Precios minoristas para las minorías. (Comentario al Decreto 320)

cubano-autoargelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

Hace un tiempo se publicó con carácter extraordinario en la Gaceta Oficial de la República, el Decreto 320 sobre la Transmisión de la propiedad de vehículos de motor y la Comercialización minorista de los mismos a personas naturales, que deroga al anterior Decreto 292 referido a la transmisión de la propiedad de vehículos entre particulares mediante actos de compraventa y donación.

Lo primero que llama la atención, y que no sin razón ha provocado innumerables comentarios, son los precios para la venta minorista a particulares, además del análisis de los precios que se exponen en el Anexo final del mencionado decreto a titulo de valores referenciales mínimos, y que según se interpreta del artículo 20.2 son los precios, que a los efectos tributarios, deberán considerar los particulares para el pago del impuesto mínimo por concepto de transmisión de bienes y sobre los ingresos personales, entiéndase por ejemplo, que para un auto de paseo en dependencia del año de fabricación habrá que pagar una cuota de impuesto mínima sobre la base de un precio que oscila desde los 51 000 pesos (cup) hasta casi un cuarto de millón de pesos.

Con la implementación del decreto 320, las recaudaciones mínimas por concepto de impuesto ya quedan garantizadas por fuerza de ley; lo que no queda tan claro es el tiempo que tardará en mejorar el transporte público (para la mayoría) con el Fondo destinado para su desarrollo y que, según la letra del decreto, debe engrosarse como resultado de la comercialización de autos a tal precio minorista (para las minorías).

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Expropiar: “Por qué y Para qué”

 

 

transporte privado

Noel 2Lic. Noel Rodríguez Avila.

El presente trabajo se circunscribe al proceso de Expropiación Forzosa seguido contra los propietarios de vehículos de motor dedicados al transporte de carga y de pasaje pertenecientes a personas naturales de las Provincias de Holguín y Las Tunas.

Previo a la iniciación de este proceso, se crearon Comisiones de Compraventa en ambas provincias dirigidas por los extintos sectoriales de Transporte, los que a su vez cumplían expresas instrucciones del Ministerio del Transporte en el sentido de inspeccionar los referidos vehículos teniendo en cuenta presuntas ilegalidades cometidas por sus propietarios referentes a partes, piezas, accesorios o agregados de los motores; una vez inspeccionados los vehículos se relacionaban las deficiencias detectadas, las que se hacían constar mediante acta, posteriormente se le extendía un documento pre elaborado donde se le imponía la violación cometida; y al final se le conminaba a vender su vehículo por la irrisoria suma, según su tonelaje de $ 1800.00 o $ 2500.00 MN.

Dicho acto jurídico se amparaba en un ambiguo, viciado y leonino Contrato de Compraventa, al amparo legal de la Resolución No. 118-88, de fecha 8 de junio de 1988, emitida por el Ministro del Transporte, la Ley 1090 de fecha 1ro de febrero de 1963, cumplimentada por la Ley 1148 de 17 de febrero de 1964 y la ley 1206 de fecha 7 de junio de 1967, las que autorizaban a los organismos de la administración central del Estado la adquisición de los activos requeridos para el desenvolvimiento de sus actividades. Es de señalar que en el acto de compraventa se obvió el consentimiento de las esposas de los propietarios de dichos vehículos, trayendo consigo que al presentarse demandas antes la sala de lo civil y administrativo de los tribunales provinciales, se declarara mediante sentencia la nulidad de dicho acto jurídico.

Ahora bien en los casos que el propietario del vehículo se negaba a realizar la venta, se le iniciaba Procesos de Expropiación Forzosa, Proceso que está instituido en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, pues así lo prevé tanto la constitución de la república en su artículo 25, como los artículos 425 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; siendo requisito esencial la declaración de utilidad pública e interés social del bien a expropiar.

El presente caso resulta totalmente contradictorio, pues aunque el Ministro del Transporte emitió las resoluciones No. 40 y 85 de 1989, mediante las que se declaraba la utilidad pública e interés social la adquisición de dichos vehículos para la Empresa de Camiones de Holguín, con posterioridad quedó evidentemente demostrado que el fin de tales procesos de Expropiación Forzosa no era otro que el de desaparecer el sector privado.

Para argumentar tal afirmación nos hemos remitido a un Dictamen Legal emitido por la dirección jurídica del Ministerio del Transporte, en virtud a quejas presentadas por transportistas de la Provincia de Holguín, ante el Consejo de Estado de la República, el que entre otras cosas fundamenta lo siguiente:

Las Expropiaciones Forzosa de los vehículos de Transporte de Carga, iniciado contra los propietarios de los mismos, tiene sus antecedentes en el año 1989, cuando por ordenes de la alta dirección del país se propuso lo que denominaron “La Política de endurecimiento al sector Privado con vista a su paulatina desaparición”, disposición recogida en el acuerdo No. 1507 del Secretariado del Comité Central del PCC.

A modo de conclusión hacemos las siguientes observaciones:

 El Sector de Porteadores Privados antes de realizarse los Procesos de Expropiación Forzosa se encontraba agrupado en la extinta Operadora de fletes, desde donde prestaban sus servicios de transportación, tanto a personas naturales y jurídicas, como a organismos de la administración central del estado.

 El estado, amparado en supuestas violaciones de orden técnico, realizó compraventa forzosa de camiones mediante un viciado y amañado Contrato de Compraventa y en total ausencia de voluntad, dando lugar a que se declarara la nulidad de dichos actos, por ser contrarios a la ley.

 El Estado enmascaró el verdadero fin de sus intenciones al amparo de una falsa declaración de utilidad pública e interés social, cuando su interés real era desaparecer el sector privado.

 Ha quedado demostrado que ese sector sí representa una verdadera utilidad pública e interés social para el pueblo y el Estado, pues este último ha tenido que recurrir a los porteadores privados para resolver la aquejante situación de transportación, tanto de pasajeros como de carga, en todo el territorio nacional.

Vale responder a la interrogante que da título a este trabajo: Expropiar Por qué y Para qué.

Expropiación forzosa, ¿Para qué?

carretera Noel 2Lic. Noel Rodríguez Ávila

El presente trabajo se circunscribe a los procesos de expropiación forzosa contra los propietarios de vehículos de motor dedicados al transporte de carga de las provincias de Holguín y Las Tunas.

Previo al inicio de estos procesos, en los extintos sectoriales de transporte, se crearon comisiones de compraventa de camiones, que cumplían expresas instrucciones del Ministerio del Transporte, en el sentido de inspeccionar los referidos vehículos, y detectar ilegalidades cometidas por sus propietarios referentes a partes, piezas, accesorios o agregados de los motores.

Una vez realizada la inspección, se relacionaban en acta las deficiencias detectadas; posteriormente al propietario se le extendía un escrito conminándolo a vender su vehículo, por el cual se le efectuaba pago mediante cheque nominativo en moneda nacional por valor de $ 1800 o $2500, según el tonelaje.

Dicho acto se amparaba en un ambiguo, viciado y leonino contrato de compraventa al amparo legal de la Resolución Número 118-88 del Ministro del Transporte, la ley 1090/63, cumplimentada por la Ley 1148/64 y la Ley 1206/67, las que autorizaban a los organismos de la Administración Central del Estado la adquisición de los activos requeridos para el desenvolvimiento de sus actividades; dando lugar a que, al presentarse demandas ante la Sala de lo Civil y Administrativo de los Tribunales Provinciales, se declarara mediante sentencia la Nulidad de dicho acto jurídico, por excluirse del mismo a la cónyuge del propietario.

En los casos que el propietario del vehículo se negare a efectuar la venta se le iniciaba el proceso de Expropiación forzosa; proceso que está instituido en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, pues así lo prevé tanto la Constitución de la República en su artículo 25, como en los artículos 425 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico; siendo requisito esencial que medie la declaración de utilidad pública e interés social.

En tal sentido el Ministro del Transporte emitió las Resoluciones números 40 y 85 de 1989, las que declaraban de utilidad pública e interés social la adquisición de dichos vehículos que operaban en el territorio oriental, para que la Empresa de Camiones de Holguín cumpliera con sus planes de transportación.  Con posterioridad quedó demostrado que el fin de tal proceso era desaparecer el sector privado.

Sustentamos esta afirmación en un Dictamen legal emitido por la dirección jurídica del Ministerio del Transporte, en virtud a queja presentada por transportistas de la provincia de Holguín dirigida a Raúl Castro Ruz, en aquel momento Segundo secretario del PCC y Ministro de las FAR; en que refería entre otras cosas lo siguiente: Las expropiaciones forzosas, de los vehículos de transporte de carga, iniciado contra los propietarios de los mismos, tiene sus antecedentes en el año 1989, cuando por ordenes de la alta dirección del país se dispuso lo que denominaron “La política de endurecimiento al sector privado, con vistas a su paulatina desaparición”, recogido en el acuerdo número 1507 del secretariado del Comité Central del PCC…

Entonces concluimos que:

1ro.-Los porteadores privados se encontraban agrupados en la extinta Operadora de Fletes, desde donde prestaban sus servicios de transportación, tanto a personas naturales y jurídicas, como a organismos de la Administración Central del Estado.

2do.- Que el Ministerio del Transporte amparado en supuestas violaciones de orden técnico referidas con anterioridad y mediante un viciado contrato de compra-venta, compró de manera forzosa y en total ausencia de voluntad, camiones al sector privado, dando lugar a que con posterioridad se anularan dichos actos jurídicos.

3ro.- Que el Estado enmascaró sus verdaderas intenciones, al amparo de una falsa declaración de utilidad pública e interés social, cuando su interés real era desaparecer el sector privado.

4to.- Hoy ha quedado demostrado que ese sector sí representa una gran utilidad pública e interés social, pues el Estado ha tenido que acudir a los porteadores privados para resolver la situación del transporte de pasajeros y de carga en el territorio nacional,

Entonces vale responder a la interrogante que da título a este trabajo: Expropiar: ¿Por qué y para qué?