La Amenazas en la legislación cubana.

Argelio M. Guerra

El delito de Amenazas (artículos 284 y 285 del vigente Código Penal) se configura como delito autónomo cuando es un fin en sí misma y no como elemento subsidiario o medio para cometer otro delito. No tiene que existir exaltación del ánimo en la acción por parte del sujeto, sino que para su integración basta con que dicha acción dada las condiciones y circunstancias en que se profiere sea capaz de infundir serio y fundado temor a la víctima”.

Puede incurrir en taldelitocualquier persona, sea particular, funcionario o agente de la autoridad.

Es un agravante (art.284-2), realizar la amenaza con el empleo de arma de fuego, ya sea particular, funcionario o agente de la autoridad, y en el caso de los agentes policiales, su uso público les está prohibido (Ley 22 de los Delitos Militares)

Los agentes del orden público también estos pueden cometer el delito, cuando valiéndose de la imagen como expresión del poder, conminan a cualquier ciudadano(a) a abandonar un determinado lugar o espacio público sin las razones debidamente justificadas so pena de ser conducidas a la unidad de policía, inspirando en este caso serio y fundado temor en las victimas.

Tal hipótesis se funda en la preservación de la libertad psíquica y estabilidad emocional de la víctima como bien jurídico especialmente protegido por la ley, el derecho de las personas a conducirse en el entorno social de forma tranquila y a un normal desenvolvimiento de sus actividades cotidianas sin sufrir algún tipo de exigencia. En tal caso el delito de amenazas pudiera entrar en concomitancia con el delito de Abuso de Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 133 del Código Penal.

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Estado de peligrosidad

Lic. Laritza Diversent Cámbara

La embriaguez habitual, la dipsomanía, la narcomanía y la conducta antisocial son índices, que la legislación penal utiliza para decidir el estado de peligrosidad de una persona, es decir, su inclinación a cometer delitos. Se manifiesta con el desarrollo de una conducta contraria a las normas de la moral socialista.

Son frecuentes, en la ley cubana, las referencias a la ideología comunista. En la protección de las normas de convivencia y de la moral socialista existen términos que no están definidos en ningún código, pero que se utilizan para castigar cualquier forma de disenso social.

No estoy en contra de la regulación jurídica del estado peligroso, siempre que se utilicen criterios objetivos en su definición. Lo veo como un medio eficaz para proteger la sociedad, los bienes y el orden público.

Cuando tenía 12 años, fui a ver a mi mamá al hospital, ingresada después de una intervención quirúrgica de urgencia. De regreso a casa, dentro del ómnibus del transporte público, una señora me agredió, molesta porque Raúl Castro permitía que los niños anduvieran en la calle de noche. Hubo que aguantarla, estaba completamente fuera de sí, con síntomas evidentes de enajenación mental. Hasta hoy no he podido olvidar su rostro. Créanme, me costó trabajo volver a salir de noche. En este caso, la figura del estado peligroso permitiría darle tratamiento médico una persona, irresponsable penalmente, pero un peligro para la sociedad.

Sin embargo, la indefinición de términos en la ley penal cubana, permite a las autoridades políticas utilizar la figura a su conveniencia. En no pocos casos, se emplea para “reeducar” a la disidencia, a la prostitución, o para obligar a los ciudadanos a trabajar forzosamente en centros correccionales: granjas agrícolas o brigadas de construcción, por conducta antisocial.

A estas personas no se les comprueba la comisión de un delito. Las autoridades, amparadas en criterios subjetivos y parámetros ideológicos, deciden que su conducta debe ser reformada, criterio contradictorio con el principio de legalidad: Sólo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión

En esto influye la subordinación de los órganos de justicia a las instrucciones directas del Consejo de Estado y la ausencia de garantías para la defensa de los derechos individuales. En no pocas resoluciones judiciales, los jueces llegan a la certeza de un hecho por convicción moral. Frente al abuso de poder, el ciudadano no tiene medios legales para protegerse.

La peligrosidad socialista permite a las autoridades controlar el disenso social. Incluso, va más allá: surte un efecto directo en la celebración de las elecciones. Su vigencia legal constituye un freno para el establecimiento de la Cuba democrática.