Prefacio para un estudio de economía

 

 

28 plurivectores

1 Eliocer Cutiño

Eliocer Cutiño Rodríguez

 

Como abogado, hablar de temas económicos resulta una prueba de fuego o el paso por una cuerda floja, en la que ambas situaciones exigen respeto a una cuestión medular en la vida de las demás esferas sociales en las que el hombre interviene.

 

 

No me extenderé más, les comentaré mis puntos de vista de la nueva, pero limitadas apertura económica de la que hoy se habla en el país.

 

 

El ambiente actual de las pequeñas y más pequeñas empresas particulares cubanas, pues no podemos hablar ni de medianas empresas, se caracterizan de modo general por falta de derechos de los propietarios, altos impuestos por ingresos personales y en ocasiones por supuestas utilidades que no le son probadas a los cuentapropistas.

 

 

De igual forma la falta de un poder judicial y junto a este, instituciones garantes de imparcialidad, que ante el incumplimiento de obligaciones contractuales requieren de un tercero que no responda a los intereses estatales y sirva de mediador ante potenciales conflictos.

 

 

Si a todo esto se le suma que la práctica exige programas contables eficientes y de fácil acceso, ante la falta de capacitación básica para enfrentar los nuevos retos y la falta de pericia en el desempeño de la actividad; elementos que entorpecen objetivamente la esencia de su constitución y la gestión de negocio para su desarrollo.

Hasta tanto no se resuelvan dichas limitantes, la plataforma en la cual se erigen estas controversiales formas privadas nacerán torcidas, y parafraseando el viejo refrán diré que si se edifica sobre estas, jamás se enderezarán.

 

 

 

No dejar ventana abierta a los niños

 

odalinaPor Lic. Dora Mesa Crespo* y Lic. Odalina Guerrero Lara**

*Coordinadora de la Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación Infantil

**Abogada de la Asociación Jurídica Cubana

El Convenio no. 138 y la Recomendación no.146 de la Organización Internacional del Trabajo

El Derecho Internacional Público repercute constantemente en el Derecho laboral al disponer por conducto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de convenciones de carácter general.

El Convenio no. 138 de la OIT sigue siendo la norma internacional básica sobre trabajo infantil.

El tratado establece una edad mínima para la admisión de los niños al empleo y es una obligación y compromiso de los Estados Miembros que lo ratifican. Para la mayoría de los países la edad mínima está entre los 15 y 17 años.

Desde el año 1975 la edad mínima especificada por Cuba fue de 15 años y por ser uno de los Estados que ratificó el Convenio no. 138, Cuba se compromete “a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores“.

El Convenio 138 se aplica a todos los sectores de actividad económica, sin importar que se remunere o no con un salario a los niños que trabajan. Se trata de un instrumento flexible que permite mejoras progresivas y, sobre todo, que los países en vías de desarrollo (es decir, aquellos cuyos sistemas educativo y/ o económico estén insuficientemente desarrollados) establezcan inicialmente edades inferiores de admisión al empleo. En la Recomendación no.146 del Convenio no.138 se facilita orientación acerca de un extenso ámbito de medidas necesarias para lograr ese fin en concordancia con el art. 32 de la Convención de los Derechos del niño, de la cual Cuba es signataria desde el año 1990.

Vigencia de las leyes internacionales en la legislación cubana

En el Código civil cubano, Ley No. 59, tipifica en su Artículo 20:

Si un acuerdo o un tratado internacional del que Cuba sea parte establece reglas diferentes a las expresadas en los artículos anteriores o no contenidos en ellos, se aplican las reglas de dicho acuerdo o tratado.

Las barreras que impiden el cumplimiento efectivo de las normas internacionales pueden ser muchas, incluidos factores políticos, jurídicos, económicos, estructurales y culturales. Es útil reconocer esas limitaciones desde el principio y tenerlas en cuenta a la hora de mejorar el sistema y las legislaciones nacionales.

Si no se revisa la legislación interna o se promulgan leyes nuevas y más eficaces, los esfuerzos para comprender, explicar y, en última instancia, aplicar la legislación internacional resultan difíciles y, en ocasiones, virtualmente imposibles si existen lagunas en el derecho.

El Derecho laboral guarda estrecha relación con el Derecho Constitucional. El Derecho del trabajo adquiere la garantía máxima de su cumplimiento gracias al Derecho Constitucional. En las Constituciones Políticas como la Constituciòn de la Repùblica de Cuba, se regulan los principios básicos del Derecho laboral.

La Constituciòn de la Repùblica de Cuba establece en su artículo 45 que el trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano. Se refiere a la protección de los niños y jóvenes en el artículo 40 cuando dispone:

 

La niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad.

La familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones de masas y sociales tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la juventud.

La protección efectiva de los niños y niñas requiere de un reconocimiento inicial de todos sus derechos, los cuales están claramente establecidos según el Derecho Internacional, en la Convención de los Derechos del Niños.

El Artículo 1 de la trascendental Convención estipula:

 

 

Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Por tanto, para facilitar la comprensión de las temáticas a tratar, todo ciudadano cubano menor de 18 años será considerado como niño o menor salvo los casos previstos por la legislación interna de Cuba.

A partir de esas consideraciones hablaremos de niño(a)s y menores cubanos que son obreros calificados, estudiantes de politécnicos quienes pertenecen a la Enseñanza Técnica y Profesional (ETP), ya se refiera a los estudiantes para obreros calificados o técnicos de nivel medio y/o graduados de ambas categorías. Las diferenciaciones pertinentes se harán de ser necesario considerar la relación jurídica del trabajador(a) de acuerdo a lo reglamentado por las leyes vigentes en la nación.

 

METEORO 2013

7 Balanza 1Julio AlfredoLic. Julio Alfredo Ferrer Tamayo

A fines de mayo de 2013, tuvo lugar  el Ejercicio “Meteoro”, el cual, se realiza anualmente en toda Cuba, teniendo como objetivo fundamental medir la eficiencia de los planes para proteger la integridad física de todos los residentes en el país y disminuir riesgos ante eventuales fenómenos climatológicos y desastres  naturales, propósito al que Gobierno y Estado por intermedio de la Defensa Civil, dedican especial atención, medios y recursos, actividad en la que se ha acumulado un vasta experiencia.

La realización de tal Ejercicio, me hizo pensar en la necesidad de crear un mecanismo jurídico, que tenga como función cardinal la protección de los ciudadanos ante las arbitrariedades, ilegalidades, injusticias y desmanes de autoridades, funcionarios, empleados y agentes estatales  a todos los niveles , que cuente con poder y fuerza legal  para, de manera efectiva, restablecer la legalidad soclialista cuando sea quebrantada, sin reparar en el nivel o jerarquía del infractor de la legalidad,  protegiendo así, sin distinción alguna, las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.

Ese Órgano, sin dudas es el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.  Dicho Tribunal estaría legitimado para hacer pronunciamientos similares al que a continuación cito, emitido  por la  extinta Sala de Garantías Constitucionales  y  Sociales del Tribunal Supremo, Sentencia Número Uno de 14 de enero de 1972, Juez Ponente el Magistrado Luis M. Buch Rodríguez: CONSIDERANDO: que los funcionarios  judiciales que dictaron independiente del testimonio del cónyuge  de la acusada, para el caso de dictar sentencia, lo cual ha originado que ésta se apoye exclusivamente en la confesión de la procesada y el testimonio de su cónyuge, con evidente infracción del artículo veintiséis de la Ley Fundamental, la Sala considera que debe imponer a los citados funcionarios una corrección disciplinaria de represión que se les notificarán a los efectos procedentes. FALLAMOS: que debemos declarar y declaramos inconstitucional y nula la sentencia impugnada y ordenamos a la Sala Tercera de lo Criminal de la Audiencia de La Habana que dicte nueva sentencia teniendo siempre en consideración lo resuelto por esta Sala.

La no existencia, de tan importante órgano jurídico, su incomprensible desaparición del sistema jurídico cubano a partir de la Constitución de 1976, posibilita como acontece en la actualidad, que un número elevadísimo de ciudadanos cubanos, hayan resultado  sancionados, con infracción de la garantía fundamental prevista en el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal; Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En consecuencia, la sola declaración de las personas expresadas no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos; pues la declaración de culpabilidad, respecto a ellos, ha sido hecha, por los juzgadores, con apoyo exclusivo en sus propios testimonios o confesiones, única prueba practicada en el juicio oral. Lo peor, ante tamaño irrespeto a los derechos humanos, garantías constitucionales y procesales, los sancionados no tienen a que autoridad u órgano acudir en reclamó de respeto a esos derechos, quedando de ese modo en TOTAL DESPROTECCIÓN y DESAMPARO, sin acceso a una JUSTICIA efectivamente garantista, fenómeno o desastre no natural, contra el cual también deben ser protegidos todos los cubanos.

 

Violencia por encima de la ley

1 odalinaODALINALic. Odalina Guerrero Lara

La Ley N0.59. Código Civil cubano plantea:

ARTÍCULO 129.1.- La propiedad confiere a su titular la posesión, uso, disfrute y disposición de los bienes, conforme a su destino socioeconómico

Rolando González Camacho, recibió de su abuelo Eufemio González Martínez, una vivienda situada en Apartamento 4 del inmueble 19213ª con frente a la Avenida 81 entre 192 y 194, Reparto Alturas de la Lisa, La Habana.

Dicha propiedad se adjudicó,  según Escritura número 1120 de Donación de vivienda, emitida en la Ciudad de la Habana, el 25 de agosto de 2009  ante el Licenciado Uber Rae Arias Rodríguez que fuera  notario de calle 37 número 4604 en el Municipio Playa.

Rolando, a pesar de sus 30 años de edad, es representado legalmente por su mamá y su padrastro, ya que padece de una hepatitis C, epilepsia parcial sintomática del lóbulo frontal, trastornos de la migración neuroblástica y asma bronquial; según certificado médico emitido en fecha 23 de junio del 2013, por el Dr. Víctor Raúl Frades García de la consulta de Neurología del Hospital Dr. Salvador Allende de la Habana.

Sus enfermedades no le limitan para sostener una conversación, por lo que al personarme en su casa,  me expresa con alegría y pesar que su abuelo le dejó una casa donde no ha podido ni siquiera cocinar pues la vecina colindante María del Pilar Olivera Delgado, aprovechando un período de ausencia de moradores en la casa, rompió una pared medianera con la de ellos y penetró en  su vivienda.

Dice que ha conversado con María del Pilar para que se retire, pues no quiere problemas con sus padres, y siente temor de la policía.

En agosto del 2009, Rolando emitió un PODER ESPECIAL ante notario a nombre de su padrastro, Jorge Luis García Casañas, su representante legal.  García Casañas ha reclamado a todas las instancias, para que sean extraídas de su domicilio,  no solo la persona que en agosto del 2011, rompió la pared e ilegítimamente penetró en el domicilio de Rolando, sino también  otras dos personas que María del Pilar Olivera Delgado ha añadido a esta inconcebible violación.

Por otra parte, el fallo de los organismos competentes en este caso  han sido contradictorios y sin claridad alguna.

El absurdo jurídico de dar respaldo legal a las ilegalidades cometidas en su domicilio, ha traído a Rolando González Camacho  daños que pudieran resultar  irreparables, dada la repercusión que están teniendo en su salud.

La pregunta obligada entonces es: ¿quién responde por la situación de este compatriota que sufre tortura en su propia morada?

La protección de la mujer en Cuba

Foto: Katerina Bampaletaki
Foto: Katerina Bampaletaki

Lic. Dayami Pestano Lazo
La mujer en Cuba puede participar en todas las actividades; siempre nos enseñaron que en la sociedad socialista era donde la mujer tenía la plena igualdad con el hombre pues esta condición era inherente al sistema, además la Constitución en su artículo 44 se encargaba de refrendar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.  Ahora, en cuanto a las obligaciones, ya sería otro tema, pero me pregunto: ¿realmente está protegida la mujer en Cuba de todos aquellos actos que pudieran perjudicarla?
De ser afirmativa la respuesta, debieran existir leyes y disposiciones que regularan el desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud, más el suministro gratuito a la madre con hijos sin recursos suficientes en caso de medicinas, prótesis y otros relativos al tratamiento médico, habilitación o rehabilitación; leyes que protejan a la mujer en las diferentes etapas de su vida, a saber: niña, adolescente, gestante, madre y adulta mayor,  ¿Dónde están?

El Techo Sobre la Cabeza

OLYMPUS DIGITAL CAMERAespeLic. Esperanza Rodríguez Bernal

Francisco se presenta en nuestra sede con un problema en su vivienda el cual comenzó aproximadamente en marzo de 2002.  En su haber posee gran cantidad de documentos enviados a diferentes instancias, pero a pesar de todos sus esfuerzos nada ha resuelto aun.

Se trata de daños en su vivienda por filtraciones provenientes del apartamento de los altos, descritos en dictámenes técnicos realizados por el Departamento encargado al efecto, correspondiente a la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda  (UMIV) del Municipio Plaza de la Revolución.

En junio de ese mismo año, y a solicitud del interesado,  le comunican que el vecino que le ha causado estas afectaciones a su inmueble ha sido multado con la suma de $100.00 moneda nacional  por el mal estado de la red hidrosanitaria.

Las filtraciones continuaron, y ya no solo afectaban el techo y las paredes del baño sino también las del comedor.

En julio de 2002 la UMIV procede a  la tasación del daño en techos y paredes ascendente  a $503.70 moneda nacional y paraliza el proceso con posterioridad, por haber dejado de caer el agua.

Al no haberse solucionado el problema de manera definitiva por los ocupantes del apartamento en cuestión,  las filtraciones comienzan otra vez en el 2009, esta vez de aguas albañales.

En la actualidad las filtraciones han sido eliminadas pero el deterioro de la vivienda de Francisco, producto del tiempo en que estas estuvieron activas, es evidente.

A pesar de todo (y sin que el afectado haya obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la Dirección Municipal de la Vivienda de Plaza de la Revolución)  en fecha Noviembre de 2010 se le confeccionó documento de reclamación con la pretensión concreta  de que dicha instancia dictara  Resolución al amparo de lo establecido  en la Resolución 4-91 “Reglamento  de los Edificios Multifamiliares” articulo 48 inciso e),  valorando las acciones que deberán acometer los vecinos responsables del deterioro de su vivienda .

Al parecer, Francisco tendrá que acudir a una vía más expedita (¿tribunales?) para resolver este problema… si no quiere que el techo le caiga encima.

 

Derechos civiles y políticos en la legislación cubana (I)

3Lic. Dayana Cruz Vega

Propuestas Generales

Antes de comenzar el análisis sobre las garantías legales con que cuenta el ciudadano cubano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debemos abordar algunos presupuestos generales sobre la temática.

La Declaración Universal de Derechos Humanos constituye un sustento programático para alcanzar el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que, tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto de los derechos y libertades.

En este sentido, la Declaración Universal no es un documento jurídicamente vinculante, sino un sustento programático para alcanzar ese “ideal común” a través del diálogo y la cooperación.

La universalidad de los derechos y libertades consagrados en la Declaración se deriva del respeto a la diversidad en cuanto a las formas y vías para garantizar su observancia y realización en consonancia con la indivisibilidad e interdependencia de las distintas categorías de derechos humanos.

No Existen Categorías Privilegiadas de Derechos Humanos

En la Declaración y Programa de Acción adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el año 1993, se afirmó que los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes y que todas las categorías de Derechos Humanos deben ser atendidas de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todas el mismo peso, cosa que, en Cuba, no ocurre.

Los Derechos Humanos son universales, pero el contenido específico y la manera en que se  ejercen esos derechos y libertades se corresponden con las particulares y necesidades de cada sociedad.

Tanto la Carta de la ONU, como la Declaración Universal de Derechos Humanos consagraron como principio la responsabilidad y competencia de los Estados en la protección de los derechos y libertades.

Le corresponde a cada Estado, a partir de la voluntad soberana de su pueblo, establecer las garantías y recursos para el ejercicio y defensa de esos derechos y libertades. Son los Estados los encargados de asegurar las medidas legislativas, las políticas y programas u otras necesarias para promover y proteger la realización de los derechos reconocidos en los citados documentos internacionales.

Trabajo correccional con internamiento y Edad (II)

2_osvaldo.jpgLic. Osvaldo Rodríguez Díaz

A finales del 2012, en un breve comentario con este mismo título, me referí a la sentencia No. Catorce de 10-7-1012 dictada da por la Sala Segunda del Tribunal Provincial de La Habana en la Causa 93 de ese año.

La acusada en dicha causa resultó sancionada a dos años de trabajo correccional con internamiento, teniendo al momento del juicio, la condición de jubilada con 60 años de edad y más de 40 de trabajo.

El fondo del comentario entonces era si dicha sanción fue ponderada pues la sancionada ya agotó su capacidad laboral, se acogió al retiro y tiene varios padecimientos típicos de la edad.

Se retoma el caso ya que, inesperadamente, el Tribunal Supremo ratificó el fallo, considerando la sanción adecuada en un escueto comentario.

Un gran número de juristas coincide en que condenar a trabajo con internamiento a una persona de la tercera edad, no sólo se opone a distintas regulaciones y convenciones internacionales, sino que se aleja de toda sensatez y sentido común.

La sancionada se presentó a cumplir su condena, pues según se ha tramitado su caso, tiene muchas posibilidades de no tener que cumplir con el trabajo, o de ser revocada para la prisión, y por tanto, no debe dar motivo en contrario.

Según los funcionarios del centro donde cumple la sanción, nunca vieron a persona de esa edad, ni jubilados, en ese régimen, y de forma muy profesional le asignan tareas que pueda ir cumpliendo. Hasta ahora no tiene el mes, esperemos para conocer el salario.

 

Metamorfosis

persistencia.jpg

Osvaldo Rodríguez Díaz2-osvaldo.jpg

De cómo un ciudadano común es transformado en vulgar delincuente en cuestión de minutos.

En la mañana del 23 de octubre de 2012, William Estévez Acosta, de 51 años de edad, casado y sin antecedentes penales ni policiales, se presentó a una citación ante la Sección Sumaria de lo Penal del Tribunal Municipal del Cotorro, para una comparecencia en la que sería declarado insolvente y, acto seguido, celebrarle el juicio oral por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones Derivadas de las contravenciones; esto es, no pagar una multa por falta de dinero.

El origen: le fue ocupada en su vivienda una antena parabólica sin instalar y en mal estado, por lo que lo multaron a 30, 000 pesos, los que, pasado el mes, tiempo para hacerla efectiva, se duplicaron, debiendo abonar por ese concepto 60,000 pesos.

Al no poder verificar dicha obligación, ocurrió lo antes narrado.

En el acto del juicio, William ratificó que no tenía la capacidad económica, como ciudadano medio, para enfrentar la multa y que desde hacía cuatro años no tenía vínculo laboral, pues padece varias enfermedades que le impiden laborar en la generalidad de ocupaciones que su capacidad intelectual le permite.

El acusado aportó un resumen de su historia clínica donde consta que padece diabetes mellitus tipo II, migraña crónica, problemas circulatorios y otros con los respectivos tratamientos.

El resultado luego de la deliberación del tribunal, fue que él sí tenía dinero, pues le habían ocupado una antena, que no le podían creer lo de sus enfermedades, desestimando el resumen de su historia clínica, que de algo estaba viviendo en este tiempo.

La sanción fue: seis meses de privación de libertad, dejándolo detenido en el acto. Al no estar acompañado, un ciudadano del público se brindó para avisar a sus familiares y, al no poder salir, William debió interponer la apelación por su propio derecho.

Supuestamente, todo sancionado es responsable de un delito. William resultó sancionado y el delito probado. Habiéndose levantado ciudadano común, devino vulgar delincuente tras la historia aquí contada.

El artículo 170.1 que le fue aplicado, en su apartado 2, conmina a los tribunales a sustituir las sanciones privativas de libertad por las de trabajo correccional con internamiento, pero el Dictamen 305 Acuerdo 43 de 11 de julio de 1989 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, explica que no impide la opción de otras medidas como la limitación de libertad.

William fue desafortunado, dijo que si la multa era adecuada, la hubiera pagado, pero incurrió en el delito de no tener dinero.

Las conclusiones, son individuales.

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

justicia-thumb119.gif

Licenciado Frank Paz Lorenzo

La Constitución de la República de Cuba en su articulo 34 establece que “Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos:

  • en la protección de sus personas y bienes;
  • -en el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en esta

Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija;

  • en la obligación de observar la Constitución y la ley;
  • en la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece;
  • en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República.

La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo”.

Andrés es un joven nicaragüense de origen humilde. Llegó a Cuba por mediación de la iglesia a la cual pertenece. Dios sin tardanza lo bendijo con el milagro del amor. Se enamoró de esta tierra increíble, de sus hijos de gran corazón y solidarios, y también de Elisa, una bella muchacha que comparte su fe religiosa. Ambos se casaron y Andrés obtuvo la categoría migratoria de extranjero residente permanente en Cuba.

Pasó un águila por el mar y Andrés enfermó: su vesícula, no funcionaba. Los problemas gastrointestinales lo torturaban. Después de mucho bregar logró llegar al Instituto de Gastroenterología “Luis de la Puente Uceda”, donde un diligente equipo médico le hizo los estudios correspondientes. Todo bien hasta que llegó la triste noticia : “no te podemos operar, eres extranjero y tienes que pagar en moneda libremente convertible (CUC)”

Luego de mil carreras, diez mil sinsabores, un millón de gestiones de la iglesia y otro tanto de consejos de amigos que lo orientaron para resolver su problema; SERVIMEC, entidad encargada por el Consejo de Estado de estos asuntos, le dió una carta que lo exoneraba del pago.

Parece increíble, pero dicha misiva de poco le sirvió a Andrés. El director del hospital le dijo que las orientaciones del Ministerio eran otras, y que él, tenía la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir, incluso al punto de analizar a los médicos que le hicieron los análisis sin antes consultarle.

Para este director era más importante hacer valer las resoluciones del Ministerio de Salud Pública, que la misma vida. El no podía guiarse por la Constitución de la República de Cuba y los derechos humanos que ella reconoce. ¿Será que en nuestro país, hace falta un Tribunal de Garantías Constitucionales?

DERECHO DE ASOCIACION

onublue.png

Argelio Guerra
Tal y como en las primeras y más rudimentarias formas de organización social, donde el hombre llegado el momento, decide abandonar la inseguridad de la vida aislada e individual y asociarse a sus semejantes para defender sus legítimos intereses de subsistencia y atraer hacia si los beneficios que le reporta la vida en común, en las modernas sociedades contemporáneas el derecho de asociación del individuo se constituye, por lo que le significa como escudo de protección a sus intereses y aspiraciones, en un derecho de naturaleza inclaudicable.
Los más relevantes documentos en materia de DD HH así reconocen el carácter prístino de este derecho fundamental:
  • Declaración Universal de Derechos Humanos (10-dic-1948):
    Articulo 20.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacificas.
    Articulo 20.2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16-dic-1966)
    Articulo 22.1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
De conformidad con estos postulados se constituye la asociación como un conjunto de personas que se unen bajo la sola condición de alcanzar un fin común, licito y determinado, como una organización con carácter estable y con personalidad jurídica propia e independiente del resto de la sociedad.
El derecho de asociación, al igual que el resto de los derechos individuales, tiene su génesis en la misma naturaleza humana, la que conforme a un conjunto de principios o características que le son consustanciales y que pueden servir de modelo para valorar las conductas y las leyes civiles, muestra un deseo o inclinación a la asociación con los demás para conseguir sus legítimos intereses de realización.
Así mismo, este derecho a la libre asociación de los individuos será conculcado y vulnerada la libertad de los ciudadanos, tanto si se limita o condiciona el mismo a elementos ajenos a lo dispuesto con anterioridad, como si se ejerce presión sobre los individuos forzándolos a pertenecer a una asociación determinada.

UNA ASOCIACION NECESARIA Y DIFERENTE

3471591.jpg

“Así dijo el Señor: Guardad
derecho y haced justicia…”
(Isaías 56:1)

Argelio M. Guerra

Si de algo tendrían que jactarse y lamentarse, respectivamente, el gobierno y pueblo cubanos al cabo de 50 años de revolución, es por el mantenido desinterés en la promoción y divulgación de las leyes nacionales por parte del primero, y de la total indiferencia respecto al conocimiento de sus derechos, deberes y de las leyes y disposiciones que los gobiernan por parte del segundo, todo lo cual ha conducido a un estado de cosas donde, tanto gobierno como pueblo, conviven por provecho propio al margen del cumplimiento de la ley, hundiéndose al país en un profundo abismo de incoherencia y anarquía social.

Media centuria de penurias y penalidades, en la mayoría de los casos añadidas por la ignorancia, intencional o no, en materia jurídica, sobrecargan ya con toneladas de pesares la espalda del pueblo cubano. Según la clásica ortodoxia marxista, a las vicisitudes propias del imprescindible período de tránsito y etapa socialista, período por demás largo y complejo de acuerdo con los fundadores alemanes, como pasos previos para el disfrute del idílico paraíso comunista, habría que agregar en el caso cubano, las calamidades de otro periodo, el especial, no menos funesto y que a todas luces parece igualmente interminable.

Tomando en consideración estas realidades, y como parte de los esfuerzos que desde la sociedad civil se articulan para intentar de algún modo enderezar el torcido tronco social, es que coinciden un grupo de abogados en la brillante y plausible idea de dar vida a la Asociación Jurídica Cubana (AJC) con la original motivación de mitigar la orfandad jurídica en el seno del tejido social y exigir el respeto a la ley tanto por los gobernantes como por los gobernados. Si tendría que caracterizar a la aún joven asociación, no se me ocurren mejores calificativos que necesaria y diferente. Necesaria, por cuanto inevitablemente para el mantenimiento del orden ciudadano y dada la determinación de su propia naturaleza es indispensable que los actores cumplan con las reglas establecidas del juego social.

Diferente, por apropiarse del espíritu evangélico de no hacer distinción de personas y poner sus servicios en las manos de quien los necesite sin importar la filiación ideológica de cada cual, eso si, con la invariable premisa -como sello distintivo- de apostar por el respeto y protección a los derechos de la persona humana, y especialmente de los más vulnerables.
Con tales credenciales, como cristiano y cubano levanto las dos manos para agradecer a Dios por contar, enhorabuena, con tal asociación con tan nobles propósitos.