Algo que va más allá del derecho

3Josue Rojas MarínLic. Josué Rojas Marín

Algunos arrendadores de playa Santa Lucía en la provincia10 de Camagüey, se encuentran confundidos ante una medida impuesta por los oficiales de Inmigración y Extranjería. Desde el año pasado les hicieron firmar un documento para obligarlos a hacerse responsables de los autos rentados por los turistas hospedados en sus casas, a pesar de que estos firman un contrato de arrendamiento con la agencia. Como es lógico, no existe nada en materia de derecho que imponga responder por un bien que no forma parte del hospedaje.

Deben además tener la puerta de su casa abierta de par en par, como se dice en el buen cubano, para no obstaculizar una inspección sorpresiva, abrogándose dichos inspectores el derecho de escribir o tachar el libro de registro de arrendamiento, pese a que no son ellos los responsables de controlar este documento, sino los inspectores de la Dirección Municipal de la Vivienda, así como se exige siempre una persona responsable para no dejar sola la vivienda, aun cuando no haya huéspedes.

Los arrendatarios sufren a menudo, inesperadas visitas de los agentes de la policía, quienes también escriben en el libros de registro, efectúan registros ilegales, ocupando sin estar inmersos en proceso alguno el mentado libro y devolviéndolo cuando ellos entienden.

Todo ello afecta la actividad de renta y por consiguiente sus ingresos económicos.

 

Impecabilidad en el servicio ciudadano

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imagen: traslahuella.com

6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

A veces, al acostarme ya bastante tarde, mi esposa está aún despierta y mira la TV. Miro un poco lo que ella está viendo y,  en esta oportunidad, se trata de una novela. No soy amante de las telenovelas pero veo unos minutos hasta que me duermo.

Sin embargo, el tema de la novela que la televisión cubana pone en este momento a las tres de la tarde y retransmite a las once de la noche, me enganchó. Se trata de la argentina “Vidas Robadas”.

La obra se refiere a la trata de personas, el enriquecimiento que esto proporciona a sus organizadores y la lucha que un grupo de ciudadanos honestos decide librar contra este flagelo denigrante en el seno de la sociedad rioplatense.

Los argentinos tratan el tema con bastante acierto y crudeza creíbles a pesar de su ficción; no escatiman presentando la corrupción entre funcionarios y la policía, llegando a cuestionar a la justicia nacional misma en su modus operandi.

En “Vidas Robadas” se violan mujeres, se cometen errores, la policía se vende o es ineficiente, los fiscales pueden comprarse o son asesinados, muchos funcionarios son ciegos ante las evidencias y muchas otras personas temen involucrarse por las represalias.

No ocurre nunca así en los programas nacionales. En “Tras la Huella”, policiaco producido entre la television y el Ministerio del Interior, nunca los casos resultan irresueltos, todos los funcionarios son diáfanamente probos, la pericia policial es infalible, la preparación física y marcial de los agentes es espectacular y para qué hablar de jueces y fiscales que dinero alguno es capaz de comprarles.

Para desgracia de los argentinos y felicidad nuestra, ellos no tienen lo que nosotros: la impecabilidad en el servicio ciudadano.

Interrogantes sin responder

8 KirKirenia Lic. Kirenia Domínguez Álvarez

Libertad: facultad de obrar o no obrar. // Estado del que no está preso. // Falta de sujeción o subordinación. // Facultad de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes y las buenas costumbres. // Desembarazo, franqueza, despejo… 

Derecho humano reconocido y garantizado constitucionalmente en el artículo 58, el cual establece que: La libertad o inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en territorio nacional.

Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

Cuando escuchamos la historia narrada por Ana Ibis Carreño Ledesma, nos asalta la duda y surgen varias preguntas que todavía hoy siguen sin respuesta.

Ana Ibis se encontraba una tarde de verano en la playa con su pequeña hija cuando agentes del orden la detienen sin referir los motivos, ni mucho menos tener en cuenta la presencia de la menor.  Es conducida a la unidad de la PNR, y sin redactar acta de detención, la interrogan como supuesta partícipe de una salida ilegal. Todo ello basado en suposiciones y conjeturas, puesto que años atrás la misma había sido repatriada en el fallido intento de abandonar el país.

Al no poder comprobar los hechos, tuvieron que darle la libertad sin hacer extensivo documento alguno que refiriera las causas por las que se había actuado de esa manera.

Yo pregunto: ¿Hasta qué punto  fue garantizada la libertad de disfrute y recreación de Ana Ibis y su niña?, ¿quién resarce el daño emocional provocado a esta familia?

Son interrogantes sin responder.

 

¿Cómo se llama esto?

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Lic. Osvaldo Rodríguez Díaz
Era la tarde del 23 de febrero de 2009 cuando A.E.R. y S.D.O. que lo acompañaba, llegaron desde el interior del país a la capital, tomaron un auto de alquiler y se disponían a localizar una dirección donde vendían una moto con chapa de su provincia, la que A.E.R. pretendía comprar,  siendo detenidos en esa gestión.
El continuo estacionamiento en la misma calle del  mismo auto de alquiler particular del que salía y entraba el mismo pasajero habia llamado la tencion de Y.S.C., agente  de la unidad de la Policia Nacional sita en Zapata y C, lo cual le parecio suficiente para proceder a la detención de los dos pasajeros, dejando libre al conductor. No podía imaginar este oficial, las consecuencias que su actuar traería a los detenidos.
En la referida estación, se les radicó el expediente 65/09 por un delito de actividad económica ilícita. Se ocuparon mediante acta firmada por los encartados y el oficial referido que consta en el expediente, los siguientes bienes: tres mil setenta CUC, veintitrés mil en moneda nacional, varias prendas de oro entre ellas una gargantilla de alto valor, un teléfono Blackberry y un reloj suizo también muy caro.
Pese a las explicaciones de la legalidad de los bienes ocupados, ambos detenidos fueron remitidos en prisión provisional al establecimiento penitenciario de Valle Grande, para continuar las investigaciones.
Durante el proceso se aportaron las pruebas para demostrar la legalidad del dinero y las prendas ocupadas, entre ellas comprobantes de remesas y fotos de familiares con las prendas. Fue aprobada una fianza a ambos acusados por el fiscal a cargo en aquel entonces.
Hoy a la distancia de más de 4 años, ambos acusados siguen bajo fianza y la fiscalía competente remitió el caso al Tribunal Municipal Popular de Plaza de la Revolución, para que proceda al sobreseimiento del caso con efecto de absolución.
El tribunal de Plaza devolvió el expediente ya que en el mismo no está claro donde están las cosas ocupadas.  El cheque de depósito del banco, por la suma del dinero en CUC consta cancelado, en lugar del reloj suizo aparece uno ruso, no consta depositado en el banco como debe ser, asi como el destino de la gargantilla y las otras prendas y accesorios de oro que completaban el precio de la moto que se pretendia comprar. Sí aparece un arete de fantasía que no le pertencece; el dinero en moneda nacional tampoco está completo.
La fiscalía insistió nuevamente al tribunal, que otra vez devolvió, ya que en el documento correspondiente expone, que debe devolverles a los acusados todo lo ocupado, y esto no le ha quedado claro al órgano jurisdiccional.
Se ha formado una especie de pin-pon-IURIS.  Hasta la fiscalía militar recibió las actuaciones, optando por  devolverlas a la Fiscalía Provincial, y ésta nuevamente a la Fiscalía Municipal, que nuevamente insistió con el Tribunal Municipal, que con razón no accede, pues de hacerlo, deberá responder por las ocupaciones.
En queja de los afectados a la Fiscalía Provincial, la respuesta fue que se remitiría el caso a la Fiscalia municipal para su solución, !que novedad!
Han transcurrido más de 4 años, mientras más tiempo pase, menos posibilidad tienen estos ciudadanos de recuperar sus bienes.
No es necesario exponer cuantos principios eticos, garantías y términos del procedimiento penal se han violado, estas personas están a punto de renunciar a sus bienes, pues aún están bajo fianza, lo que les impide realizar muchas gestiones.
No hay que ser experto para determinar donde se “extravió” el dinero, el  oro y el reloj.
Se me ocurre que como hay personas que no creerán esto, porque esto no tiene nombre aunque sea cierto, ¿cómo le pondrá Ud. a éste caso?

Cuelgue y espere unos minutos, por favor. Hay congestión en las líneas

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CHAVEZLic. Rodrigo Chávez Rodríguez

¿Será momento de seguir esperando unos minutos?, cuando ya hemos esperado décadas, continuamos cada día más con la ingesta aguda en la posibilidad de las  líneas, digo, en las curvas de este  “planeta Cuba”.

Cuando digo curvas, lógicamente hablo sin señalización que al menos nos indique por donde seguir el escabroso camino para lograr las comunicaciones, cada día más controladas por Instituciones armadas de nuestra República de Cuba: P.N.R, DTI, Inmigración y Extranjería, D.S.E, (Chequeo Visual conocido como los Cajoteros por su antigua denominación de KJ, así como, el “KT”, referido al ilegal  Chequeo Telefónico)

También podríamos llegar a estar sometidos con la novísima tecnología, prestos y no dispuestos a un “KE” (Chequeo del Éter), un “KF” (Chequeo Fílmico), “KM” (Chequeo Microfónico) y la acostumbrada revisión de Cartas y Documentos inclusive Oficiales “KC” (Chequeo de Correspondencia), como la Detención Ilegal, sin ninguna recurrencia jurídica y en la total inobservancia de lo previsto y establecido en las Leyes de este PLANETA CUBA por parte deInstructores Policiales (DTI, DSE), que dicen llamarse Abogados, cuando lo que tienen es un titulo de Licenciados en Derecho, que no es lo mismo. Respétense.

Cualquiera está expuesto.  Desde un  ciudadano cubano o extranjero de cualquier jerarquía y responsabilidad, desde un turista  hasta un dirigente político, personal diplomático acreditado en el país o visitante.

Velará nuestra FISCALIA por la verdadera y única Legalidad a cualquier Instancia, impartirán con absoluta y plena Justicia su veredicto y sentencias firmes los TRIBUNALES  POPULARES, o sea, los del Pueblo a cualquier rango.

Aquellos a los que les resulta imposible renunciar al Poder, no estarán esperando por unos minutos por favor; ni que se  DESCONGESTIONEN LAS LINEAS.

Así es como no se garantiza la llamada y el llamado a nuestros DERECHOS  refrendados en nuestra CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, en los desconocidos PACTOS DE LA ONU, sin temor a que otros se equivoquen que la gran mayoría de nuestra población civil no conoce y algún que otro profesional del DERECHO.

Que no cuelguen, que no nos hagan seguir esperando más tiempo, para una única posibilidad de hablar claro y muy claro.  No  congestionen las líneas, POR FAVOR.

 

Si MM fuera cinta negra…

Foto: País de Píxeles

Foto: País de Píxeles

espeLic. Esperanza Rodríguez Bernal

Se presenta en nuestra sede Marta Margarita,  una señora muy nerviosa con ojos llorosos y gran cantidad de documentos.

Nos cuenta que por problemas de convivencia con su ex pareja, ella y su hija han sido objeto de maltratos de obra, resultando lesionadas por él y su familia.  Nos muestra varios certificados médicos de lesiones que avalan lo que dice.

Desde el año 2008 y hasta Noviembre de 2011, ha efectuado doce denuncias en la Unidad de la Policía Siboney, municipio Playa, sin que hasta el momento se dé curso por la vía judicial.

Nos dice que la última agresión ocurrió en plena calle el día 27 de marzo de este año por su ex pareja, la  hermana, su madre,  mientras que los hermanos  de éste la amenazaron  diciéndole que si gritaba la matarían.

Producto de ésta golpiza fue hospitalizada en el Hospital Militar de Marianao en la sala de terapia intermedia por espacio de siete días con una fractura craneal y otras lesiones.

En ésta oportunidad también formuló denuncia en la citada Estación de la PNR sin que la policía  actúe conforme a lo establecido en las leyes.  Dado que todas sus denuncias han sido ignoradas por la policía de ésa Unidad, teme por la vida de su hija y la de ella.

Ella sospecha que las denuncias que ha hecho en ésa Unidad  de Policía no prosperan porque el jefe de la Unidad es amigo de su ex pareja.

Cuando, como en este caso, un ciudadano resulta en un estado de indefensión de esta naturaleza, pues los llamados a prestarle atención a su caso (la policía) se desentienden, ¿qué  recurso  queda?, ¿tomarse la justicia por su mano?, ¿acudir a personas dispuestas a realizar esas acciones por ella?

Y, por último, si Marta Margarita fuera lo que dice el título de este artículo, ¿tendría su ex… el valor suficiente para hacer lo que ha hecho?

 

Desacatar, ¿qué?

Lic. Tamara Lorenzo Calderón

Cuando pronunciamos el término DESACATO, de hecho pensamos en el insulto, amenaza, ultraje u ofensa de los cuales ha sido objeto una autoridad, funcionario o agente en el ejercicio de sus funciones.  En este breve análisis, nos referiremos al policía en su actuar como agente de la autoridad y cuya figura se tipifica en el artículo 144 inciso 1 de nuestro Código Penal vigente.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y acorde al significado de la palabra ACATAR, le debemos obediencia a la orden impuesta por el agente de la autoridad en su función de velar por el respeto a las normas de convivencia social y en la acción que ha de ejecutar en tal sentido entre las que podemos citar: la detención de los ciudadanos, el cacheo, la solicitud del carné de identidad y otra que estime sea necesaria en correspondencia a las circunstancias en que se encuentra y en cumplimiento de la responsabilidad que le asiste como agente de orden público.

Si bien es cierto que esta figura delictiva precisa de la “acción despectiva” para su configuración, preguntémonos ¿quién genera la acción?   ¿El ciudadano sujeto a un requerimiento de la autoridad, o el propio agente al manifestarse de forma altiva y prepotente en su actuar, sin medir el resultado ó alcance de su proceder, inducido por su sola convicción de ORDENO y MANDO?

En la mayoría de los casos, el DESACATO es generado por el propio agente de la autoridad en el ejercicio de su función y aún y cuando se reconozca como una institución o cuerpo represivo, no lo exime de una suficiente cultura jurídica que le permita una comunicación de respeto y dominio propio tanto con el ciudadano obediente de la ley como para el infractor de una orden que se resiste a su cumplimiento y por lo cual ha de recaer el peso de la justicia según proceda.

La sabiduría sobrepasa la necedad, de ahí que el responder al requerimiento u orden policial como debida obediencia a la ley, no sea visto o interpretado como una sumisión a quienes, en su equívoco actuar, menoscaban nuestra condición  humana, por el sólo hecho de imponer el respeto a la ley.

El respaldo judicial, no solo debe imperar para el agente del orden público o autoridad en el ejercicio de su función, sino también y ha de revestirse en tal sentido, para los ciudadanos que resultan ofendidos en su decoro y dignidad por el agente ante cualquier requerimiento y por lo cual quedan indefensos y sin derecho de reclamo de justicia en las instituciones que respaldan  a aquellos que detienen con injusticia la verdad.

Entonces preguntemos: desacato por desacatar, ¿qué?

 

 

El Acoso del Cotorro

Lic. Esperanza Rodríguez Bernal

En más de una ocasión el ciudadano William Alexis Cacer Díaz  ha solicitado ayuda a la AJC por haber sido víctima de ilegalidades cometidas por agentes de la policía.
Primero, fue despojado de una cámara fotográfica, un teléfono móvil y una mini grabadora que utilizaba  como medios de trabajo como cuentapropista (fotógrafo).
En esa oportunidad se le orientó lo que debía hacer de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 inciso 1) en relación al artículo 401 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico para interponer Demanda en Proceso de Amparo en la Posesión contra Actos Provenientes de Autoridades ante el tribunal correspondiente.
Ahora William recaba otra vez nuestra asesoría por sufrir continuados arrestos.
En ninguna de las oportunidades en que ha sido detenido, le han mostrado orden de detención: lo han conducido en un patrullero hasta la Estación de la PNR  del Cotorro y  lo ha mantenido en un calabozo por varias horas.
Cuando ha preguntado el por qué de esa actuación la respuesta  ha sido: “es un asunto de la C.I. (contrainteligencia)”.
Ahora William refiere también ser amenazado por ir a Estado de SATS, le aseguraron que será arrestado cada vez que se anuncie un evento en casa de Antonio Rodiles.
Es lícito lo que la ley no prohíbe y por tanto si los agentes arrestaran nuevamente a William por asistir a Estado de SATS confirmarían su proceder ilegal y podrían ser acusados ante la Fiscalía Militar por el afectado ya que esa actuación  contraviene el artículo 58 de la Constitución de la República:
La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.
Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes…
Lo que está ocurriendo con William me recuerda aquella famosa obra de Víctor Hugo,  en la que un policía manifestaba una satisfacción  visceral en la persecución de por vida, de un ex convicto que, al final, terminó salvando la vida a su perseguidor.
¿Quién puede refutar que la vida, con sus avatares vuelva a repetir algún día un episodio semejante al de Los Miserables?… solo que con nuevos personajes y locación y al que me ha parecido bien denominar El Acoso del Cotorro.

Absurdos

Wilfredo Vallín Almeida

Un buen día la decisión fue la de vender teléfonos celulares a los cubanos simples (o de a pie, como decimos aquí).

A muchos de nosotros, a los que nunca nos “autorizaron”  teléfono fijo en nuestra casa, ahora nos venden  teléfonos…celulares.

Pero, como tantas otras cosas difíciles de entender en este país, los teléfonos celulares resultaron ser una de esas contradicciones insolubles porque, antes de su aparición en la sociedad, era posible mantener en silencio muchos sucesos  “engorrosos”. Ahora  miles de personas andan con ellos por la calle y no resulta ya muy fácil mantener el “secretismo” de algunos acontecimientos.

Así, si se da un altercado en un estádium de pelota, allí están los teléfonos “alternativos” para que rápidamente todos se enteren de lo que ocurre e, incluso, que aparezca algún que otro video mostrando las escenas.

Si una persona es arrestada en plena vía pública (por lo regular sin orden de arresto) como suele ocurrir con aquellas  que van a los cursos de periodismo, siempre habrá alguien que tome instantáneas de lo sucedido o que, desde su situación “en  vivo” informe de los detalles y se conozcan los patrulleros participantes y  hasta el número de las chapas de los policías.

Pero como toda acción suele ser seguida de una reacción (al menos es lo que nos enseñaron en Física), la táctica policial ha sido la de quitarse la chapa cuando existe el peligro de ser filmado de alguna manera. Así, muchos ciudadanos han podido constatar este “actuar” en reiteradas ocasiones.

No obstante, y para ser justos y equitativos, también hemos visto a agentes de la autoridad que no esconden su placa en esas circunstancias y oficiales dispuestos a identificarse totalmente pero, en honor a la verdad, resultan los menos.

Otra reacción ha sido la de impedir que se tomen fotos. Así, en un reciente derrumbe provocado por la lluvia en la calle Monte, en el centro de La Habana, hace solamente unos días, una persona que tomaba fotos del lugar, estuvo a punto de ser arrestado por la fuerza pública porque (esto fue lo que arguyeron), “no se podía tomar fotos ni de derrumbes ni de incendios”.

Nada se dijo, sin embargo, de los responsables de la caída del edificio.

En casos ya más extremos, el actuar ha sido quitarle a la fuerza a la persona su cámara fotográfica o su teléfono (o ambos), artículos que, en muchas ocasiones, los afectados no han vuelto a ver jamás…sin explicaciones  de procedimientos penales   de  ninguna índole.

Lo último que me llegó en cuanto a este particular, me  lo contó un amigo de Pinar del Río la semana pasada. Un perro de la policía estaba buscando droga en unos equipajes. A mi amigo le gustó el perro y le tiró una foto…y fue a parar a un calabozo donde tuvo que declararse en huelga de hambre para que al fin lo soltaran días después, porque “los perros policías no pueden ser retratados mientras trabajan”.

Es muy posible que lectores de otros países puedan ver en estas palabras una exageración o una intención en desacreditar. Ni una cosa ni la otra, solo que -para nuestra tragedia-  Cuba es hoy, por más que nos duela, un país de ABSURDOS.

El elefante y la hormiga

 

Elefantes en el Miramar Trade Center, La Habana

Lic. Veizant Boloy

Hace unos días se me acercó un amigo estudiante de Derecho, y me preguntó si era una regla que todos los que cometían delitos de Desacato, Resistencia o Atentado a la autoridad, eran sancionados a prisión.

Sucede que casualmente todos los juicios que había presenciado de esta naturaleza, obtenían igual resultado: privación de libertad.

Le comenté que aún y cuando algunos de estos delitos admiten la imposición de sanciones pecuniarias, la política penal indica a la judicatura, que a los infractores de estas tipicidades delictivas se les sancione con severidad.

Así lo reafirma la Circular 52 de 29 de agosto de 1987, que recomienda a los tribunales “que al conocer de los delitos de atentado, resistencia, desobediencia y desacato, cuando las víctimas sean miembros o auxiliares de los órganos de la policía en el ejercicio de sus funciones, apliquen las especies penales de más severidad entre las autorizadas por la ley y en la medida más elevada posible de los respectivos marcos penales”.

Por eso resultan sancionados a la máxima pena posible, jóvenes sin antecedentes penales, e incluso, personas inocentes, ya que en estos delitos la prueba que prevalece es la declaración del policía víctima.

Aún cuando detrás del uniforme, los policías son seres humanos; los jueces le dan mayor credibilidad a éstos, y el ciudadano queda desprovisto de las más elementales garantías de defensa, en un proceso judicial donde de antemano el acusado sabe a lo que se enfrenta.

Sería formidable que cuando sean los policías los infractores de la norma penal; los que golpeen, injurien, y amenacen a los ciudadanos, la ley caiga como un látigo sobre sus cabezas, pues estamos en la era de la pelea de elefante a hormiga. No es necesario explicar quién es el elefante.