Ley de Policía

 

vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

Los órganos estatales y del gobierno, cada uno en lo que les corresponda, entre ellos la Policía, la Contraloría General de la República, la Fiscalía y los Tribunales deben contribuir a este empeño, siendo los primeros en dar ejemplo de apego irrestricto a la Ley; reforzando así su autoridad y asegurando el apoyo de la población…

Estas palabras corresponden a un fragmento de la comparecencia del General de Ejército Raúl Castro en la Primera Sesión Ordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de las Convenciones, el 7 de julio de 2013.

Pero, ¿qué ocurre cuando ese apego irrestricto a la Ley no ocurre porque en ocasiones esas entidades estatales no actúan de ese modo o cuando la propia ley no existe?

Paso a explicarme.

En la Asociación Jurídica Cubana, nos hemos detenido muchas veces en la consideración de que no debe ser la Fiscalía (a la que se adjudica la responsabilidad de mantener la legalidad socialista) la que garantice los derechos ciudadanos por la sencilla razón de que ella no es independiente de los poderes del Estado, sino que los representa y vela por ellos.

En el mundo moderno no se acepta el doble papel de juez y parte en un proceso penal. Y ese es el caso de la Fiscalía.

Tampoco existe un Tribunal de Garantías Constitucionales como una vez existió en nuestro país, y los ciudadanos no tienen a su disposición una entidad con poder suficiente, que pueda reconocer sus derechos básicos y fundamentales ante instituciones estatales que los desconocen.

Pero hay algo más que tampoco existe en Cuba y que debo solamente esbozar ahora, por razones de espacio, pero sobre lo que volveré próximamente: Se trata de una…Ley de Policía.

 

 

Modificaciones necesarias

3 derecho corporativo

1 EdilioLic. Edilio Hernández H.

Entre las modificaciones necesarias a nuestro ordenamiento judicial está la inclusión de una vía más expedita para garantizar y proteger a los ciudadanos contra el abuso de autoridad y la prevaricación o el mal trabajo de los jueces. Aunque teóricamente la Fiscalía es la responsable de proteger la legalidad, no conocemos ningún caso en que ésta haya encausado a algún funcionario público (fiscal o juez), ni que abogado alguno haya iniciado a petición de cualquier ciudadano una acusación penal o demanda civil.

En varias sentencias revisadas en nuestra sede, tanto de los Tribunales Provinciales como del Supremo, hemos observado un pobre análisis de los puntos litigiosos expuestos, sobre todo las infortunadas soluciones alejadas de la verdad y de la legalidad. Los casos de vivienda continúan siendo los más dados a este tipo de corrupción y violación. Constituyendo un tipo de propiedad normal en cualquier legislación del mundo, en nuestro país se han distorsionado desde 1961, sus requisitos básicos como la posesión, el uso, el disfrute y la disposición.

Esta forma de propiedad posee varios sujetos actores que tienen que ver con su disposición, como son:

Administrativas- Direcciones Municipales y Provinciales de Vivienda. Gobiernos Municipales y el Instituto Nacional de la Vivienda.

Notariales- Notarios y voluntad de los propietarios.

Judiciales- Tribunales Municipales, Provinciales y Supremo.

No obstante las modificaciones positivas en el Decreto-Ley 288/2011, la Ley General de la Vivienda, contiene aún limitaciones a su disposición en su art. 75, (pues debe predominar la Ley Civil en todo lo regulado a la propiedad) y en el art. 80, cuando no contempla la transmisión a los herederos fuera del país. En la posesión también influyen y deciden actores como:

Organismos- en viviendas vinculadas y medios básicos.

Ministerio de la Agricultura- en las viviendas dentro de tierras arrendadas y cooperativas.

Fiscalía- cuando se confisca alguna vivienda según el delito tipificado, y por supuesto, el valor y la ubicación de ésta.

No podemos entender que cuando se acuda a la vía judicial con la esperanza de encontrar equidad, justicia y legalidad, el ciudadano reciba todo lo contrario y como casi siempre sucede se agoten las vías civiles y administrativas para obtener sus derechos y pretensiones.

Tenemos dos ejemplos, donde el absurdo y lo injusto, ilustran cuanto hay que rescatar en civilidad, valores y compromiso solo con la Ley.

1- Una madre de dos menores, sin abandonar su dirección original fue a vivir a casa de una tía, en la cual nacieron sus hijas (sobrinas-nietas de la propietaria original). Después de permutas y adjudicaciones dudosas de ambas viviendas, los nuevos “propietarios” le ejecutan a la madre y sus hijas una ocupación ilegal, pues no aparecían como convivientes en ninguna de las dos casas; transcurrido todo el proceso hasta el Supremo, en la Sentencia No. 325, de 30 de marzo 2012, éste tampoco le reconoce los derechos y no aplica la excepción del artículo 65 de la Ley General de la Vivienda, que expresa:

Artículo  64.  Los propietarios de las viviendas determinarán libremente qué personas convivirán con ellos y estarán facultados para dar por terminada la convivencia de cualquier persona, para lo que no requerirán declaración administrativa ni judicial.

Artículo  65.  La facultad que concede al propietario el artículo precedente, no podrá ejercerse contra:
-ascendientes y descendientes del propietario;
-madre con uno o más hijos habidos en el matrimonio, formalizado o no, con el propietario siempre que ella tenga la guarda y cuidado de los hijos y no tuviere otro lugar de residencia;
– madre con uno o más hijos menores que llevan tres o más años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia;
-ancianos que llevan tres o más años ocupando la vivienda y no tuvieren otro lugar de residencia;
-cualquier otro caso que a juicio de la autoridad competente constituya una manifiesta injusticia o un acto inhumano.
Además si se hubieran ajustado a derecho, no incumplían lo preceptuado en la Instrucción No. 81/79 del TSP, en su apartado XI expresa que …será obligación inexcusable del ponente en todo expediente judicial en que intervenga, dar conocimiento al respectivo tribunal de toda infracción de la ley que adviertan durante la tramitación y examen de los procesos cualquiera que sea su clase…, De haberse revisado el expediente de permuta se hubiera advertido dolo e ilegalidad por lo siguiente:

Res 12/06, del Instituto Nacional de la Vivienda, Reglamento para las permutas.

Artículo 21: No se autorizan las permutas cuando:

  1. pueden estar basadas en ánimo de lucro o enriquecimiento;
  2. de su evaluación resulte presumible la existencia de subterfugios;
  3. que originen perjuicios a los convivientes a que se refiere el artículo 65 y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley General de la Vivienda …

2- El otro caso es una esposa, conviviente, testada, viuda y heredera, que por obra y gracia de la Dirección de Vivienda del municipio Plaza, y los Tribunales Provinciales (sentencia 56, ago-2010) y Supremo (Casación con sentencias 304, oct-2010, y 1551 dic-2012) la convirtieron en desheredada, inconviviente e ilegal en la vivienda de su difunto esposo, en la cual entró casada, y sin más convivientes.

El medio de prueba fundamental valorado por el Tribunal Provincial fueron los testigos propuestos por la contraparte (el hijo del difunto), para declarar que la esposa no vivía en la casa, pero el sí lo hacía. Esta instancia no valoró las escrituras públicas exigidas para estos casos como el Registro de Identificación del Ministerio del Interior de ambos contendientes, así como el carné de identidad, además de los propios testigos de la viuda y heredera.

Debemos recordar de la Ley de Procedimiento (LPCALE), el artículo 348.-Los Tribunales apreciarán el valor probatorio de las declaraciones de los testigos conforme a los principios y reglas de la lógica, teniendo en consideración la razón de conocimiento que hubieren dado y las circunstancias que en ellos concurran.
Para la valoración expresada cuidarán de evitar que por simples testimonios, a menos que su veracidad sea evidente, queden definitivamente resueltos asuntos en que de ordinario suelen intervenir escrituras públicas, documentos privados o algún principio de prueba por escrito.
Asimismo se abstendrán de dar por acreditados por ese medio, hechos para cuya existencia legal se exija que consten por escrito, o el cumplimiento de determinada formalidad que no se hubiere observado.

Otra práctica desleal y antijurídica manida en estos tiempos, es no aclarar todos los puntos litigiosos, ni definir la situación legal de los sujetos, (también se da en lo penal), cuando los ciudadanos quedan en un limbo legal, como en este caso. No se pudo adjudicar la vivienda porque “faltaba” un requisito, pero cómo queda ella, al ser viuda y ocupante con dirección ininterrumpida de más de siete años, copropietaria o conviviente? Tampoco hubo pronunciamiento en los Considerandos mencionados de los Tribunales, sobre la acción de la contraparte de abonar el precio de la propiedad que le corresponde y plasma la Ley General de la Vivienda en sus artículos 77,79 y 82.

La supramencionada Ley de Procedimiento (LPCALE), expresa: Artículo 44.-El Tribunal decidirá sobre la totalidad de las cuestiones oportunamente propuestas por las partes. Artículo 146.-Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las pretensiones y excepciones deducidas oportunamente en el proceso, y en su caso, con los nuevos aspectos apreciados por el Tribunal, con arreglo a las condiciones y formalidades establecidas en el artículo 45, haciendo las declaraciones que éstas requieran, estimándolas o desestimándolas, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos…

Además de todo lo expresado, estos funcionarios irrespetan o se burlan del sentido común y el raciocinio de los ciudadanos, por lo que es absurdo en derecho, lógica y realidad cubana suponer, que una mujer saludable de 29 años va a abandonar un apartamento en el Vedado, siendo única conviviente, esposa y heredera. La calidad humana y el poder adqui$itivo del otro heredero, desataron esta estela corruptiva.

Casos como estos se evitarían, no solo con el rescate del Tribunal de Garantía Constitucionales y Sociales, sino con la independencia del Poder Judicial de los demás poderes del Estado, y por supuesto conuna Sociedad Civil (ciudadanos, abogados, prensa independiente), fiscalizadora y denunciante de entidades o sujetos violadores del Estado de Derecho al que todos aspiramos.

 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Licenciado Frank Paz

La Constitución de la República, en su articulo 32, reconoce que “Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiarla. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana…”

Don Joaquín, cubano de nacimiento, anciano digno, probo y emprendedor; decidió en 1946 probar fortuna en otras tierras. Cruzando mares, llegó a Venezuela. En aquella época ese país no le gustó, hoy mucho menos. ¿Por qué será? Siguió viaje a la hermana tierra mexicana que lo acogió como un hijo. Allí trabajó y creó fortuna. Conoció el amor y formó una bella familia. En 1975, México, lo premió y reconoció como su ciudadano.

En febrero, todos los años, Don Joaquín emprende el viaje azaroso de Salomón. Regresa a su tierra natal a visitar a sus seres queridos y amigos, que aún allí le quedan: lazos afectivos que siempre mantuvo y cultivó con gran amor. Hoy sus hijos y nietos, todos mexicanos, siguen sus pasos hacia la amada tierra que lo vió nacer.

Sin embargo, antes de viajar, Don Joaquín tiene que realizar los gravosos y costosos trámites que le exigen las autoridades de emigración y extranjería para poder entrar en la isla. Siendo ciudadano mexicano, necesita tener siempre a mano un pasaporte cubano para andar libremente en su tierra natal, Cuba ¿Será que en nuestro país hace falta un Tribunal de Garantías Constitucionales?