El respeto de la Ley debe empezar por la Casa

respetoOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra
Esencialmente la Fiscalía General de la República tiene dos objetivos fundamentales: garantizar el control y el cumplimiento de la legalidad socialista y ejercer la acción penal pública en representación del Estado.
La Ley No.83 de la Fiscalía General de la República en el capitulo V sobre la actuación de dicho órgano en los Procesos Penales, dispone que  entre sus facultades se encuentra el “comprobar periódicamente el cumplimiento de las formalidades y términos legales en los distintos tipos de procedimientos”.
En tanto, la vigente Ley de Procedimiento Penal en el último párrafo del artículo 249 recoge, de manera preceptiva, que en caso de haber solicitado el Defensor alguna acción de instrucción o modificación de medida cautelar impuesta a su representado, éste será notificado sobre la procedencia o no de las mismas, en el termino de 5 días hábiles posteriores a la presentación de dicha solicitud.
Con igual carácter la mentada Ley de trámites penales dispone en el penúltimo párrafo del artículo 251 que “La Policía, el Instructor, el Fiscal o el Tribunal, según los casos, decidirán respecto a la solicitud de modificación de la medida cautelar en un término que no excederá de cinco días hábiles contados a partir del momento de dicha solicitud”
De lo anterior se colige que en el proceso penal la Fiscalía debe regir su actuar de conformidad con los términos que le impone la ley, sin embargo, estos términos son violados frecuentemente en los periodos investigativos o de instrucción.
Por la sensibilidad del proceso criminal para el encausado, la violación de sus términos legales constituye un flagrante atentado a las garantías del debido proceso de enjuiciamiento a que deberá ser sometido y al buen funcionamiento del sistema de justicia penal, al que precisamente los fiscales están llamados a velar por su cumplimiento con imparcialidad, firmeza y prontitud, en aras del respeto y la protección a la dignidad humana.
De lo que se trata es que el respeto de la Ley debe empezar por la Casa, como le impone a la Fiscalía su propia Ley 83 de la Fiscalía General de la República.

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