El Individuo ante el Derecho Internacional

Lic. Argelio M. Guerra
Del más elemental concepto de sujeto de una relación jurídica, entendido como aquellos que participan en dicha relación y poseen la capacidad de exigir derechos y asumir obligaciones, podemos presumir que si  esta relación jurídica es de carácter internacional, entonces los sujetos serán aquellos participantes de dichas relaciones internacionales en posesión de derechos y deberes, y que los ejercen en el marco y sobre la base del derecho internacional.
Si bien tanto el clásico derecho internacional como el más contemporáneo derecho internacional público asumen que son los Estados soberanos los principales sujetos del derecho internacional, y tal es así pues son estos sujetos los únicos dotados de soberanía y en cuya voluntad para obligarse en el orden internacional descansa el fundamento de las fuentes del derecho internacional, no menos cierto es el reconocimiento actual y generalizado en la práctica de afianzar al individuo como sujeto inmediato y directo del derecho internacional en aquellas situaciones que puedan afectar su vida, su trabajo, su libertad.
Tal tendencia cobra mayor auge a partir de la segunda mitad del siglo XX en que los horrores y crímenes dejados por la Segunda Guerra Mundial van a completar la capacidad del individuo como sujeto del derecho internacional.
La Liga de las Naciones pretendió sentar un paradigma mínimo en materia de Derechos Humanos a garantizar por los Estados,  y la Organización de Naciones Unidas los eleva a una nueva dimensión al obligar a los genocidas a responder por tales desmanes en el orden internacional.
Para ello es que se constituye la Corte Penal Internacional, la que refrenda en sus estatutos las obligaciones de la persona individual, y está dotada de competencia para exigir responsabilidad a la misma en cuanto incumpla con sus obligaciones respecto al Derecho Internacional.

El fantasma de los Pactos

Wilfredo Vallín Almeida

Un fantasma recorre Europa: es el fantasma del comunismo” dijeron Carlos Marx y Federico Engels en su famoso Manifiesto.

Más de un siglo después, cuando era ministro de Relaciones Exteriores y quien mejor interpretaba el pensamiento del Comandante en Jefe, Felipe Pérez Roque apareció, en una foto en Juventud Rebelde de 28 de febrero del 2008, estrechando la mano del señor Ban Ki Mon, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La instantánea fue tomada con motivo de la firma por el canciller cubano de sendos Pactos de Derechos Humanos de la ONU, documentos creados por ese Organismo internacional en 1966 y que habían entrado en vigor en 1976, es decir, diez años después.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, independientemente de la enorme carga moral que implica, no constituye sino una recomendación, sin obligatorio cumplimiento para los gobiernos.

Precisamente por su condición no obligatoria (o no vinculante como se acostumbra a decir en el lenguaje del Derecho Internacional), a posteriori la ONU instrumentó esos Pactos que sí tienen ese carácter, desglosando esa Declaración en dos documentos: el de los Derechos Civiles y Políticos (o de primera generación) y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (o de segunda generación).

Hay varias preguntas cuando se quiere analizar este acontecimiento de hace ya cuatro años, a saber:

  • ¿Por qué el gobierno cubano, demoraría treinta y dos años (32) en firmar tan importantes documentos?
  • ¿Por qué nunca los nacionales hemos recibido explicación sobre las razones para su firma?

– ¿Por qué nunca se ha expuesto al pueblo de Cuba el contenido de esos Pactos?

  • ¿Qué implicaciones tendría para los cubanos la ratificación de tales instrumentos jurídicos?
  • ¿Por qué desde su firma y hasta la fecha, esos convenios se han mantenido en el “secretismo” que hoy se critica por las autoridades?

El problema es que, ahora mismo, seguimos frente a esta crisis generalizada que parece no tener fin, así como ante la ausencia de soluciones profundas y serias por parte del gobierno.

Indignados no sólo hay en Europa, frente a Wall Street o en los países árabes. Un grupo de ciudadanos desde la sociedad civil cubana ha acudido a los Pactos de la ONU firmados en nombre del pueblo de Cuba, y está pidiendo su ratificación, precisamente por estar… indignados.

Fantasmas han existido siempre a través de la Historia. Ayer en Europa era el comunismo que la recorría. Hoy, en Cuba, un nuevo fantasma comienza a moverse, también aterrador para algunos: el de los Pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.


 

LA LEY DICE

Licenciada Laritza Diversent

En esta sección se darán a conocer aspectos de la legislación cubana en una materia determinada. Se tendrán en cuenta para ello normas jurídicas de carácter nacional y los instrumentos internacionales de los que Cuba sea parte.

La inviolabilidad del domicilio es internacionalmente reconocido como un derecho de carácter civil en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

La referida Declaración fue adoptada en diciembre de 1948 por resolución de laAsamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y fue firmada por Cuba en el mismo año.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, establece en su artículo 56: El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

La ley de procedimiento penal, ley No 5, garantiza protección a este derecho al regular los casos y requisitos que deben seguirse para realizar el registro del domicilio de un ciudadano (artículos del 215 al 227).
Por su parte, el Código Penal en su Libro Segundo, Titulo IX, Capítulo III, Delitos contra los derechos individuales, tipifica como delito la violación del domicilio y el registro ilegal. El artículo 288 sanciona a quien sin autorización, o sin cumplir las formalidades legales, efectúe un registro en un domicilio.

¿Qué hacer?

Si los agentes policiales -al efectuar un registro- no cumplen los requisitos expuestos en la ley de procedimiento, el ciudadano afectado puede demandarlos ante la fiscalía militar correspondiente.