De lo que no se habla: Pactos de la ONU firmados por el gobierno cubano

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Wilfredo Vallín Almeida, 31 de julio de 2010, La Víbora, Ciudad Habana

Un ciudadano, ingeniero de profesión y lector asiduo de La Consulta, nos pregunta qué ha ocurrido con “unos acuerdos sobre derechos humanos firmados por el gobierno cubano en los Estados Unidos”…

Preliminarmente, aclaremos algunos detalles:

Los Pactos firmados por el Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno cubano, fueron dos: el Pacto de los Derecho Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos fueron rubricados por en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 2008.

Estos Documentos Internacionales -de innegable trascendencia- son una derivación lógica de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, cuya observancia no es obligatoria ni siquiera para sus firmantes, en tanto los Pactos, que recogen los principios universales de la Declaración, sí pudieran serlo.

Cuando escuché esta noticia en el Noticiero Nacional de Televisión hace ya más de dos años, quedé estupefacto y todavía hoy no alcanzo a comprender qué se perseguía con semejante acto. La esencia de mi estupefacción está en el contenido y alcance de tales documentos de la ONU. Para quien conozca la tendencia del gobierno cubano a no reconocer los Derechos Humanos a sus ciudadanos, semejante firma sólo puede parecer insólita e incoherente.

Existen dicotomías entre esos Pactos y la legislación cubana. Muchos de los preceptos de nuestra Constitución chocan con los artículos de los Pactos, creándose una situación contradictoria.

No obstante, es una verdad aceptada internacionalmente que el Derecho Internacional Público (DIP), sus pragmáticas, principios y convenios, priman sobre el derecho interno de los países, por lo que el derecho interno debería atemperarse y/o modificarse según lo establecido por el DIP.

Esos tratados tienen una serie de pasos que deberán cumplirse para entrar en vigor en toda su magnitud. No basta con esa firma inicial, algo así como la declaración de una intención que no es sino eso.

Es menester la ratificación de esos pactos y, posteriormente, la adhesión a los protocolos vinculantes, para que la ONU pueda exigir al país la observancia estricta y rigurosa de su contenido. Desgraciadamente, este proceso puede dilatarse cuanto se quiera por el país involucrado si su primera firma obedece a una maniobra de distracción “cosa que acostumbran a hacer las dictaduras”, como me dijera una parlamentaria de la Unión Europea.

Una pista que apunta a esta última dirección es el desconocimiento por la gran mayoría de los cubanos de la firma y el contenido de los Pactos. El gobierno mantiene silencio en cuanto a su propósito con esa firma inicial, y su no ratificación a más de dos años de firmado. Tampoco se ha divulgado su contenido ni los pasos de que hablamos, lo que ilustraría a los ciudadanos respecto a tales documentos.

La aplicación y observancia de los Pactos terminaría con el caos generalizado que hoy sufre nuestra patria.

vallinwilfredo@yahoo.com

SABIA USTED QUE…?

Concepción marxista sobre el surgimiento del Estado

Según la concepción marxista de la historia, el hombre jamás ha vivido fuera de la sociedad, sino que siempre ha sido un ser social. Los marxistas consideran al Estado como un órgano de coacción y fuerza que nace de la división de la sociedad en clases antagónicas.

El Estado, lejos de ser la organización de la voluntad general, es un órgano de autoprotección y autorregulación: la organización política que refleja las necesidades, los intereses y la ideología de la clase económicamente victoriosa en el proceso histórico. En el devenir histórico el Estado, creado por la sociedad, tiende a dominar la sociedad misma, pero en beneficio exclusivo de las clases poseedoras. Por ello no es cierto que el Estado se desligue de las clases sociales que integran una sociedad dada y se coloque como un órgano distinto al margen y por encima de los intereses que las ponen en movimiento sino que, por el contrario, él mismo no es más que un instrumento político de que se vale una clase para someter y oprimir a los demás.

DERECHO DE REUNION EN LA LEGISLACION CUBANA

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

En la legislación cubana el derecho de reunión, como otros muchos que contemplan las leyes nacionales, es objeto de un tratamiento muy particular. Para entender esto nos remitiremos, primeramente, al artículo 54 de la Constitución de la República en el que leemos:

“Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en la que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

De lo anterior se desprende que son las organizaciones de masas y sociales las que gozan de las posibilidades para el ejercicio de éstos derechos y sólo en cuyo seno se goza ” de la más amplia libertad de palabra y opinión”, aunque este último aspecto – y la gran mayoría del pueblo cubano lo sabe- también es discutible. Evidentemente, la Ley de Leyes no garantiza en lo absoluto esos derechos fuera de las organizaciones de masas y sociales.

Por otra parte el artículo 209.1 del Código Penal vigente (actualizado) reza textualmente: ” El que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de éstos derechos, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta 100 cuotas”.

Por otra parte, y al parecer para no dejar ningún género de dudas, el artículo 62 de la Carta Magna expresa enfáticamente: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

El asunto que nos ocupa pone una vez mas de manifiesto la ambigüedad de la Constitución sobre derechos medulares de los ciudadanos. ¿Significa el artículo 62 en relación con el 64 de la propia Constitución y con el 209.1 del Código Penal que si tres individuos que se encuentran en una esquina y que intercambian impresiones en cuanto a una disposición gubernamental que les afecta, que consideran desacertada y, por ende la critican, están en una reunión ilícita y pudieran ser sancionados a grandes multas e incluso a prisión?

¿Pudiera interpretarse, y por quién, que ésa critica va en contra de la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo? Es de antaño conocido que ni la ambigüedad ni las lagunas del derecho tienen cabida en las normas penales de un país y, con mucha mayor razón, no debieran tenerla en su Constitución.