Fijar un término legal a la prisión provisional

4-calixtoLic. Amado Calixto Gammalame
Dentro de las medidas cautelares que establece la legislación penal cubana, la más severa sin lugar a dudas es la Prisión Provisional, por la restricción que impone a la libertad personal de los individuos depositarios de la misma.
Al respecto se tiene que hacer referencia obligada al Derecho de Libertad, como reflejo del bien esencial que protege la vida del hombre.
La Constitución de la República de Cuba consigna este principio en su artículo 58: “La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.”
La duración de la prisión provisional en los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países del mundo constituye una preocupación constante. Numerosos países han establecido ese término, son diversos los instrumentos de las Naciones Unidas que se refieren al respecto.
En Cuba la legislación penal no fija un término para la prisión provisional de los acusados, se hacen detenciones cortas, se detienen personas en contra de los presupuestos que la propia ley establece.
Con frecuencia se viola el principio establecido para su aplicación, de que esta medida cautelar es excepcional, y se aplica solo con el objetivo de arrancar la confesión del acusado a través del sufrimiento que esta lleva implícito, o como un castigo no dispuesto por la judicatura.
Constantemente se aduce que el Estado prioriza la celeridad de la tramitación de los procesos con acusados en Prisión Provisional mediante el llamado a las autoridades judiciales, pero la Ley No.5 de 8 de Agosto de 1977 con sus modificaciones, no fija términos para la duración de dicha medida cautelar.
En este orden de cosas y con el perjuicio irreparable que se le infringe a las personas objeto de tal medida, se hace imprescindible la necesidad de realizar un estudio que movilice la decisión legislativa a fin de reformar el procedimiento penal cubano y otros aspectos, pero esencialmente al que nos referimos, que se encuentra en el capítulo II “Del aseguramiento del acusado”. Título IV, De la detención y aseguramiento del imputado, de la Ley de Procedimiento Penal.
Debe adicionarse de manera preceptiva la fijación de un término o plazo para la duración de la medida cautelar de Prisión Provisional.

Lo que no debería suceder

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Lic. Argelio M. Guerra

Es clara la Ley de Procedimiento Penal cuando señala en su artículo 251, penúltimo párrafo que: La Policía, el Instructor, el Fiscal o el Tribunal, según los casos, decidirán respecto a la solicitud de modificación de la medida cautelar en un término que no excederá de cinco días hábiles contados a partir del momento de dicha solicitud.

 No queda claro por qué el término anterior  es violado con tanta frecuencia, en ocasiones hasta se duplica y triplica, sin que se cumpla lo dispuesto por el legislador de responder a la solicitud de variación del estado cautelar del acusado en el breve plazo de una semana. Dicha violación alcanza su más alta cota de gravedad si la modificación que se interesa es la de un acusado sujeto a Prisión Provisional, dada la propia naturaleza de esta medida cautelar.

Otra cuestión aun más lamentable es que ante la solicitud del cambio de medida, pase el tiempo y no se obtenga la debida respuesta, llegando a declararse un buen día concluido el expediente por la propia fiscalía, en franca postura contraria a la ley.

Dolorosamente vemos un sinnúmero de conductas en las autoridades que pareciera que actúan con una especie de facultad discrecional y no de conformidad con lo que les viene impuesto por la ley. Esta triste realidad se torna todavía más sensible si tales conductas alcanzan al sistema de justicia, quebrantándose los derechos más elementales de los procesados judicialmente.

Son apenas una muestra de lo que no debería suceder en nuestro maltrecho entorno social.