DERECHO DE REUNION

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

El inmortal Hugo Grocio, a quien se considera padre el Derecho Internacional Público moderno, fue el primero en usar el concepto inalienable que él atribuyó a algunos derechos individuales entre los que hoy reconoce el derecho de reunión según se recoge en el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles de la ONU en su artículo 21. Este derecho, como los restantes de la Declaración Universal, requiere de un análisis particularizado.

Según algunos autores “Hoy en día, y como reacción contra amargas experiencias de abusos sufridos no sólo en el área de los totalitarismos fascistas, nazis y soviéticos, se subraya enérgicamente que la libertad de reunión no sólo implica el derecho de reunirse pacíficamente para fines lícitos, sino también el principio de que nadie debe ser obligado a concurrir a una reunión en contra de su voluntad o deseo: tanto agravio implica privarle a uno de reunirse lícita y pacíficamente, como obligarlo a participar en una reunión (desfile, parada, etc.), a la que no quiera concurrir.

El individuo tiene, en tanto que persona, -y siempre según los derechos reconocidos en los Pactos de Derechos Humanos de la ONU- una serie de derechos de libertad frente al Estado, así como ante los demás individuos y grupos sociales.

Las limitaciones obligadas e ineludibles para la libertad de reunión son principalmente dos: la reunión debe ser pacífica y los fines que se proponga, así como también los medios que emplee, sean lícitos. El condicionamiento a que los fines de la reunión sean lícitos, es algo obvio. No es admisible reunirse para la comisión de delito alguno, para promover alteraciones del orden público, etc.

En cuanto al derecho de no concurrir a una manifestación, desfile o reunión hay que decir que éste aspecto negativo es tan importante como el positivo. La libertad se lesiona de igual manera si a una persona se le impide participar en una reunión, que si se le fuerza a asistir a una reunión, parada, desfile, manifestación, etc.: ambas formas, tanto la positiva como la negativa, constituyen violaciones inaceptables de éste derecho humano fundamental.

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UN REGISTRO EN CASA DE RAMÓN

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Licenciado Wilfredo Vallín

La Habana, 16 de abril de 2009, (SDP-AJC) El ciudadano Ramón, se comunicó con la Asociación Jurídica Cubana por el siguiente correo electrónico ajudicuba@yahoo.com y nos planteó el siguiente caso para el cual solicita asesoría:

“Siendo las 10:12 de la noche del día 21 de enero de 2009, agentes policiales se presentaron en mi domicilio informándome que iban a realizar un registro. Me mostraron la orden y los dejé pasar a mi domicilio procediendo a efectuar un amplio registro. Al finalizar me incautaron los siguientes objetos: una laptop, dos memorias de almacenamiento masivo, un libro de Mario Vargas Llosa y una cámara fotográfica digital.

Dos horas después se retiraron dejando un gran reguero en mi casa.

Después de los hechos, algunos amigos y vecinos me han dicho muchas cosas distintas. Mi repregunta es: ¿Es correcta la actuación policial?”.

Nuestra respuesta: Usted cometío un error cuando no exigió la copia de la orden de registro, que la ley obliga a los auxiliares del sistema judicial (policías) a entregar. Esto, en caso de que usted no haya consentido el registro de su domicilio.

Usted no aclara si los agentes llevaban testigos que tienen que ser necesariamente dos vecinos próximos.Afirma que le fueron ocupados varios objetos diferentes. No obstante “la resolución que dispone la entrada en el registro determina su objeto preciso…”es decir, que la orden de registro debía aclarar qué se buscaba en su domicilio. He aquí otro elemento importante para exigir copia de esa orden, pues de lo contrario no queda claro qué debían ocupar los agentes.

Usted finaliza diciéndonos que los policías”se retiraron dejando un gran reguero” en su domicilio. En este sentido el articulo 220 es claro: “El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles, así como extenderlo a extremos o particulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito”.Como no conocemos, ya que usted no leyó la orden de registro, el objeto estricto de la investigación del delito, no podemos evaluar si procedía o no el gran desorden que los agentes dejaron en su morada.

Lo que podemos asegurarle es que ese registro constituye una flagrante violación de la ley de procedimiento penal, que establece claramente que el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre la 5 de la mañana y las 10 de la noche. Y, por tanto ese acto tipifica la figura de Registro Ilegal del artículo 288 del Código Penal “el que sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales efectúe un registro en un domicilio, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.Asociación Jurídica Cubanaajudicuba@yahoo.com

LA LEY DICE

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Licenciada Laritza Diversent

DEL REGISTRO EN DOMICILIO PRIVADO (II)

El registro de lugares se dispone para tratar de localizar en ellos al acusado, los efectos o instrumentos del delito u otros objetos que puedan ser útiles a los fines de la investigación, estando facultados para disponerlo -ya sea de dia o de noche- tanto el Instructor como el Fiscal, en cualquier edificio o lugar público del territorio nacional. (Artículo 215 de la Ley de Procedimiento Penal)

Lugares públicos para la Ley de Procedimiento Penal

La propia Ley de Procedimiento Penal, en el artículo 216, define cuales son los lugares que se consideran específicamente edificios o lugares públicos, a los efectos de esta diligencia. El artículo 217 aclara que para la entrada o registro en templo u otro lugar destinado al culto religioso, basta pasar recado de atención a la persona a cuyo cargo estuviere.

Domicilio para la Ley de Procedimiento Penal

A los efectos de las disposiciones de este capítulo, se reputan domicilio, de conformidad con el artículo 222:

  1. Los edificios donde radiquen la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros;
  2. El edificio o lugar cerrado o la parte de él destinada a la habitación de cualquier ciudadano cubano o extranjero residente en Cuba.

La ley, en su artículo 223, aclara que los bares, bodegas, restaurantes, hoteles y cualesquiera otros establecimientos comerciales o de servicios no se consideran domicilio de los que se encuentren o residan en ellos accidental o temporalmente, pero lo son de las personas que se hallen a su frente y residan con sus familiares en la parte del edificio destinado a vivienda.

¿Cómo se procede al registro en un domicilio privado?

Luego de cumplir los trámites establecidos por la Ley de Procedimiento Penal, la autoridad puede proceder a la entrada y el registro en el domicilio, empleando para ello, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública.

El registro domiciliario se hace siempre en presencia del morador principal y si no es localizado, o rehúsa concurrir a la diligencia o nombrar persona que lo represente, se practica, de haberlo, a presencia de un familiar mayor de dieciséis años de edad.

En todos los casos, a menos que sea imposible, se hará a presencia de dos vecinos próximos. Como puede apreciarse, se exige por la Ley que, salvo imposibilidad justificada, presencien el registro dos vecinos, que servirán como testigos de la forma en que se practica la diligencia y de sus resultados.

El registro se practica siempre por la autoridad o agente en quien se delegue expresamente y en presencia de las personas antes mencionadas. Del mismo se levanta acta que firman todos los participantes y si no se encuentran las personas u objetos que se buscan, ni aparecen indicios sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada, si la reclama.

Excepciones

En el artículo 221 se regula, no obstante lo anterior, que los agentes de la policía pueden proceder de propia autoridad al registro de un domicilio:

  • cuando haya orden de detención o mandamiento de prisión contra una persona y al tratar de llevarlo a efecto ésta se refugia en él;
  • cuando un individuo sea sorprendido en flagrante delito o cuando un presunto delincuente, inmediatamente perseguido, se refugie en una casa.

Para estos casos urgentes y excepcionales no son de aplicación las formalidades expuestas y la ley no exige que se confeccione acta sobre sus resultados.

UNA ASOCIACION NECESARIA Y DIFERENTE

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“Así dijo el Señor: Guardad
derecho y haced justicia…”
(Isaías 56:1)

Argelio M. Guerra

Si de algo tendrían que jactarse y lamentarse, respectivamente, el gobierno y pueblo cubanos al cabo de 50 años de revolución, es por el mantenido desinterés en la promoción y divulgación de las leyes nacionales por parte del primero, y de la total indiferencia respecto al conocimiento de sus derechos, deberes y de las leyes y disposiciones que los gobiernan por parte del segundo, todo lo cual ha conducido a un estado de cosas donde, tanto gobierno como pueblo, conviven por provecho propio al margen del cumplimiento de la ley, hundiéndose al país en un profundo abismo de incoherencia y anarquía social.

Media centuria de penurias y penalidades, en la mayoría de los casos añadidas por la ignorancia, intencional o no, en materia jurídica, sobrecargan ya con toneladas de pesares la espalda del pueblo cubano. Según la clásica ortodoxia marxista, a las vicisitudes propias del imprescindible período de tránsito y etapa socialista, período por demás largo y complejo de acuerdo con los fundadores alemanes, como pasos previos para el disfrute del idílico paraíso comunista, habría que agregar en el caso cubano, las calamidades de otro periodo, el especial, no menos funesto y que a todas luces parece igualmente interminable.

Tomando en consideración estas realidades, y como parte de los esfuerzos que desde la sociedad civil se articulan para intentar de algún modo enderezar el torcido tronco social, es que coinciden un grupo de abogados en la brillante y plausible idea de dar vida a la Asociación Jurídica Cubana (AJC) con la original motivación de mitigar la orfandad jurídica en el seno del tejido social y exigir el respeto a la ley tanto por los gobernantes como por los gobernados. Si tendría que caracterizar a la aún joven asociación, no se me ocurren mejores calificativos que necesaria y diferente. Necesaria, por cuanto inevitablemente para el mantenimiento del orden ciudadano y dada la determinación de su propia naturaleza es indispensable que los actores cumplan con las reglas establecidas del juego social.

Diferente, por apropiarse del espíritu evangélico de no hacer distinción de personas y poner sus servicios en las manos de quien los necesite sin importar la filiación ideológica de cada cual, eso si, con la invariable premisa -como sello distintivo- de apostar por el respeto y protección a los derechos de la persona humana, y especialmente de los más vulnerables.
Con tales credenciales, como cristiano y cubano levanto las dos manos para agradecer a Dios por contar, enhorabuena, con tal asociación con tan nobles propósitos.