Si de respeto se trata…

7 banLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociaciones en la legislación cubana es un precedente de la época colonial. La Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley que lo regulaba.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo humano de acuerdo a sus proyecciones, aspecto que además se transforma en satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no es solo un medio indispensable y común a toda la especie de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación pueda tener algún tipo de limitación en su alcance, y lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados que se han preocupado de regularle de una manera democrática.

Pero no obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el problema del ejercicio del derecho de asociaciones que realmente tiene el ciudadano, y que bien se encuentra refrendado en el artículo 9 en relación al 54 de la Constitución de la República de Cuba, nuestra ley magna.

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hizo necesario que se modificara el sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante de asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la cual lejos de ser un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo actual que presenta vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba, en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por los trabajadores y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, pero hasta ahí, el tiempo corre, las condiciones y las exigencias del ser humano son cada día mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales o asociaciones cubanas, como se les ha denominado en Cuba, son un elemento integrante de la sociedad civil, y a la vez, un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como lo es la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

Por qué cerrarnos las puertas a este derecho? A qué le teme el Estado?

De ahí que sabiamente se haya advertido también que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma.

Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde todas las anteriores legislaciones, estuvo previsto que se cancelaran asociaciones que no cumplieran sus objetivos sociales, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión ésta que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir, y entonces, ¿cuál es el argumento del Estado para no autorizar la ya referida Asociación que de manera disciplinada pretenden formalizar los juristas interesados? Tendremos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene fines de lucro; persigue exclusivamente objetivos sociales, al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

¿Para qué existe el control constitucional que ejerce el Estado, sino es para mantener el orden y la legalidad? y cito: “El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente… y es que si de respeto se trata no valen los argumentos…

 

El respeto a la Ley de Asociaciones

nuevo logoLic. Rosa Blanco

El ejercicio del derecho de asociación en la legislación cubana es un precedente de la época colonial, la Monarquía Española reconocía en su constitución la existencia de tales derechos a todos los ciudadanos para los diferentes fines de la vida, conforme a lo establecido en la ley.

El Derecho de Asociación proporciona que cada ciudadano pueda realizar diversas actividades que coadyuven a su desarrollo de acuerdo a sus proyecciones, con satisfacción espiritual y social para el asociado.

De lo expuesto se deduce que la asociación en su sentido amplio, no solo es un medio indispensable y común de prosperidad material y de perfeccionamiento moral, sino un deber; bajo este concepto puede sentarse el principio general que de la sociabilidad nace el derecho, porque el hombre, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar el derecho de sus semejantes, recíprocamente ha de ver respetado el suyo. Esta ecuación entre el derecho y el deber, echa por tierra cualquier teoría de que el derecho de asociación tenga límites en su alcance; lo demuestra el fenómeno legislativo constante de todos los pueblos civilizados, preocupados de regularle de una manera democrática.

No obstante contar en nuestro país con un sistema jurídico sobre asociaciones netamente cubano, ha demostrado en la práctica no resolver el ejercicio del derecho de asociarse que desea el ciudadano cubano, y que se encuentra refrendado en la Constitución de la República de Cuba (artículo 9 en relación al 54).

Los baches y lagunas de que adolecía el anterior sistema sobre asociaciones, hicieron necesario la modificación del sistema registral de las mismas, pero esto no viene a resolver la limitante que tienen algunos ciudadanos para asociarse libremente como sucede con la Asociación Jurídica Cubana, la que lejos de resultar un conflicto para el país como se pretende asimilar, debiera constituir un apoyo para mejorar el sistema legislativo que presenta tantos vacíos jurídicos que afectan a la comunidad cubana.

La actual legislación sobre asociaciones en Cuba en su momento dio respuesta al creciente interés demostrado por nuestros trabajadores manuales e intelectuales y demás estructuras poblacionales, con respecto a la creación, aprobación y desarrollo de determinadas asociaciones en todo el territorio nacional, lo cual es un derecho constitucional, pero el tiempo pasa y las condiciones y exigencias del ser humano son cada día más mayores. Recordemos también que las asociaciones no gubernamentales son un elemento integrante de la sociedad civil, y ésta a la vez resulta un componente del sistema político del Estado; sin embargo hay mucho que recorrer, pues existen limitaciones al respecto que frenan proyectos profesionales atrevidos, como el de la Asociación Jurídica Cubana por la que abogan algunos profesionales del derecho en beneficio popular.

¿Por qué cerrarnos las puertas a este derecho?, ¿A qué teme el Estado?

Se ha advertido que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política, o en la política misma. Significativa resulta la realidad que rodea el ejercicio del derecho a asociarse en la Legislación Cubana, ya que desde las anteriores legislaciones estuvo previsto cancelar aquellas asociaciones que no cumplieran sus objetivos en beneficio de la sociedad, o cuyos objetivos fueran ilícitos, cuestión que se encuentra presente en la actualidad, ya que la cancelación de una Asociación es la medida de gobierno equivalente a una sanción para aquellas asociaciones que no deban existir porque no convienen a los intereses sociales del país, o realizan actividades que el Estado está obligado a impedir. Entonces vale preguntarse cuál es el argumento del Estado para no autorizar la referida Asociación que pretenden formalizar los juristas interesados, sí tenemos en cuenta dos aspectos básicos:

  1. No tiene ánimo de lucro, pues persigue objetivos sociales al pretender un derecho más perfeccionado, más justo y equilibrado.
  2. Se pretende constituir y funcionar dentro del marco de la Constitución y las leyes del país.

“El control constitucional es un conjunto de mecanismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

Luego entonces, ¿por qué no ejercer este derecho de control que posee el Estado en el caso de la Asociación Jurídica Cubana?, ¿Resulta más fácil empañar lo que puede ser transparente?

Y es que si de respeto se trata no valen los argumentos.

 

Con una desestimación

Wilfredo Vallín Almeida

Por segunda vez, la Asociación Jurídica Cubana acudió, mediante un Recurso de Alzada ante la Ministra de Justicia, María Esther Reus González.

El día 12 de abril, le fue notificado a la Asociación Jurídica Cubana (AJC) que dicha pretensión jurídica era declarada SIN LUGAR mediante la resolución No.44.

No obstante, el artículo 20 de la Ley de Asociaciones de ese mismo Ministerio, deja claro que la Resolución que resuelva el Recurso de Alzada podrá ser impugnada por vía judicial.

El artículo anterior guarda relación con el 677, párrafo primero de la Ley de Procedimiento Penal, Administrativo, Laboral y Económico, estableciendo como plazo para presentar la demanda ante el tribunal competente treinta días, contados desde el siguiente a la notificación de la Resolución.

Así las cosas, el término a nuestra disposición expiraría el 24 de mayo de 2012. Disponemos pues de tiempo para preparar nuestra respuesta a lo que, no es el más que claro propósito de mantener el ejercicio de la abogacía en Cuba bajo el más estricto control estatal como hemos analizado los abogados de la AJC.

Por supuesto, iremos a la vía judicial, una vez más.

No queremos agotar a nuestros lectores con tecnicismos, pero el MINJUS pretende convertir a la Organización de Bufetes Colectivos y a la Unión de Juristas de Cuba en Organizaciones No Gubernamentales (pero con funciones estatales) y darles carácter de Asociaciones aunque no hayan sido creadas bajo los requisitos de la Ley de Asociaciones de 1987.

Ese carácter lo necesitan para denegar nuestra solicitud.

Con relación a otro punto en debate; EL EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACÍA EN CUBA, baste reproducir aquí el Por Cuanto décimo de la respuesta a nosotros de la Ministra de Justicia:

Asimismo, el artículo 4 del Decreto-Ley número 81 de 1984 establece que se podrá ejercer la abogacía con carácter excepcional, sin pertenecer a la Organización de Bufetes Colectivos, en los supuestos previstos, entre los que se encuentra la dirección o representación de asuntos relacionados con sus propios derechos, con los de su cónyuge, de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o haber sido autorizado por el Ministro de Justicia de manera excepcional para actuar en un procedimiento determinado”.

O sea, los que no estamos en Bufetes, necesitamos un permiso excepcional, nada menos que del ministro, para defender a alguien fuera del entorno citado.

Si, como sucede con gran frecuencia, los abogados de Bufetes se niegan a defender a personas con criterios diferentes a los oficiales y nadie más puede defenderlos, ¿es esa la igualdad ante la ley que proclama la Constitución y refrendan las leyes?, ¿no quedan así en un estado absoluto de indefensión?

Por otra parte, conozco varios casos de letrados a los que se le han seguido procesos penales… y no se les ha permitido defenderse, teniendo que nombrar a otro abogado.

La libertad para en ejercicio de la abogacía en Cuba existe… o no existe y no será el Ministerio de Justicia cubano actual, tergiversando la legalidad, el primero que pretenda tapar el sol… con una desestimación.

Requisitos legales para asociarse en Cuba

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Lic: Laritza Diverzent

Los cubanos tienen reconocido constitucionalmente, el derecho de asociación. Sin embargo, hay que distinguir entre derechos refrendados constitucionalmente y el reconocimiento estatal, de la personalidad jurídica de la asociación, como sujeto capaz de asumir derechos y también obligaciones. Ese reconocimiento es el que permitirá el ejercicio de la capacidad jurídica de la organización.

En Cuba las asociaciones se constituyen conforme a los requisitos establecidos en las leyes. La Ley de Asociaciones (Ley 54 de 27 de diciembre de 1985) y su reglamento, determinan dichos particulares y una vez que se cumplan los mismos, se les reconoce como persona jurídica.

No obstante, para considerar que ha nacido una asociación, es necesario primero, la formación del ente, segundo, el reconocimiento estatal o legal del mismo. El primer momento está vinculado a la voluntad de los interesados, al hecho de la agrupación de personas para la consecución de un fin, o la adscripción de un patrimonio a la realización de determinado fin.

La legislación no impone formalidad alguna para que los futuros miembros de la asociación muestren su intención de crear la misma, no siendo necesario que exterioricen su voluntad en escritura pública, según la norma.

El segundo momento, se refiere al hecho legal de reconocimiento, que tiene como última fase, la inscripción registral de la persona jurídica. Su existencia legal se acredita con la certificación expedida por el Registro donde esté inscripto (artículo 18 de la Ley de Asociaciones) lo que indica el carácter constitutivo de su inscripción. El sistema legal no considerará asociación, a la agrupación que no aparezca inscrita en el Registro de Asociaciones.

La agrupación necesita, para su constitución legal, la autorización de un órgano estatal, que depende de una investigación de legalidad y conveniencia. La autorización es un acto administrativo discrecional otorgado por la administración (Ministerio de Justicia) a solicitud de parte, en este caso, de los fundadores o grupo de personas interesadas en cumplimentar un fin social.

La ley permite exclusivamente las asociaciones con fines científico, cultural, artístico, deportivo, de amistad y solidaridad y cualesquiera otras que se propongan fines de interés social. La constitución de agrupaciones políticas está prohibida implícitamente dentro del sistema por la vigencia constitucional de monopartidismo.

Se excluye a las organizaciones de masas y sociales, a las asociaciones eclesiásticas o religiosas, las cooperativas de producción agropecuaria, de créditos y servicios y otros (art. 2).

El Estado aprecia la licitud del fin y la oportunidad de que surja y funcione de forma autónoma en la vida social. Evalúa el fin social, sin ánimo de lucro en su actividad. Dentro de los elementos necesarios a tener en cuenta, aparece el patrimonio social, que se convierte en un elemento sine qua non para su constitución.