GARANTIAS CONSTITUCIONALES

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Licenciado Frank Paz Lorenzo

La Constitución de la República de Cuba en su articulo 34 establece que “Los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos:

  • en la protección de sus personas y bienes;
  • -en el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos en esta

Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija;

  • en la obligación de observar la Constitución y la ley;
  • en la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma y la cuantía que la ley establece;
  • en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales de justicia y autoridades de la República.

La ley establece los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo”.

Andrés es un joven nicaragüense de origen humilde. Llegó a Cuba por mediación de la iglesia a la cual pertenece. Dios sin tardanza lo bendijo con el milagro del amor. Se enamoró de esta tierra increíble, de sus hijos de gran corazón y solidarios, y también de Elisa, una bella muchacha que comparte su fe religiosa. Ambos se casaron y Andrés obtuvo la categoría migratoria de extranjero residente permanente en Cuba.

Pasó un águila por el mar y Andrés enfermó: su vesícula, no funcionaba. Los problemas gastrointestinales lo torturaban. Después de mucho bregar logró llegar al Instituto de Gastroenterología “Luis de la Puente Uceda”, donde un diligente equipo médico le hizo los estudios correspondientes. Todo bien hasta que llegó la triste noticia : “no te podemos operar, eres extranjero y tienes que pagar en moneda libremente convertible (CUC)”

Luego de mil carreras, diez mil sinsabores, un millón de gestiones de la iglesia y otro tanto de consejos de amigos que lo orientaron para resolver su problema; SERVIMEC, entidad encargada por el Consejo de Estado de estos asuntos, le dió una carta que lo exoneraba del pago.

Parece increíble, pero dicha misiva de poco le sirvió a Andrés. El director del hospital le dijo que las orientaciones del Ministerio eran otras, y que él, tenía la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir, incluso al punto de analizar a los médicos que le hicieron los análisis sin antes consultarle.

Para este director era más importante hacer valer las resoluciones del Ministerio de Salud Pública, que la misma vida. El no podía guiarse por la Constitución de la República de Cuba y los derechos humanos que ella reconoce. ¿Será que en nuestro país, hace falta un Tribunal de Garantías Constitucionales?

¿SABIA USTED QUE…?

En carta dirigida por el abogado bayamés Carlos Manuel de Céspedes, quien más tarde sería reconocido por la Historia nacional como el “Padre de la Patria”, al ciudadano José Morales Lemus, Ministro Plenipotenciario de la República de Cuba en armas y fechada en Guáimaro el 15 de abril de 1869, Céspedes decía:

“Más tarde remitiré a Ud. íntegra esa ley fundamental de nuestra República. En ella se reconocen y garantizan los derechos de todos los hombres sin distinción alguna de raza o condición, se establece la independencia completa entre los tres grandes poderes de la nación. El legislativo reside en una Cámara de Representantes…. El ejecutivo será ejercido por un Presidente responsable de sus actos ante la Cámara… El poder judicial será objeto de una ley especial, quedando consignada su completa independencia de los otros. Esta constitución, fundada en los principios más absolutos de la democracia, ha sido acogida por el pueblo con las más vivas demostraciones de regocijo y entusiasmo”.

¿SABIA USTED QUE…?

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Licenciado Frank Paz

La Ley de Procedimiento Penal cubana, ley No 5 de 13 de agosto de 1977, en vigor, plantea una contradicción muy interesante. Por una parte, reconoce muy atinadamente como autoridades en materia judicial a los jueces, fiscales e instructores. Estos últimos son los encargados de instrumentar la fase preparatoria de la investigación criminal la que después constituirá una causa penal en una sala de justicia.

La Ley de Procedimiento Penal en su artículo 111. 1 declara como auxiliares de las funciones judiciales a los oficiales, sargentos y auxiliares del Ministerio del Interior. Esto quiere decir que los jefes y primeros oficiales de la policía nacional están subordinados, por ley, a cumplimentar los intereses de la investigación penal, que en el ejercicio de sus funciones desarrollen los instructores.

Sin embargo, en la práctica los instructores nunca llegan a desembarazarse de la subordinación directa de sus jefes militares. ¡Que contradicción mas conveniente para el mando del Ministerio del Interior!, ¿verdad? Huelgan los comentarios.

LA LEY DICE

Licenciada Laritza Diversent

En esta sección se darán a conocer aspectos de la legislación cubana en una materia determinada. Se tendrán en cuenta para ello normas jurídicas de carácter nacional y los instrumentos internacionales de los que Cuba sea parte.

La inviolabilidad del domicilio es internacionalmente reconocido como un derecho de carácter civil en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

La referida Declaración fue adoptada en diciembre de 1948 por resolución de laAsamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y fue firmada por Cuba en el mismo año.

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, establece en su artículo 56: El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

La ley de procedimiento penal, ley No 5, garantiza protección a este derecho al regular los casos y requisitos que deben seguirse para realizar el registro del domicilio de un ciudadano (artículos del 215 al 227).
Por su parte, el Código Penal en su Libro Segundo, Titulo IX, Capítulo III, Delitos contra los derechos individuales, tipifica como delito la violación del domicilio y el registro ilegal. El artículo 288 sanciona a quien sin autorización, o sin cumplir las formalidades legales, efectúe un registro en un domicilio.

¿Qué hacer?

Si los agentes policiales -al efectuar un registro- no cumplen los requisitos expuestos en la ley de procedimiento, el ciudadano afectado puede demandarlos ante la fiscalía militar correspondiente.