Comentarios sobre el Decreto Ley No. 310

migueLic. Miguel Iturria Medina

A partir del pasado primero de octubre entraron  en vigor las modificaciones al Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal en Cuba.

La nueva conformación de ambos cuerpos jurídicos incluye entre sus reformas la  posibilidad de imponer multa administrativa en lugar de sanción penal en delitos hasta tres años de privación de libertad, la facultad de adecuar la sanción partiendo de figuras delictivas básicas cuando la ajustada al hecho resulte en extremo severa, la ampliación de la competencia de los tribunales municipales para conocer delitos con marcos hasta ocho años de prisión y del recurso de apelación para los actos juzgados con este límite superior, cuestiones relativas a determinar el órgano jurisdiccional correspondiente para resolver cuestiones relativas a la ejecución de sentencias, sanciones conjuntas y algunos beneficios e incidencias derivadas del cumplimiento de sanciones.

A mi modo de ver, las modificaciones incluyen solo  tres aspectos fundamentales que considero notablemente positivos:

La ampliación del límite máximo para imponer contravención administrativa por delitos hasta un máximo de tres años de prisión en lugar de sanción penal; constituye una apertura al principio de oportunidad que dispone poner en funcionamiento la maquinaria judicial solo en aquellos caso que resulte relevante el acto antijurídico. Ello evita conocer cuestiones irrelevantes o que no merece la pena reprimir con sanciones penales, descongestiona el trabajo de instituciones y operadores del derecho. Todo lo expuesto siempre y cuando se aplique correctamente.

–         La posibilidad de adecuar la sanción partiendo de la figura básica en casos que la escuadra penal real resulte desmedida es un cambio positivo, aunque hubiera preferido que  algunos marcos penales extremadamente amplios se ajustaran o se redujeran como, por ejemplo, el Sacrificio ilegal de Ganado Mayor, Robos con Fuerza y Violencia; entre otros.

La extensión del recurso de apelación en delitos con límite máximo de ocho años de prisión, sin dudas resulta positiva, pues la Casación solo permite invocar infracciones en la sentencia de derecho; pero impide cuestionar el hecho probado y la valoración de la prueba. Requisitos indispensables para quien pretenda lograr la absolución por considerarse inocente. La apelación representa en cambio una verdadera segunda instancia.

En relación las modificaciones referentes a la nueva competencia de los tribunales municipales, sanciones conjuntas, ejecución de sentencia y otras de carácter organizativo, habrá que esperar que el tiempo y la práctica juzguen su acierto o desacierto.

La expectativa  generada por las tan anunciadas modificaciones me ha dejado insatisfecho. Definitivamente, en nuestro ordenamiento jurídico penal existen otras instituciones de mayor prioridad cuya reforma ya no pueden esperar. En un tercer comentario trataré de enfocarlas.

Comentario sobre el Decreto Ley No. 310

6 balanza malleteOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Miguel Iturria Medina

En fecha reciente se he tenido a la vista el Decreto- Ley No. 310 Modificativo del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Penal, de fecha 29 de mayo del presente año y que entrará en vigor a partir del próximo primero de octubre. Sobre estas modificaciones solo haré referencia a dos, las previstas en los artículos 1 y 3 del citado cuerpo legal:

El artículo 1 del D/L modifica el apartado 3 del Artículo 8 del Código Penal del siguiente modo:

3. En aquellos delitos en los que el límite máximo de la sanción aplicable no exceda de tres años de privación de libertad o multa de hasta mil cuotas o ambas, la autoridad actuante está facultada para, en lugar de remitir el conocimiento del hecho al Tribunal, imponer al infractor una multa administrativa, siempre que en la comisión del hecho se evidencie escasa peligrosidad social, tanto por las condiciones personales del infractor como por las características y consecuencias del delito. Para la aplicación de esta prerrogativa a los delitos sancionables de uno a tres años de privación de libertad, se requiere la aprobación del Fiscal.

El precepto legal amplía el límite, de uno a tres años de prisión y de multa de 300 a 1000 cuotas, para reprimir con contravención administrativa en lugar de sanción penal a delitos de escasa entidad.

Esta modificación representa, sin dudas, un paso de avance en torno a la realización del principio de oportunidad y el de última ratio o mínima intervención del Derecho Penal. El principio, establece procesar o dirigir la acción sólo contra aquellos presupuestos de hechos delictivos que sean relevantes o convenientes enjuiciar. Evita poner en funcionamiento la maquinaria judicial en los casos notoriamente insignificantes. El segundo, complemento de aquel, dispone acudir a la vía penal únicamente luego de agotar las posibles vías de solución en otras ramas del Derecho.

Por otro lado, el artículo 3 del D/L un apartado, el 4, al No. 47 del Código Penal, queda redactado del modo siguiente:

4. Si al dictar sentencia el Tribunal considera que la sanción a imponer, aun en el límite mínimo previsto para el delito calificado, resulta excesivamente severa, podrá excepcionalmente adecuar la sanción dentro del marco previsto para la modalidad básica del propio delito.

La modificación al artículo 47 del Código Penal, le atribuye rango legal a la idea del Acuerdo 239 de 1999 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular destinado a aligerar los efectos de extensas penas introducidas a varias figuras delictivas, a través de la Ley No. 87 también del 1999.

Esta modificación también cumple un rol importante, pues permite ajustar las penas, más al contexto del caso concreto y su autor que a los excesivos límites de algunas figuras delictivas cuyas extensiones no cuentan hoy con razón ¿Se hallará en proyecto de modificación la reducción de estos marcos penales?

 

Modificación necesaria

35-modificaciónOLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Miguel Iturria Medina

En 1999, el Código Penal fue modificado por la Ley No. 87 aprobada el 16 de febrero del propio año. Las modificaciones se centraron, en elevar el marco penal sancionador en las modalidades agravadas de varias figuras delictivas, a fin de reprimir con mayor rigor ciertas conductas que ¨por su nivel de incidencia y su peligrosidad social, amenazan seriamente la seguridad y la tranquilidad ciudadanas así como la estabilidad del orden económico y social del país¨.

Se elevó el marco penal de varios delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, infancia y juventud, entre los que se encuentran los delitos de Violación, Pederastia con violencia, Proxenetismo, Corrupción de Menores, entre otros. La modificación también alcanzó a algunas figuras delictivas que atacan los derechos patrimoniales tales como el Hurto, Robo con Fuerza en las Cosas y con Violencia o Intimidación en las Personas.

En relación a los delitos contra el patrimonio comenzó a darse un fenómeno adverso desde el inicio y aplicación de la Ley modificativa, de forma específica en los delitos de Robo, con Fuerza en la Cosas y con Violencia e Intimidación. Estas figuras delictivas cuentan con figuras derivadas que agravan de forma progresiva la sanción hasta el infinito: Prisión Perpetua. Ambas cuentan con varios marcos penales cuyo límite mínimo es veinte años de Privación de Libertad. Superiores incluso al Asesinato que comienza en quince. Debido a esta razón al principio se dio el caso de penas muy elevadas por hechos de escasa entidad en sus consecuencias, pero que integraban los elementos de tipicidad de los ilícitos relacionados.

La situación aludida originó, a fin de que se adoptaran decisiones alejadas del sentido de proporcionalidad y racionalidad, que el Tribunal Supremo a través de su Consejo de Gobierno emitiera el Acuerdo No. 239 de fecha 8 de octubre del mismo 1999, destinado a orientar a los Tribunales a adecuar la sanción, de forma excepcional, partiendo del marco penal correspondiente a la modalidad básica del delito cuando estimen que aún el límite mínimo previsto para la figura agravada resulta excesivamente severo de acuerdo con la peligrosidad social del hecho, la entidad de sus consecuencias y la personalidad del comiso.

Según la interpretación literal del Acuerdo, la aplicación de las modalidades básicas sería con carácter excepcional y está condicionada a circunstancias de hechos y personales. En la actualidad la política penal se ha inclinado, afortunadamente, a aplicar tal disposición aún cuando no se den los presupuestos relacionados. Hoy es regla no excepción.

Me parece acertado el criterio general de aplicar el Acuerdo 239 en tales delitos y adecuar la pena partiendo de las figuras básicas de los delitos de Robo. No por buscar exceso de benignidad, sino porque para estos delitos un marco cuyo límite mínimo sea una cifra tan elevada como veinte años de prisión y culmine en el infinito, debe resultar desproporcionado e injusto. Por tales razones, nuestro Código Penal se encuentra ávido de modificaciones.