Vergonzoso

Veizánt Boloy

Las leyes hoy son usadas por algunos ciudadanos como papel de desecho. Si tomamos como ejemplo los actos de repudio seguramente cambiaran su juicio. A quienes por Ley se les tiene permitido realizar este tipo de acto.

Si se describen los actos que se realizan y gozan de impunidad no debemos pensar en –asesinato, homicidio o robo – pues esos son reprimidos por nuestro Código Penal Cubano. Nos referimos a  violaciones y delitos que se desprenden de estos hechos ilícitos.

Es un acto antijurídico, y mantener una actitud permisiva ante su ocurrencia, es doloso. El acto de repudio pudiera acarrear múltiples tipicidades delictivas, como desorden público, lesiones, amenazas, violación de domicilio; todas con una elevada peligrosidad social.

Según el texto constitucional todos estamos obligados al estricto cumplimiento de la ley. Claro está, sería utópico y un exceso de confianza dejarle al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular el resolver esta problemática sin antes ser independientes del Poder Ejecutivo.

Si ciertamente en su función de administrar justicia y velar por el cumplimiento de la legalidad, los tribunales y fiscalías son los que permiten que estas acciones ilícitas e inmorales se susciten, entonces confirman la sospecha de muchos “el país es ingobernable”. Con el menosprecio a la ley nos formulamos  una pregunta ¿Qué es un país sin sus leyes?

Los Órganos de la Seguridad del Estado pertenecen al Ministerio del Interior, los que actúan impunes sin detenerse en gastos. Lo que pueda suceder será considerado “daños colaterales”, por tanto se les justificaría cualquier daño.

El Código Penal Cubano en su artículo primero define como uno de sus objetivos el de contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad, del cumplimiento de los deberes y de la correcta observancia de las normas de convivencia.

En nuestra legislación penal no existe un artículo específico que castigue este actuar reprochable de ahí que los denigrantes actos en contra de “los  más peligrosos para la Patria”, son sin duda el obrar de muchos en un país ubicado en Marte.

Para comenzar, se debe interiorizar cuán difícil resulta crear una verdadera nación, con respeto al prójimo, y olvidar todo ese odio visceral a quien piense distinto. Sin embargo, pese a  todo esfuerzo gubernamental, cada día es mayor el número de personas que quieren también un cambio y  por miedo no lo exigen.

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DERECHO DE REUNION EN LA LEGISLACION CUBANA

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Licenciado Wilfredo Vallín Almeida

En la legislación cubana el derecho de reunión, como otros muchos que contemplan las leyes nacionales, es objeto de un tratamiento muy particular. Para entender esto nos remitiremos, primeramente, al artículo 54 de la Constitución de la República en el que leemos:

“Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en la que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

De lo anterior se desprende que son las organizaciones de masas y sociales las que gozan de las posibilidades para el ejercicio de éstos derechos y sólo en cuyo seno se goza ” de la más amplia libertad de palabra y opinión”, aunque este último aspecto – y la gran mayoría del pueblo cubano lo sabe- también es discutible. Evidentemente, la Ley de Leyes no garantiza en lo absoluto esos derechos fuera de las organizaciones de masas y sociales.

Por otra parte el artículo 209.1 del Código Penal vigente (actualizado) reza textualmente: ” El que participe en reuniones o manifestaciones celebradas con infracción de las disposiciones que regulan el ejercicio de éstos derechos, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 meses o multa hasta 100 cuotas”.

Por otra parte, y al parecer para no dejar ningún género de dudas, el artículo 62 de la Carta Magna expresa enfáticamente: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”.

El asunto que nos ocupa pone una vez mas de manifiesto la ambigüedad de la Constitución sobre derechos medulares de los ciudadanos. ¿Significa el artículo 62 en relación con el 64 de la propia Constitución y con el 209.1 del Código Penal que si tres individuos que se encuentran en una esquina y que intercambian impresiones en cuanto a una disposición gubernamental que les afecta, que consideran desacertada y, por ende la critican, están en una reunión ilícita y pudieran ser sancionados a grandes multas e incluso a prisión?

¿Pudiera interpretarse, y por quién, que ésa critica va en contra de la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo? Es de antaño conocido que ni la ambigüedad ni las lagunas del derecho tienen cabida en las normas penales de un país y, con mucha mayor razón, no debieran tenerla en su Constitución.

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Carta de las Naciones Unidas no ofrece ninguna definición clara de lo que son derechos humanos, ni menciona las medidas concretas que deben tomarse cuando ellos sean violados. En la Conferencia de San Francisco, por otra parte, se hicieron algunas sugerencias a efecto de que debería redactarse un proyecto de declaración de los derechos humanos.

La Comisión de los Derechos Humanos, como organismo subsidiario del Consejo Económico y Social decidió, en 1947, que el proyecto debería contener una declaración de las estipulaciones y las medidas para ponerlo en vigor. La Declaración Universal de Derechos Humanos, basada en el texto preparado por la Comisión sobre Derechos Humanos, fue adoptada sin objeción alguna por la Asamblea General, en 1948, el 10 de diciembre de ese año.

En sus treinta artículos, la Declaración señala los derechos básicos y las libertades fundamentales a los que tienen derecho, en cualquier parte, todas las personas, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, bienes, nacimiento u otra condición.