Ataquemos las causas y no las consecuencias

Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles
Foto: Jose Angel Tabares, País de Píxeles

 

Lic. Yanelis Ramirez Cruz

Una vez más el tema combustible asoma a las puertas. El contexto internacional y sus consecuencias económicas para Cuba avizoran un año difícil. Por eso la máxima dirección del país ha tomado la decisión de reducir el plan de portadores energéticos a todos los organismos de la administración central del Estado, aun cuando ello conlleva bajar el nivel de actividad.

Esta medida presupone un mayor control en el uso eficiente del combustible diésel. Sin embargo en numerosas entidades estatales, la sustracción y desvío de combustible se ha convertido en algo con lo que convivimos a diario.

En Holguín circulan más de tres mil vehículos particulares, en tanto la venta a las personas naturales en los Servicentros de la provincia, no sobrepasa los 109 litros como promedio diario. Tal situación es conocida y denunciada en varios escenarios por las autoridades gubernamentales. Pero no se trata de divulgar, sino de acometer acciones.

Seríamos ilusos al pensar que un porteador privado para la transportación de pasajeros pagaría el precio de 1.10 CUC por litro, porque como decimos en buen cubano “no le daría la cuenta”. Entonces, ¿de dónde sale ese combustible sino de las entidades estatales? A partir de esta realidad, ¿qué mecanismos de control están empleando las administraciones para que el combustible no les sea robado? ¿Existe dolo o culpa en su actuar? ¿Acaso estamos esperando que se produzca el hecho extraordinario para separar del cargo a los implicados y llevarlos a la cárcel?

Debemos atacar las causas y no las consecuencias. Mientras el Estado no propicie que el combustible se adquiera a menor precio por los porteadores privados y a su vez cree los mecanismos de control para garantizar que se haga de modo oficial y en los lugares establecidos, el desvío va a continuar tal y como existe hoy bajo un “aparente régimen de legalidad”.

 

Beneficio Incierto.

Lic. Miguel Iturria Medina

La Malversación como delito está instituida en muchos ordenamientos jurídicos. En nuestro caso se encuentra regulada en el artículo 336 del Código Penal y se corporifica cuando un individuo tome para sí o consienta que otro lo haga, bienes sobre los cuales tiene relación de administración, disponibilidad o custodia en razón de su desempeño laboral.

Esta figura delictiva está comprendida dentro de las denominadas defraudaciones y a pesar de estar incluida dentro del título de los delitos contra el patrimonio, por su repercusión y magnitud, es considerada como un tipo penal que lacera la economía nacional y el que más influencia negativa ejerce sobre ella.

En el artículo 336, se aplican diferentes respuestas penales de acuerdo al monto de lo defraudado. De tres a ocho años de privación de libertad, si la afectación económica está entre $ 1000 y $ 10000, de ocho a veinte cuando es más de $ 10000 y de seis meses a dos años o multa, cuando está por debajo de $ 1000. Las cuantías relacionadas están dispuestas en la Instrucción 165 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. El asunto se trata de responder con mayor severidad mientras más grande sea la defraudación al patrimonio estatal. A título personal comparto esta idea.

En el apartado 6to de este precepto se dispone un beneficio al reo que cito textualmente:

¨Si el culpable reintegra, antes de la celebración del juicio oral, los bienes apropiados, o mediante su gestión se logra dicho reintegro, el tribunal puede rebajar hasta en dos tercios el límite mínimo de la sanción que se señala en cada caso¨.

El propósito de este supuesto es claro, mediante está expectativa se estimula a quien cometa este tipo de delito a reintegrar lo defraudado con la esperanza de mejorar su situación procesal; pero este interesante apartado tiene un inconveniente práctico y es la utilización del término puede que lo convierte en una norma opcional o facultativa, pues luego del reintegro no viene el Tribunal obligado a otorgar el beneficio descrito. En nuestra práctica judicial esta última variante está sucediendo con frecuencia.

A mi modo de ver constituye un acto de deslealtad que se inste a alguien a entregar lo defraudado con la expectativa de mejorar su situación en el proceso para luego no recibir el beneficio esperado. Está norma jurídica debería ser preceptiva o vinculante para los foros de justicia, pues las sentencias no solo tienen repercusión en los implicados, sino en la sociedad y futuros infractores. Por ejemplo, si los involucrados en este tipo de asuntos conocen que el reintegro monetario no les traerá un beneficio seguro, seguramente no se inclinaran por esta variante; pero si se cumpliera con certeza, todo acusado cooperaría y sería, sin dudas, una forma de restituir el fruto de la corrupción a su lugar de origen.