GARANTIAS CONSTITUCIONALES

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Licenciado Frank Paz Lorenzo

La Constitución de la República de Cuba en su articulo 34 establece que “Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos:

  • en la protección de sus personas y bienes;
  • -en el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en esta

Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija;

  • en la obligación de observar la Constitución y la ley;
  • en la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece;
  • en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República.

La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo”.

Andrés es un joven nicaragüense de origen humilde. Llegó a Cuba por mediación de la iglesia a la cual pertenece. Dios sin tardanza lo bendijo con el milagro del amor. Se enamoró de esta tierra increíble, de sus hijos de gran corazón y solidarios, y también de Elisa, una bella muchacha que comparte su fe religiosa. Ambos se casaron y Andrés obtuvo la categoría migratoria de extranjero residente permanente en Cuba.

Pasó un águila por el mar y Andrés enfermó: su vesícula, no funcionaba. Los problemas gastrointestinales lo torturaban. Después de mucho bregar logró llegar al Instituto de Gastroenterología “Luis de la Puente Uceda”, donde un diligente equipo médico le hizo los estudios correspondientes. Todo bien hasta que llegó la triste noticia : “no te podemos operar, eres extranjero y tienes que pagar en moneda libremente convertible (CUC)”

Luego de mil carreras, diez mil sinsabores, un millón de gestiones de la iglesia y otro tanto de consejos de amigos que lo orientaron para resolver su problema; SERVIMEC, entidad encargada por el Consejo de Estado de estos asuntos, le dió una carta que lo exoneraba del pago.

Parece increíble, pero dicha misiva de poco le sirvió a Andrés. El director del hospital le dijo que las orientaciones del Ministerio eran otras, y que él, tenía la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir, incluso al punto de analizar a los médicos que le hicieron los análisis sin antes consultarle.

Para este director era más importante hacer valer las resoluciones del Ministerio de Salud Pública, que la misma vida. El no podía guiarse por la Constitución de la República de Cuba y los derechos humanos que ella reconoce. ¿Será que en nuestro país, hace falta un Tribunal de Garantías Constitucionales?

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DERECHO DE REUNION EN LA LEGISLACION CUBANA

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

En la legislación cubana el derecho de reunión, como otros muchos que contemplan las leyes nacionales, es objeto de un tratamiento muy particular. Para entender esto nos remitiremos, primeramente, al artículo 54 de la Constitución de la República en el que leemos:

“Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en la que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

De lo anterior se desprende que son las organizaciones de masas y sociales las que gozan de las posibilidades para el ejercicio de éstos derechos y sólo en cuyo seno se goza ” de la más amplia libertad de palabra y opinión”, aunque este último aspecto – y la gran mayoría del pueblo cubano lo sabe- también es discutible. Evidentemente, la Ley de Leyes no garantiza en lo absoluto esos derechos fuera de las organizaciones de masas y sociales.

Por otra parte el artículo 209.1 del Código Penal vigente (actualizado) reza textualmente: ” El que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de éstos derechos, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta 100 cuotas”.

Por otra parte, y al parecer para no dejar ningún género de dudas, el artículo 62 de la Carta Magna expresa enfáticamente: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

El asunto que nos ocupa pone una vez mas de manifiesto la ambigüedad de la Constitución sobre derechos medulares de los ciudadanos. ¿Significa el artículo 62 en relación con el 64 de la propia Constitución y con el 209.1 del Código Penal que si tres individuos que se encuentran en una esquina y que intercambian impresiones en cuanto a una disposición gubernamental que les afecta, que consideran desacertada y, por ende la critican, están en una reunión ilícita y pudieran ser sancionados a grandes multas e incluso a prisión?

¿Pudiera interpretarse, y por quién, que ésa critica va en contra de la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo? Es de antaño conocido que ni la ambigüedad ni las lagunas del derecho tienen cabida en las normas penales de un país y, con mucha mayor razón, no debieran tenerla en su Constitución.

¿SABIA USTED QUE…?

En carta dirigida por el abogado bayamés Carlos Manuel de Céspedes, quien más tarde sería reconocido por la Historia nacional como el “Padre de la Patria”, al ciudadano José Morales Lemus, Ministro Plenipotenciario de la República de Cuba en armas y fechada en Guáimaro el 15 de abril de 1869, Céspedes decía:

“Más tarde remitiré a Ud. íntegra esa ley fundamental de nuestra República. En ella se reconocen y garantizan los derechos de todos los hombres sin distinción alguna de raza o condición, se establece la independencia completa entre los tres grandes poderes de la nación. El legislativo reside en una Cámara de Representantes…. El ejecutivo será ejercido por un Presidente responsable de sus actos ante la Cámara… El poder judicial será objeto de una ley especial, quedando consignada su completa independencia de los otros. Esta constitución, fundada en los principios más absolutos de la democracia, ha sido acogida por el pueblo con las más vivas demostraciones de regocijo y entusiasmo”.