Presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico cubano

justicia fragmentoLic. Andrea López
Muchos son los textos y documentos dedicados al estudio de la presunción de inocencia del acusado como principio y derecho del ordenamiento penal. La consideración de que todo acusado es inocente hasta tanto se determine lo contrario mediante fallo condenatorio por parte del tribunal competente es lo que constituye el concepto de presunción de inocencia.
En nuestra actuación judicial, muchas acciones en el proceso penal invaden el contenido de este principio, pues la polémica en torno a la presunción de inocencia se deriva de limitaciones, tanto en el contenido de la norma, como en el actuar de los sujetos intervinientes en el proceso, si con su comportamiento limitan derechos y garantías de los procesados; así pretender que el acusado confiese a toda costa en cualquier fase del proceso, ratifique su culpabilidad en el acto del juicio oral, aunque lo hubiera aceptado en la fase investigativa y la insistencia sobre su derecho a guardar silencio constituyen infracciones que de forma más o menos trascendente afectan la situación procesal del acusado durante el proceso.
Consecuentemente, la utilización de la terminología presunción de inocencia ha sido identificada por unos como derecho, por otros como un principio y algunos como una garantía, lo cual, da lugar a diversas interpretaciones de consecuencia práctica, lo que unido a la ausencia de regulación expresa en nuestra Constitución de la República, genera que en ocasiones se produzcan posiciones distintas.
La Constitución de la República de Cuba no regula de forma expresa el derecho a la presunción de inocencia dentro de los derechos fundamentales, por esta razón, es imprescindible su formulación a fin de considerarlo como un auténtico derecho de todo acusado a un proceso justo y humano, además de que la Ley de Procedimiento Penal presenta limitaciones al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia por lo regulado en los siguientes artículos:
Se concede la posibilidad de designar abogado desde el momento en que se decreta la medida cautelar, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley de Procedimiento Penal.
El juez puede decidir sobre la modificación de medida cautelar o imponer la de prisión provisional, lo cual está establecido en los artículos 251 y 254 de la Ley Procesal Penal.
El Tribunal toma una participación activa ordenando la práctica de nuevas diligencias de pruebas o de subsanación de alguna diligencia omitida, mediante el artículo 263 de la Ley Procesal Penal.
El Tribunal asume la acción penal mediante el uso de la formula, de conformidad con lo previsto en el artículo 350 de la citada ley.
El Tribunal dispone la realización de nuevas diligencias de pruebas o de algunas sumarias instrucción suplementaria, asumiendo así la posición de parte, amparado en el artículo 351 de la Ley Procesal Penal.
Eliminar estas trabas y hacer de nuestro sistema de enjuiciamiento un baluarte de justicia es todavía un camino a seguir.

Fijar un término legal a la prisión provisional

4-calixtoLic. Amado Calixto Gammalame
Dentro de las medidas cautelares que establece la legislación penal cubana, la más severa sin lugar a dudas es la Prisión Provisional, por la restricción que impone a la libertad personal de los individuos depositarios de la misma.
Al respecto se tiene que hacer referencia obligada al Derecho de Libertad, como reflejo del bien esencial que protege la vida del hombre.
La Constitución de la República de Cuba consigna este principio en su artículo 58: “La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.”
La duración de la prisión provisional en los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países del mundo constituye una preocupación constante. Numerosos países han establecido ese término, son diversos los instrumentos de las Naciones Unidas que se refieren al respecto.
En Cuba la legislación penal no fija un término para la prisión provisional de los acusados, se hacen detenciones cortas, se detienen personas en contra de los presupuestos que la propia ley establece.
Con frecuencia se viola el principio establecido para su aplicación, de que esta medida cautelar es excepcional, y se aplica solo con el objetivo de arrancar la confesión del acusado a través del sufrimiento que esta lleva implícito, o como un castigo no dispuesto por la judicatura.
Constantemente se aduce que el Estado prioriza la celeridad de la tramitación de los procesos con acusados en Prisión Provisional mediante el llamado a las autoridades judiciales, pero la Ley No.5 de 8 de Agosto de 1977 con sus modificaciones, no fija términos para la duración de dicha medida cautelar.
En este orden de cosas y con el perjuicio irreparable que se le infringe a las personas objeto de tal medida, se hace imprescindible la necesidad de realizar un estudio que movilice la decisión legislativa a fin de reformar el procedimiento penal cubano y otros aspectos, pero esencialmente al que nos referimos, que se encuentra en el capítulo II “Del aseguramiento del acusado”. Título IV, De la detención y aseguramiento del imputado, de la Ley de Procedimiento Penal.
Debe adicionarse de manera preceptiva la fijación de un término o plazo para la duración de la medida cautelar de Prisión Provisional.

Otro comentario sobre el Decreto Ley No. 310

4 balanza y mallete12migueLic. Miguel Iturria Medina

En un artículo anterior había valorado las cuestiones positivas introducidas a través del Decreto Ley 310 como modificaciones al Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. En este breve texto me limitaré a relacionar aquellas cuestiones que quedaron intactas en la legislación y, a mi modo de ver, merecen prioridad.

.- Se mantiene en Ley lo relativo a las medidas de seguridad pre delictiva por conducta antisocial aplicable a individuos que por su modo de vida se asume que son proclives a cometer delitos. Se impone una medida coercitiva con rango de sanción a alguien que podría en el futuro quebrantar las normas penales, ¿Qué hay de la presunción de inocencia

.- El momento para contar con la presencia de un defensor en el proceso continúa condicionado a la imposición de una medida cautelar generalmente impuesta al séptimo día de detención ¿Por qué no regularla desde el momento de la detención o instrucción de cargos?

.- No está regulada expresamente en la Ley de trámites la intervención o presencia del defensor en las diligencias de instrucción donde se obtiene la mayoría de los medios de pruebas que se valorarán en el juicio oral.

.- La situación procesal del acusado durante la fase preparatoria y parte de la intermedia la determina una de las partes: el fiscal. La libertad o prisión en espera de juicio oral debe establecerse mediante el debate por un tribunal u otra institución imparcial.

.- No se encuentra regulado expresamente en la Ley el principio de Prohibición de la Reformatio in peius que impide al Tribunal agravar la situación procesal del acusado cuando el medio de impugnación fue interpuesto únicamente como consecuencia de su voluntad. La práctica ha demostrado no ser necesaria en el texto procesal.

.- No existe un mecanismo de control eficiente o contrapartida en la práctica de la prueba pericial, en especial las de corte criminalística, lo que conlleva en la práctica al carácter tasado de este medio probatorio.

Los puntos relacionados son solo algunos aspectos, que deben reformularse para lograr una evolución objetiva de nuestra legislación en materia penal.

Comentarios sobre el Decreto Ley No. 310

migueLic. Miguel Iturria Medina

A partir del pasado primero de octubre entraron  en vigor las modificaciones al Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal en Cuba.

La nueva conformación de ambos cuerpos jurídicos incluye entre sus reformas la  posibilidad de imponer multa administrativa en lugar de sanción penal en delitos hasta tres años de privación de libertad, la facultad de adecuar la sanción partiendo de figuras delictivas básicas cuando la ajustada al hecho resulte en extremo severa, la ampliación de la competencia de los tribunales municipales para conocer delitos con marcos hasta ocho años de prisión y del recurso de apelación para los actos juzgados con este límite superior, cuestiones relativas a determinar el órgano jurisdiccional correspondiente para resolver cuestiones relativas a la ejecución de sentencias, sanciones conjuntas y algunos beneficios e incidencias derivadas del cumplimiento de sanciones.

A mi modo de ver, las modificaciones incluyen solo  tres aspectos fundamentales que considero notablemente positivos:

La ampliación del límite máximo para imponer contravención administrativa por delitos hasta un máximo de tres años de prisión en lugar de sanción penal; constituye una apertura al principio de oportunidad que dispone poner en funcionamiento la maquinaria judicial solo en aquellos caso que resulte relevante el acto antijurídico. Ello evita conocer cuestiones irrelevantes o que no merece la pena reprimir con sanciones penales, descongestiona el trabajo de instituciones y operadores del derecho. Todo lo expuesto siempre y cuando se aplique correctamente.

–         La posibilidad de adecuar la sanción partiendo de la figura básica en casos que la escuadra penal real resulte desmedida es un cambio positivo, aunque hubiera preferido que  algunos marcos penales extremadamente amplios se ajustaran o se redujeran como, por ejemplo, el Sacrificio ilegal de Ganado Mayor, Robos con Fuerza y Violencia; entre otros.

La extensión del recurso de apelación en delitos con límite máximo de ocho años de prisión, sin dudas resulta positiva, pues la Casación solo permite invocar infracciones en la sentencia de derecho; pero impide cuestionar el hecho probado y la valoración de la prueba. Requisitos indispensables para quien pretenda lograr la absolución por considerarse inocente. La apelación representa en cambio una verdadera segunda instancia.

En relación las modificaciones referentes a la nueva competencia de los tribunales municipales, sanciones conjuntas, ejecución de sentencia y otras de carácter organizativo, habrá que esperar que el tiempo y la práctica juzguen su acierto o desacierto.

La expectativa  generada por las tan anunciadas modificaciones me ha dejado insatisfecho. Definitivamente, en nuestro ordenamiento jurídico penal existen otras instituciones de mayor prioridad cuya reforma ya no pueden esperar. En un tercer comentario trataré de enfocarlas.

Lo que no debería suceder

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Lic. Argelio M. Guerra

Es clara la Ley de Procedimiento Penal cuando señala en su artículo 251, penúltimo párrafo que: La Policía, el Instructor, el Fiscal o el Tribunal, según los casos, decidirán respecto a la solicitud de modificación de la medida cautelar en un término que no excederá de cinco días hábiles contados a partir del momento de dicha solicitud.

 No queda claro por qué el término anterior  es violado con tanta frecuencia, en ocasiones hasta se duplica y triplica, sin que se cumpla lo dispuesto por el legislador de responder a la solicitud de variación del estado cautelar del acusado en el breve plazo de una semana. Dicha violación alcanza su más alta cota de gravedad si la modificación que se interesa es la de un acusado sujeto a Prisión Provisional, dada la propia naturaleza de esta medida cautelar.

Otra cuestión aun más lamentable es que ante la solicitud del cambio de medida, pase el tiempo y no se obtenga la debida respuesta, llegando a declararse un buen día concluido el expediente por la propia fiscalía, en franca postura contraria a la ley.

Dolorosamente vemos un sinnúmero de conductas en las autoridades que pareciera que actúan con una especie de facultad discrecional y no de conformidad con lo que les viene impuesto por la ley. Esta triste realidad se torna todavía más sensible si tales conductas alcanzan al sistema de justicia, quebrantándose los derechos más elementales de los procesados judicialmente.

Son apenas una muestra de lo que no debería suceder en nuestro maltrecho entorno social.

La conexión de delitos. Regulación en la Ley penal cubana (II)

      4 balanza OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

Arista adicional de suma importancia acerca del tema de los delitos conexos lo es también su sustanciación dentro del proceso penal, para lo cual la actual ley adjetiva padece de una pobre formulación legal.

Lo primero que hay que advertir es la imposibilidad de debatir acerca de la conexidad procesal en la fase inicial del proceso, también llamada fase preparatoria para el acto de juzgamiento, dada la nula regulación al respecto. Es solo a través del planteamiento de la cuestión previa de declinatoria de jurisdicción, fundada en el artículo 290 de la vigente Ley de Procedimiento Penal y su correspondiente solución que es posible abordar en el orden procesal el tema de la conexidad de delitos, ya que esta no está concebida como parte de las excepciones establecidas en el mencionado artículo 290 a resolverse antes de la celebración del acto del Juicio Oral. Para ello, el letrado de la defensa, deberá argumentar la falta de competencia del tribunal basado en la inobservancia de los supuestos de delitos conexos previstos en el artículo 13 en relación con el artículo 108, ambos de la LPP.

Uno de los efectos de la falta de regulación legal acerca de la conexidad procesal es la existencia una alta probabilidad de causar un perjuicio real al acusado, pues puede suceder que no se hayan acumulado hechos delictivos para integrar un delito de carácter continuado, además de que contra la resolución del tribunal resolviendo la cuestión planteada acerca de la conexidad procesal en favor del encausado solo se prevé un simple recurso de súplica a resolver por el mismo tribunal que dicta la resolución recurrida.

De los temas a tener en cuenta en futuras modificaciones a la legislación en materia penal, el referente a la conexidad procesal amerita que sea tomado en cuenta en interés de mayores garantías procesales para el acusado.

 

La conexión de delitos. Regulación en la Ley penal cubana (I)

3 ley OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Argelio M. Guerra

El tema de la conexidad procesal o conexión de delitos penales como suele emplearse indistintamente en el vocabulario jurídico, incita el interés dada la importancia del mismo en el desarrollo del proceso criminal que se sigue contra el infractor de la norma jurídica penal.

La llamada conexión sustantiva de delitos, no es más que la relación entre dos o más delitos, que aparece en el artículo 10.1.a) y b) del vigente Código Penal, regla de interés a los efectos de determinar la pena a imponer al comisor del hecho punible. En tanto que la denominada conexidad o conexión procesal interesa a los efectos de determinar el órgano competente que debe conocer y juzgar al comisor de los delitos relacionados entre sí, y cuya regulación aparece en el artículo 12 de la vigente Ley de Procedimiento Penal.

Definición adicional importante y destino de la aplicación de las reglas anteriores son los llamados delitos conexos, que se instruirán para su conocimiento en un solo expediente, y que se definen en el artículo 13, también de  la vigente Ley de Procedimiento Penal.

El tema de los delitos conexos se plantea esencialmente como tema procesal por su alcance dentro del proceso penal, cuya regulación normativa tiene como objetivos fundamentales: razones de economía procesal, al conocerse de varios delitos en un solo proceso; razones de beneficio para el acusado, pues al conocer de los varios delitos en un solo proceso se evita apreciarle la reincidencia como agravante, y al juzgarse los varios delitos en un solo juicio oral, impide la pluralidad de fallos con resultados contradictorios.

No obstante, la conexión de delitos o conexidad procesal se concibe como un supuesto de excepción a la regla general del artículo 108 de la vigente LPP y que plantea que cada delito que conozca el Instructor, será objeto de un expediente separado…

 

Sentencia ejemplar

16 Isla con mano

OLYMPUS DIGITAL CAMERALic. Miguel Iturria Medina

Un principio medular del proceso penal es de Inmediación, constituido por la relación personal y directa del Tribunal en la práctica de pruebas durante el debate que solucionará el caso concreto. El órgano juzgador, observa y obtiene sus conclusiones de cada elemento de prueba que se practica.

Esta garantía constituye la máxima expresión del principio de contradicción, pues el debate se da en presencia de los jueces de forma oral y pública e impide valorar elementos probatorios no practicados durante el juicio oral. Se encuentra regulada en el artículo 357 de la Ley de Procedimiento como en el Acuerdo No. 172 de 26 de noviembre de 1985 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

De a cuerdo al principio de inmediación, se estima que la base de la sentencia versa de forma exclusiva sobre la prueba practicada en juicio no de las diligencias de instrucción que solo han de constituir el sustento de la acusación; sin embargo, en ocasiones he observado su quebranto en alguna que otra sentencia donde se han expuesto planteamientos tales como: ¨… se examinaron y desestimaron las declaraciones que durante el juicio oral prestaron los testigos R. A. y F. G., con las que pretendieron destruir las declaraciones que habían prestado durante las investigaciones, negando no solo haber referido los particulares que constan en ellas, e incluso la firma que obra en el acta de la referida declaración… lo que conlleva a acoger sin dudas de ningún tipo las declaraciones que de forma voluntaria, consiente y desprovista de cualquier interés prestaron estos últimos durante las investigaciones…¨

Respuesta ejemplar a este tipo de anomalía de la Sentencia No. 356 de 19 de enero del 2004 del Tribunal Supremo Popular. A continuación cito uno de sus fragmentos:

¨Considerando: Que de la lectura y análisis de la sentencia citada por la sala de Primera Instancia, se aprecia que se han vulnerado los principios que sustentan el sistema acusatorio, pues al producirse en el acto del juicio oral retractaciones inesperadas por parte de varios testigos, los jueces, en lugar de proceder como ordena el artículo 351 de la ley de procedimiento Penal, y disponer la práctica de nuevas diligencias de prueba, o en su defecto haber dispuesto una sumaria instrucción suplementaria, con el fin de se practiquen las diligencias de investigación necesarias para esclarecer y demostrar lo realmente ocurrido, optaron por fundamentar su convicción de culpabilidad en las declaraciones prestadas por los testigos durante la fase preparatoria, desconociendo, además de los principios antes referidos, la obligación que les impone el artículo 357 de la ley Procesal de dictar sentencia de acuerdo al resultado de las pruebas practicadas en el juicio oral, y como quiera que tal proceder es ilegal e infringe las formas y garantías esenciales, procede al amparo del artículo 79 de la Ley adjetiva, disponer la casación de oficio de la sentencia, anularla y retrotraer el proceso para que el tribunal de instancia subsane el quebrantamiento señalado y, en definitiva, dicte una sentencia ajustada a derecho¨

El fragmento citado constituye, una defensa cabal del principio de inmediación. Su aplicación ha de ser regla que no admita excepciones.

La Película del Sábado

11 peli6-vallin_21Wilfredo Vallín Almeida

“ … cuando le dije que yo tenía derechos y que él tenía que decírmelos, se me rió en mi cara y me preguntó que si yo veía muchas películas americanas…”

Lo anterior fue el final de la detallada explicación de un ciudadano sobre los sucesos que rodearon su detención, entre ellos la forma de actuar de los agentes policiales para con su persona.

Conversamos un poco más sobre la actuación policial  que se refleja en programas norteamericanos sobre investigación criminal que se ponen en canales nacionales y en películas de ese mismo corte en el programa La Película del Sábado.

No es que pensemos que la policía estadounidense sea perfecta ni mucho menos, pero es evidente un nivel de profesionalismo en el desempeño de sus funciones y en el trato con los detenidos, pues la consabida información:

Ud. está detenido por………y todo cuanto diga a partir de ahora puede ser usado en su contra, es un párrafo que no falta en ese proceder.

Hasta donde recuerdo, nunca un ciudadano cubano me ha dicho que la policía nacional se ha dirigido a él en la forma procesal antes señalada.

Pudiera pensarse que esos clichés son propios del procedimiento policial norteamericano con el cual el nuestro no tiene nada que ver. Al menos, eso es lo que parece pensar nuestra policía pues jamás hacen nada parecido.

Sin embargo, aunque esto pueda asombrar a muchos, la Ley de Procedimiento Penal Cubana dice textualmente:

Artículo 161:

Ningún acusado tiene la obligación de declarar en su contra. El instructor…estará en el deber de hacerle saber de qué se le acusa, por quién y los cargos que se le dirigen, e instruirlo del derecho que le asiste para prestar declaración, si quisiera hacerlo, lo cual podrá realizar en cualquier momento y cuantas veces lo solicite.

Lo que, con otras palabras, viene a resultar lo mismo (o muy parecido) a lo que dicen los agentes norteamericanos cuando arrestan a una persona sospechosa de delito.

Por qué los agentes del Ministerio del Interior  no cumplen con esa formalidad procesal a la que debieran estar obligados por la Ley, es algo que no sé, aunque tengo mis sospechas que están entre:

  1. Ellos mismos no conocen lo que la Ley de Procedimiento Penal establece.
  2. Es mejor no darle muchos recursos al detenido y mantenerlo en el mayor estado de indefensión posible.

Se me ocurre pues una recomendación para los que, por su trabajo, se ven envueltos en estas detenciones: debieran ver más la Película del Sábado.

 

Abuso judicial

74-CALIXTOLic. Amado Calixto Gammalame.
El controvertible aspecto de la formalidad jurídica de dejar en estado de indefensión a los acusados ante una sanción superior a la solicitada, deja claro que no hay seguridad jurídica, pues con relación a determinados hechos y la calificación de estos como delito, se solicita una sanción penal por el Fiscal, sin embargo el Tribunal impone una sanción superior, no en el tipo, pero si en la cuantía de  la solicitada.
El Tribunal se subroga en lugar de una parte, en detrimento de la otra a la que deja en estado de indefensión, no responde a los intereses del propio estado y la sociedad, mancilla su autoridad judicial y en muchos casos, impone sanciones irracionales.
Violar el principio de igualdad de las partes en el ejercicio penal constituye una ilegalidad, en estos casos, personas con poder de decisión respecto a los operadores del derecho, parecen “cumplir orientaciones”. Eso lacera la buena administración de justicia, lo que también es un vicio que se practica en una franca contradicción con el artículo 122 de la Constitución de la República de Cuba: Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley.
El Tribunal tiene mecanismos como el artículo 263 de la Ley de Procedimiento Penal, si considera que la sanción no es la adecuada, puede devolver la acusación y solicitar al Fiscal que reconsidere la pena solicitada, Auto que al serle notificado a las partes, los alerta de tal pretensión.
De manera sucinta, trataré de explicar por qué es controvertible el asunto.
Sí, es legal que el Tribunal imponga una sanción superior a la solicitada, si tenemos en consideración lo que establece la ley de Procedimiento Penal en su artículo 357:
En la sentencia, el Tribunal no puede sancionar por un delito más grave que el que haya sido calificado por la acusación, apreciar circunstancias agravantes no comprendidas en la misma, ni tampoco la participación de un acusado en concepto que lleve consigo mayor gravedad que el que la acusación haya sostenido; agravar el concepto de la acusación en cuanto al grado de realización del delito, ni imponer sanción más grave que la solicitada por la acusación. No obstante, si el Tribunal hubiese hecho uso de la formula a que se refiere el Artículo 350, podrá dictar sentencia conforme al contenido de la misma.
Pero, también es cierto que en esa instancia al defensor la ley no le franquea mecanismo alguno para resolver lo dispuesto, y solo lo pudiera hacer en un recurso a otra instancia, que en la práctica resulta pura complacencia, pues los resultados confirman las sentencias dictadas en la instancia inferior.
Para un sistema de justicia que se precie de cumplir lo legalmente establecido, deberían realizarse las modificaciones pertinentes, que limiten las imposiciones de sanciones superiores a las solicitadas, que hoy constituyen un abuso judicial.

¡Ay, Fela!

2-osvaldoOsvaldo Rodríguez Díaz

Hace casi cuatro años, a Rafaela Cuba, vecina del Cotorro, La Habana, se le celebró un juicio en la Sala 5ta. Del Tribunal Provincial de La Habana. A dicho acto de justicia compareció junto a otros acusados en la misma causa.

Terminado el referido juicio, se anunció que el proceso estaba concluso para sentencia la que le sería notificada por medio de sus abogados o personalmente a los que así lo prefirieron.

Transcurrieron más de tres años y nuca se notificó la sentencia a ninguno de los acusados, que con la tensión psicológica de tan desmedida espera, preguntaban qué estaba pasando. Los abogados no tenían respuesta pues a ellos tampoco les dieron explicación alguna.

Es frecuente que, por causas justificadas como puede ser el exceso de sentencias para redactar y firmar, éstas resoluciones se notifiquen fuera del término legalmente establecido, lo que no crea mayores complicaciones, pero no creo recordar una demora de más de tres años para hacerle saber al sancionado su condena.

Nunca se notificó la expresada resolución judicial.

A mediados de 2012, los acusados recibieron citación de la Sala 5ta. Para celebrar el juicio oral por la misma causa antes juzgada. La explicación a los letrados fue muy sencilla: por el tiempo transcurrido sin notificar la sentencia que obraba en la causa, se dispuso realizar nuevamente el juicio.

Debo aclarar que los acusados estuvieron siempre confesos.

Celebrado el nuevo juicio, quedó otra vez concluso para sentencia, pero terminó al año y tampoco se le había notificado a Fela la resolución judicial.

El artículo 85 de la Ley Procesal Penal establece un término de cinco días hábiles a partir de la firma de la sentencia para notificarla, y el artículo 45 de la propia ley concede un término de hasta 12 días hábiles para dejar la sentencia firmada. Este término, como antes expresé siempre se extiende por causas justificadas que se exponen en la propia sentencia, pero nunca debe llegar a varios meses o años como en el caso curioso que les he narrado.

Si sumamos los tres años y meses de espera de la primera vista oral con los casi cinco meses de la segunda, resultan cerca de cuatro años de inquietud, desasosiego y otras secuelas y afectaciones colaterales lógicas de ese estado expectante de espera de la sentencia.

Cuando se realizó el primer juicio, Rafaela trabajaba. Hoy es jubilada y aún no conoce la sanción que le impusieron.

 

Sobre nuestra justicia

Wilfredo Vallín Almeida

Uno de los elementos fundamentales para la credibilidad del Juicio Oral, es el de la PUBLICIDAD.

Si bien no es sinónimo de total transparencia, la publicidad nos acerca a ella, toda vez que somete los hechos acontecidos ante nuestros ojos y las acciones del tribunal al severo escrutinio de quienes lo contemplan. Sobre todo cuando se trata de procesos judiciales que, sin lugar a dudas, van a quedar en la historia de la nación y en la historia personal de sus actuantes.

Cuando un juicio es público y se permite la asistencia de cualquier interesado, es difícil que puedan suceder cosas que la perspicacia no capte, y pueda  por tanto,  quedar  en entredicho la justicia.

De ahí su importancia para los participantes de uno u otro lado.

Así, tuvo lugar al fin, el juicio oral por el evento en que perdiera la vida el Premio Sajárov de Derechos Humanos Oswaldo Payá Sardiñas, promotor y ejecutor del ya histórico Proyecto Varela y celebrado contra el español Ángel Francisco Carromero Barrios chófer que conducía el vehículo  en el que viajaba Payá junto a  su colaborador Harold Cepero y un ciudadano sueco.

Este evento despertó, desde un inicio, una serie de criterios controversiales pues las autoridades cubanas lo consideraron siempre  un accidente, en tanto muchos opositores al gobierno no comparten ese criterio

Quedaba entonces, actuar de forma que no permitiera duda alguna acerca de este engorroso asunto, donde quedara claro que estábamos en presencia de un lamentable accidente.  Ese proceder solo podía lograrse mediante el más estricto apego a lo establecido en estos casos.

Así, en la Ley de Procedimiento Penal (LPP), en su artículo 305, leemos:

  El juicio oral es público a menos que razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o sus familiares aconsejen celebrarlo a puertas cerradas.

El juicio fue a puertas cerradas y con un gran despliegue policial alrededor del Tribunal. Si en realidad las autoridades no consideraban lo sucedido como un mero accidente de tránsito, ¿por qué no declararon su privacidad por razones de seguridad estatal que está mucho más cerca de los hechos reales y publicaron que se realizaría vista oral y pública?

Más adelante, en el propio artículo 305 antes mencionado, leemos:

Sólo asistirán a las sesiones de los juicios a puertas cerradas las partes, sus representantes, Defensores, el personal auxiliar y las personas que el Presidente o el Tribunal autoricen.

Pero, inconcebiblemente,  no se permitió a los hijos del finado Payá Sardiñas su acceso a la sala de justicia del Tribunal  en franca contraposición a lo que acabamos de leer en el art.305 de la LPP. Estos dos jóvenes, ¿hubieran podido provocar un desorden público en la sala? Lo dudo mucho.

Por último, el artículo que nos ocupa finaliza:

   El Tribunal puede adoptar esta decisión antes de comenzar el juicio, o en cualquier estado del mismo, de oficio o a instancia de parte, haciendo constar en el acta las razones en que apoye esa decisión.

Ya tenemos experiencia, cómo  simples juicios por procesos administrativos, se celebran a puerta cerrada y con despliegue policíaco,  sin mediar explicación por ello.

De todas maneras,  me gustaría leer en el acta del Tribunal las razones para actuar de la forma en que lo hizo en este caso. Pero también dudo mucho que eso sea posible con todo lo que estamos viendo…y  a pesar de lo que se declara  en los eventos internacionales sobre nuestra justicia.