Asociación Jurídica Cubana.Filial de Santiago de Cuba.

13 fumeroLic. Alberto Fumero Batista.

Hace poco recibí por un amigo la información de que, luego de ser notificados los diferentes órganos de justicia del territorio de las actividades de corte opositor e independiente del Licenciado en Derecho Alberto Fumero Batista, en las distintas unidades de Bufetes Colectivos de Santiago de Cuba, me convertí de nuevo en la noticia del día en los matutinos de inicio de semana.

Las opiniones fueron diversas; no podía ser de otra forma, tratándose de la organización de donde provengo y en la que me desempeñé de forma ininterrumpida por alrededor de veinte años.

La comunicación oficial tuvo diversos matices pero en sentido general se hacía referencia a que estaba o había creado un grupo opositor en la provincia, que cuenta con un sitio digital en el que se desacredita a los órganos de justicia y en contra de los Bufetes Colectivos y del trabajo de los abogados, todo ello con el marcado interés de provocar el rechazo hacia mi persona, pues al mismo tiempo alegaron que el grupo tenía muy pocos integrantes, lo que demuestra a juicio de la comunicación, la poca acogida de la nefasta iniciativa, al tiempo que advirtió al auditorio sobre la labor de captación en la que estaba inmerso.

Hubo quien me comparó con un abogado que habiendo salido de la organización de bufetes y perteneciendo a un grupo disidente, se aprovechó de la buena voluntad de una abogada que respeto y admiro al punto de considerarla mi amiga, y le grabó una conversación telefónica que luego hizo llegar a una emisora radial en el exterior, todo ello sin el consentimiento de la letrada que, indudablemente, pudo verse comprometida con semejante insolencia.

Cualquiera que me conozca medianamente advertiría las diferencias entre ese señor y yo, que jamás me prestaría para cometer actos de la naturaleza descrita, no solo contra un amigo o ex compañero de trabajo, sino hasta con un desconocido.

En el Bufete en el que laboré por muchos años, se han tomado medidas para regular mi comunicación y relación con antiguos colegas. Hubo un directivo que de forma enfermiza, mandó a un trabajador a seguirme hasta la oficina de un abogado con el que valoraba un asunto que le había recomendado como ya se ha hecho costumbre, después de varios años fuera del ejercicio de la profesión.

Este infeliz y penoso incidente, aunque en aquel momento movió a risa por la comicidad y torpeza con que dio cumplimiento a su misión el personaje encomendado, hace reflexionar hasta qué insospechados límites pueden llegar las personas que no se respetan ni se dan a respetar, que se dejan manipular y quedan anulados como personas en contra de sus propios intereses.

Los que hablan de más porque así se les indica, y los que lo hacen por mero gusto, no saben nada de lo que dicen que saben. Mi incorporación a la Asociación Jurídica Cubana nace de la motivación que siempre he tenido por criticar lo mal hecho, venga de donde venga y en cualquier tribuna.

Los que me conocen saben que si hubo algo que me caracterizó en el ejercicio de la profesión, fue decir la verdad sin miedo de asumir las consecuencias. En las Salas de Justicia, muy pocos se arriesgaron a denunciar como yo lo hice, a emplazar a quien yo emplacé o a participar como yo en procesos muy complejos, como el controvertido caso de los 75 en el que defendí a José Daniel Ferrer García en su condición de acusado principal.

Por ello me uní a la AJC y me siento orgulloso por pertenecer a la misma, donde soy libre para expresar mis ideas, sin miedo a represalias ni al qué dirán porque como bien decía el más ilustre de los cubanos: El respeto a la libertad y el pensamiento ajenos, aún del ente más infeliz, es mi fanatismo. Si muero o me matan será por eso.

No le temo tampoco a la manipulación ni a otros métodos mal intencionados porque ningún daño me pueden hacer, envuelto como estoy en la coraza de amor y de libertad de expresión que nos legó Martí.

Y mientras esperamos ese momento de gran ilustración, yo le rindo tributo a su memoria haciendo lo que él hubiera hecho, lo mismo a partidarios que a detractores, cultivando para todos ellos… una rosa blanca.

La ideología y el engaño

1 EdilioLic. Edilio Hernández Herrera

La aparición de dirigentes, el debate en mesa redonda y las informaciones de prensa y tv oficial sobre la realidad cubana y del mundo, versionando cualquier noticia de forma engañosa, manipuladora y tergiversada, hacen cuestionar cada día más la credibilidad del gobierno.

Si le sumamos que se oculta gran cantidad de información sobre nuestra cotidianidad, sea social, económica, política o judicial, nos acerca a una sensación de inseguridad, ingobernabilidad y caos, sobre todo porque no se ve el coto de dicha política, ni los recursos jurídicos ciudadanos para revertir esta situación.

He transitado de dudas, asombro, ira, frustración, hasta pena y ahora tristeza, por lo que se ha convertido mi país, el pueblo, sus gobernantes.

Que un gobierno tenga que mentir, violar la constitución y sus propias leyes para mantener al pueblo, confundido, doblegado y hasta amenazado, es aberrante y vergonzoso.

Ejemplos sobran, desde la manipulada Declaración Universal de los Derechos Humanos, usada en Cuba para acusar y reprimir al que piensa diferente, los delitos de desacato, atentado y peligrosidad predelictiva usados a conveniencia. Sentencias falsas desligadas de la Constitución y leyes complementarias para denegar la aprobación de nuestra Asociación, hasta los numerosos casos llegados a nuestra sede y otros conocidos por demás colegas y dolientes confirman y avalan lo expresado.

Sin ser pesimista, veo complicado enmendar este daño, teniendo en cuenta que la mentira y la justificación son la prostitución del carácter y la ideología de la dominante en los círculos de poder.

Según el Código Penal cubano, los delitos más repetidos por estos funcionarios son:
Falsificación de Documentos Públicos, artículo 250.
Privación de Libertad, artículo 279.
Amenazas, artículo 284.
Coacción, artículo 286.
Violación de Domicilio, artículo 287.
Registro Ilegal, artículo 288.
Delito contra la libre emisión del pensamiento, artículo 291.
Delitos contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición, artículo 292.
Delito contra el derecho de propiedad, artículo 293.
Difamación, artículo 318.
Chantaje, artículo 332.
Abuso de Autoridad, artículo 133.
Prevaricación, artículo 136 y 137.

Además nuestro Código Civil registra en los artículos 82-88 y del 95-97, todo lo relacionado por actos ilícitos que causan daño y perjuicio a otro.

De la familia

 

6 A2CHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez

La gran mayoría de las familias cubanas no son analfabetas pero desconocen que existe un Código de Familia. También pudieran estar ajenas a que en la Constitución de la República de Cuba, (por cierto, que debería ser modificada) aparece en el Capítulo IV, Artículo 35: El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio… Hasta que alguien me explique, logre entender y sea convencido, seguiré quizás equivocado o cada vez más diáfano.

¿Es que al separarse, inclusive desde tempranas edades padres de hijos para emigrar a otros países, casi siempre por razones económicas, se protege la maternidad y la familia? De lo anterior se desprende que no puede existir matrimonio sostenible cuando por esta y otras razones se disuelve el vínculo matrimonial o la unión voluntaria de la forma que sea, de esta manera tampoco se puede proteger el matrimonio y la familia, de ahí también el ínfimo índice de gestantes en la mujer cubana por carencia de muchísimas cosas indispensables.

En otras familias, conocedoras de lo dispuesto y preceptuado en los artículos del referido Código de Familia del 1975, las que al parecer pueden hacer valer dicho conocimiento; esa maternidad, ese matrimonio y la familia es también segregada, con la diferencia de que en los casos de migrantes aquí sí asiste la razón política, el rechazo al gobierno, pues carecen de uno de los bienes más preciados del hombre: LA LIBERTAD, y aunque traiga consigo separación y distancia de la familia, hay que buscarla y se encuentra.

El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones, referido en el Artículo 38 de la Ley de Leyes: Los padres tienen el deber de dar alimentos a sus hijos y asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas aspiraciones; así como el de contribuir activamente en su educación y formación integral como ciudadanos útiles y preparados para la vida en la sociedad socialista, ¿Por qué en la Sociedad Socialista? ¿Por qué si hay que asistirlos en sus legítimos intereses y sus justas aspiraciones, y ese puede no ser el interés ni la aspiración de la familia?

 

La AJC, el Decreto Ley 81, la Constitución y los Principios Básicos sobre la función de los Abogados

4 Derechos-Humanos-ONUOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

El Decreto Ley 81 de 8 de junio de 1984, sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, regula en su artículo 2 que el ejercicio de la abogacía es libre, mientras que paradójicamente el articulo siguiente, restringe tal “libertad” al disponer que para ejercer la abogacía se requiere ser admitido por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de lo que cabría suponer que en Cuba la profesión de abogado es ejercida bajo una especie de “libertad supervisada” por la ONBC.

Uno de los Principios Básicos sobre la función del Abogado refrendados en el 8vo. Congreso de las NU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente (La Habana, 1990);   que deben ser respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, preceptúa que: Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a sus reuniones, sin sufrir por ello restricciones profesionales.

De conformidad con la anterior declaración de las Naciones Unidas, la pretendida libertad de la profesión del abogado queda garantizada también por la Constitución de la República de Cuba, que en su artículo 54 recoge: Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines.

Puesto que para la AJC el ejercicio de la abogacía es libre, en el más estricto significado del término, como refiere el mentado Decreto Ley 81, sus miembros se acogen al derecho de asociación que garantiza la Constitución de la República y que sugiere la ONU sobre la función de los Abogados, y hemos solicitado su legal constitución para el ejercicio de la profesión de la abogacía de manera independiente a la ONBC.

Interrogantes sin responder

8 KirKirenia Lic. Kirenia Domínguez Álvarez

Libertad: facultad de obrar o no obrar. // Estado del que no está preso. // Falta de sujeción o subordinación. // Facultad de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes y las buenas costumbres. // Desembarazo, franqueza, despejo… 

Derecho humano reconocido y garantizado constitucionalmente en el artículo 58, el cual establece que: La libertad o inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en territorio nacional.

Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

Cuando escuchamos la historia narrada por Ana Ibis Carreño Ledesma, nos asalta la duda y surgen varias preguntas que todavía hoy siguen sin respuesta.

Ana Ibis se encontraba una tarde de verano en la playa con su pequeña hija cuando agentes del orden la detienen sin referir los motivos, ni mucho menos tener en cuenta la presencia de la menor.  Es conducida a la unidad de la PNR, y sin redactar acta de detención, la interrogan como supuesta partícipe de una salida ilegal. Todo ello basado en suposiciones y conjeturas, puesto que años atrás la misma había sido repatriada en el fallido intento de abandonar el país.

Al no poder comprobar los hechos, tuvieron que darle la libertad sin hacer extensivo documento alguno que refiriera las causas por las que se había actuado de esa manera.

Yo pregunto: ¿Hasta qué punto  fue garantizada la libertad de disfrute y recreación de Ana Ibis y su niña?, ¿quién resarce el daño emocional provocado a esta familia?

Son interrogantes sin responder.

 

DERECHO DE REUNION EN LA LEGISLACION CUBANA

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

En la legislación cubana el derecho de reunión, como otros muchos que contemplan las leyes nacionales, es objeto de un tratamiento muy particular. Para entender esto nos remitiremos, primeramente, al artículo 54 de la Constitución de la República en el que leemos:

“Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en la que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

De lo anterior se desprende que son las organizaciones de masas y sociales las que gozan de las posibilidades para el ejercicio de éstos derechos y sólo en cuyo seno se goza ” de la más amplia libertad de palabra y opinión”, aunque este último aspecto – y la gran mayoría del pueblo cubano lo sabe- también es discutible. Evidentemente, la Ley de Leyes no garantiza en lo absoluto esos derechos fuera de las organizaciones de masas y sociales.

Por otra parte el artículo 209.1 del Código Penal vigente (actualizado) reza textualmente: ” El que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de éstos derechos, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta 100 cuotas”.

Por otra parte, y al parecer para no dejar ningún género de dudas, el artículo 62 de la Carta Magna expresa enfáticamente: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

El asunto que nos ocupa pone una vez mas de manifiesto la ambigüedad de la Constitución sobre derechos medulares de los ciudadanos. ¿Significa el artículo 62 en relación con el 64 de la propia Constitución y con el 209.1 del Código Penal que si tres individuos que se encuentran en una esquina y que intercambian impresiones en cuanto a una disposición gubernamental que les afecta, que consideran desacertada y, por ende la critican, están en una reunión ilícita y pudieran ser sancionados a grandes multas e incluso a prisión?

¿Pudiera interpretarse, y por quién, que ésa critica va en contra de la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo? Es de antaño conocido que ni la ambigüedad ni las lagunas del derecho tienen cabida en las normas penales de un país y, con mucha mayor razón, no debieran tenerla en su Constitución.

DERECHO DE REUNION

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

El inmortal Hugo Grocio, a quien se considera padre el Derecho Internacional Público moderno, fue el primero en usar el concepto inalienable que él atribuyó a algunos derechos individuales entre los que hoy reconoce el derecho de reunión según se recoge en el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles de la ONU en su artículo 21. Este derecho, como los restantes de la Declaración Universal, requiere de un análisis particularizado.

Según algunos autores “Hoy en día, y como reacción contra amargas experiencias de abusos sufridos no sólo en el área de los totalitarismos fascistas, nazis y soviéticos, se subraya enérgicamente que la libertad de reunión no sólo implica el derecho de reunirse pacíficamente para fines lícitos, sino también el principio de que nadie debe ser obligado a concurrir a una reunión en contra de su voluntad o deseo: tanto agravio implica privarle a uno de reunirse lícita y pacíficamente, como obligarlo a participar en una reunión (desfile, parada, etc.), a la que no quiera concurrir.

El individuo tiene, en tanto que persona, -y siempre según los derechos reconocidos en los Pactos de Derechos Humanos de la ONU- una serie de derechos de libertad frente al Estado, así como ante los demás individuos y grupos sociales.

Las limitaciones obligadas e ineludibles para la libertad de reunión son principalmente dos: la reunión debe ser pacífica y los fines que se proponga, así como también los medios que emplee, sean lícitos. El condicionamiento a que los fines de la reunión sean lícitos, es algo obvio. No es admisible reunirse para la comisión de delito alguno, para promover alteraciones del orden público, etc.

En cuanto al derecho de no concurrir a una manifestación, desfile o reunión hay que decir que éste aspecto negativo es tan importante como el positivo. La libertad se lesiona de igual manera si a una persona se le impide participar en una reunión, que si se le fuerza a asistir a una reunión, parada, desfile, manifestación, etc.: ambas formas, tanto la positiva como la negativa, constituyen violaciones inaceptables de éste derecho humano fundamental.

LA LEY DICE

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Argelio Guerra Aliaga

Sobre los derechos de Reunión y de Asociación

El Artículo 54 de la Constitución cubana establece que “los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines…”

En la disposición constitucional anterior es posible distinguir varias consideraciones:

  • Los derechos de reunión y de asociación se establecen bajo la condición de garantía a trabajadores clasificados en organizaciones previamente establecidas, limitación que excluye de tales derechos a los individuos que no se encuentran insertados en los grupos declarados oficialmente.
  • Se garantiza el ejercicio de tales derechos con la condición del uso de los “medios necesarios”, sin el empleo de los cuales no se reconoce la posibilidad de materializar la práctica de estos derechos.
  • Se infiere, por tanto, la consagración constitucional no de derechos con carácter universal disponibles para ser ejercidos por todos, sino que de plano se deslindan quienes son los actores facultados para ejercerlos, coartándose de esta manera la libertad y los derechos individuales.
  • Se pone de manifiesto en tal caso, el carácter restrictivo de la preceptiva constitucional, sobrevalorándose como programa de acción dirigido a un pragmatismo político absoluto, en detrimento de la función del magno texto que requiere ser objetivado a través de leyes ordinarias para su desarrollo.

DERECHO DE ASOCIACION

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Argelio Guerra
Tal y como en las primeras y más rudimentarias formas de organización social, donde el hombre llegado el momento, decide abandonar la inseguridad de la vida aislada e individual y asociarse a sus semejantes para defender sus legítimos intereses de subsistencia y atraer hacia si los beneficios que le reporta la vida en común, en las modernas sociedades contemporáneas el derecho de asociación del individuo se constituye, por lo que le significa como escudo de protección a sus intereses y aspiraciones, en un derecho de naturaleza inclaudicable.
Los más relevantes documentos en materia de DD HH así reconocen el carácter prístino de este derecho fundamental:
  • Declaración Universal de Derechos Humanos (10-dic-1948):
    Articulo 20.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacificas.
    Articulo 20.2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-dic-1966)
    Articulo 22.1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
De conformidad con estos postulados se constituye la asociación como un conjunto de personas que se unen bajo la sola condición de alcanzar un fin común, licito y determinado, como una organización con carácter estable y con personalidad jurídica propia e independiente del resto de la sociedad.
El derecho de asociación, al igual que el resto de los derechos individuales, tiene su génesis en la misma naturaleza humana, la que conforme a un conjunto de principios o características que le son consustanciales y que pueden servir de modelo para valorar las conductas y las leyes civiles, muestra un deseo o inclinación a la asociación con los demás para conseguir sus legítimos intereses de realización.
Así mismo, este derecho a la libre asociación de los individuos será conculcado y vulnerada la libertad de los ciudadanos, tanto si se limita o condiciona el mismo a elementos ajenos a lo dispuesto con anterioridad, como si se ejerce presión sobre los individuos forzándolos a pertenecer a una asociación determinada.