Asociación Jurídica Cubana.Filial de Santiago de Cuba.

13 fumeroLic. Alberto Fumero Batista.

Hace poco recibí por un amigo la información de que, luego de ser notificados los diferentes órganos de justicia del territorio de las actividades de corte opositor e independiente del Licenciado en Derecho Alberto Fumero Batista, en las distintas unidades de Bufetes Colectivos de Santiago de Cuba, me convertí de nuevo en la noticia del día en los matutinos de inicio de semana.

Las opiniones fueron diversas; no podía ser de otra forma, tratándose de la organización de donde provengo y en la que me desempeñé de forma ininterrumpida por alrededor de veinte años.

La comunicación oficial tuvo diversos matices pero en sentido general se hacía referencia a que estaba o había creado un grupo opositor en la provincia, que cuenta con un sitio digital en el que se desacredita a los órganos de justicia y en contra de los Bufetes Colectivos y del trabajo de los abogados, todo ello con el marcado interés de provocar el rechazo hacia mi persona, pues al mismo tiempo alegaron que el grupo tenía muy pocos integrantes, lo que demuestra a juicio de la comunicación, la poca acogida de la nefasta iniciativa, al tiempo que advirtió al auditorio sobre la labor de captación en la que estaba inmerso.

Hubo quien me comparó con un abogado que habiendo salido de la organización de bufetes y perteneciendo a un grupo disidente, se aprovechó de la buena voluntad de una abogada que respeto y admiro al punto de considerarla mi amiga, y le grabó una conversación telefónica que luego hizo llegar a una emisora radial en el exterior, todo ello sin el consentimiento de la letrada que, indudablemente, pudo verse comprometida con semejante insolencia.

Cualquiera que me conozca medianamente advertiría las diferencias entre ese señor y yo, que jamás me prestaría para cometer actos de la naturaleza descrita, no solo contra un amigo o ex compañero de trabajo, sino hasta con un desconocido.

En el Bufete en el que laboré por muchos años, se han tomado medidas para regular mi comunicación y relación con antiguos colegas. Hubo un directivo que de forma enfermiza, mandó a un trabajador a seguirme hasta la oficina de un abogado con el que valoraba un asunto que le había recomendado como ya se ha hecho costumbre, después de varios años fuera del ejercicio de la profesión.

Este infeliz y penoso incidente, aunque en aquel momento movió a risa por la comicidad y torpeza con que dio cumplimiento a su misión el personaje encomendado, hace reflexionar hasta qué insospechados límites pueden llegar las personas que no se respetan ni se dan a respetar, que se dejan manipular y quedan anulados como personas en contra de sus propios intereses.

Los que hablan de más porque así se les indica, y los que lo hacen por mero gusto, no saben nada de lo que dicen que saben. Mi incorporación a la Asociación Jurídica Cubana nace de la motivación que siempre he tenido por criticar lo mal hecho, venga de donde venga y en cualquier tribuna.

Los que me conocen saben que si hubo algo que me caracterizó en el ejercicio de la profesión, fue decir la verdad sin miedo de asumir las consecuencias. En las Salas de Justicia, muy pocos se arriesgaron a denunciar como yo lo hice, a emplazar a quien yo emplacé o a participar como yo en procesos muy complejos, como el controvertido caso de los 75 en el que defendí a José Daniel Ferrer García en su condición de acusado principal.

Por ello me uní a la AJC y me siento orgulloso por pertenecer a la misma, donde soy libre para expresar mis ideas, sin miedo a represalias ni al qué dirán porque como bien decía el más ilustre de los cubanos: El respeto a la libertad y el pensamiento ajenos, aún del ente más infeliz, es mi fanatismo. Si muero o me matan será por eso.

No le temo tampoco a la manipulación ni a otros métodos mal intencionados porque ningún daño me pueden hacer, envuelto como estoy en la coraza de amor y de libertad de expresión que nos legó Martí.

Y mientras esperamos ese momento de gran ilustración, yo le rindo tributo a su memoria haciendo lo que él hubiera hecho, lo mismo a partidarios que a detractores, cultivando para todos ellos… una rosa blanca.

Los servicios legales de los bufetes cubanos: la “colectivización” innecesaria del ejercicio de la abogacía

´CP2-2-oppor Regino Gayoso Rosabal

(Publicación aparecida en Cuba Posible)

Los servicios públicos que brinda la administración cubana están, en la práctica, bien diferenciados y clasificados. Como hemos dicho en artículos anteriores, dicha conceptualización podría ser
oportunamente replanteada según las exigencias de las nuevas circunstancias y los desafíos que plantea la revisión del modelo socio económico cubano. Dentro de los servicios legales brindados por el Estado, el ejercicio de la abogacía resulta una “rara avis”, debido a la forma en que se presta y a su aparente desconexión de la concentración sobre la gestión administrativa que el Estado cubano ha mantenido durante más de 50 años.
La paulatina desregulación de algunas actividades estatales y el paso de las mismas a manos de actores individuales, crean el marco propicio para reflexionar sobre este servicio desde otra mirada,
pues impacta profundamente en la percepción que la sociedad tiene de su sistema político.
El 23 de junio de 1973, el Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó la Ley 1250 -Ley de la Organización del Sistema Judicial-, mediante la cual pone fin al ejercicio privado de la abogacía en el país y comienza, bajo la égida de una nueva organización –la Organización de Bufete–, lo que representó la colectivización injustificada de un servicio público que, por su naturaleza, funciona de forma individual.
Hasta el año 1974 aproximadamente se mantuvieron en activo abogados que continuaban ejerciendo el Derecho de la forma antes mencionada, coexistiendo con la nueva organización. Estos, finalmente, fueron absorbidos cuando a tenor de la institucionalización del país se dicta, en el año 1984, el Decreto Ley 81 “Sobre el Ejercicio de la Abogacía y los Bufetes Colectivos”, que trajo como consecuencia la prestación colectiva del servicio.
La idea de la justicia social preconizada por la Revolución triunfante se encontraba ampliamente reflejada en las leyes que, una tras otra, demolían las bases sociales, económicas y legales del anterior régimen, consagrando en ellas el acceso igualitario a la justicia de todos los ciudadanos, sin distinción de raza, credo religioso, género o condición económica. Ese nuevo ordenamiento jurídico comenzaba a constituir el marco dentro del cual el abogado debía prestar el servicio.

Por otro lado, en todo servicio, de carácter público, la relación con el ciudadano y la satisfacción de sus necesidades constituye la piedra angular sobre la que se sustenta la actividad administrativa.
También en el ejercicio de la abogacía es así, con una diferencia: la exclusividad que expresa la relación abogado-cliente no existe en´ninguna otra oferta de servicios que brinda el Estado. La representación legal, a diferencia de la masividad inherente al resto de las ofertas que brinda la administración, resulta exclusiva y excluyente.
Ningún servicio jurídico contratado por un cliente se parece a otro, y el agente que los brinda puede ser seleccionado por el destinatario. Esto ya marca una diferencia.

II
Estructuralmente, los Bufetes Colectivos están dirigidos por una Junta Administrativa y tienen la categoría de Organización No Gubernamental. La Junta recolecta y redistribuye las utilidades que
los bufetes recaudan bajo su dirección, establece el precio de cada proceso mediante tarifas establecidas centralizadamente, y debe crear las condiciones materiales que permiten desenvolver, con determinada eficiencia, la prestación contratada.
A pesar de que la sociedad cubana se ha estratificado económicamente –hecho reconocido por la más alta dirigencia del país–, las tarifas del servicio se han mantenido dentro del mismo rango para
todos los usuarios. En tanto, un ciudadano cuyo desenvolvimiento patrimonial es superior paga, por un mismo servicio, igual cantidad de dinero que otro no vinculado a actividades lucrativas.
La inmovilidad de esta política evidencia que la Organización de Bufetes colegia con la administración central del Estado el monto y rango de las tarifas. Esto imposibilita a quien presta el servicio, negociar libremente el monto de las tarifas, según las posibilidades económicas del cliente. Esta proyección igualitarista constituye un mensaje que confunde el acceso igualitario a la justicia, garantizado constitucionalmente, y es, además, un claro indicativo de que la colectivización es sinónimo de centralización y el carácter no gubernamental de la organización es solo formal.
Entonces las preguntas podrían ser: ¿cuál es la ventaja para la Administración Pública: mantener como colectivo un servicio que, en la práctica, sus agentes pueden también brindar de forma independiente?
¿Por qué no pueden coexistir los Bufetes Colectivos con la opción independiente del servicio, si la finalidad de ambos es satisfacer las necesidades de la ciudadanía (razón esencial de la administración pública)?

Una de las desventajas de mantener esta centralización –o colectivización– tiene que ver con un rasgo que define a los Estados (con independencia de su sistema socio político): el impuesto. En tal sentido, independizar el ejercicio legal en favor de particulares generaría para la administración impuestos por cada profesional que solicitara licencia para ello. Además, sobre el patrimonio de cada abogado independiente recaería la responsabilidad de procurar los medios materiales necesarios para brindar el servicio, relevando a la organización de ese complicado gravamen. Por otra parte, el mapa de los servicios se ampliaría considerablemente, pues además de los
bufetes ya establecidos, aparecerían muchos otros –unipersonales o asociados–, a los que la población pudiera acudir con libertad. Otro de los rasgos que tiene que tipificar al servicio es la calidad.
Por ende, la disímil cualificación y la eficacia entre los actores independientes, y entre estos y los servicios centralizados por el Estado, seguramente redundará en la mejoría de ambos. En tal caso,
la gran triunfadora sería la sociedad, que vería multiplicadas las opciones de recibir la representación legal de su preferencia con la calidad deseada y el precio ajustado a su poder adquisitivo.
A esta novedad podríamos incorporarle, además, la posibilidad de que los recién graduados de las facultades de Derecho puedan realizar prácticas del ejercicio bajo la tutela de abogados independientes. Estos, por supuesto, les pagarían un salario, de acuerdo a las normas vigentes, a la condición de practicante o hasta por el ejercicio fijo de su profesión. Otras ventajas pudieran ser enumeradas. Sin embargo, considero que resulta de absoluta necesidad y justicia aclarar que el Estado cubano cuenta con suficientes medios para proteger a los sectores más vulnerables, de insolvencia no punible, que ya tienen garantizado el acceso igualitario a los servicios legales,
para que puedan recibirlo de manera gratuita. Así funciona en muchas partes del mundo: la calidad de la representación gratuita es controlada por los jueces, quienes en caso de desidia por parte del
profesional, lo informan a las organizaciones correspondientes, con el propósito de garantizar la calidad de la representación.
El ejercicio colectivo de la abogacía correspondió a la necesidad de un control político sobre el Derecho. No obstante, la estrategia de perfeccionamiento del sistema socio-político cubano transita, necesariamente, por la esfera de los servicios que brinda la administración pública, y se convertirán en la expresión externa y visible de dichos cambios. El ejercicio independiente del Derecho tampoco se opone al socialismo; por el contrario, puede fortalecer su capacidad de respuesta y su eficacia. Por otra parte, resultaría muy sencillo hacerlo, pues la transformación y el desarrollo de los servicios de representación legal no necesitan de un mercado mayorista, ni del cambio de moneda, porque se materializa en el mercado de las ideas profesionales que diseñan la sociedad.

Acceso a la asistencia letrada.

asistenciaDAYALic. Dayami Pestano Lazo
Todo ciudadano está facultado para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases del proceso penal. Principio que continua en nuestro país sin cumplirse. Primero desde el primer momento que el ciudadano es detenido no tiene derecho a un abogado. Esto solamente comienza a cumplirse luego de 7 días. Lo que quiere decir que en este tiempo se encuentra el detenido en total indefensión.
Esto es sin contar que no cualquier abogado, puede defender al acusado, solamente los abogados que son de bufetes colectivos. Son los únicos licenciados en derecho que cuentan con el privilegio de poder representar y defender los intereses de las personas. Y el resto de los abogados ¿que hacemos?. Porque no contamos con los mismos derechos.
En el código civil a partir del artículo 56 hasta el 66 se manifiesta que todo acto jurídico puede realizarse por medio de un representante, y en ninguno de sus acápites regula que tiene que ser un abogado de bufete colectivo.
Indefensión total con la que contamos los abogados de hoy en esta sociedad que tenemos que invertir nuestro tiempo en otro tipo de actividades, por no pertenecer a esa organización no gubernamental, y tener acceso por los tribunales a la defensa de las personas que tanto penal como civilmente necesitan representación.

Impartir justicia

 

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Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

El artículo 120 de la Constitución de la República de Cuba, establece que la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye; precepto legal consecuencia directa del artículo 3 de la Carta Magna; la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes, razón por la que el propio texto constitucional, en el artículo 122 prevé: Los jueces, en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la ley.

Tal principio constitucional ha sido inobservado, para con los miembros de la Asociación Jurídica Cubana, por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, al pronunciar la Sentencia 157 de 22 de mayo 2013, con la negativa de la Ministra de Justicia a la legalización de nuestra pretendida Asociación, pues impartir justicia no es más que aplicar el derecho vigente al caso concreto interpretando correctamente la ley, lo que no hizo dicha Sala, infracción legal, apreciable en el Segundo CONSIDERANDO de la Sentencia: ello en todo caso impide la constitución de cualquier otra asociación con similares proyectos y objetivos, a tenor de lo previsto en el inciso d) del artículo ocho anteriormente citado, pues contrario a lo interpretado por el accionante, el precepto precedentemente invocado en modo alguno restringe de forma expresa dicha limitación al solo efecto de asociaciones preexistentes con iguales fines y denominación, sino a la existencia anterior de otras, cualesquiera sea su apelativo y naturaleza jurídica, en aras de impedir una dualidad en el trafico jurídico de instituciones de similarcontenido.

Incorrecta interpretación de la Ley, hecha por la Sala, puesto que la causal de denegación establecida en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Asociaciones, preceptivamente, está referida a la preexistencia de una asociación con idénticos o similares objetivos o denominación, no a cualquier entidad, como desacertadamente ha considerado la Sala, no impartiendo así justicia, al realizar una interpretación extensivísima del precepto legal en cuestión, llegando indebidamente a distorsionar su más que claro texto, incluso el espíritu del legislador, que solo estableció como restricción al respecto la preexistencia de otra asociación, denominación jurídica en la que no se hallan comprendidas la Organización Nacional de Bufetes Colectivos ni la Unión Nacional de Juristas de Cuba, no inscriptas por tal razón, en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, extremo que fue fehacientemente probado en el proceso mediante la prueba documental de la certificación expedida por dicho Registro.

La garantía de la independencia de los jueces en la impartición de justicia, se traduce en que se sientan con total respaldo constitucional para tomar sus decisiones conforme a la ley y no por complacencia o presiones de autoridad política o administrativa alguna.

 

Ardua tarea

Wilfredo Vallín Almeida

En los próximos días, la Asociación Jurídica Cubana entregará en el Ministerio de Justicia su respuesta a la negativa del Registro de Asociaciones de esa entidad en cuanto al el reconocimiento de la AJC como organización no gubernamental de abogados independientes.

Tarea ardua tendrá entonces la dirección de ese Ministerio porque se verá en la imperiosa necesidad de demostrar:

  • que el ejercicio de la abogacía en Cuba no es libre, pero que lo es,
  • que ONGs no estatales (como al menos indica su denominación) se ocupan de funciones estatales, pero que ellas siguen siendo no estatales,
  • que la Ley de Asociaciones del Ministerio de Justicia es una ley de obligatorio cumplimiento, pero no siempre,
  • que el artículo 4 inciso a) del Decreto Ley No. 81 es aplicable, y no es aplicable a nuestro caso,
  • que los bufetes colectivos y la Unión de Juristas de Cuba cobran, pero que no cobran sus servicios a la población y a los propios juristas,
  • que el cielo y la tierra son la misma cosa,
  • que como dijo el Tribunal Supremo, nos asiste el derecho de Asociación , pero que no nos asiste,
  • que en el país no se respeta la letra de la ley, pero que si se respeta,
  • que no existe el monopolio de la abogacía, pero que La Unión de Juristas de Cuba es la única entidad con derecho de representación de los abogados cubanos ante organizaciones internacionales de esa naturaleza,
  • que lo rojo es verde,
  • que… y así sucesivamente.

Hace unos días concluyó un congreso más de los juristas cubanos. Por supuesto que no fuimos invitados. Hicieron bien.

No hubiéramos estado de acuerdo con algunas cosas allí, y lo peor es que lo habríamos dicho; porque para nosotros, a contrario sensu de lo que algunos piensan sobre el concepto:

Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía”

No hay trono que se parezca a la mente de un hombre libre, ni autoridad más augusta que la de su pensamiento”.

Ardua tarea. Los considero.