemos respaldado a la familia de González Camacho desde el punto de vista legal y humano. Asesoramos los escritos de Queja entregados por Jorge Luis García Casañas a tenor de lo previsto en los artículos 63 y 26 de la Constitución, a la PNR, PCC y Consejo de Administración del Poder Popular, y a la máxima responsable, la Fiscalía Municipal de La Lisa amparados en la Ley 83 de la Fiscalía General de la República:

Artículo 1: “Según establece la Constitución, la Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.”

Además de artículo 7 apartado c), artículo 8 apartado b) y d), de la propia Ley 83 de 11 de julio de 1997.

Previa citación de la Fiscalía Municipal de la Lisa nos personamos con Jorge Luis ante la Lic. Yanet García, Fiscal Jefa, la cual después de leer el documento respuesta firmado por el fiscal Yohandris López Parra, nos hace entrega del mismo, cuyo contenido evidencia que ésta Fiscalía no está dispuesta a hacer cumplir la ley.