Con una desestimación

Wilfredo Vallín Almeida

Por segunda vez, la Asociación Jurídica Cubana acudió, mediante un Recurso de Alzada ante la Ministra de Justicia, María Esther Reus González.

El día 12 de abril, le fue notificado a la Asociación Jurídica Cubana (AJC) que dicha pretensión jurídica era declarada SIN LUGAR mediante la resolución No.44.

No obstante, el artículo 20 de la Ley de Asociaciones de ese mismo Ministerio, deja claro que la Resolución que resuelva el Recurso de Alzada podrá ser impugnada por vía judicial.

El artículo anterior guarda relación con el 677, párrafo primero de la Ley de Procedimiento Penal, Administrativo, Laboral y Económico, estableciendo como plazo para presentar la demanda ante el tribunal competente treinta días, contados desde el siguiente a la notificación de la Resolución.

Así las cosas, el término a nuestra disposición expiraría el 24 de mayo de 2012. Disponemos pues de tiempo para preparar nuestra respuesta a lo que, no es el más que claro propósito de mantener el ejercicio de la abogacía en Cuba bajo el más estricto control estatal como hemos analizado los abogados de la AJC.

Por supuesto, iremos a la vía judicial, una vez más.

No queremos agotar a nuestros lectores con tecnicismos, pero el MINJUS pretende convertir a la Organización de Bufetes Colectivos y a la Unión de Juristas de Cuba en Organizaciones No Gubernamentales (pero con funciones estatales) y darles carácter de Asociaciones aunque no hayan sido creadas bajo los requisitos de la Ley de Asociaciones de 1987.

Ese carácter lo necesitan para denegar nuestra solicitud.

Con relación a otro punto en debate; EL EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACÍA EN CUBA, baste reproducir aquí el Por Cuanto décimo de la respuesta a nosotros de la Ministra de Justicia:

Asimismo, el artículo 4 del Decreto-Ley número 81 de 1984 establece que se podrá ejercer la abogacía con carácter excepcional, sin pertenecer a la Organización de Bufetes Colectivos, en los supuestos previstos, entre los que se encuentra la dirección o representación de asuntos relacionados con sus propios derechos, con los de su cónyuge, de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o haber sido autorizado por el Ministro de Justicia de manera excepcional para actuar en un procedimiento determinado”.

O sea, los que no estamos en Bufetes, necesitamos un permiso excepcional, nada menos que del ministro, para defender a alguien fuera del entorno citado.

Si, como sucede con gran frecuencia, los abogados de Bufetes se niegan a defender a personas con criterios diferentes a los oficiales y nadie más puede defenderlos, ¿es esa la igualdad ante la ley que proclama la Constitución y refrendan las leyes?, ¿no quedan así en un estado absoluto de indefensión?

Por otra parte, conozco varios casos de letrados a los que se le han seguido procesos penales… y no se les ha permitido defenderse, teniendo que nombrar a otro abogado.

La libertad para en ejercicio de la abogacía en Cuba existe… o no existe y no será el Ministerio de Justicia cubano actual, tergiversando la legalidad, el primero que pretenda tapar el sol… con una desestimación.

Requisitos legales para asociarse en Cuba

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Lic: Laritza Diverzent

Los cubanos tienen reconocido constitucionalmente, el derecho de asociación. Sin embargo, hay que distinguir entre derechos refrendados constitucionalmente y el reconocimiento estatal, de la personalidad jurídica de la asociación, como sujeto capaz de asumir derechos y también obligaciones. Ese reconocimiento es el que permitirá el ejercicio de la capacidad jurídica de la organización.

En Cuba las asociaciones se constituyen conforme a los requisitos establecidos en las leyes. La Ley de Asociaciones (Ley 54 de 27 de diciembre de 1985) y su reglamento, determinan dichos particulares y una vez que se cumplan los mismos, se les reconoce como persona jurídica.

No obstante, para considerar que ha nacido una asociación, es necesario primero, la formación del ente, segundo, el reconocimiento estatal o legal del mismo. El primer momento está vinculado a la voluntad de los interesados, al hecho de la agrupación de personas para la consecución de un fin, o la adscripción de un patrimonio a la realización de determinado fin.

La legislación no impone formalidad alguna para que los futuros miembros de la asociación muestren su intención de crear la misma, no siendo necesario que exterioricen su voluntad en escritura pública, según la norma.

El segundo momento, se refiere al hecho legal de reconocimiento, que tiene como última fase, la inscripción registral de la persona jurídica. Su existencia legal se acredita con la certificación expedida por el Registro donde esté inscripto (artículo 18 de la Ley de Asociaciones) lo que indica el carácter constitutivo de su inscripción. El sistema legal no considerará asociación, a la agrupación que no aparezca inscrita en el Registro de Asociaciones.

La agrupación necesita, para su constitución legal, la autorización de un órgano estatal, que depende de una investigación de legalidad y conveniencia. La autorización es un acto administrativo discrecional otorgado por la administración (Ministerio de Justicia) a solicitud de parte, en este caso, de los fundadores o grupo de personas interesadas en cumplimentar un fin social.

La ley permite exclusivamente las asociaciones con fines científico, cultural, artístico, deportivo, de amistad y solidaridad y cualesquiera otras que se propongan fines de interés social. La constitución de agrupaciones políticas está prohibida implícitamente dentro del sistema por la vigencia constitucional de monopartidismo.

Se excluye a las organizaciones de masas y sociales, a las asociaciones eclesiásticas o religiosas, las cooperativas de producción agropecuaria, de créditos y servicios y otros (art. 2).

El Estado aprecia la licitud del fin y la oportunidad de que surja y funcione de forma autónoma en la vida social. Evalúa el fin social, sin ánimo de lucro en su actividad. Dentro de los elementos necesarios a tener en cuenta, aparece el patrimonio social, que se convierte en un elemento sine qua non para su constitución.