¿SABIA USTED QUE…?

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En los primeros tiempos del desarrollo político de los pueblos, existió lo que se ha dado en llamar “ estado acrático “, que se caracteriza porque en él no existieron formas políticas, ni organización gubernativa. El régimen que se advierte es el patriarcal que no se aplicaba sino al grupo gentilicio porque, no existiendo la coacción física, no era aplicable sino a los consanguíneos, a los descendientes de un tronco común, ligados entre sí por la coacción moral que, aunque parezca paradójico, nació primero que la coacción física.

La vida general se organizaba directamente y allí la economía, para expresar sus problemáticas complejas, no tenía que atravesar el laberinto supra estructural de lo político. Economía, organización y administración de las cosas eran un incentivo obrante directamente sobre aquellos hombres simples y rectos y no comportaba aún gobierno de los mismos: todos estaban dirigidos a idénticos fines, guiados por imperativos semejantes, limitados por obstáculos parecidos, y sus escazas fuerzas debían aunarse en la persecución de los fines necesariamente comunes.

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LA CONCEPCIÓN DEL DELITO POLÍTICO EN CUBA

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Lic. Laritza Diversent Cámbara

Los socialistas cubanos diferencian al delito político del delito contrarrevolucionario. Para ellos el delito político consiste en una actividad mediante la cual una persona se propone obtener como resultado el avance de la sociedad hacia formas mejores de vida, es decir, el progreso económico, político y social de la humanidad o de una parte de ella.

El delito contrarrevolucionario es contrario al político. Se caracteriza, según ellos, por el propósito que tiene el agente comisor de hacer retroceder a la sociedad. Un ejemplo de delito contrarrevolucionario sería si alguien se propusiera, en nuestro siglo, convertir una República en Monarquía feudal. Esa persona no sería autor de un delito político, puesto que lo que se propone es hacer retroceder a la sociedad, no hacerla avanzar.

Por supuesto el señor Fidel Castro fue quien planteó por primera esta concepción en el escrito denuncia contra Batista y sus cómplices, por el golpe de estado del 10 de marzo de 1952. En ese escrito de fecha 24 de marzo de 1952 dirigido al Tribunal de Urgencia de La Habana, Castro rechazó la posibilidad de que el asalto al poder realizado por Batista pudiera ser calificado como delito político, precisamente sobre la base de que dicho golpe de estado no estaba encaminado a hacer avanzar al pueblo de Cuba, sino, por el contrario, a hacerlo retroceder.

Esta tesis es en la que se fundamentan los socialistas cubanos para afirmar que en Cuba no hay presos políticos, sino presos contrarrevolucionarios. Para ellos, todo el que se proponga destruir el Estado socialista cubano, desea que nuestro país pierda su soberanía en favor del imperialismo norteamericano, haciéndonos regresar al sistema semicolonial que padecíamos antes del triunfo de la Revolución.

Para los comunistas, socialismo significa el avance de la sociedad hacia formas mejores de vida, es decir, el progreso económico, político y social de la humanidad. Esta es la tesis que justifica la limitación indefinida, con rango constitucional, de los derechos individuales en Cuba.

El artículo 62 de la Constitución de la República establece que Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

El principio de que no pueden ejercerse las libertades reconocidas a los ciudadanos contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo es lo que fundamenta que el Código Penal, y otras disposiciones, regulen varias figuras que impiden el ejercicio de los derechos humanos en Cuba.

LA LEY DICE

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Argelio Guerra Aliaga

Sobre los derechos de Reunión y de Asociación

El Artículo 54 de la Constitución cubana establece que “los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines…”

En la disposición constitucional anterior es posible distinguir varias consideraciones:

  • Los derechos de reunión y de asociación se establecen bajo la condición de garantía a trabajadores clasificados en organizaciones previamente establecidas, limitación que excluye de tales derechos a los individuos que no se encuentran insertados en los grupos declarados oficialmente.
  • Se garantiza el ejercicio de tales derechos con la condición del uso de los “medios necesarios”, sin el empleo de los cuales no se reconoce la posibilidad de materializar la práctica de estos derechos.
  • Se infiere, por tanto, la consagración constitucional no de derechos con carácter universal disponibles para ser ejercidos por todos, sino que de plano se deslindan quienes son los actores facultados para ejercerlos, coartándose de esta manera la libertad y los derechos individuales.
  • Se pone de manifiesto en tal caso, el carácter restrictivo de la preceptiva constitucional, sobrevalorándose como programa de acción dirigido a un pragmatismo político absoluto, en detrimento de la función del magno texto que requiere ser objetivado a través de leyes ordinarias para su desarrollo.