Presunciones sin razones

YureisyYureisy CeballosLic. Yureisy Ceballos

Hace unos meses está produciéndose un suceso inédito. Por considerar que se está dando un tratamiento incorrecto, lo traigo a colación.

Se trata del proceso que está llevando a cabo la ONAT en varias provincias y específicamente en Camagüey, con la aplicación de la resolución impositiva sobre el llamado régimen de presunción indirecta, regulado en el decreto ley no.308, capítulo 5 de la ley tributaria, sección primera, estableciendo cuantiosas cifras de dinero por la presunción de engaño al fisco, a través de la aplicación de multas y de subdeclaraciones realizadas a los trabajadores por cuenta propia.

Este análisis no debe sustentarse en un simple razonamiento aritmético o estadístico de comparación de resultados entre un año y otro, máxime si la inmensa mayoría de los afectados no recibió visita de los funcionarios de la referida oficina, que haya podido demostrar al supuesto infractor que estuviera evadiendo el pago al fisco o que no declarasen los ingresos reales.

Sí debieron tenerse en cuenta a la hora de la aplicación de la referida norma, otros elementos que pudieran demostrar (o no) los ingresos obtenidos y los aportes del año de referencia, así como otros aspectos del lugar donde se desarrolle la actividad como son las condiciones, los antecedentes, el impacto económico, etc.

Resulta cuestionable el recurso, pues se interpone ante la propia oficina de la ONAT y lo debe resolver la misma que firma la resolución que impone el pago de esa cuantiosa suma. Lo peor de todo, es que al preguntarle a los perjudicados qué esperanza tienen sobre el resultado de una apelación, refieren que ya conocen por los propios trabajadores de la citada oficina, que han recibido indicaciones de mantener estas subdeclaraciones pese a los documentos que aporten los recurrentes.

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Injusta aplicación de la ley

charleyOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Odalina Guerrero Lara

A Jorge Perez Páez, ciudadano cubano, mayor de edad, con residencia permanente en Carretera Guanimar, La Europa, Alquízar, Provincia de Artemisa, el diecinueve de enero le fue impuesta una multa, aplicándosele el Decreto 272, artículo 8.1 inciso c), referido …al que con título de propiedad del inmueble, terreno o azotea según corresponda u otra forma de titularidad reconocida por el Estado:                                                                  Inicie la construcción, reconstrucción, ampliación o remodelación de una o más viviendas, 200 pesos y 2 000 pesos y, en su caso la demolición de lo construido;

Por lo que Jorge debía pagar $ 500.00 moneda nacional, SIN HABER COMETIDO CONTRAVENCIÓN ALGUNA.

El ciudadano totalmente inconforme interesó su reclamación basada en los siguientes argumentos:

Primero: Que la supuesta contravención se basa en construir sin licencia y no se realizó construcción alguna, pues ocupa una “facilidad temporal” autorizada por la Dirección Municipal de Vivienda de Alquízar en el año 2004, ya que el Huracán Charley causó el derrumbe total de la que fuera su vivienda legal desde el año 1992.

Segundo: Que la habitación que ocupa tiene todos los documentos legales correspondientes a favor su ex cuñado, el que residió hasta el año 2011.

Al presentar la reclamación ante la autoridad facultada, esta falló a su favor pues se había producido una MALA APLICACIÓN DE LA LEY.

 

CASO RESUELTO

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Licenciado Wilfredo Vallín

A pesar de los muchos casos que van llegando a la Asociación Jurídica Cubana con problemas y absurdos jurídicos de muchos tipos, ya no nos asombrarnos demasiado con lo que nos toca leer a menudo, aunque hay algunos ejemplos que sobresalen. El siguiente es uno de ellos.
El ciudadano Walfrido atendía cierta mañana a una colega, abogada como él en la sala de su casa. Hablaban animadamente María, esposa de Walfrido, éste y Maritza, la visita. En lo más interesante de la conversación tocaron a la puerta. Al parecer, personal de la campaña antiaegypti.
María, se levantó para atender a los recién llegados en tanto que su esposo y la colega visitante permanecieron conversando en la sala.
María creyó que se trata de una visita rutinaria de los inspectores y los llevó al patio trasero donde tiene su tanque de agua, pero… no era una visita rutinaria. Los campañistas habían venido porque se detectó un foco con vectores en el patio aledaño al edificio provocado al parecer por restos de basura vertidos por algunos inquilinos . La esencia de la visita era para comunicar que todos los apartamentos que dan a ése patio aledaño serían multados, sin excepción, con 100.00 pesos.
Hasta aquí esto parecería ser muy natural, pero…
Ni lentos ni perezosos, los abogados le pidieron a los de la campaña la resolución que les autorizaba semejante medida. Los segundos les muestraron un papel muy deteriorado que apenas podía leerse y donde no quedaba claro nada. Al final de la discusión que se generó, los de salud pública terminaron diciendo que ellos “sabían que no podían aplicar esa multa”.
¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en un lugar donde las personas hubiesen sido incapaces de reconocer y exigir sus derechos?
Lo más probable es que les hubiesen impuesto esa medida que aún sigue estando muy nebulosa para los visitados por estos “representantes” del Ministerio de Salud Pública.
Hasta donde sabemos, en derecho la responsabilidad (sobre todo en la esfera de lo penal) es total y absolutamente individual. Imagínense ustedes el caso de un asesinato cometido en una cuadra. Como la policía no logra encontrar pruebas para acusar al responsable, detiene a todos los ciudadanos del entorno con responsabilidad penal, que son sancionados a largas penas de prisión y… caso resuelto. Cualquier similitud con el caso narrado aquí…no es pura coincidencia.

UN REGISTRO EN CASA DE RAMÓN

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Licenciado Wilfredo Vallín

La Habana, 16 de abril de 2009, (SDP-AJC) El ciudadano Ramón, se comunicó con la Asociación Jurídica Cubana por el siguiente correo electrónico ajudicuba@yahoo.com y nos planteó el siguiente caso para el cual solicita asesoría:

“Siendo las 10:12 de la noche del día 21 de enero de 2009, agentes policiales se presentaron en mi domicilio informándome que iban a realizar un registro. Me mostraron la orden y los dejé pasar a mi domicilio procediendo a efectuar un amplio registro. Al finalizar me incautaron los siguientes objetos: una laptop, dos memorias de almacenamiento masivo, un libro de Mario Vargas Llosa y una cámara fotográfica digital.

Dos horas después se retiraron dejando un gran reguero en mi casa.

Después de los hechos, algunos amigos y vecinos me han dicho muchas cosas distintas. Mi repregunta es: ¿Es correcta la actuación policial?”.

Nuestra respuesta: Usted cometío un error cuando no exigió la copia de la orden de registro, que la ley obliga a los auxiliares del sistema judicial (policías) a entregar. Esto, en caso de que usted no haya consentido el registro de su domicilio.

Usted no aclara si los agentes llevaban testigos que tienen que ser necesariamente dos vecinos próximos.Afirma que le fueron ocupados varios objetos diferentes. No obstante “la resolución que dispone la entrada en el registro determina su objeto preciso…”es decir, que la orden de registro debía aclarar qué se buscaba en su domicilio. He aquí otro elemento importante para exigir copia de esa orden, pues de lo contrario no queda claro qué debían ocupar los agentes.

Usted finaliza diciéndonos que los policías”se retiraron dejando un gran reguero” en su domicilio. En este sentido el articulo 220 es claro: “El registro se practica en la forma que resulte menos gravosa, evitándose las diligencias inútiles, así como extenderlo a extremos o particulares ajenos a lo que sea objeto estricto de la investigación del delito”.Como no conocemos, ya que usted no leyó la orden de registro, el objeto estricto de la investigación del delito, no podemos evaluar si procedía o no el gran desorden que los agentes dejaron en su morada.

Lo que podemos asegurarle es que ese registro constituye una flagrante violación de la ley de procedimiento penal, que establece claramente que el registro no puede realizarse fuera de las horas comprendidas entre la 5 de la mañana y las 10 de la noche. Y, por tanto ese acto tipifica la figura de Registro Ilegal del artículo 288 del Código Penal “el que sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales efectúe un registro en un domicilio, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.Asociación Jurídica Cubanaajudicuba@yahoo.com