¿SABIA USTED QUE…?

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Denominase CÓDIGO al cuerpo de leyes de un Estado. Así, se dice Código Civil, Penal, de Comercio, etc., por la naturaleza de que se tratan o de la rama del Derecho a que se refieren. Puede definirse que “Código es la ley única que regula el derecho positivo en alguna de sus ramas, reducido a sistema, plan y método”.

También acostumbrase a llamar CÓDIGO a la colección de las constituciones de los emperadores romanos, hecha por orden de Justiniano, por ser la más célebre colección de leyes, rescriptos imperiales, ordenanzas, etc.

Se llama CÓDIGO FUNDAMENTAL a la constitución de un Estado; Código Civil a la colección de las leyes que establecen y fijan los derechos de que gozan los hombres entre sí mismos y la forma y efecto de sus convenciones civiles; Código de Comercio, la colección de las leyes relativas a los negocios mercantiles, etc.

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DERECHO DE REUNION EN LA LEGISLACION CUBANA

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

En la legislación cubana el derecho de reunión, como otros muchos que contemplan las leyes nacionales, es objeto de un tratamiento muy particular. Para entender esto nos remitiremos, primeramente, al artículo 54 de la Constitución de la República en el que leemos:

“Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en la que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

De lo anterior se desprende que son las organizaciones de masas y sociales las que gozan de las posibilidades para el ejercicio de éstos derechos y sólo en cuyo seno se goza ” de la más amplia libertad de palabra y opinión”, aunque este último aspecto – y la gran mayoría del pueblo cubano lo sabe- también es discutible. Evidentemente, la Ley de Leyes no garantiza en lo absoluto esos derechos fuera de las organizaciones de masas y sociales.

Por otra parte el artículo 209.1 del Código Penal vigente (actualizado) reza textualmente: ” El que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de éstos derechos, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta 100 cuotas”.

Por otra parte, y al parecer para no dejar ningún género de dudas, el artículo 62 de la Carta Magna expresa enfáticamente: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

El asunto que nos ocupa pone una vez mas de manifiesto la ambigüedad de la Constitución sobre derechos medulares de los ciudadanos. ¿Significa el artículo 62 en relación con el 64 de la propia Constitución y con el 209.1 del Código Penal que si tres individuos que se encuentran en una esquina y que intercambian impresiones en cuanto a una disposición gubernamental que les afecta, que consideran desacertada y, por ende la critican, están en una reunión ilícita y pudieran ser sancionados a grandes multas e incluso a prisión?

¿Pudiera interpretarse, y por quién, que ésa critica va en contra de la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo? Es de antaño conocido que ni la ambigüedad ni las lagunas del derecho tienen cabida en las normas penales de un país y, con mucha mayor razón, no debieran tenerla en su Constitución.

CASO RESUELTO

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Licenciado Wilfredo Vallín

A pesar de los muchos casos que van llegando a la Asociación Jurídica Cubana con problemas y absurdos jurídicos de muchos tipos, ya no nos asombrarnos demasiado con lo que nos toca leer a menudo, aunque hay algunos ejemplos que sobresalen. El siguiente es uno de ellos.
El ciudadano Walfrido atendía cierta mañana a una colega, abogada como él en la sala de su casa. Hablaban animadamente María, esposa de Walfrido, éste y Maritza, la visita. En lo más interesante de la conversación tocaron a la puerta. Al parecer, personal de la campaña antiaegypti.
María, se levantó para atender a los recién llegados en tanto que su esposo y la colega visitante permanecieron conversando en la sala.
María creyó que se trata de una visita rutinaria de los inspectores y los llevó al patio trasero donde tiene su tanque de agua, pero… no era una visita rutinaria. Los campañistas habían venido porque se detectó un foco con vectores en el patio aledaño al edificio provocado al parecer por restos de basura vertidos por algunos inquilinos . La esencia de la visita era para comunicar que todos los apartamentos que dan a ése patio aledaño serían multados, sin excepción, con 100.00 pesos.
Hasta aquí esto parecería ser muy natural, pero…
Ni lentos ni perezosos, los abogados le pidieron a los de la campaña la resolución que les autorizaba semejante medida. Los segundos les muestraron un papel muy deteriorado que apenas podía leerse y donde no quedaba claro nada. Al final de la discusión que se generó, los de salud pública terminaron diciendo que ellos “sabían que no podían aplicar esa multa”.
¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en un lugar donde las personas hubiesen sido incapaces de reconocer y exigir sus derechos?
Lo más probable es que les hubiesen impuesto esa medida que aún sigue estando muy nebulosa para los visitados por estos “representantes” del Ministerio de Salud Pública.
Hasta donde sabemos, en derecho la responsabilidad (sobre todo en la esfera de lo penal) es total y absolutamente individual. Imagínense ustedes el caso de un asesinato cometido en una cuadra. Como la policía no logra encontrar pruebas para acusar al responsable, detiene a todos los ciudadanos del entorno con responsabilidad penal, que son sancionados a largas penas de prisión y… caso resuelto. Cualquier similitud con el caso narrado aquí…no es pura coincidencia.

¿SABIA USTED QUE…?

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Licenciado Frank Paz

La Ley de Procedimiento Penal cubana, ley No 5 de 13 de agosto de 1977, en vigor, plantea una contradicción muy interesante. Por una parte, reconoce muy atinadamente como autoridades en materia judicial a los jueces, fiscales e instructores. Estos últimos son los encargados de instrumentar la fase preparatoria de la investigación criminal la que después constituirá una causa penal en una sala de justicia.

La Ley de Procedimiento Penal en su artículo 111. 1 declara como auxiliares de las funciones judiciales a los oficiales, sargentos y auxiliares del Ministerio del Interior. Esto quiere decir que los jefes y primeros oficiales de la policía nacional están subordinados, por ley, a cumplimentar los intereses de la investigación penal, que en el ejercicio de sus funciones desarrollen los instructores.

Sin embargo, en la práctica los instructores nunca llegan a desembarazarse de la subordinación directa de sus jefes militares. ¡Que contradicción mas conveniente para el mando del Ministerio del Interior!, ¿verdad? Huelgan los comentarios.

LA LEY DICE

Licenciada Laritza Diversent

En esta sección se darán a conocer aspectos de la legislación cubana en una materia determinada. Se tendrán en cuenta para ello normas jurídicas de carácter nacional y los instrumentos internacionales de los que Cuba sea parte.

La inviolabilidad del domicilio es internacionalmente reconocido como un derecho de carácter civil en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

La referida Declaración fue adoptada en diciembre de 1948 por resolución de laAsamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y fue firmada por Cuba en el mismo año.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, establece en su artículo 56: El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

La ley de procedimiento penal, ley No 5, garantiza protección a este derecho al regular los casos y requisitos que deben seguirse para realizar el registro del domicilio de un ciudadano (artículos del 215 al 227).
Por su parte, el Código Penal en su Libro Segundo, Titulo IX, Capítulo III, Delitos contra los derechos individuales, tipifica como delito la violación del domicilio y el registro ilegal. El artículo 288 sanciona a quien sin autorización, o sin cumplir las formalidades legales, efectúe un registro en un domicilio.

¿Qué hacer?

Si los agentes policiales -al efectuar un registro- no cumplen los requisitos expuestos en la ley de procedimiento, el ciudadano afectado puede demandarlos ante la fiscalía militar correspondiente.