Sin tribunal constitucional, imposible prefeccionamiento del modelo jurídico

.Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

La ausencia de un Tribunal Constitucional o de Garantías Constitucionales, en el sistema político-jurídico cubano, significa una nefasta carencia para lograr una vía expedita y efectiva de defensa constitucional.

La existencia de tan importantísimo órgano, constituye presupuesto esencial para el imperio de un Estado de Derecho, como supremo e insoslayable mecanismo para hacer prevalecer y salvaguardar la ley constitucional de todo Estado moderno, ante los actos y normas jurídicas ejecutivas o legislativas que ataquen los postulados, principios y preceptos establecidos en la Constitución de la República de Cuba.

Tal Tribunal representaría una garantía insustituible, mucho más efectivo que los departamentos, direcciones o áreas de atención a la población de las distintas entidades estatales, para la protección jurídica de los derechos y libertades constitucionales, además, instrumentaría un efectivo sistema de control de la constitucionalidad en el país, lo que posibilitaría el funcionamiento de los mecanismos o resortes necesarios de que dispondrían los ciudadanos cubanos, todos, hasta el más humilde, para hacer valer los derechos fundamentales, consagrados en la Carta Magna, por solo citar uno de esos derechos, el más vulnerado, el previsto en el artículo 63, derecho de queja y peticiones, básicamente, en contra del propio Estado, sus órganos, organismos, instituciones, funcionarios y empleados, si fuera menester para hacer prevalecer esos derechos y libertades fundamentales y restablecer la legalidad cuando ha sido quebrantada.

Ese importante órgano podría insertarse dentro del Sistema de Tribunales Populares, concretamente el Tribunal Supremo Popular, del mismo modo que lo concibió y estableció la Constitución de 1940, artículo 182.´´ El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales es competente para conocer de los siguientes asuntos:

  • a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-Leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en esta Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado.

  • b) Las consultas de Jueces y Tribunales sobre la constitucionalidad de las Leyes, Decreto-Leyes y demás disposiciones que hayan de aplicar en juicio.

  • c) Los recursos de hábeas corpus por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales.

  • d) La validez del procedimiento y de la reforma constitucionales.

  • e) Las cuestiones jurídicopoliticas y las de legislación social que la Constitución y la Ley sometan a su consideración.

  • f) Los recursos contra los abusos de poder.

A ese Tribunal podían acudir desde el presidente de la nación hasta cualquier persona individual o colectiva, natural o jurídica, que se estimará afectada por un acto o disposición que considerará inconstitucional.

También pudiera crearse como una institución independiente de la jurisdicción ordinaria, como existe hoy en muchos países latinoamericanos, entorno natural de nuestra existencia y como resultado de los fines integracionistas de la región.

El sistema cubano, no cuenta con un órgano de control político de la constitucionalidad, el que podría constituirse en la máxima instancia de poder de la República; la Asamblea Nacional del Poder Popular, de ese modo sería posible instrumentar un sistema de defensa constitucional múltiple, inexistente en la actualidad, al que bien podría incorporarse el recurso de amparo o acción de tutela, en calidad de instrumento de protección directa de los derechos fundamentales constitucionales.

La Constitución de 1976, según consideración del Doctor en Ciencias Jurídicas, Eurípides Valdés Lobán, Profesor Titular de la Universidad “Hermanos Saiz” de Pinar del Rio, se afilió al principio de control difuso de la constitucionalidad, aunque no en forma expresa y clara, desestimando el establecimiento de un Tribunal de Garantías Constitucionales, encargando a la Fiscalía General de la República la defensa, no solo de las normas constitucionales sino también de toda norma jurídica de cualquier rango, erigiéndose ese órgano de la Administración Central del Estado cubano, como titular del control del principio de legalidad.

Sin perjuicio de la labor que pueda desempeñar la fiscalía en la defensa de la constitucionalidad, es imposible concebir y creer que, solo en instituciones de esa naturaleza, puede radicar el control de la constitucionalidad, pues resulta imposible sustraer al pueblo, soberano del poder estatal, a los ciudadanos, con sus múltiples formas de sujetos convergentes y alternativos, que accionarían ante ese más que necesario Tribunal, en pos de un eficaz y cierto control y defensa de la constitucionalidad en Cuba, propósito de primerísimo orden, si ciertamente se pretende revertir la inobservancia de la legalidad socialista, advertido y denunciado por el Presidente de la República, en su intervención en la última sesión del máximo órgano de poder, que afecta todas las esferas de la sociedad cubana, cual cáncer incurable, del que son responsables funcionarios estatales y ciudadanos; que no es posible su erradicación con tan solo realizar operativos policiales ni con la imposición de desproporcionadas y expiatorias penas administrativas y penales, los llamados bandazos y si con el establecimiento de un sistema mixto , múltiple de control de la constitucionalidad que rescataría el debido respeto y obediencia a la ley, tanto por los ciudadanos como por los funcionarios estatales hasta el más alto nivel, los llamados a constituirse en ejemplo y paradigma a seguir en tan crucial tarea, para la supervivencia del modelo social cubano, el respeto a la Ley, a la Constitución.

 

Constitución, la más vulnerada

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La Constitución, conocida también como Ley de Leyes, Ley Suprema, Ley Fundamental, Carta Magna, entre otras denominaciones, constituye el documento político-jurídico más trascendente de cualquier sociedad, pues regula la base económica del Estado, las formas de propiedad y el sistema de economía, las formas de gobierno y los principios fundamentales de organización y funcionamiento de los órganos del Estado. Determina las relaciones entre los órganos de poder, así como los del Estado en su conjunto, estableciendo además, los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos.

La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, por intermedio del Auto Número Seis de 11 de febrero de 2010, dictado en el Proceso Ordinario No. 1 del propio año, la define, como la fuente esencial de todo el sistema jurídico, en la que se establecen los principios más importantes y puntos de partida para todas las ramas del Derecho.

Uno de esos principios y punto de partida, lo es, el previsto en el artículo 54 de la Ley Fundamental; ´´ Los derechos de reunión, manifestación, y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, ´´. Principio cardinal, inobservado por la Ministra de Justicia, para con los fundadores e iniciadores de la Asociación Jurídica Cubana, al pronunciar con fecha 12 de abril de 2012, la Resolución Número 44, Denegando la Solicitud de Constitución de dicha Asociación, sin sustento legal alguno.

El actuar de la Ministra de Justicia, quebranta y vulnera una garantía constitucional, pero infructuosamente, para nosotros, iniciadores de la pretendida Asociación, el Sistema Jurídico Cubano, no cuenta con un Tribunal de Garantías Constitucionales, que seria el órgano jurisdiccional, con competencia para conocer y resolver, el recurso de inconstitucionalidad a interponer contra ese Acto o Resolución de ese organismo de la administración central del Estado, que niega y restringe tal derecho, consagrado en la Constitución a todos los ciudadanos, en total concordancia con el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La no existencia del referido Tribunal, limita en extremo, a los ciudadanos, el acceso a una justicia efectiva y garantista, pues no existe en el actual sistema de tribunales populares, procedimiento legal , mediante el cual sea posible obtener la declaración de inconstitucionalidad, respecto a una disposición de una autoridad estatal, o funcionario público, que se estime inconstitucional, como lo es la mencionada Resolución 44 de la Ministra de Justicia, quedando tan sólo una vía legal, la jurisdicción en materia administrativa, ante la Sala de lo Civil y de lo Administrativo, del Tribunal Provincial Popular de La Habana, no competente para hacer tal declaración, por lo que a mi juicio, la Carta Magna, carece de la debida protección jurídica y con ello los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.

Personalmente, estimo, como paso hacia el perfeccionamiento de nuestro modelo social, que debería insertarse en el cumulo de las transformaciones jurídicas a realizar, que demanda nuestra sociedad actual, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, como una Sala del Tribunal Supremo Popular. ¿Por qué no?, ¿qué lo impide?

 

Necesario Tribunal

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El Tribunal de Garantías Constituciones y Sociales, según el artículo 182 de la Constitución de 1940, era el órgano jurisdiccional competente para conocer: los recursos de inconstitucionalidad contra las Leyes, Decretos-leyes, Decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantías consignados en la Constitución o que impidan el libre funcionamiento de los órganos del Estado y los recursos de HÁBEAS CORPUS por vía de apelación o cuando haya sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades o tribunales, entre otros.

Hasta donde he podido  hurgar en mis indagaciones bibliográficas, ese Tribunal existió en la estructura  jurídica del país, hasta los primeros años de la década del setenta de la pasada centuria, pero no he logrado conocer las causas que determinaron la desaparición de tan importante y necesario órgano jurisdiccional.

¿Puede tal acontecimiento, considerarse avance o retroceso? Lo catalogo como lo segundo, pues la no existencia del Tribunal de Garantías Constitucionales,  hace carente a la Constitución de la República, de la necesaria y debida protección jurídica y de que no contemos con un mecanismo jurídico  que permita y garantice con la agilidad , viabilidad y efectividad requerida, el restablecimiento de la legalidad, cuando son vulnerados  garantías y derechos tan importantes como los establecidos en los artículos 58 y 59 de la Carta Magna:  La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes…  Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen.

Todo acusado tiene derecho a la defensa.

No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar.

Es nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley.

Conocemos de casos, lamentablemente se suceden con mayor frecuencia, en que las personas son detenidas o presas con total quebranto de la forma y las garantías que prescriben las leyes, especialmente los artículos 252 y 253 de la Ley de Procedimiento Penal, referidos a la forma y supuestos en que es posible imponer la prisión provisional, como medida cautelar a un acusado, respecto a los cuales el Consejo de Estado a través del Acuerdo de 8 de marzo de 1985, estableció un imperativo legal: Cuando se trate de acusados que posean buenos antecedentes y observen buena conducta sólo podrá disponerse o confirmarse la medida cautelar de prisión provisional si se entiende que el acusado tratará de evadir la acción de la justicia por haberse ocultado de las autoridades o destruido pruebas de su acción o en los casos en que se trate de un hecho delictivo que haya concitado alarma en la esfera social más inmediata, que se entienda imprescindible esta medida.

Lo que fue así plasmado en la Instrucción 118 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, prescripción legal de las más inobservadas, pues un número considerable de acusados se hallan en los establecimientos penitenciarios sujetos a prisión provisional, a pesar de poseer buenos antecedentes y sin tratar de evadir la acción de la justicia, confinamiento que por lo regular se dilata más allá del plazo legal establecido.  En esa situación está mi esposa Marienys Pavó Oñate, pues la Fiscalía, que debiera vigilar el estricto cumplimiento de la Constitución, se mantiene inerte ante  tal ilegalidad.

Resultando posible, otra vía para restablecer la legalidad quebrantada, accionando ante ese, para mí, cada día más necesario Tribunal de Garantías Constitucionales.

 

Trabajo, internamiento y edad

Osvaldo Rodríguez Díaz

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana en la causa 93 del 2012, emitió la sentencia número 14 de 10 de julio del 2012, en la que le impuso a la acusada N.V.B.Q. la sanción de dos años de trabajo correccional con internamiento.

La sancionada en cuestión, al momento del juicio oral, contaba con 60 años de edad y más de 40 de trabajo, por lo que su condición de jubilada quedó clara en dicho acto.

Resulta en extremo cuestionable imponerle a esa acusada una pena de trabajo por dos años, cuando ya su capacidad laboral está disminuida, amén de los padecimientos complementarios de esa etapa de la vida.

Internacionalmente, el límite máximo de edad laboral de la mujer está entre los 55 y los 60 años, hoy en Cuba el límite es 60, por lo que, en este caso, a la sancionada se le ha impuesto una condena en franca contradicción con la legislación laboral controlada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ley penal franquea otras posibilidades para el caso en cuestión, pues la pena se le pudo subsidiar por la de limitación de libertad o por la de trabajo correccional sin internamiento,  para que elija una labor que por sus condiciones pueda realizar, aún por cuenta propia.

Se pudiera ampliar más sobre el tema, pues esto ocurre con frecuencia y el Tribunal Supremo ha rectificado la sentencia, modificándole la medida a los sancionados.

Esperemos el desenlace de este caso, pues se encuentra a consideración de dicho Tribunal.

Contra los derechos individuales

Lic. Osvaldo Rodríguez Díaz

En fecha 9 de julio de 2012 se presentó ante la Secretaria de Gobierno del Tribunal Provincial de La Habana un proceso sumarísimo de habeas corpus, el que se admitió y remitió a la Sala Tercera de dicho Tribunal.

La referida Sala de inmediato se comunicó con los funcionarios implicados en la privación ilegal de libertad del recluso, previa radicación del asunto.

Ese mismo día, a las diez y media de la noche, resultó puesto en libertad el perjudicado y quedó citado para el siguiente día. A la Sala, también fueron citados los funcionarios involucrados.

Compareció el acusado y los responsables del Control Penal del Combinado del Este, que eran los denunciados en el proceso.

Al abogado, hasta la fecha, no le ha sido notificada resolución alguna. Al privado de libertad, pese a estar en libertad, no le llenaron Acta de Comparecencia. Desconocemos qué explicación dieron los funcionarios, los que con antelación fueron advertidos por el padre del recluso del error en que estaban incurriendo.

Pese haber sido apercibidos, los responsables de Control Penal mantienen al reo en prisión, estando legalmente en libertad, hace más de cinco días.

Aunque el perjudicado y sus familiares no pretenden denunciar a los culpables por un delito de privación ilegal de libertad, artículo 279.1 del Código Penal, el Tribunal debió notificar la Resolución correspondiente al letrado que interpuso el Recurso.

También pudo el Tribunal -conforme al Artículo 6 de la Ley de los Tribunales-, dar cuenta a la Fiscalía Militar, lo que tampoco es del interés del perjudicado, pero al menos comunicarlo a la Dirección Nacional de Prisiones y dar a conocer al principal responsable para que no ocurran estos hechos.

Cundo un recluso se evade de la prisión, generalmente resulta sancionado por este nuevo delito, ahora ocurre lo contrario, retienen al que cumplió la pena y está en libertad y no se aplica al responsable ni una medida administrativa.

De todos modos, no existe interés en causar daño, sino que se evite lesionar los derechos individuales.

La Sala Tercera obró con toda la rapidez posible, que siempre sea así.

 

 

LA IMPRESCINDIBLE LEGISLACION COMPLEMENTARIA

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Wilfredo Vallín Almeida, 8 de agosto de 2010, La Víbora, Ciudad Habana

En una clase que hace algún tiempo yo impartía sobre la Constitución de 1940, una alumna me preguntó: ¿Cómo es posible, si la Constitución del 40 era tan buena, que Batista diera el golpe de Estado de manera tan impune?

Basé mi respuesta en un grave problema de aquella constitución: la ausencia de una legislación complementaria.

Ese recuerdo volvió a mi memoria contemplando la transmisión de lo que acontecía en la última Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora, en el año 2010, a más setenta años de aquellos acontecimientos, volvía a ver el mismo problema: la ausencia de la legislación complementaria. Para los no entendidos en estos asuntos, trataré de explicarme.

Como ya hemos dicho anteriormente, una constitución es una especie de regulación de las “reglas del juego social”. En ella se exponen las normas más generales que regirán el país, a saber: la estructura del gobierno y sus atribuciones, los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, el régimen económico, político y social, y otras consideraciones.

No obstante, la Ley Suprema, por su generalidad, necesita de otras leyes denominadas “complementarias” que especifiquen detalladamente cómo se instrumentará el cumplimiento de la disposición constitucional.

Un ejemplo ilustrará mejor esta explicación.

La Constitución socialista vigente establece en su artículo 63: Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley.

Sin embargo, conocemos numerosos casos que van desde sencillas peticiones a las autoridades, pasando por acusaciones a oficiales del MININT, decomisos ilegales de la Aduana General de la República, detenciones arbitrarias, registros sin cumplir los procedimientos establecidos, citaciones no válidas, y hasta una acusación de asesinato masivo de personas, situaciones todas que , habiendo sido reclamadas, han quedado sin respuesta por parte de los organismos involucrados, incluyendo a la propia Fiscalía General de la República.

Al no existir unas leyes complementarias de la Carta Magna, el ciudadano desconoce qué sucedería de no brindársele ninguna respuesta, no cuenta con una institución como un Tribunal de Garantías Constitucionales o un Defensor del Ciudadano que garantice sus derechos ciudadanos. Todo se vuelve un “peloteo” absurdo e irrespetuoso de los que conforman “el pueblo, de donde dimanan todos los poderes“, y los artículos de la Constitución quedan sencillamente en letra muerta.

Después de 51 años de revolución, la Asamblea Nacional del Poder Popular se da cuenta ahora de la necesidad de una legislación sobre esa materia para que no se maltrate al pueblo…Increíble, pero cierto.

Como hemos visto tantas veces prometer lo que no se cumple -empezando por la restitución de esa Constitución de 1940 en La Historia me Absolverá – esperemos que lo dicho en esta última Asamblea no quede solamente en eso: palabras. De no ser así, y ya que el refrán popular reza “más vale tarde que nunca”, daríamos la bienvenida a esa legislación complementaria…y hasta la aplaudiríamos.

vallínwilfredo@yahoo.com

Asociación Jurídica Cubana demanda a representante del gobierno.

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Lic: Laritza Diverzent

La Asociación Jurídica Cubana, una organización de abogados independientes, interpuso demanda, el pasado 24 de junio, ante la Sala Segunda de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, contra la Ministra de Justicia, María Esther Reus González, por denegar la autorización para la constitución legal del gremio.

El acontecimiento, calificado de excepcional por los juristas, no tiene precedentes en los 51 años de ‘Revolución’. Es la primera vez, que una organización disidente interpone una acción legal ante un tribunal, contra un representante del gobierno.

La Asociación Jurídica Cubana, fundada el 1ro de octubre de 2008, brinda asesoría jurídica a ciudadanos que requieran sus servicios. Tiene además entre sus objetivos elevar el nivel de conciencia jurídica de la sociedad civil cubana. Todo ello sin ánimo de lucro.

El Organismo de la Administración Central del Estado (OACE), presidido por Reus González, guardó silencio en tres momentos distintos, respecto a la solicitud de una certificación, que debía acreditar, si existía en la isla otra ONG, con el mismo nombre o fines de la Asociación Jurídica Cubana.

Las dos primera solicitudes se dirigieron al Jefe del Departamento del Registro de Asociaciones en abril de 2009 y marzo de 2010.La tercera solicitud se planteó , por medio de Recurso de Alzada, ante Reus González, por quebrantamiento de las formalidades legales.

El gremio de abogados se dio por notificado al transcurrir el término, que prevé la Constitución Estatal y la Ley de Procedimiento Civil, para dar respuesta a una petición ciudadana. El documento constituye el primer trámite en el proceso en la legalización de una organización no gubernamental (ONG), según dispone, el Reglamento de la Ley No.54, “De Asociaciones”.

La demanda fue radicada por el órgano de justicia, el 29 de junio, e intenta impugnar la decisión adoptada (silencio administrativo) por el Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS). A partir de ese momento, el tribunal tiene términos legales precisos para actuar. El juez ponente del caso, será Jolene Pereira Basanta

¡NO!,…y ya

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Wilfredo Vallín Almeida

La Víbora, La Habana, 19 de enero de 2010

La pregunta a la que se supone que respondamos hoy – quizás por la índole de su naturaleza- pudiera ser mejor respondida por un especialista en psicología, o tal vez en psiquiatría… a lo mejor por un seguidor de Freud en el psicoanálisis e incluso por un maestro en ciencias ocultas del Medioevo, más que por un simple letrado cubano de estos tiempos.

Después de indagar, hasta donde nos fue posible hacerlo, la anterior es la conclusión más lógica a la que pudimos arribar.

Las preguntas en cuestión a la que tendremos (como misión casi imposible) responder, son las siguientes:

¿Bajo qué razonamientos (morales, legales o políticos) se otorga hoy, o se niega, la tarjeta blanca? Estos razonamientos, ¿han sido publicados alguna vez?

A la primera de estas preguntas, contestaremos diciendo que la actuación tendiente a privar a una persona que no ha cometido delito alguno, que se encuentra en plena posesión de sus derechos ciudadanos – ninguno de los cuales ha sido interdicto -, de su libertad de salir o entrar al país, es un acto que, dada la estrecha relación existente entre moral y derecho, carece de ambas cosas.

En segundo lugar, ello constituye una violación burda y abierta de la adhesión que el gobierno, al menos en teoría, ha dicho manifestar siempre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hasta para sentarse, con olímpica tranquilidad, en su Comisión de Ginebra.

En cuanto a los aspectos legales, en las disposiciones que hemos podido ver al efecto, se pretende “legalizar” la confiscación de los bienes de esas personas por abandono del país, pero no se explica una sola palabra en cuanto al derecho pretendido por el poder para entregarla cuando le parezca.

En relación al tercer aspecto implicado (el político), somos de la opinión que por ahí si van las cosas. Después de hablar con muchas personas que han sufrido situaciones de este tipo siendo, por esas casualidades de la vida, todos ciudadanos que de una u otra manera han tenido alguna confrontación política con el sistema, la claridad parece abrirse paso.

De lo que se trata es de castigar de alguna manera a quienes no han sido fieles al régimen y se han atrevido a contradecirlo de alguna manera más o menos intolerable para él. Entonces lo que procede es demorarles su marcha del país… para que lo “disfruten más tiempo” aunque les pese. Es algo así como aquello de que “a quien no quiere caldo, tres tazas”.

Por último, en cuanto a la publicación de las razones para esto, si la Constitución no se publica (y para copiarla hace falta un permiso del Ministerio de Justicia), ni la Sección 21 permite que se den cursos de derecho socialista a los ciudadanos, ¿cómo publicar lo impublicable? Sencillamente ¡NO! … y ya.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA (III)

Lic. Laritza Diversent

El Tribunal provincial de Ciudad Habana sancionó a Olga Lidia Ramírez Maura, por un delito de tráfico de personas. Ella se declaró inocente y para su defensa contrató, en el Bufete Colectivo “Salvador Allende” de Centro Habana en la capital, los servicios del abogado Máximo Averoff Bolaños. Confió en él, cuando le dijo que no hablara en el juicio.

Según la sentencia 111/09 los jugadores “Estayle Manuel Hernández Apesteñis, Reynaldo Fajardo Véliz, Jhoyce su Casella, Reinier Roll Valdés-Basante, Yasmany Torres y Alexei Gill Pérez”, fueron contactados “en los terrenos deportivos o en lugares previamente acordados”. Allí se les propuso abandonar el país para jugar en las ligas profesionales, “donde recibirían jugosos contratos en efectivo por su desempeño”.

El Código Penal cubano castiga con privación de libertad, al que sin estar facultado para ello y con ánimo de lucro, organice o promueva la salida del territorio nacional de personas que se encuentren en él, con destino a terceros países.

La fuga sería en una lancha rápida a un país intermedio, sin embargo, la sentencia, no específica cuál. El destino final sería los Estados Unidos. Supuestamente Olga Lidia abandonaría la isla junto a los deportistas.

El Tribunal, formó convicción de los hechos declarados probados, por la confesión del jugador Reinaldo fajardo, quien manifestó que Ramírez Maura, por vía telefónica le propuso “en un lugar”… “salir del país por vía marítima, en una embarcación que llegaría a Cuba por esos días”.

La resolución judicial argumenta que el contacto de Olga Lidia en el exterior, era Franklin García Castro. Un ciudadano venezolano, vinculado a mercaderes del deporte profesional. Ambos se comunicaban por correos electrónicos. Según exponen la sentencia, la información contenida en ellos estaba “en otro contexto y de una forma figurada”.

Sin embargo, la correspondencia fue determinante para que el tribunal, “después de saber las intenciones” de la acusada, la sancionara a 7 años de prisión. Su abogado defensor, sin consultarle, la hizo responsable con respecto a la salida ilegal del país.

Contra el abogado, presentó una queja ante la Organización Nacional de Bufete Colectivo (ONBC) por incumplimiento del contrato. Al jurista lo sancionaron administrativamente. Trabajó por seis meses como mensajero de su centro. La respuesta escrita de la institución a Ramírez Maura es la prueba de su indefensión en el juicio y causa para la revisión del caso por el tribunal.

El Bufete Colectivo “Salvador Allende”, sin embargo, tiene orden de no darle respuesta por escrito. Ramírez Maura no descansa para que las autoridades le den el derecho de acceder a la justicia. Recientemente interpuso reclamación contra la institución ante el Ministerio de Justicia. Aun espera la respuesta.

SIN ACCESOS A LA JUSTICIA (II)

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Lic. Laritza Diversent

Alguien deslizó un papel debajo de la puerta. El oficial Vladimir Acanda Alonso exige a Olga Lidia Ramírez Maura, por medio de citación oficial, presentarse para una entrevista en Villa Maristas. La mujer estaba preocupada y sorprendida. El lugar es institución de la seguridad del Estado cubano en Ciudad Habana.

Lo que en principio sería una conversación, se convirtió en un interrogatorio de 10 horas. “Al final de la tarde, totalmente perturbada y medicamentada, firmé mi declaración sin saber, que firmaba mi sentencia”, argumenta Olga Lidia. Ella no leyó su testimonio, tampoco lo hizo el instructor de su caso.

Ramírez Maura nunca antes había sido interrogada. Desconocía que la Ley de Procedimiento Penal establece que, cuando la declaración de un acusado o testigo se consigna por escrito, este tiene derecho a leerla por sí mismo y si no lo ejercita, debe hacerlo el oficial actuante.

Salió del lugar con la orientación de incorporarse nuevamente a su trabajo, como secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la Capital. Allí la esperaba una resolución que le imponía la separación definitiva de su centro laboral. En ese momento se enteró, de boca de su director, que estaba acusada por tráfico de personas.

El Instructor penal, Acanda Alonso, omitió decirle, tal como ordena la ley, que se había iniciado un proceso penal en su contra. Tampoco la instruyó de su derecho a prestar declaración. Hasta hoy Ramírez Maura ignora quien la acusó.

Así comienza la historia que, en el 2009, llevó a esta mujer enfrentar un juicio en el que resultó sancionada a siete años de privación de libertad, por atentar contra el normal tráfico migratorio. Según la sentencia No 111/09, ella organizó, por medio de correos electrónicos, la salida ilegal de peloteros de los equipos nacionales Industriales y Metropolitanos.

La declaración del mayor de la Seguridad del Estado, Vladimir Acanda, fue también determinarte para el tribunal Provincial de Ciudad Habana. El oficial “corroboró y confirmó” que la acusada, en la fase investigativa, reconoció su participación en los hechos. Ramírez Maura, alega que le negaron dos veces la oportunidad de cambiar su primera declaración, derecho reconocido en la Ley Procesal.

Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado,… la sola declaración de las personas… no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos.

Así reza el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal. En este caso, intrascendente para los jueces.

Ramírez Maura interpuso una queja contra los oficiales que la atendieron. La contestación le daba la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar el maltrato psicológico y la manipulación a la que fue sometida. En una oficina le leyeron la respuesta pero no le dieron copia por escrito de la misma.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA (I)

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Lic. Laritza Diversent

En la sentencia No 111 del año 2009, el Tribunal Provincial de Ciudad Habana encontró culpable de un delito de tráfico de personas, a Olga Lidia Ramírez Maura. Siete años de privación de libertad, determinaron los jueces. El fallo fue ratificado por la sala de casación del Tribunal Supremo. Su causa no tiene posibilidad de ser recurrida.

La secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la capital, Ramírez Maura, fue acusada de organizar, por medio de correos electrónicos, la salida del territorio nacional, de un grupo de peloteros. Durante el proceso investigativo, la correspondencia fue ocupada y apreciada como una prueba.

La sentencia expone que, a través de mensajería electrónica, la acusada informaba a Franklin García Castro, un ciudadano venezolano, “que ya tenía algunos de los peloteros que le había solicitado contactar”. Sin embargo, la misma resolución aclara que la proposición hecha por Ramírez Maura, no fue aceptada por los atletas.

García castro viajó en varias ocasiones al país y estaba interesado en jóvenes jugadores de beisbol que querían emigrar. Según exponen los jueces, la comunicación entre él y Ramírez Maura, no era clara y precisa. Asumieron que, por el tipo de información, era ‘lógico’ que tenía que ponerse en otro contexto y ‘de una forma figurada’, para evitar ser entendida por un tercero.

A la vista del tribunal y “después de saber las intenciones” de la acusada, los correos mostraron el trasfondo de la información que enviaban. Maura se declaraba inocente, pero su abogado defensor, sin consultarle, la hacía responsable de un delito de salida ilegal del país.

Ramírez Maura no se resigna a ser castigada por un delito que no cometió. Jamás paso por su mente traficar con personas ni aventurarse en una lancha para huir del país. La idea de sufrir prisión la llevó atentar contra su vida. Sus expectativas cambiaron. Está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, principalmente porque es madre de una adolecente de 13 años de edad.

Está convencida de que con ella cometieron una injusticia. Busca agotar las vías legales posibles para demostrar su inocencia, pero el silencio de las autoridades le impiden invocar nuevamente al Tribunal Supremo. Olga Lidia interpuso quejas contra su abogado defensor y los oficiales de la Seguridad del Estado que la atendieron.

Las contestaciones en su caso, serian la prueba de su estado de indefensión en el juicio y un posible fundamento para la revisión de su causa. Hasta hoy no ha recibido ninguna respuesta por escrito, que le dé la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar su inocencia.

LA VERDADERA RESPUESTA

Foto: adeptos de la ‘Revolución en un mitin de repudio

Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Esta es una sección sobre asuntos jurídicos cuyo formato es responder a la(s) pregunta(s) que nos hacen los ciudadanos. En teoría, debemos tener siempre una respuesta en la más depurada técnica jurídica que sirva para esclarecer la interrogante formulada. Esa respuesta debe ser, además, clara, concisa y verdadera, sin titubeos ni equívocos.

Hoy, sin embargo, ese formato deberá cambiar un poco: la pregunta la hará este columnista y la respuesta la dará…(o al menos eso quisiéramos), nada más y nada menos que los señores de la sección 21 del Departamento de Seguridad del Estado.

Lo que sigue a continuación no es ficción sino que ocurrió realmente hace apenas unas horas, en la acera frente al edificio donde resido. Alguien me dijo que hay todo un gran operativo de ese departamento en torno a mi casa y que tiene que ver conmigo. Bajo a averiguar que sucede.

El problema es este: varias personas (7-8) se han dado cita en mi casa para que les explique algunos aspectos de la ley 62, Código penal y de la Ley de Procedimiento penal vigentes en el país, sobre todo lo que tiene que ver con la peligrosidad, el registro en vivienda habitada, las citaciones policiales, el Habeas Corpus y cosas así.

No es otro el objetivo de este encuentro y los señores que me interceptan cuando bajo lo saben perfectamente.

No hay mucho diálogo sino varias motos, algunos agentes frente a mi edificio, en las esquinas, varios patrulleros, policías uniformados, una primer teniente de la PNR. Un ómnibus a media cuadra baja decenas de personas… hay también mujeres y hombres entre ellos de civil que evidentemente no son de la Sección 21 …todo un gran show listo para entrar en acción.

¿Cuántos hay en total?, ¿50, 70, 100? Me es difícil precisar. En mi hogar en ese momento sólo hay dos mujeres…

De forma cortante, se me informa que la reunión no tendrá lugar de ninguna forma. Es entonces cuando pregunto:

– ¿Pudiera decirme cuál es el artículo del código penal que violamos con sentarnos a hablar sobre las leyes cubanas?

Mi interlocutor se inmuta. Airadamente hace alusión a “órdenes” que tiene. Una vez más el tema del derecho parece estar muy lejos del conocimiento y la observancia de los agentes. Son incapaces de explicarse conforme a derecho. Es evidente que esgrimir ante la fuerza bruta la razón y la legalidad, es perder el tiempo.

Por tanto, lo que sigue no es para ellos, sino para todos los que aun tenemos fe de que un día, quiera Dios que mucho más temprano que tarde, la razón, la cordura, el amor y el derecho volverán a enseñorearse sobre nuestra sufrida tierra, y esta vez será quizás para siempre.

Código Penal, Ley 62, Título IX Delitos contra los Derecho Individuales,

Capítulo I: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL

Artículo 286.1: El que sin razón legitima (y la única razón legitima puede serlo solamente la ignorancia de la ley) ejerza violencia sobre otro o lo amenace para…impedirle hacer lo que la ley no prohíbe, es sancionado con privación de libertad de seis meses a dos anos, o multa de doscientas a quinientas cuotas.

Y sobre la base de este precepto fundamentaremos nuestra acusación en la Fiscalía Militar Provincial contra los que no quieren de ninguna manera que los cubanos conozcamos nuestros derechos…para poder defendernos mejor de sus arbitrariedades cada vez mayores.

EL REINO DE LA ARBITRARIEDAD

Lic. Laritza Diversent

La confusión de expresiones jurídicas, por parte de la dirigencia histórica comunista que gobierna la isla desde hace más de 50 años, va más allá del plano político: trasciende a la vida de los ciudadanos.

Por ejemplo, el artículo 60 de la Constitución de la República establece que la confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley. La interpretación y aplicación del precepto es sumamente amplia y, en consecuencia, reina la arbitrariedad.

Explico: la Asamblea Nacional tiene la facultad de aprobar, modificar o derogar las leyes. Sin embargo, el Decreto ley 149 de 1994 dispone la confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido, siendo una disposición de menor jerarquía emitida por el Consejo de Estado.

Por su parte el Código Penal -ley penal de mayor rango dentro del ordenamiento jurídico nacional-, regula la confiscación como una sanción específica y accesoria de un delito. En consecuencia sólo los tribunales competentes, conforme a la ley, imponen sanciones (artículo 2-b de la Ley No. 82/97, Ley de los Tribunales Populares).

El requerimiento es reafirmado por La Ley de Procedimiento Penal. En su artículo 1 establece que no puede imponerse sanción o medida de seguridad sino de conformidad con las normas de procedimiento establecidas en la ley y en virtud de resolución dictada por Tribunal competente .

Estos artículos, supuestamente, deben garantizar que nadie pueda ser sancionado ni tampoco ser objeto de una resolución, si no es por parte de los órganos jurisdiccionales, garantía reconocida por el artículo 59 de la Constitución de la República: Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen.

Sin embargo, el Decreto-Ley 149 va contra todo eso. Dispone que se aplique por una autoridad administrativa. Su artículo 2, faculta al Ministro de Finanzas y Precios para dictar resolución imponiendo la sanción de confiscación.

La norma emitida por el Consejo de Estado se aplica, como medida ejemplarizante, contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo, resultado del robo, de la especulación el desvío de recursos de entidades estatales, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.

Las conductas anteriores son calificadas, en los fundamentos de hecho y de derecho del decreto ley, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. Si la confiscación de bienes es una sanción derivada de la comisión de un delito, entonces ¿por qué se sustancia por un procedimiento administrativo?

“MERCENARIOS”

Lic. Wilfredo Vallín Almeida

Le di un vaso de agua, le puse un ventilador para que se refrescara, y le pedí que se calmara. Arturo tenía el rostro completamente rojo y, cuando llegó a mi casa, pensé que era por el intenso calor, que ya pronostica un verano demasiado caliente. Pero no, no estaba rojo por el calor, sino por la ira.

– Ellos evidentemente no pueden hablar sin ofender, y cuando no pueden someterte empiezan a llamarte cuanta cosa ofensiva encuentran para vilipendiarte y rebajarte en tu dignidad. Cuando le argumenté en respuesta, lo único que atinó fue a gritarme “mercenario”, “asalariado de los norteamericanos” y cosas así…

Al rato logré que se tranquilizara. Luego me preguntó:

– ¿Tenemos que aguantar en calma que nos vejen de esa manera?…Porque cuando me tratan así lo que tenga es ganas de…

Y agregó algo que aquí no se escribe. Ya esta situación la he visto unas cuantas veces y me creo en el deber de decirles a Arturo y a muchos compatriotas más mi opinión al respecto.

El recurso de utilizar una frase un epíteto o un término ofensivo y descalificador para con el adversario, no es nuevo en la historia. Ese hecho se ha repetido hasta la sociedad desde la época del desaparecido imperio romano hasta nuestros días.

En nuestro propio país lo hemos visto. Así, los españoles llamaron “mambises” a los cubanos en armas y esa denominación tenía entonces un carácter vejaminoso y descalificador. Los soldados batistianos denominaban “mau-maus” y “muerde y huye “a los rebeldes de la Sierra Maestra y otros lares también con el mismo propósito ofensivo.

Después del primero de enero de 1959, comenzó a utilizarse el mismo recurso, o sea, a denominar “gusanos”, “apátridas”, etc., a todo el que no estuviese de acuerdo con el proceso socialista y lo rechazase de alguna manera. A partir de aquí ya nadie que estuviese en desacuerdo pudo ser nunca más una persona decente, pues los millones de afuera y de adentro en discrepancia con el sistema serían ya por siempre eso: escoria, traidores, vende patrias, mercenarios, etc., etc.,

En los 51 años de revolución no he oído jamás esta formulación en los medios oficiales: “X no está de acuerdo con nosotros, pero es una persona decente a la que se debe respeto…”

Así las cosas, libremos una pequeña escaramucilla con el manido término “mercenarios”.

Este adjetivo tiene varias aristas que debemos analizar. Empecemos por la primera acepción que de él dan algunos diccionarios de la lengua española.

– Según el Diccionario Enciclopédico Océano:

Aplicase a la tropa que sirve en la guerra a un gobierno extranjero por una retribución.

– Conforme al Diccionario María Moliner del Uso del Español:

Soldado que en las milicias antiguas servía por un salario en un ejército extranjero.

Fíjese que se habla en términos de tropa, soldados, milicias, ejército, o sea que se refiere a las claras a aquellas personas que tienen que ver directamente con formaciones militares y de ninguna manera con civiles. O sea, que este término no puede ser aplicado a quienes no militan en ninguna organización armada y, si de todas formas se hace es sencillamente por la ignorancia (o mal intención) de quienes no saben ni lo que dicen.

Por supuesto que, como lo hemos visto tantas veces, “el revés puede convertirse en victoria”, según el pensamiento nacionalsocialista, pero lo que dicen los diccionarios es a lo que habremos de creer.

Luego, si la definición que dan los diccionarios es esta, cabría preguntarse, como vieron los angolanos y los etíopes que no apoyaban a Neto o a Haile Mariam la presencia de tropas cubanas en sus territorios (aunque aquí queramos llamar eso “internacionalismo proletario”). ¿Podría criticárseles que denominaran, con mucha más razón, mercenarios a esos cubanos?

Por supuesto que todo depende con el cristal con que se mira y los que llevan siempre puestos los lentes rojos del marxismo estalinista, seguirán diciendo lo mismo que las alturas les orientan.

De todas maneras, Arturo, cuando sus detractores, a los que cada día se les reduce más el espacio lenta pero inexorablemente, le vuelvan a llamar de esa manera, recuerde lo que al respecto dijo el más grande de todos los cubanos:

Miente como un zascandil/el que diga que me oyó/ por no pensar como yo/ llamar a un cubano vil.

Este tema no queda agotado aquí. Todavía tiene otros aspectos y uno de ellos es lo que dice al respecto el Derecho Internacional Público, así es que, sobre este asunto volveremos nuevamente.

LOS DELITOS DE ATENTADO Y RESISTENCIA. DIFERENCIAS

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Lic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

El delito de Atentado está previsto en el artículo 142 del Código Penal Cubano:

1. “El que emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público, o sus agentes o auxiliares, para impedirle realizar un acto propio de sus funciones, o para exigirles que lo ejecuten, o por venganza o represalia por el ejercicio de estas, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años.

2. La misma sanción se impone, si la violencia o intimidación se ejerce con iguales propósitos, contra la persona que como testigo, o de cualquier otra manera hubiera contribuido a la ejecución o aplicación de las leyes o disposiciones generales.

3. En igual sanción se incurre cuando la violencia o intimidación se ejerce en venganza o represalia contra familiares de los sujetos mencionados en los apartados 1 y 2, y en virtud de las circunstancias descritas en los mismos.

4. La sanción es de privación de libertad de tres a ocho años, salvo que por la entidad del resultado corresponda una mayor, si en los hechos previstos en los apartados anteriores concurre alguna de las circunstancias siguientes: a) se realiza por dos o más personas, b) se ejecuta con empleo de armas, c) se causan al ofendido lesiones corporales o daños a la salud, ch) se haya logrado el propósito perseguido por el agente.”

El delito de Atentado es de dolo específico. El agente comisor debe proponerse como objetivo impedir que el funcionario, autoridad, agente o auxiliar, realice un acto propio de sus funciones, u obligarlo a que lo ejecute, requiere la tipicidad del delito que se emplee violencia o intimidación, con alguno de los propósitos relacionados en el citado artículo 142, el bien jurídico que tutela este precepto, es el normal desarrollo de la administración y la jurisdicción.

El sujeto activo puede ser cualquiera, incluso puede ser cometido por un funcionario contra otro de superior, de igual e inferior jerarquía, además por una autoridad contra otra.

El delito de Resistencia previsto y sancionado en el artículo 143 del Código Penal, reza:

“1. El que oponga resistencia a una autoridad, funcionario público o sus agentes o auxiliares en el ejercicio de sus funciones, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas. 2. Si el hecho previsto en el apartado anterior se comete respecto a un funcionario público o sus agentes o auxiliares, o a un militar, en la oportunidad de cumplir estos sus deberes de capturar a los delincuentes o custodiar a individuos privados de libertad, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años.”

Para que el delito de Resistencia se configure es necesario que el culpable realice un acto físico, dirigido a impedir la acción del funcionario, agente o auxiliar. La Resistencia, entonces, no podrá cometerse con la simple voluntad manifiesta de palabra, aunque se exprese en forma enérgica. Resistir vale tanto como oponer una fuerza a la acción o violencia de otra, existiendo dos tipos de Resistencia la activa y la pasiva. El delito de Resistencia tiene como elemento intencional el propósito del culpable de desconocer la autoridad. El resultado es de daño, representado por la lesión que sufre el prestigio de la administración.

La diferencia entre Atentado y Resistencia consiste en que, en el Atentado existe una agresión física o una intimidación realizada con el propósito de obligar a la autoridad, funcionario, agente o auxiliares a hacer o no hacer algo que es propio de sus funciones, en tanto que en la Resistencia, la conducta consiste en el empleo de fuerza no dirigida a lesionar, sino a contrarrestar la fuerza empleada por el actuante.