El dilema de la contratación económica (II)

Lic. Rodrigo Chávez
La subutilización del jurista y la poca o pobre participación que se le concede en el proceso de contratación, a la postre dan al traste, con las intenciones o efectos esperados, de las relaciones establecidas.
En cualquier entidad estatal, no resulta difícil constatar la actividad del jurista, del asesor jurídico o legal, del letrado, del abogado o como quieran denominarlo, limitada o ceñida a la elaboración de medidas disciplinarias, reclamaciones que pudieron evitarse, en funciones de economista y hasta en algunos casos, como secretario en los Consejos de Dirección.  En esta última función, existen discrepancias, pues hay quien aboga por el sí y otros por el no, pero al final, como en papeles consta el nivel al que se subordina (al jefe), prevalecerá sin excepción alguna, la decisión del jefe.  Que se haga un uso racional del capital humano, tiene sentido, pero lo que ha de tener igual sentido, es el uso irracional del jurista.
Son aristas, que propician la imperfección del contrato, su normal desarrollo y por tanto su fin, el contrato aunque es un acuerdo de voluntades, estas deben ser ciertas, sólidas, verdaderas y objetivamente cumplibles, no ficticias, constituye en nuestros días justificación, de los incumplimientos de la producción, de la distribución o de los servicios, el inadecuado o incorrecto uso del contrato; no sería impropio hablar en estos mismos términos de la planificación.
El laberinto por donde transita la contratación, afecta  tanto a los que se estipulan para la compraventa de producción agropecuaria, los de suministro, hasta los de ejecución de obra; solo en estos tres, el grado de incidencia es tan negativo, que amerita dedicarles especial atención, es conmovedor que el rendimiento de determinada la cosecha de un productor exceda sus expectativas y que ese exceso, no cumpla el objetivo de llegar a su destino porque no se plasmó en el contrato.  Cómo es posible que los mercados estén en buena medida desabastecidos, siendo posible suplementar el contrato inicial, pero he aquí otro gran dilema: si nefasto es incumplir el plan, más nefasto es sobre cumplirlo.  Tendrían que andar de la mano como un binomio planificación-contratación.  Con una adecuada planificación, bien pudiéramos efectuar una adecuada contratación,  y con una buena solución, se obtendría una buena distribución y una gran probabilidad de satisfacer al consumidor, ¿no?.

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El dilema de la contratación económica (I)


Lic. Rodrigo Chávez
¿Monotonía?, ¿Guerra de desgaste?, ¿Presión psicológica?, ¿Falsas expectativas? O ¿Soluciones mediatas e inmediatas a corto, mediano o largo plazo?
Con tantas interrogantes, no sabemos por cuál comenzar, pero cierto es y resulta, que siempre, pero siempre, existe un principio y un fin, que…     quiera Dios, haya comenzado y pueda terminarse, de forma mediata o inmediata, a corto, mediano o largo plazo.
El tema contratación,  ya le es tan inherente al cubano, que casi se puede decir que se ha convertido en especialista en esta materia, aún sin conocer elementos esenciales que los integran, baste decir que a eso que cubanamente se le llama “mercanchifleo”, es una forma cotidiana de establecer relaciones contractuales, entre dos o más personas que han de intervenir en una relación, ya sea licita o ilícita (muy en moda en el conocido mercado soterrado), aunque el Estado las conoce, no ha podido actuar de forma efectiva contra ellas, y créanme, en este tipo de mercado, existe más oferta para satisfacer la demanda.
Démosle un vistazo a la edición del periódico Granma, del pasado día 3 de agosto de 2012, al artículo publicado en la página 4, con el título LAS EMPRESAS DEBEN JUGAR SU PAPEL, de la periodista Ivette Hernández Sosa.  Nos preguntamos, ¿si la contratación internacional anda mal, como exigir, que la contratación en el orden nacional, goce de buena salud? Las normas que rigen para la contratación internacional (abarcan a un número superior de sujetos, diversas economías, etc.), no son las mismas que rigen para la nacional (orden interno en el sector empresarial estatal y hasta en el sector  privado).
Por cierto, las disposiciones legales  y normativas que aún rigen para la contratación económica, no se ajustan a las condiciones actuales, por lo que podemos inferir que, han quedado detenidas en el tiempo.
Tanto a nivel internacional con nacional, la concertación de un instrumento jurídico de la magnitud de un contrato, entraña un acto solemne, de seriedad, de responsabilidad, de derechos y obligaciones para las partes, pero es ante todo un acuerdo de voluntades; voluntades respaldadas por la confianza y compromiso a su cabal cumplimiento, tan es así que recogidas en sus cláusulas compromisorias y absolutorias, no han de convertirse en letra muerta.
El formalismo, se ha convertido para el empresariado cubano, en algo común y cotidiano y por tanto se cercena la creatividad, resulta inusual hablar de licitaciones, de negociaciones; en estos supuestos, la voz o intervención del jurista, es por regla general, relegada a un segundo plano, no se tiene al jurista en el justo plano en el que se debe tener, se recurre a él en los casos de incumplimiento, cuando ya es inminente el conflicto, cuando con tiempo suficiente se conocía del estado de gestación y se propició la evolución, desarrollo y nacimiento de dicho conflicto.

¿Utopía o realidad?

foto: Marcelo López Bañobre

Lic. Rodrigo Chávez Rodríguez

No se necesita ser avezado en materia económica, para darse cuenta de las carencias que la inestabilidad en todas las esferas trae consigo; cada despertar resulta un compás de espera y nos hace imaginar que estamos soñando, aún cuando ya sea por la tarde.  Ir a un mercado, a una tienda, siempre genera una relación entre los clientes y la entidad representante del Estado. En todos o en casi todos los establecimientos, se ha establecido un llamado “buzón de quejas y sugerencias”, que no hace honor a su encomienda ya que con solo mirar dentro, es de esperar que esté vacío, no porque no se formulen quejas o se hagan sugerencias, sino por obra y arte de quien está al frente de dicha entidad.

Por regla general, las quejas caen en saco roto y por regla general reclamar, “como está establecido”, significa, “oídos sordos”, entonces, cómo reclamar nuestros derechos, que dicen estar amparados por la ley, Ley que aunque viva en el tiempo y espacio, no es respetada.  Siempre recuerdo a Benito Juárez cuando sentenció, EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ, y paz y respeto, es lo que merecemos los cubanos.  Solo pensar en esto, ya sería una utopía de nuestra parte. Duele como se maltratan y pisotean nuestros derechos refrendados constitucionalmente, se hace “oídos sordos” a ellos, no solo de pan vive el hombre, hace falta vergüenza y decoro, y es que cuando en ocasiones recibimos un buen trato, detrás está amañado el irrespeto a nuestro derecho, derecho a recibir el vuelto por una compra o un servicio recibido, derecho a que no solo se atiendan las quejas, que por regla general, constituyen señalamiento a deficiencias o dificultades, las que siempre contarán con la bendición de quienes deben enfrentarlas.

La Asamblea Nacional del Poder Popular estuvo  sesionando la semana pasada, es preocupante que temas tan puntuales no fueran debatidos.  Si se supone que los lineamiento del Partido fueron discutidos por todo el pueblo, y se recogieron las quejas y sugerencia formuladas, indudablemente estos derechos serían una preocupación para la dirigencia, se ha hablado del desabastecimiento en la red comercial, pero nada se ha dicho de las causas que lo originan, ¿hasta cuando se estaremos escuchando discursos retóricos y no convincentes o resolutorios?, ¿qué más tenemos que esperar?
Otra cuestión que me ha llamado la atención, fue la intervención del Vicepresidente  Marino Murillo, cuando planteó, que “se va a liquidar el Plan del 2011”, cómo es posible que “sobre dinero o no se ejecute” cuando lo correcto sería haberlo empleado todo en paliar las necesidades nos satisfechas de nuestro pueblo, ¿sobre qué base objetiva, se podrá establecer el presupuesto para este año? ¿Cuáles fueron las causas por las que no se empleó dicho dinero?, ¿quién es el responsable máximo?, ¿ante quién responde?, ¿cómo emplazarlo públicamente?, ¿es o no un derecho nuestro?, ¿es una utopía o una realidad?

Lo que el enemigo ha de oír es solamente la voz de ataque
José Martí

LA LEY DICE

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Licenciada Laritza Diversent

DEL REGISTRO EN DOMICILIO PRIVADO (II)

El registro de lugares se dispone para tratar de localizar en ellos al acusado, los efectos o instrumentos del delito u otros objetos que puedan ser útiles a los fines de la investigación, estando facultados para disponerlo -ya sea de dia o de noche- tanto el Instructor como el Fiscal, en cualquier edificio o lugar público del territorio nacional. (Artículo 215 de la Ley de Procedimiento Penal)

Lugares públicos para la Ley de Procedimiento Penal

La propia Ley de Procedimiento Penal, en el artículo 216, define cuales son los lugares que se consideran específicamente edificios o lugares públicos, a los efectos de esta diligencia. El artículo 217 aclara que para la entrada o registro en templo u otro lugar destinado al culto religioso, basta pasar recado de atención a la persona a cuyo cargo estuviere.

Domicilio para la Ley de Procedimiento Penal

A los efectos de las disposiciones de este capítulo, se reputan domicilio, de conformidad con el artículo 222:

  1. Los edificios donde radiquen la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros;
  2. El edificio o lugar cerrado o la parte de él destinada a la habitación de cualquier ciudadano cubano o extranjero residente en Cuba.

La ley, en su artículo 223, aclara que los bares, bodegas, restaurantes, hoteles y cualesquiera otros establecimientos comerciales o de servicios no se consideran domicilio de los que se encuentren o residan en ellos accidental o temporalmente, pero lo son de las personas que se hallen a su frente y residan con sus familiares en la parte del edificio destinado a vivienda.

¿Cómo se procede al registro en un domicilio privado?

Luego de cumplir los trámites establecidos por la Ley de Procedimiento Penal, la autoridad puede proceder a la entrada y el registro en el domicilio, empleando para ello, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública.

El registro domiciliario se hace siempre en presencia del morador principal y si no es localizado, o rehúsa concurrir a la diligencia o nombrar persona que lo represente, se practica, de haberlo, a presencia de un familiar mayor de dieciséis años de edad.

En todos los casos, a menos que sea imposible, se hará a presencia de dos vecinos próximos. Como puede apreciarse, se exige por la Ley que, salvo imposibilidad justificada, presencien el registro dos vecinos, que servirán como testigos de la forma en que se practica la diligencia y de sus resultados.

El registro se practica siempre por la autoridad o agente en quien se delegue expresamente y en presencia de las personas antes mencionadas. Del mismo se levanta acta que firman todos los participantes y si no se encuentran las personas u objetos que se buscan, ni aparecen indicios sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada, si la reclama.

Excepciones

En el artículo 221 se regula, no obstante lo anterior, que los agentes de la policía pueden proceder de propia autoridad al registro de un domicilio:

  • cuando haya orden de detención o mandamiento de prisión contra una persona y al tratar de llevarlo a efecto ésta se refugia en él;
  • cuando un individuo sea sorprendido en flagrante delito o cuando un presunto delincuente, inmediatamente perseguido, se refugie en una casa.

Para estos casos urgentes y excepcionales no son de aplicación las formalidades expuestas y la ley no exige que se confeccione acta sobre sus resultados.

UNA ASOCIACION NECESARIA Y DIFERENTE

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“Así dijo el Señor: Guardad
derecho y haced justicia…”
(Isaías 56:1)

Argelio M. Guerra

Si de algo tendrían que jactarse y lamentarse, respectivamente, el gobierno y pueblo cubanos al cabo de 50 años de revolución, es por el mantenido desinterés en la promoción y divulgación de las leyes nacionales por parte del primero, y de la total indiferencia respecto al conocimiento de sus derechos, deberes y de las leyes y disposiciones que los gobiernan por parte del segundo, todo lo cual ha conducido a un estado de cosas donde, tanto gobierno como pueblo, conviven por provecho propio al margen del cumplimiento de la ley, hundiéndose al país en un profundo abismo de incoherencia y anarquía social.

Media centuria de penurias y penalidades, en la mayoría de los casos añadidas por la ignorancia, intencional o no, en materia jurídica, sobrecargan ya con toneladas de pesares la espalda del pueblo cubano. Según la clásica ortodoxia marxista, a las vicisitudes propias del imprescindible período de tránsito y etapa socialista, período por demás largo y complejo de acuerdo con los fundadores alemanes, como pasos previos para el disfrute del idílico paraíso comunista, habría que agregar en el caso cubano, las calamidades de otro periodo, el especial, no menos funesto y que a todas luces parece igualmente interminable.

Tomando en consideración estas realidades, y como parte de los esfuerzos que desde la sociedad civil se articulan para intentar de algún modo enderezar el torcido tronco social, es que coinciden un grupo de abogados en la brillante y plausible idea de dar vida a la Asociación Jurídica Cubana (AJC) con la original motivación de mitigar la orfandad jurídica en el seno del tejido social y exigir el respeto a la ley tanto por los gobernantes como por los gobernados. Si tendría que caracterizar a la aún joven asociación, no se me ocurren mejores calificativos que necesaria y diferente. Necesaria, por cuanto inevitablemente para el mantenimiento del orden ciudadano y dada la determinación de su propia naturaleza es indispensable que los actores cumplan con las reglas establecidas del juego social.

Diferente, por apropiarse del espíritu evangélico de no hacer distinción de personas y poner sus servicios en las manos de quien los necesite sin importar la filiación ideológica de cada cual, eso si, con la invariable premisa -como sello distintivo- de apostar por el respeto y protección a los derechos de la persona humana, y especialmente de los más vulnerables.
Con tales credenciales, como cristiano y cubano levanto las dos manos para agradecer a Dios por contar, enhorabuena, con tal asociación con tan nobles propósitos.