No somos dueños de nada

12 medio ambienteLic. Jorge Luis González

El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el medio se adapta y modifica según sus necesidades. Los hombres comenzaron a dañar el entorno de manera significativa en el siglo XVII con la revolución industrial y el uso del carbón como fuente de energía, que al ser quemado; produce dióxido de carbono como subproducto.

El incremento de la población trajo como consecuencia la destrucción del hábitat de algunas especies. La contaminación ambiental se podría definir como pérdida, disminución, deterioro significativo inferido al Medio Ambiente. Organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tienen como objetivo protegerlo y adoptar medidas de coordinación internacional para el desarrollo sostenible.

Los principales problemas ambientales a los que hoy se enfrenta Cuba, tienen su origen en la forma inapropiada en que por varios siglos se han explotados sus recursos naturales. Las limitaciones e insuficiencias con que ha llevado el proceso de industrialización, la inadecuada producción agrícola y pecuaria, así como los problemas sociales arrastrados desde la etapa prerevolucionaria.

La voluntad del país con relación al medio ambiente y los recursos naturales quedó expresada en la Constitución de la República de 1976, cuyo Artículo 27 plantea: “El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y de todo el uso potencial de la naturaleza”.

El 11 de julio de 1997 se aprueba la Ley 81 de Medio Ambiente que impone una base para el desarrollo sostenible. En las comunidades costeras, las personas que viven de la pesca realizan prácticas ilegales con el fin de acrecentar su patrimonio como la captura de la tortuga verde, el carey y la caguama, todas amenazadas de extinción, en gran medida por el trabajo ineficiente de los funcionarios encargados de evitar que esto ocurra. Las sanciones pecuniarias son elevadas para los sorprendidos comercializando la carne de estas especies, pero no es suficiente. Los inspectores de pesca deberían dar recorridos, si fuera necesario acompañados con un agente de la PNR, por la costa, evitando tal vez la muerte de estas especies.

Mientras las personas sigan creyéndose dueños de lo que los rodea y utilizándolo en su beneficio y no exista una conciencia ecológica estaremos destinados a la autodestrucción.

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El control constitucional en Cuba (I)

constitucion-cubanaargelioLic. Argelio M. Guerra Aliaga

El artículo 127 de la Constitución de la República dispone que  La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos…
En consonancia con tal imperativo, la Ley 83 de la Fiscalía General de la República recoge en su artículo 7 que entre sus objetivos se encuentra  Procurar el restablecimiento de la legalidad cuando sea quebrantada por disposiciones o decisiones contrarias a la Constitución y las leyes o por aplicación indebida o incumplimiento de éstas…

Está claro el mandato constitucional conferido al ministerio público de velar por la legalidad y ser el garante de que todos los órganos del estado y la sociedad en general cumplan las disposiciones emanadas del magno texto; para ello en su estructura funcional cuenta con el departamento de protección de derechos ciudadanos, encargado de restablecer los derechos y las garantías fundamentales de las personas cuando aprecie que han sido violados.
De tal lectura llegaríamos a concluir que la Fiscalía es el órgano encargado de hacer efectivo el necesario control constitucional al que debe someterse toda la sociedad, para lograr la estabilidad de las propias regulaciones constitucionales.

El artículo 75 de la propia Constitución cubana recoge en el inciso c) como atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular: decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales

De la lectura de estas disposiciones se concluye que los mecanismos de control de la Constitución, si bien son difusos, no son de hecho inexistentes;  y si bien es cierto que pudieran perfeccionarse, creo que lo más importante sería preguntarnos ¿Por qué los que existen no funcionan?, ¿Cuáles son las causas de que la Constitución cubana se constituya en letra muerta?
Sobre el tema volveremos en otra oportunidad.

La protección de la mujer en Cuba

Foto: Katerina Bampaletaki

Foto: Katerina Bampaletaki

Lic. Dayami Pestano Lazo
La mujer en Cuba puede participar en todas las actividades; siempre nos enseñaron que en la sociedad socialista era donde la mujer tenía la plena igualdad con el hombre pues esta condición era inherente al sistema, además la Constitución en su artículo 44 se encargaba de refrendar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.  Ahora, en cuanto a las obligaciones, ya sería otro tema, pero me pregunto: ¿realmente está protegida la mujer en Cuba de todos aquellos actos que pudieran perjudicarla?
De ser afirmativa la respuesta, debieran existir leyes y disposiciones que regularan el desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud, más el suministro gratuito a la madre con hijos sin recursos suficientes en caso de medicinas, prótesis y otros relativos al tratamiento médico, habilitación o rehabilitación; leyes que protejan a la mujer en las diferentes etapas de su vida, a saber: niña, adolescente, gestante, madre y adulta mayor,  ¿Dónde están?

Necesidad de una ley penitenciaria en Cuba

 Lic. Dayamí Pestano Lazos

 En la Constitución de la República de Cuba y en nuestro Código Penal se puntualizan los preceptos más generales respecto al procedimiento y detención de los acusados.

Sin embargo, en ninguno de sus artículos se aborda lo referente a la facultad del MINIT de promulgar y ejecutar las órdenes y disposiciones que regulan nuestro sistema carcelario, o sea no se determina el responsable del desarrollo del trabajo penitenciario. En nuestro país esta materia no presenta rango constitucional.

En 1971, con la Orden No. 83, se inicia en nuestro país la promulgación organización y ejecución del tratamiento penitenciario por parte del MINIT.

Le siguió a esta la Orden No. 36 de 1975, con la finalidad de dar un tratamiento institucional individualizado para los reclusos sancionados y asegurados.

En 1977, se dicta la Orden No. 132, seguida por la Orden No. 72 de 1982. Esta definió quienes son considerados, sancionados, asegurados y acusados y estableció la clasificación de los sancionados.

En 1983, la Orden No. 85, facilitó la aplicación de esta anterior orden.

La Orden No 71 de 1987 o Normas Provisionales del Régimen Correccional Laboral, permitió el tratamiento diferenciado para aquellos reclusos según el tipo de delito cometido, la cuantía de la sanción o medida impuesta, sus características personales, el cumplimiento de mínimos de permanencia en condiciones de seguridad y la conducta observada en prisión.

La Orden No. 17 de 1990, estableció una clasificación teniendo en cuenta el delito permitido, la reiteración en el cumplimiento de sanciones de privación de libertad y la cuantía de la sanción impuesta.

La Orden No. 8 de 1992, estableció el reglamento penitenciario para la clasificación y tratamiento a dar a los reclusos.

La instrucción No. 3 del Jefe de la Dirección General de Establecimiento Penitenciarios de 1997, sustituyó a las órdenes No. 7 y 8.

No contamos con una ley sino con órdenes que no tienen el máximo rango legislativo y carecen de acceso al público.

Todas estas disposiciones tienen la característica de ser para la utilización exclusiva de los aforados del MININT y no son conocidas por la mayoría de los especialistas en Derecho, por lo que presentan un carácter de exclusividad y en tal sentido son secretas. Esto ha restringido el estudio de la ciencia penitenciaria en las universidades del país, lo que he generado una falta de cultura en la formación de los profesionales del Derecho.

Una Ley traería garantías para el recluso para familiares y amigos. Permitiría enfrentar violaciones por parte del personal del MININT; se contaría con un mecanismo más vinculado a la actividad juridicial que le diera la posibilidad a los ciudadanos de formular quejas ante los tribunales ante cualquier violación en este sentido.

Una Ley de este tipo daría una visión internacional del sistema penitenciario cubano.

 

¿SABIA USTED QUE…?

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Denominase CÓDIGO al cuerpo de leyes de un Estado. Así, se dice Código Civil, Penal, de Comercio, etc., por la naturaleza de que se tratan o de la rama del Derecho a que se refieren. Puede definirse que “Código es la ley única que regula el derecho positivo en alguna de sus ramas, reducido a sistema, plan y método”.

También acostumbrase a llamar CÓDIGO a la colección de las constituciones de los emperadores romanos, hecha por orden de Justiniano, por ser la más célebre colección de leyes, rescriptos imperiales, ordenanzas, etc.

Se llama CÓDIGO FUNDAMENTAL a la constitución de un Estado; Código Civil a la colección de las leyes que establecen y fijan los derechos de que gozan los hombres entre sí mismos y la forma y efecto de sus convenciones civiles; Código de Comercio, la colección de las leyes relativas a los negocios mercantiles, etc.

LA IMPRESCINDIBLE LEGISLACION COMPLEMENTARIA

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Wilfredo Vallín Almeida, 8 de agosto de 2010, La Víbora, Ciudad Habana

En una clase que hace algún tiempo yo impartía sobre la Constitución de 1940, una alumna me preguntó: ¿Cómo es posible, si la Constitución del 40 era tan buena, que Batista diera el golpe de Estado de manera tan impune?

Basé mi respuesta en un grave problema de aquella constitución: la ausencia de una legislación complementaria.

Ese recuerdo volvió a mi memoria contemplando la transmisión de lo que acontecía en la última Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora, en el año 2010, a más setenta años de aquellos acontecimientos, volvía a ver el mismo problema: la ausencia de la legislación complementaria. Para los no entendidos en estos asuntos, trataré de explicarme.

Como ya hemos dicho anteriormente, una constitución es una especie de regulación de las “reglas del juego social”. En ella se exponen las normas más generales que regirán el país, a saber: la estructura del gobierno y sus atribuciones, los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, el régimen económico, político y social, y otras consideraciones.

No obstante, la Ley Suprema, por su generalidad, necesita de otras leyes denominadas “complementarias” que especifiquen detalladamente cómo se instrumentará el cumplimiento de la disposición constitucional.

Un ejemplo ilustrará mejor esta explicación.

La Constitución socialista vigente establece en su artículo 63: Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley.

Sin embargo, conocemos numerosos casos que van desde sencillas peticiones a las autoridades, pasando por acusaciones a oficiales del MININT, decomisos ilegales de la Aduana General de la República, detenciones arbitrarias, registros sin cumplir los procedimientos establecidos, citaciones no válidas, y hasta una acusación de asesinato masivo de personas, situaciones todas que , habiendo sido reclamadas, han quedado sin respuesta por parte de los organismos involucrados, incluyendo a la propia Fiscalía General de la República.

Al no existir unas leyes complementarias de la Carta Magna, el ciudadano desconoce qué sucedería de no brindársele ninguna respuesta, no cuenta con una institución como un Tribunal de Garantías Constitucionales o un Defensor del Ciudadano que garantice sus derechos ciudadanos. Todo se vuelve un “peloteo” absurdo e irrespetuoso de los que conforman “el pueblo, de donde dimanan todos los poderes“, y los artículos de la Constitución quedan sencillamente en letra muerta.

Después de 51 años de revolución, la Asamblea Nacional del Poder Popular se da cuenta ahora de la necesidad de una legislación sobre esa materia para que no se maltrate al pueblo…Increíble, pero cierto.

Como hemos visto tantas veces prometer lo que no se cumple -empezando por la restitución de esa Constitución de 1940 en La Historia me Absolverá – esperemos que lo dicho en esta última Asamblea no quede solamente en eso: palabras. De no ser así, y ya que el refrán popular reza “más vale tarde que nunca”, daríamos la bienvenida a esa legislación complementaria…y hasta la aplaudiríamos.

vallínwilfredo@yahoo.com

¡NO!,…y ya

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Wilfredo Vallín Almeida

La Víbora, La Habana, 19 de enero de 2010

La pregunta a la que se supone que respondamos hoy – quizás por la índole de su naturaleza- pudiera ser mejor respondida por un especialista en psicología, o tal vez en psiquiatría… a lo mejor por un seguidor de Freud en el psicoanálisis e incluso por un maestro en ciencias ocultas del Medioevo, más que por un simple letrado cubano de estos tiempos.

Después de indagar, hasta donde nos fue posible hacerlo, la anterior es la conclusión más lógica a la que pudimos arribar.

Las preguntas en cuestión a la que tendremos (como misión casi imposible) responder, son las siguientes:

¿Bajo qué razonamientos (morales, legales o políticos) se otorga hoy, o se niega, la tarjeta blanca? Estos razonamientos, ¿han sido publicados alguna vez?

A la primera de estas preguntas, contestaremos diciendo que la actuación tendiente a privar a una persona que no ha cometido delito alguno, que se encuentra en plena posesión de sus derechos ciudadanos – ninguno de los cuales ha sido interdicto -, de su libertad de salir o entrar al país, es un acto que, dada la estrecha relación existente entre moral y derecho, carece de ambas cosas.

En segundo lugar, ello constituye una violación burda y abierta de la adhesión que el gobierno, al menos en teoría, ha dicho manifestar siempre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hasta para sentarse, con olímpica tranquilidad, en su Comisión de Ginebra.

En cuanto a los aspectos legales, en las disposiciones que hemos podido ver al efecto, se pretende “legalizar” la confiscación de los bienes de esas personas por abandono del país, pero no se explica una sola palabra en cuanto al derecho pretendido por el poder para entregarla cuando le parezca.

En relación al tercer aspecto implicado (el político), somos de la opinión que por ahí si van las cosas. Después de hablar con muchas personas que han sufrido situaciones de este tipo siendo, por esas casualidades de la vida, todos ciudadanos que de una u otra manera han tenido alguna confrontación política con el sistema, la claridad parece abrirse paso.

De lo que se trata es de castigar de alguna manera a quienes no han sido fieles al régimen y se han atrevido a contradecirlo de alguna manera más o menos intolerable para él. Entonces lo que procede es demorarles su marcha del país… para que lo “disfruten más tiempo” aunque les pese. Es algo así como aquello de que “a quien no quiere caldo, tres tazas”.

Por último, en cuanto a la publicación de las razones para esto, si la Constitución no se publica (y para copiarla hace falta un permiso del Ministerio de Justicia), ni la Sección 21 permite que se den cursos de derecho socialista a los ciudadanos, ¿cómo publicar lo impublicable? Sencillamente ¡NO! … y ya.

¿SABIA USTED QUE…?

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Entre las teorías que tratan sobre el establecimiento de la sociedad y el Estado, ha sobresalido la Teoría del Contrato o Pacto Social. Esta supone que el hombre primitivo, hasta entonces individualista, intentó escapar de la lucha e inseguridad de la vida independiente conviniendo entre sí en vivir juntos y en paz.

En la asociación establecida se reconocieron los derechos individuales y se excluyó el uso de la fuerza dentro de esa sociedad. Esta teoría se encuentra en forma rudimentaria en los escritos de varios de los primeros filósofos griegos y romanos, incluyendo los maestros atenienses Platón y Epicuro, así como al estadista romano Cicerón.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA (III)

Lic. Laritza Diversent

El Tribunal provincial de Ciudad Habana sancionó a Olga Lidia Ramírez Maura, por un delito de tráfico de personas. Ella se declaró inocente y para su defensa contrató, en el Bufete Colectivo “Salvador Allende” de Centro Habana en la capital, los servicios del abogado Máximo Averoff Bolaños. Confió en él, cuando le dijo que no hablara en el juicio.

Según la sentencia 111/09 los jugadores “Estayle Manuel Hernández Apesteñis, Reynaldo Fajardo Véliz, Jhoyce su Casella, Reinier Roll Valdés-Basante, Yasmany Torres y Alexei Gill Pérez”, fueron contactados “en los terrenos deportivos o en lugares previamente acordados”. Allí se les propuso abandonar el país para jugar en las ligas profesionales, “donde recibirían jugosos contratos en efectivo por su desempeño”.

El Código Penal cubano castiga con privación de libertad, al que sin estar facultado para ello y con ánimo de lucro, organice o promueva la salida del territorio nacional de personas que se encuentren en él, con destino a terceros países.

La fuga sería en una lancha rápida a un país intermedio, sin embargo, la sentencia, no específica cuál. El destino final sería los Estados Unidos. Supuestamente Olga Lidia abandonaría la isla junto a los deportistas.

El Tribunal, formó convicción de los hechos declarados probados, por la confesión del jugador Reinaldo fajardo, quien manifestó que Ramírez Maura, por vía telefónica le propuso “en un lugar”… “salir del país por vía marítima, en una embarcación que llegaría a Cuba por esos días”.

La resolución judicial argumenta que el contacto de Olga Lidia en el exterior, era Franklin García Castro. Un ciudadano venezolano, vinculado a mercaderes del deporte profesional. Ambos se comunicaban por correos electrónicos. Según exponen la sentencia, la información contenida en ellos estaba “en otro contexto y de una forma figurada”.

Sin embargo, la correspondencia fue determinante para que el tribunal, “después de saber las intenciones” de la acusada, la sancionara a 7 años de prisión. Su abogado defensor, sin consultarle, la hizo responsable con respecto a la salida ilegal del país.

Contra el abogado, presentó una queja ante la Organización Nacional de Bufete Colectivo (ONBC) por incumplimiento del contrato. Al jurista lo sancionaron administrativamente. Trabajó por seis meses como mensajero de su centro. La respuesta escrita de la institución a Ramírez Maura es la prueba de su indefensión en el juicio y causa para la revisión del caso por el tribunal.

El Bufete Colectivo “Salvador Allende”, sin embargo, tiene orden de no darle respuesta por escrito. Ramírez Maura no descansa para que las autoridades le den el derecho de acceder a la justicia. Recientemente interpuso reclamación contra la institución ante el Ministerio de Justicia. Aun espera la respuesta.

SIN ACCESOS A LA JUSTICIA (II)

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Lic. Laritza Diversent

Alguien deslizó un papel debajo de la puerta. El oficial Vladimir Acanda Alonso exige a Olga Lidia Ramírez Maura, por medio de citación oficial, presentarse para una entrevista en Villa Maristas. La mujer estaba preocupada y sorprendida. El lugar es institución de la seguridad del Estado cubano en Ciudad Habana.

Lo que en principio sería una conversación, se convirtió en un interrogatorio de 10 horas. “Al final de la tarde, totalmente perturbada y medicamentada, firmé mi declaración sin saber, que firmaba mi sentencia”, argumenta Olga Lidia. Ella no leyó su testimonio, tampoco lo hizo el instructor de su caso.

Ramírez Maura nunca antes había sido interrogada. Desconocía que la Ley de Procedimiento Penal establece que, cuando la declaración de un acusado o testigo se consigna por escrito, este tiene derecho a leerla por sí mismo y si no lo ejercita, debe hacerlo el oficial actuante.

Salió del lugar con la orientación de incorporarse nuevamente a su trabajo, como secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la Capital. Allí la esperaba una resolución que le imponía la separación definitiva de su centro laboral. En ese momento se enteró, de boca de su director, que estaba acusada por tráfico de personas.

El Instructor penal, Acanda Alonso, omitió decirle, tal como ordena la ley, que se había iniciado un proceso penal en su contra. Tampoco la instruyó de su derecho a prestar declaración. Hasta hoy Ramírez Maura ignora quien la acusó.

Así comienza la historia que, en el 2009, llevó a esta mujer enfrentar un juicio en el que resultó sancionada a siete años de privación de libertad, por atentar contra el normal tráfico migratorio. Según la sentencia No 111/09, ella organizó, por medio de correos electrónicos, la salida ilegal de peloteros de los equipos nacionales Industriales y Metropolitanos.

La declaración del mayor de la Seguridad del Estado, Vladimir Acanda, fue también determinarte para el tribunal Provincial de Ciudad Habana. El oficial “corroboró y confirmó” que la acusada, en la fase investigativa, reconoció su participación en los hechos. Ramírez Maura, alega que le negaron dos veces la oportunidad de cambiar su primera declaración, derecho reconocido en la Ley Procesal.

Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado,… la sola declaración de las personas… no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos.

Así reza el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal. En este caso, intrascendente para los jueces.

Ramírez Maura interpuso una queja contra los oficiales que la atendieron. La contestación le daba la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar el maltrato psicológico y la manipulación a la que fue sometida. En una oficina le leyeron la respuesta pero no le dieron copia por escrito de la misma.

SIN ACCESO A LA JUSTICIA (I)

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Lic. Laritza Diversent

En la sentencia No 111 del año 2009, el Tribunal Provincial de Ciudad Habana encontró culpable de un delito de tráfico de personas, a Olga Lidia Ramírez Maura. Siete años de privación de libertad, determinaron los jueces. El fallo fue ratificado por la sala de casación del Tribunal Supremo. Su causa no tiene posibilidad de ser recurrida.

La secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la capital, Ramírez Maura, fue acusada de organizar, por medio de correos electrónicos, la salida del territorio nacional, de un grupo de peloteros. Durante el proceso investigativo, la correspondencia fue ocupada y apreciada como una prueba.

La sentencia expone que, a través de mensajería electrónica, la acusada informaba a Franklin García Castro, un ciudadano venezolano, “que ya tenía algunos de los peloteros que le había solicitado contactar”. Sin embargo, la misma resolución aclara que la proposición hecha por Ramírez Maura, no fue aceptada por los atletas.

García castro viajó en varias ocasiones al país y estaba interesado en jóvenes jugadores de beisbol que querían emigrar. Según exponen los jueces, la comunicación entre él y Ramírez Maura, no era clara y precisa. Asumieron que, por el tipo de información, era ‘lógico’ que tenía que ponerse en otro contexto y ‘de una forma figurada’, para evitar ser entendida por un tercero.

A la vista del tribunal y “después de saber las intenciones” de la acusada, los correos mostraron el trasfondo de la información que enviaban. Maura se declaraba inocente, pero su abogado defensor, sin consultarle, la hacía responsable de un delito de salida ilegal del país.

Ramírez Maura no se resigna a ser castigada por un delito que no cometió. Jamás paso por su mente traficar con personas ni aventurarse en una lancha para huir del país. La idea de sufrir prisión la llevó atentar contra su vida. Sus expectativas cambiaron. Está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, principalmente porque es madre de una adolecente de 13 años de edad.

Está convencida de que con ella cometieron una injusticia. Busca agotar las vías legales posibles para demostrar su inocencia, pero el silencio de las autoridades le impiden invocar nuevamente al Tribunal Supremo. Olga Lidia interpuso quejas contra su abogado defensor y los oficiales de la Seguridad del Estado que la atendieron.

Las contestaciones en su caso, serian la prueba de su estado de indefensión en el juicio y un posible fundamento para la revisión de su causa. Hasta hoy no ha recibido ninguna respuesta por escrito, que le dé la posibilidad de acceder a la justicia y demostrar su inocencia.

¿SABIA USTED QUE…?

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En el antiguo Oriente Medio (Mesopotamia y el Egipto de los faraones) la forma de gobierno que prevalecía era el régimen “patrimonial”, bajo el cual el gobernante era el dueño de la tierra y tenía el control sobre ella y sus habitantes, y dirigía su reino como si fuera una gigantesca propiedad real.

La propiedad significaba la ausencia de interferencia exterior. El gobernante patrimonial no se sometía ni a regla ni a restricciones. Esta fusión de soberanía y propiedad era muy común fuera de Europa hasta los tiempos modernos, especialmente en el Oriente Medio.

Los súbditos del rey eran funcionarios, sacerdotes y siervos. La ausencia de derechos políticos y civiles así como la presencia escaza y marginal de la propiedad privada sobre la tierra es el rasgo más distintivo de los despotismos orientales.