Jóvenes estigmatizados

Lic. Amado Calixto Gammalame

Uno de los problemas que a menudo enfrentan los jóvenes, aunque no es exclusivo de este sector de la población, es el rechazo social de que son objeto los hombres y las mujeres que han sido sancionados por la comisión de algún delito.

Ello se evidencia de diferentes  formas, la más común resulta la falta de oportunidad de empleo, problema más fuerte para la juventud en estos tiempos a escala mundial; al momento de solicitar empleo un requisito es el certificado del Registro Central de Sancionados, donde se acreditan los antecedentes penales de cada individuo, unido al fichado policiaco vitalicio que se lleva en Cuba para cada procesado independientemente del resultado final o solución que haya tenido. Si se acredita que el aspirante ha sido procesado o sentenciado por algún ilícito, por pequeña que sea la falta, es rechazado y obligado por tanto a solicitar  ”otro trabajo”.  La crisis económica y social signo de los tiempos actuales agrava este problema ya crítico.

Soy del criterio de que si bien es necesario el fichaje utilizado por las autoridades desde el punto de vista penal, como un fichaje de criminales, aun cuando la honestidad obliga a reconocer el rezago técnico y científico que padecemos en ese renglón, el “fichaje” con relación al trabajo resulta una práctica inadmisible, una afrenta y una marca para toda la vida.

Sirve de ejemplo la carta dirigida a la AJC por la ciudadana María Emilia … en la que solicita ayuda para la posible reincorporación de su hijo a la sociedad, pues según sus propias palabras ha  sido sometido a detenciones y citaciones para explicar su conducta al relacionarse con otros jóvenes delincuentes, y cito …”mi hijo tiene 28 años de edad, comenzó en prisión a los 17, no conoce a otras personas me refiero a jóvenes, que los que transitaron con él en esta larga estadía penal, que supongo se vean en servicios comunales que es donde lo ubicaron a trabajar como egresado de prisión o R/M, ahí no trabajan médicos ni camilitos, si a mi hijo con solo 17 años se le impuso una sanción severa, es imposible que pueda conocer otro medio que no fuese el que el propio estado cubano le propicio”.

Punto aparte requiere el reconocimiento social o desconocimiento que reciben los jóvenes egresados de los establecimientos penitenciarios cuando arriban a la vecindad, referido a la estigmatización que son objeto, producto de la devaluación de aspectos sociales que hacen que no sean acogidos y reconocidos con esos defectos o actitudes sociales.

Son loables los esfuerzos para mitigar las consecuencias nefastas de aislamiento, pero el remedio siempre estará en nuestras manos, principalmente en las manos de los propios jóvenes. Nadie hará por ellos lo que ellos no quieran o no puedan hacer por ellos mismos. Hay jóvenes ávidos de avanzar. Menores y jóvenes que son el tesoro más preciado de nuestra sociedad. Hay que abrirles un amplio crédito, procesados, sancionados egresados o no. El día en que el país elimine este tipo de injusticia, de manera valiente, creando, proponiendo y haciendo, se eliminaran las consecuencias nocivas con que este tipo de iniquidad mina a este sector tan importante de la sociedad.

 

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De Las Garantias Procesales

Amado Calixto Gammalame

Por su implicación en el fallo, una elemental exigencia que hoy tiene planteado el proceso penal, es la necesidad de proceder a una individualización de la pena que debe imponerse al inculpado, de acuerdo no solo con la significación jurídica y social de los hechos enjuiciados, sino también con la personalidad del autor de los mismos.

Nuestra ley sustantiva, me refiero al Código Penal cubano al menos relata de manera bien definida, varios preceptos que coadyuvan a tan trascendental finalidad, es decir la forma en que debe procederse en  el caso especifico para adecuar las penas.

Sin embargo, funciona en la práctica una tendencia generalizada de agravación de la pena, aún cuando el sancionado antes de la comisión del delito hubiera mantenido una excelente conducta, pero  a juicio de las autoridades, por la comisión del delito le ha sido desmerecida tal conducta, o el reconocimiento social ganado con su dedicación y esfuerzo personal, ya sea por los cargos ejecutivos,  honores, autoridad, o responsabilidad en el ámbito social, por poner algunos ejemplos.

Son disimiles las sentencias que se resuelven bajo este tipo de razonamiento, referidas a dirigentes con responsabilidades en diferentes niveles de dirección.

Tal actuar no tiene respaldo en ningún cuerpo legal y por el contrario, lacera una adecuada administración de justicia;  cuando se sanciona  un individuo a largas penas, ello lleva un lastre que implica además del inculpado,  una parte de la sociedad.  Ello es bien conocido, pero independiente de que es ilegal, mancilla las garantías procesales que en Cuba recogen el ordenamiento referido al proceso penal.

Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley.  Esta obediencia a la Ley se establece como premisa insoslayable en el artículo 122 de Constitución de la República; no debe quedar como letra muerta, los preceptos de adecuación están establecidos en la parte general del código y cualquier otra interpretación, vulnera tal principio constitucional.

Nuestro modesto criterio es, que el legislador sabiamente elevó  a rango constitucional tal postulado por la importancia y trascendencia que tiene en la sociedad. Por otra parte recogió en instituciones penales los supuestos de agravación, en ningún momento lesivos a la buena conducta, la aplicación de semejante decisión penal debe estar legislada; El fundamento de este criterio se deriva también del principio establecido en el artículo 2.1 del Código Penal cubano que describe: el carácter punible de un supuesto debe constar como prohibición de realizarlo.

 

 

DERECHO DE REUNION EN LA LEGISLACION CUBANA

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

En la legislación cubana el derecho de reunión, como otros muchos que contemplan las leyes nacionales, es objeto de un tratamiento muy particular. Para entender esto nos remitiremos, primeramente, al artículo 54 de la Constitución de la República en el que leemos:

“Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en la que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

De lo anterior se desprende que son las organizaciones de masas y sociales las que gozan de las posibilidades para el ejercicio de éstos derechos y sólo en cuyo seno se goza ” de la más amplia libertad de palabra y opinión”, aunque este último aspecto – y la gran mayoría del pueblo cubano lo sabe- también es discutible. Evidentemente, la Ley de Leyes no garantiza en lo absoluto esos derechos fuera de las organizaciones de masas y sociales.

Por otra parte el artículo 209.1 del Código Penal vigente (actualizado) reza textualmente: ” El que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de éstos derechos, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta 100 cuotas”.

Por otra parte, y al parecer para no dejar ningún género de dudas, el artículo 62 de la Carta Magna expresa enfáticamente: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

El asunto que nos ocupa pone una vez mas de manifiesto la ambigüedad de la Constitución sobre derechos medulares de los ciudadanos. ¿Significa el artículo 62 en relación con el 64 de la propia Constitución y con el 209.1 del Código Penal que si tres individuos que se encuentran en una esquina y que intercambian impresiones en cuanto a una disposición gubernamental que les afecta, que consideran desacertada y, por ende la critican, están en una reunión ilícita y pudieran ser sancionados a grandes multas e incluso a prisión?

¿Pudiera interpretarse, y por quién, que ésa critica va en contra de la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo? Es de antaño conocido que ni la ambigüedad ni las lagunas del derecho tienen cabida en las normas penales de un país y, con mucha mayor razón, no debieran tenerla en su Constitución.